AC690-2022 (2018-00043-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC690-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-038-2018-00043-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por JORGE HUMBERTO GAONA RAM\u00cdREZ y la SOCIEDAD DE PROMOCIONES Y ASESOR\u00cdAS S.A. – SOPROAS S.A.- EN LIQUIDACI\u00d3N, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron frente a la sentencia proferida el 13 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal declarativo de existencia de contrato que adelantaron contra STELLA JONES CORPORATION. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo introductorio del aludido juicio se solicit\u00f3 declarar i) la existencia de un contrato de agencia comercial entre los justiciables desde 1992; y ii) que dicho negocio jur\u00eddico fue terminado de manera injustificada por la demandada. En consecuencia, se reclam\u00f3 iii) condenar a \u00e9sta a pagar el valor correspondiente de las cesant\u00edas del agenciamiento, la indemnizaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio y las comisiones dejadas de cancelar durante 20121. <\/p>\n
2. Como causa petendi, se expuso en lo esencial: <\/p>\n
2.1. Que desde 1992, Jorge Humberto Gaona Ram\u00edrez es gerente general y accionista de Soproas S.A., as\u00ed como representante y agente comercial en Colombia de la compa\u00f1\u00eda \u201cBURKE PARSONS BOWLBY CORPORATION\u201d, hoy Stella Jones Corporation. <\/p>\n
2.2. Dicho agenciamiento se pact\u00f3 de manera verbal, toda vez que aqu\u00e9l, a trav\u00e9s de la aludida sociedad, \u201cten\u00eda como oficio abrir el mercado colombiano para los productos vendidos por la convocada, buscando nuevas oportunidades de negocio y sirviendo de puente de comunicaci\u00f3n de los clientes ya obtenidos, a cambio de ello (\u2026) recib\u00eda comisi\u00f3n sobre las ventas\u201d, siendo uno de los compradores importantes conseguidos la empresa Intercor, hoy Carbones del Cerrej\u00f3n Limited. <\/p>\n
2.3. Durante 2012, seg\u00fan informaci\u00f3n registrada en la DIAN, la demandada \u201cimport\u00f3 mercanc\u00edas por un monto total de CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES kilogramos (5.186.653 kg) que corresponder\u00edan a unas comisiones, por concepto de agencia mercantil, equivalentes a CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE D\u00d3LARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS DE D\u00d3LAR (USD $124.479,67)\u201d, de los cuales \u00e9sta solamente pag\u00f3 \u201cTREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE D\u00d3LARES (USD $39.814), quedando pendiente de pago (\u2026) OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO D\u00d3LARES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE D\u00d3LAR (USD $84.665,67)\u201d. <\/p>\n
2.4. El 31 de diciembre de 2012, la agenciada envi\u00f3 una comunicaci\u00f3n al agente, donde le manifestaba \u201cla terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n surgida entre ellos\u201d, aduciendo que \u201cpara esa fecha se terminaba el contrato a tres a\u00f1os pactado con Carbones del Cerrej\u00f3n\u201d, as\u00ed como que \u201cno deseaban seguir el acuerdo con este cliente, situaci\u00f3n que no era cierta, toda vez que el suministro de traviesas de madera (\u2026) sigue en pie hasta el d\u00eda de hoy\u201d2. <\/p>\n
3. Notificada como fue la parte convocada, contest\u00f3 la demanda en tiempo, oponi\u00e9ndose a las pretensiones all\u00ed elevadas, tras formular las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cAUSENCIA DE LEGITIMACI\u00d3N ACTIVA POR DUPLICIDAD CONTRADICTORIA\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE UN CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL\u201d, \u201cEXISTENCIA E UNA RECOMENDACI\u00d3N O DE UN MANDATO COMERCIAL\u201d, \u201cTERMINACI\u00d3N DEL MANDATO\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE REMUNERACI\u00d3N AL PRESUNTO AGENTE EN COLOMBIA\u201d, y \u201cPRESCRIPCI\u00d3N\u201d3. <\/p>\n
4. La primera instancia se clausur\u00f3 con la sentencia emitida el 3 de diciembre de 2019, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: DECLARAR probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta por la parte demandada de \u2018INEXISTENCIA DE UN CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL\u2019 (\u2026). <\/p>\n
