AC1325-2022 (2022-00693-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1325-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00693-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Istmina y Cuarto Civil Municipal de Santa Marta, de no ser porque se observa que fue planteado de forma anticipada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, Miguel Hinestroza Mosquera formul\u00f3 demanda ejecutiva contra Gilberto Jos\u00e9 Acu\u00f1a P\u00e9rez, Amada Mar\u00eda Acu\u00f1a Herrera, Concreto & Concreto S.A.S. y la Uni\u00f3n Temporal Istmina-Condoto, para el cobro de obligaciones pecuniarias derivadas de un contrato de arrendamiento. Atribuy\u00f3 la competencia \u00abpor el domicilio de los demandados (la uni\u00f3n temporal tiene domicilio principal en Istmina-Choc\u00f3), por el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n (el arrendatario se oblig\u00f3 a pagar el canon en corregimiento de Encharcaz\u00f3n, municipio del R\u00edo Ir\u00f3 Choc\u00f3), por la vecindad de las partes [y] la cuant\u00eda del asunto\u00bb. <\/p>\n
2. La dependencia judicial escogida repeli\u00f3 la controversia, porque en el \u00abdomicilio en Encharcaz\u00f3n no residen los demandados, ya que la finca [arrendada] de acuerdo a los hechos de la demanda est\u00e1 en posesi\u00f3n del demandante, por lo tanto el domicilio para la competencia del juez natural es en la ciudad de Santa Marta de acuerdo a la direcci\u00f3n para notificaci\u00f3n judicial (\u2026) seg\u00fan la informaci\u00f3n aportada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la (sic) Concretos y Concretos S.A.S.\u00bb (11 marzo 2021). <\/p>\n
3. El receptor tambi\u00e9n lo rehus\u00f3, en atenci\u00f3n a la regla prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 procesal, dado que el ejecutante busca el cumplimiento y pago de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, que \u00abdeb\u00edan efectivizarse en el corregimiento La Encharcaz\u00f3n, municipio del R\u00edo Ir\u00f3, en el departamento del Choc\u00f3\u00bb, lo que respalda la elecci\u00f3n de la sede judicial por parte del interesado. Por consiguiente, propuso la presente colisi\u00f3n (15 febrero 2022). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se trab\u00f3 entre despachos de diferentes distritos judiciales, corresponder\u00eda a la Corte resolverlo en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento adjetivo establece pautas para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, ya sea a partir de uno o de varios factores, en consideraci\u00f3n a su clase o materia, la cuant\u00eda del proceso, la calidad de las partes, la naturaleza de la funci\u00f3n o la existencia de conexidad o unicidad, seg\u00fan sea del caso. <\/p>\n
De manera general, el primer numeral del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso asigna los pleitos contenciosos al funcionario con asiento en el domicilio del demandado (fuero personal), salvo \u00abdisposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, y a\u00f1ade que si \u00abson varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Pero ese criterio de asignaci\u00f3n no excluye el empleo de otros que tambi\u00e9n designan juzgador para un mismo litigio, comoquiera que pueden ser concurrentes. As\u00ed acontece con el contemplado en el numeral tercero, que en el caso de \u00abprocesos originados en un negocio jur\u00eddico\u00bb, tambi\u00e9n autoriza al promotor para acudir ante \u00abel juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, el numeral quinto de ese mismo precepto permite que los pleitos impulsados contra una persona jur\u00eddica puedan ser llevados ante \u00abel juez de su domicilio principal\u00bb o \u00abcuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aqu\u00e9l o el de \u00e9sta\u00bb, a elecci\u00f3n del promotor, como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n (Cfr. CSJ AC868-2018, AC4438-2018 y AC1419-2019, entre otras). <\/p>\n
De cualquier modo, cuando se trata de fueros concurrentes, la escogencia y su raz\u00f3n de ser son cuestiones que deben quedar claramente determinadas en el libelo o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n, pues si ello no ocurre o si su enunciado es confuso, le corresponder\u00e1 al juzgador exigir las aclaraciones respectivas a trav\u00e9s del mecanismo de la inadmisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
As\u00ed lo resalt\u00f3 la Corte al advertir que \u00abel promotor tiene la obligaci\u00f3n de indicar cual [fuero] prefiere, eso s\u00ed dejando plasmada en forma clara su intenci\u00f3n ya que de no hacerlo o quedar incierta se torna indispensable para el calificador exigir las aclaraciones pertinentes\u00bb (CSJ AC659-2018, reiterado en AC4076-2019). Dicho de otra manera, \u00abcuando el actor detenta la facultad de elegir el territorio en el que quiere acceder a la administraci\u00f3n de justicia deber\u00e1 manifestarlo expresamente ante el ente judicial preferido y, en el evento en que no lo haga o su enunciado sea confuso, deben agotarse las medidas necesarias para dilucidar esa voluntad, encontr\u00e1ndose en primer lugar la inadmisi\u00f3n del libelo\u00bb (CSJ AC3594-2019, reiterado en AC728-2021). <\/p>\n
