AC1328-2022 (2022-00595-00)<\/p>\n
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AC1328-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00595-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil <\/p>\n
veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Popay\u00e1n y Treinta Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, el Fondo Nacional del Ahorro formul\u00f3 demanda ejecutiva con garant\u00eda real contra Luis Alberto Ochoa Acevedo para obtener el recaudo del capital signado en el pagar\u00e9 No. 16592357, as\u00ed como de los intereses remuneratorios y sancionatorios; conocimiento que asign\u00f3 a esa sede en atenci\u00f3n a la \u00abnaturaleza de la acci\u00f3n, la cuant\u00eda del proceso, el domicilio de las partes, la ubicaci\u00f3n del bien objeto de garant\u00eda hipotecaria, as\u00ed como del lugar establecido para el cumplimiento de las obligaciones de que trata la presente acci\u00f3n (\u2026)\u00bb (se resalta). <\/p>\n
2. Esa dependencia judicial rehus\u00f3 el estudio de la controversia y con base en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, remiti\u00f3 el expediente a sus hom\u00f3logos en Bogot\u00e1, dado que la accionante es una entidad p\u00fablica y por ello prevalece la competencia en raz\u00f3n a la calidad de las partes (14 ene. 2022). <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., tambi\u00e9n lo repeli\u00f3, con estribo en que la competencia en este caso se determina por el numeral quinto del art\u00edculo 28 del estatuto procesal civil vigente, pues se trata de una acci\u00f3n contra una persona jur\u00eddica que tiene una de sus agencias en Popay\u00e1n, lo que \u00abes un hecho notorio\u00bb y significa que en ese lugar se puede adelantar la contienda. Por ello, propuso conflicto negativo de competencia y dispuso remitir las diligencias a esta Corporaci\u00f3n para que lo dirima. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra las pautas que orientan la distribuci\u00f3n de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso dispone en el numeral 1\u00ba como pauta general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb, lo cual no excluye el empleo de otras pautas que tambi\u00e9n designan el juzgador de un mismo litigio, como ocurre con la del numeral tercero relacionada con el lugar del cumplimiento de obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, que, en determinados supuestos, pueden ser concurrentes. A su vez, el numeral 5\u00ba ejusdem, permite que los pleitos impulsados contra una persona jur\u00eddica puedan ser llevados ante el juez de su \u00abdomicilio principal\u00bb o, \u00abcuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aqu\u00e9l o el de \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, pues as\u00ed lo autoriza el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, toda vez que el numeral 3\u00ba de ese mismo precepto prev\u00e9 que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb; mandato aplicable cuando se trata de t\u00edtulos valores debido a que estos son una especie de los t\u00edtulos ejecutivos. <\/p>\n
Por tanto, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su raz\u00f3n de ser deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro debe encarar el debate. Al respecto, en la providencia AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, cuando se pretende hacer valer una garant\u00eda real, como la hipoteca, dado que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocer el pleito, al pregonar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
De igual forma, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra el inmueble objeto de la garant\u00eda real que se hace valer, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien dado en garant\u00eda al acreedor y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 de la misma codificaci\u00f3n, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no en los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales como par\u00e1metro de definici\u00f3n para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa obligarlo a afrontar el juicio en un lugar distinto a su vecindad. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la Sala abord\u00f3 la situaci\u00f3n descrita y la resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en el prove\u00eddo AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre sus diferentes estrados al dirimir las colisiones originadas en asuntos en que interven\u00edan entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n concluy\u00f3 que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb, y aunque el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba, en esta oportunidad se torna indispensable aplicar el criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico, m\u00e1s a\u00fan, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente por el \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (art. 29, inc. primero, \u00eddem), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
As\u00ed son las cosas, en raz\u00f3n a que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, de orden nacional, con domicilio principal en Bogot\u00e1, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, seg\u00fan lo refleja el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 432 de 1998. <\/p>\n
Lo anterior sumado a que el sector descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico se integra, entre otras, por \u00ab[l]as empresas industriales y comerciales del Estado\u00bb (art. 38 Ley 489 de 1998); luego, es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral 10\u00ba del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable a este caso, como en eventos similares lo ha reiterado la Sala (CSJ AC4078-2021, AC4394-2021, AC4991-2021 y AC5168-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, carece de sustento lo indicado por el juzgador de la capital del pa\u00eds, porque aunque en relaci\u00f3n con las personas jur\u00eddicas, el numeral 5 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso repite la regla general de competencia del numeral 1 y tambi\u00e9n establece que \u00abcuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb, previsi\u00f3n que por igualdad la Corte ha extendido a los eventos en que el ente moral act\u00faa como demandante, lo cierto es que en el sub examine no se acredita que el punto de atenci\u00f3n que el Fondo Nacional del Ahorro tiene en Popay\u00e1n1 corresponda a una agencia o sucursal de dicha entidad, sin que ello constituya un hecho notorio, como lo entendi\u00f3 el segundo receptor, pues se trata de una circunstancia que es susceptible de ser demostrada. <\/p>\n
4. Por tanto, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 al despacho de Bogot\u00e1 a quien le fue reasignado, para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para conocer la ejecuci\u00f3n instaurada por el Fondo Nacional del Ahorro contra Luis Alberto Ochoa Acevedo. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n