\u201cTERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante a favor de la parte demandada. Fijar como agencias en derecho la suma de $75.000.000,oo\u201d4 <\/p>\n
Para adoptar dicha resoluci\u00f3n, la falladora de primer grado expuso, en lo esencial, que en el sub judice no est\u00e1n demostrados los elementos que configuran el contrato de agencia comercial alegado, esto es, a voces del art\u00edculo 1317 del C\u00f3digo de Comercio, que el agente tenga la calidad de comerciante y que el encargo se ejerza de manera estable y continua, ya que de la prueba documental y la declaraci\u00f3n rendida por el demandante Jorge Humberto Gaona Ram\u00edrez, solo se puede inferir que entre las partes lo que finalmente existi\u00f3 fue una intermediaci\u00f3n, por la cual se le pagaban unas comisiones5. <\/p>\n
5. Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, la parte actora la apel\u00f3, tras esgrimir cuatro reparos, alusivos a que i) s\u00ed est\u00e1 demostrada dentro del expediente la calidad de comerciante de Gaona Ram\u00edrez; ii) la falta de inscripci\u00f3n de la agencia comercial en el registro mercantil no invalida dicho negocio jur\u00eddico; iii) no puede exigirse m\u00e1s gesti\u00f3n cuando solo en el mercado existe un cliente, en este caso, Carbones del Cerrej\u00f3n Limited; iv) se hizo una indebida valoraci\u00f3n probatoria respecto de la autonom\u00eda e independencia en el encargo que les fue dado; y v) no hubo pronunciamiento frente a la tercera pretensi\u00f3n, relativa a las comisiones no pagadas6. <\/p>\n
6. Al desatar la alzada, mediante fallo del 13 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el superior confirm\u00f3 lo resuelto por el a-quo. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Sus argumentos se compendian as\u00ed: <\/p>\n
1. Adujo que no es errada la conclusi\u00f3n de la juez a-quo acerca de la falta de prueba de la condici\u00f3n de comerciante de Jorge Humberto Gaona Ram\u00edrez, ya que \u201cen la demanda no hay, siquiera, menci\u00f3n de que [\u00e9ste] se dedicara profesionalmente a alguna de las diligencias descritas en el art\u00edculo 20 [del C\u00f3digo del Comercio], para lo que no es \u00fatil alegar que funge como representante de la demandada, al no obrar registro que as\u00ed lo acredite -como paladinamente lo exige el art\u00edculo 486 mercantil-, ni tampoco elemento suasorio adicional, en particular porque las documentales en las que se quiere apoyar su dicho aparecen suscritas por el se\u00f1or Gaona como representante legal de la persona jur\u00eddica\u201d, am\u00e9n de que tampoco acredit\u00f3 \u201cque en \u00e9l concurren las condiciones descritas en el art\u00edculo 10 del C\u00f3digo de Comercio\u201d. <\/p>\n
2. Dijo que, al margen de lo anterior, \u201cla decisi\u00f3n desestimatoria para ambos actores, en especial, se edific\u00f3 en la ausencia de prueba del encargo realizado por el demandado para que asumiera la promoci\u00f3n de los productos para crear, conservar o ampliar la clientela\u201d, conclusi\u00f3n frente a la cual el recurrente Gaona Ram\u00edrez \u201creclama que se valore la prueba documental en la que el demandado lo presenta como su agente y representante, escritos obrantes a folios 7 y 134 en los que, efectivamente, se hace alusi\u00f3n a esta \u00faltima referencia idiom\u00e1tica\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, precis\u00f3 que, en efecto, \u201cla sociedad Soproas Ltda le envi\u00f3 a Burke una misiva en la que le manifiesta que debe dirigirse a la empresa operadora Intercor \u2018Para ser invitado a la siguiente oferta de compra, se requerir\u00e1 que su empresa, como fabricante, env\u00ede directamente una carta, indicando los diferentes productos que produce junto con algunos folletos de la empresa\u2019 y que \u2018debe indicar que su agente en Colombia es Soproas\u2019, comentando adem\u00e1s, que \u2018Simultaneamente tambi\u00e9n les estamos enviando una nota similar\u2019, sin apostilla de recibo de parte del destinatario, en la que se expresa ser \u2018representante para Colombia de varias empresas fabricantes de maquinaria y accesorios para miner\u00eda y ferrocarril\u2019, pero sin hacer alusi\u00f3n a Burke\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, aclar\u00f3 que, \u201cesa sugerencia de anunciar que el actor funge como