3. Revisada la actuaci\u00f3n se advierte que la juzgadora de Istmina se anticip\u00f3 al enviar el asunto a sus hom\u00f3logos de Santa Marta sin que existiera suficiente claridad en la selecci\u00f3n del juez de la causa por parte del accionante, quien sin suministrar las razones concretas de su elecci\u00f3n, esgrimi\u00f3 una multiplicidad de aspectos, esto es, el \u00abdomicilio de los demandados\u00bb, el \u00ablugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb y la \u00abvecindad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En efecto, aunque constituye un requisito de la demanda (cfr. art. 82, num. 2\u00ba, CGP), ninguna referencia al \u00abdomicilio\u00bb de Gilberto Jos\u00e9 Acu\u00f1a P\u00e9rez, Amada Mar\u00eda Acu\u00f1a Herrera y Concreto & Concreto S.A.S. se encuentra en el libelo, en cuyo ac\u00e1pite pertinente simplemente se subray\u00f3 el hecho que la tambi\u00e9n ejecutada, Uni\u00f3n Temporal Istmina-Condoto, ten\u00eda su \u00abdomicilio principal en Ismina-Choco\u00bb, informaci\u00f3n irrelevante para asignar el conocimiento de esta litis, si se tiene en cuenta que las uniones temporales no puede catalogarse como persona jur\u00eddica. <\/p>\n
As\u00ed lo sostuvo la Sala en AC 4 octubre 2013, exp. 11001020300020130187300, al solventar un caso de similares aristas en el marco del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pronunciamiento que a\u00fan conserva vigencia, pues, en lo esencial, la regla de competencia all\u00ed mencionada permanece inalterable en el C\u00f3digo General del Proceso. En esa oportunidad, se advirti\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las uniones temporales no son personas jur\u00eddicas, sino una modalidad de cooperaci\u00f3n para que varios entes sumen sus fuerzas e intereses en torno a un prop\u00f3sito com\u00fan, sin \u00e1nimo de asociarse. Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n, citando concepto del 9 de marzo de 2003 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, expuso que \u201cen el caso de la conformaci\u00f3n de un consorcio o una uni\u00f3n temporal, \u2018no hay propiamente aportes de dinero, trabajo o bienes con la finalidad de construir un capital com\u00fan que sirva para desarrollar una actividad, por medio de un nuevo ente jur\u00eddico distinto de ellos, como sucede en la constituci\u00f3n de una sociedad, sino que cada uno conserva su individualidad jur\u00eddica y colabora con su infraestructura o parte de ella: personal, estudios, planos, dise\u00f1os, sistemas, instalaciones, oficinas, tecnolog\u00eda, Know how, maquinaria, equipos, dinero, etc. seg\u00fan las reglas internas del acuerdo, para elaborar la propuesta y si se les adjudica el contrato, para ejecutarlo\u2019. El consorcio, a\u00f1adi\u00f3, lo mismo que la uni\u00f3n temporal, \u2018no es una persona jur\u00eddica sino un n\u00famero plural de contratistas que se integran para presentar una propuesta y celebrar un contrato con una entidad\u2019\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia del 13 de septiembre de 2006, exp. 2002-00271-01). <\/p>\n
De este modo, la estipulaci\u00f3n concerniente al \u201cdomicilio de la uni\u00f3n temporal\u201d no puede asimilarse al fuero general previsto en el art\u00edculo 23 numeral 1\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2026\u00bb. <\/p>\n
Le correspond\u00eda entonces a la funcionaria primigenia, en la forma y t\u00e9rminos que establece el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, exigir las explicaciones necesarias para remediar aquella omisi\u00f3n, as\u00ed como las dem\u00e1s inconsistencias que encontr\u00f3 en la atribuci\u00f3n de competencia frente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada por el actor y el contenido de los anexos de la demanda, particularmente, el \u00abcontrato de arrendamiento\u00bb que no revelaba con exactitud el \u00ablugar de cumplimiento de las obligaciones\u00bb. Al respecto, es preciso recordar que, <\/p>\n
(\u2026) si la ambigua redacci\u00f3n de la demanda le suscitaba alguna duda al respecto, debi\u00f3 reclamar del actor, previamente a adoptar decisiones apresuradas, las precisiones que fuesen del caso, pues no debe perderse de vista que el examen preliminar de la demanda tiene por finalidad, justamente, la correcci\u00f3n de las imprecisiones de esa especie, con miras a evitar dilaciones injustificadas en el tr\u00e1mite del proceso y el desaprovechamiento de la actividad jurisdiccional. (CSJ AC323-2020). <\/p>\n
En esas condiciones, no pod\u00eda la juzgadora negarse a impulsar la contienda, menos a\u00fan, asimilando el sitio de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb personal de los ejecutados con su \u00abdomicilio\u00bb, pues se trata de conceptos distintos, este \u00faltimo claramente definido en el art\u00edculo 76 del C\u00f3digo Civil, como en numerosas oportunidades lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, al indicar que, <\/p>\n
(\u2026) para efectos de determinar la competencia no pueden confundirse el domicilio y la direcci\u00f3n indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato \u201csatisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusi\u00f3n al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificaci\u00f3n personal\u201d. (CSJ AC 25 de junio de 2005, exp. 2005-00216, reiterado en AC3595-2019, AC1463-2020, AC3823-2021 entre otros) <\/p>\n
4. De esta forma, se dispondr\u00e1 el retorno de las diligencias al estrado que se asignaron en un comienzo, para que tome los correctivos tendientes a esclarecer la voluntad del demandante y establecer los elementos que permitan acoger o repeler el conocimiento de su demanda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el conflicto de competencia de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al Segundo Promiscuo Municipal de Istmina para que proceda de conformidad. <\/p>\n
Cuarto: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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