agente fue cumplida por el demandado, pero se\u00f1al\u00e1ndolo como representante, a lo que adicionaron que \u2018Por favor env\u00ede sus consultas a nuestro representante Ing. Jorge Humberto Gaona Soproas, Ltda\u2019, con la precisi\u00f3n que en la correspondencia del 8 de julio de 2009 -folio 134- se le present\u00f3 como agente, pero dentro de las dificultades que se presentaron con la cuenta del Cerrej\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Sostuvo, entonces, que \u201cde la evocada correspondencia se desgaja que por iniciativa del demandante se le incluy\u00f3 como representante en la documentaci\u00f3n que el empresario iba a realizar sobre sus productos y que con \u00e9l se pod\u00edan hacer las consultas correspondientes, sin que existiera una cabal definici\u00f3n o alusi\u00f3n concreta de ese estatus\u201d. <\/p>\n
Acot\u00f3 que, \u201cm\u00e1s all\u00e1 de que en la enunciaci\u00f3n t\u00edpica de la figura se se\u00f1ala que se puede actuar como agente o representante, esa sola referencia no lleva concluir que en realidad la insinuada expresi\u00f3n utilizada por Burke moldeara, de suyo, el negocio de agencia mercantil, pues no puede perderse de vista que la representaci\u00f3n opera en muchos negocios (\u2026), raz\u00f3n por la cual (\u2026) debi\u00f3 agregarse la demostraci\u00f3n de que su gesti\u00f3n estaba informada por la concesi\u00f3n o designio que explica su actuaci\u00f3n, (\u2026) y adem\u00e1s la prueba de que los actos que as\u00ed ejecutaba respond\u00edan a la promoci\u00f3n y b\u00fasqueda de la clientela, en cumplimiento del d\u00e9bito concedido\u201d, realidad que \u201cno brota de los documentos en los que se utiliz\u00f3 esa dicci\u00f3n\u201d, ya que al analizarse los mismos \u201clo que se otea es que la sociedad Soproas Ltda. estaba poniendo en contacto a dos personas interesadas en realizar un negocio, por cuanto quien deb\u00eda suministrar la informaci\u00f3n contentiva de los pormenores de la eventual venta era la sociedad extranjera\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u201cno puede dejarse en el olvido que esta epistolar se gest\u00f3 en el marco de la negociaciones que los demandantes estaban realizando con Intercor, a quien el 30 de noviembre de esa misma anualidad le vendieron unas traviesas, seg\u00fan se confes\u00f3 en el hecho 2, literal b, de la demanda, esto es, con motivo de un contrato suyo y no de una gesti\u00f3n de intermediaci\u00f3n\u201d, circunstancia que tambi\u00e9n es evidente \u201cen carta de 14 de abril de 1993\u201d, lo cual sugiere \u201cla promoci\u00f3n de su propio negocio y no el impulso de actividades comerciales ajenas\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que de las comunicaciones remitidas por Burke al demandante Gaona Ram\u00edrez, de fechas 13 de febrero y 30 de mayo de 1995, as\u00ed como de las misivas enviadas por Soproas Ltda. a Burke, que militan a folios 37 y 45 del plenario, se observa que la labor de aqu\u00e9l \u201cse restringi\u00f3 al acercamiento de los interesados para lograr la comercializaci\u00f3n de los productos de los demandados, actividad que, en ocasiones se realizaba de consuno entre ellos, (\u2026) lo que deja en evidencia que [su] inter\u00e9s era que esas ventas se materializaran por la comisi\u00f3n que obtendr\u00eda -su propio negocio- pero no se advierte prueba de que esa gesti\u00f3n fuera resultado de un encargo y que obrara una autentica tarea de \u2018promoci\u00f3n\u2019, lo que se suyo comprende varias etapas\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la obligatoriedad de demostrar dicho encargo \u201cno decae por el hecho cierto de que los bienes que fabrica y comercializa el demandado no son de masiva destinaci\u00f3n y que, en sentido adverso, est\u00e1n dirigidos a un sector muy restringido -suministro de materiales para las v\u00edas f\u00e9rreas-\u201c, ya que \u201clo determinante en la agencia comercial no son los contratos que el agente logre perfeccionar, concluir o poner a disposici\u00f3n del agenciado, sino el hecho mismo de la promoci\u00f3n del negocio de \u00e9ste\u201d, para lo cual \u201cel comerciante debe contar \u2018con una estructura organizada propia (oficinas, establecimientos de comercio, empleados, etc.), y desarrolle y ejecute el contrato aut\u00f3nomamente\u2019, ordenaci\u00f3n de la que no hay material probatorio suasorio que lo compruebe, pues de esa infraestructura no hay memoria alguna, falencia que se hab\u00eda podido superar con la prueba contable que se frustr\u00f3 por la inactividad del actor, quien adem\u00e1s reconoci\u00f3 que los pagos de las comisiones no se realizaron a favor de Soproas, sino a nombre suyo\u201d. <\/p>\n
3. Indic\u00f3 que otra falencia demostrativa de la existencia de la agencia comercial alegada, es que Soproas S.A. en liquidaci\u00f3n \u201cno se inscribi\u00f3, en tal condici\u00f3n, en el registro mercantil, omisi\u00f3n que si bien no tiene el poder de desnaturalizar el negocio que concite las condiciones de la agencia, si se endereza en contra de quien aspira a demostrar la relaci\u00f3n surgida de un contrato verbal, en particular (\u2026) porque el momento que se presenta como de surgimiento de la agencia, los hechos de los que ella pretende derivarse lucen confusos (\u2026), por lo que era del caso demostrar que esa inicial condici\u00f3n -los tratos desarrollados el 11 de noviembre de 1992-, sufrieron una poderosa y contundente alteraci\u00f3n para poder concluir que esas labores de promoci\u00f3n de las mercanc\u00edas, fueron producto del encargo que posteriormente se hubiera acordado, porque mientras no haya prueba de esa modificaci\u00f3n, la b\u00fasqueda de clientela obedecer\u00e1 al inicial designio de poner en contacto a las partes interesadas en perfeccionar la venta de tales admin\u00edculos -una eventual comisi\u00f3n-, pero no en una agencia comercial\u201d. <\/p>\n
4. Estim\u00f3, en relaci\u00f3n con la falta de pronunciamiento sobre el pago de las comisiones de 2012 no canceladas por la parte pasiva, que \u201cla prueba que se trajo para demostrar su causaci\u00f3n y falta de pago, no es contundente en destacar la real comercializaci\u00f3n de esos accesorios\u201d, ya que \u201cal escrutar el documento de \u2018reporte importaciones \u2013 2012\u2019, se observa que existe la enumeraci\u00f3n de varias \u2018declaraciones\u2019 en las que si bien se describen aparece como \u2018descripci\u00f3n arancel\u2019 el texto \u2018las dem\u00e1s traviesas (durmientes) de madera para v\u00edas f\u00e9rreas o similares\u2019, pero no hay registro de que el demandante -persona natural o jur\u00eddica- hubiera intervenido en el ingreso de la mercanc\u00eda al pa\u00eds como importador, representante legal, proveedor o agente aduanero, que son las calidades de las que se dej\u00f3 constancia en los documentos ni, en general, aparece prueba acerca de cu\u00e1l fue su participaci\u00f3n en la realizaci\u00f3n de ese proceso de importaci\u00f3n, a lo se adiciona que, al no haberse comprobado la existencia de la agencia comercial no habr\u00eda lugar a esos estipendios\u201d. <\/p>\n
5. Anot\u00f3, en cuanto a la cr\u00edtica efectuada por los apelantes al sustentar la alzada respecto de la ausencia de estimaci\u00f3n del indicio grave generado contra la parte demandada en virtud de la inasistencia de su representante legal a la audiencia de conciliaci\u00f3n prejudicial, que \u201cno es procedente que el Tribunal aborde ese nov\u00edsimo fundamento de reproche, pues la falta de ataque en torno al particular en el estadio procesal correspondiente veda cualquier escrutinio en ese especifico aspecto, so pena que la incurra en el vicio de la incongruencia\u201d; aunque, de todas maneras, \u201cla presencia de ese indicio no conlleva, indefectiblemente, al reconocimiento de las pretensiones, en tanto que la valoraci\u00f3n probatoria, como lo ordena la legislaci\u00f3n procesal, debe realizarse de manera conjunta e integral, ejercicio efectuado por el Tribunal l\u00edneas atr\u00e1s, del cual se desgaja, como conclusi\u00f3n, que no concurren las condiciones para declarar la existencia de la agencia mercantil\u201d7. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, un ataque se formula contra la sentencia del Tribunal, soportado en la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Sobre la base de dicho motivo de quiebre, se denuncia que el fallo del ad-quem viol\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 228 inciso 3\u00b0, 280 y 327 numeral 2\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, por \u201cerror de hecho, por la preterici\u00f3n de una prueba\u201d. <\/p>\n
En desarrollo del embate, el casacionista expuso, en lo cardinal, lo siguiente: <\/p>\n
1. El juez colegiado \u201cmotiv\u00f3 su sentencia pretermitiendo u omitiendo una prueba trascendente en el procedimiento\u201d, esto es, el \u201cAnexo 11. Informe pericial GFA con sus anexos (…) (Folios 282 a 325)\u201d, ya que \u201cno efectu\u00f3 en su sede la pr\u00e1ctica del dictamen pericial que en primera instancia no se llev\u00f3 a cabo, debiendo haberlo practicado teniendo en cuenta que, primero, el art\u00edculo 280 del C.G.P. le ordenaba motivar la sentencia con un examen cr\u00edtico de -todas- las pruebas y con una explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas, aspecto que no cumpli\u00f3 ya que no la practic\u00f3 y tampoco se pronunci\u00f3 en sus consideraciones en cuanto al informe pericial aportado y decretado en primera instancia; segundo, el art\u00edculo 327 del C.G.P. numeral 2\u00b0, le facultaba para practicar aquella prueba que no se practic\u00f3 en primera instancia sin culpa de la parte que la pidi\u00f3, tal cual como ocurri\u00f3 en el caso concreto en la medida de que el perito aport\u00f3 debidamente la excusa de su inasistencia; y tercero, el art\u00edculo 228, inciso 3\u00b0 del C.G.P. le permit\u00eda decretar y practicar una prueba en segunda instancia cuando dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la audiencia se presentara la justificaci\u00f3n de la inasistencia del perito, habiendo habido sentencia, como aconteci\u00f3 en el caso que nos ocupa\u201d. <\/p>\n
2. Dicha pifia resulta trascendente, porque \u201cera completamente necesario [el citado dictamen pericial] para que el Juez comprendiera a cabalidad lo ocurrido con el se\u00f1or GAONA, la empresa SOPROAS y la demandada\u201d, dado que este \u201cconten\u00eda informaci\u00f3n y unos an\u00e1lisis detallados, concretos, explicados con minuciosidad y experticia, para llegar a la conclusi\u00f3n de que entre las partes medi\u00f3 un contrato de agencia comercial y, bajo el entendido de su omisi\u00f3n, el fallador no tuvo el conocimiento pleno y claro para evidenciarlo y fallar conforme a ello\u201d8. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Norma aplicable <\/p>\n
El examen de la presente demanda de casaci\u00f3n se har\u00e1 a la luz del C\u00f3digo General del Proceso, que rige de manera integral desde el 1\u00b0 de enero de 2016, pues, el litigio donde se dict\u00f3 la sentencia confutada fue rituado bajo dicha disposici\u00f3n, siendo adem\u00e1s aquel remedio extraordinario formulado el 5 de noviembre de 20209. <\/p>\n
2. Aspectos formales y t\u00e9cnicos de la demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se invoca la causal segunda de casaci\u00f3n, esto es, violaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta de la norma sustancial por la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho, en la respectiva demanda se debe enunciar los preceptos de ese linaje vulnerados con el fallo impugnado. <\/p>\n
Frente al primero de los mencionados desaciertos, que es el que ac\u00e1 se denuncia, se ha dicho que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente recaudadas en el juicio10, por lo que en dicho escrito tambi\u00e9n \u201cdeber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material\u201d (CSJ, AC2679-2020), esto es, si el fallador \u201cpretiri\u00f3 o tergivers\u00f3 los elementos de juicio existentes en el proceso, o si supuso uno inexistente\u201d (CSJ, AC2213-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, como lo ha enfatizado la Sala, el ataque \u201cdebe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia\u201d (Cit., reiterado en AC2501-2021). <\/p>\n
Por \u00faltimo, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del literal a) del \u00faltimo de los mencionados c\u00e1nones, para efectos de fundamentar esta causal no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias, pues ello vendr\u00eda a ser lo que la doctrina de la Sala ha denominado medios nuevos, los cuales se consideran inadmisibles, ya que este remedio extraordinario no se erigi\u00f3 \u201cpara repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora\u201d (CSJ, G.J. t. LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76, citada en SC, 9 sep. 2010, Rad. 2005-00103-01, SC5175-2020 y AC5724-2021, entre otros). <\/p>\n
3. An\u00e1lisis concreto del cargo <\/p>\n
As\u00ed, pues, confrontadas las exigencias formales mencionadas, se advierte su incumplimiento en el \u00fanico cargo planteado, como pasa a explicarse en detalle. <\/p>\n
3.1. Mem\u00f3rese que los recurrentes denuncian \u201cla violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u201d, particularmente, de los art\u00edculos 228 inciso 3\u00b0, 280 y 327 numeral 2\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, por error de hecho manifiesto y trascendente por la preterici\u00f3n de una prueba (dictamen pericial); sin embargo, ninguno de los mencionados preceptos es de ese linaje, ya que no crean, modifican o extinguen derechos. <\/p>\n
En efecto, como ya lo ha precisado la Corte, el primero se encarga de disciplinar \u201ctodo lo atinente a la (\u2026) contradicci\u00f3n del dictamen\u201d (CJS AC3567-2019), mientras que el segundo \u201cla forma como debe estructurarse la sentencia\u201d (CSJ AC2666-2019) y, el tercero, solo \u201cregula la pr\u00e1ctica de pruebas durante la alzada\u201d (CSJ AC6052-2021). <\/p>\n
Por tanto, es incuestionable que los antagonistas desatendieron la consabida carga legal prevista en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, cual es la de invocar al menos una norma con esa connotaci\u00f3n y que estuviera \u00edntimamente ligada con el objeto de la determinaci\u00f3n confutada. <\/p>\n
Esa omisi\u00f3n, en consecuencia, impide que el cargo pueda ser llevado al siguiente estadio del recurso de casaci\u00f3n, porque, como reiteradamente lo ha expresado la Corte, \u201cel deber de indicar un precepto sustantivo se erige como insoslayable, trat\u00e1ndose del planteamiento de las dos primeras causales de casaci\u00f3n relacionadas en el canon 336 ejusdem\u201d (CSJ, AC2563-2020 y AC5726-2021, entre otros). <\/p>\n
Tal exigencia legal, por lo dem\u00e1s, no se erige como injustificada o caprichosa, porque es a partir del conocimiento claro del derecho sustancial que esgrime el censor, como se puede entrar a analizar s\u00ed, en verdad, el Tribunal lo infringi\u00f3 en el escenario de su aplicaci\u00f3n recta, o si lo vulner\u00f3 indirectamente al valorar los hechos o el material probatorio, como ac\u00e1 se denuncia. <\/p>\n
En vigencia del nuevo estatuto procesal, la Sala ha destacado sobre la importancia del referido requisito, que <\/p>\n
\u201cEn raz\u00f3n de que el recurso de casaci\u00f3n dentro de sus fines, conforme al art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, incluye el de \u2018controlar la legalidad de los fallos\u2019, la formalidad preterida tiene gran importancia trat\u00e1ndose de acusaciones apoyadas en la infracci\u00f3n de las normas de derecho sustancial, porque son las que demarcan las condiciones o requisitos necesarios para el reconocimiento del derecho reclamado, o de la pretensi\u00f3n planteada, o en su caso, de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada, y por consiguiente, no se podr\u00eda cumplir aquella funci\u00f3n de control de legalidad, porque al no haberse identificado dichos preceptos legales, resulta imposible establecer la violaci\u00f3n directa o indirecta de los mismos, lo cual en su momento obstaculizar\u00eda el estudio de fondo de la respectiva acusaci\u00f3n\u201d (CSJ, AC6243-2016, citada en AC2563-2020). <\/p>\n
3.2. De otro lado, recu\u00e9rdese que el precepto mencionado impone al extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que toca a las exigencias de claridad y precisi\u00f3n, la Sala ha indicado que \u201c[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u201d (CSJ AC7250 de 2016, reiterado en AC3596-2020). <\/p>\n
As\u00ed, entonces, atentar\u00eda contra los postulados de la claridad y la precisi\u00f3n, por ejemplo, el cargo que montado sobre la base de un yerro f\u00e1ctico, tambi\u00e9n incluya par\u00e1metros del desatino probatorio de derecho, pues se sabe que uno y otro resultan de naturaleza diferente, porque el primero concierne a la prueba como insumo material del juicio, mientras que el segundo apunta al aspecto normativo de la probanza. <\/p>\n
En la demanda ac\u00e1 presentada, se advierte su incumplimiento, habida cuenta que la censura no resulta clara y precisa, por la circunstancia de contener una confusa mixtura, derivada de plantear sobre una misma prueba y al tiempo, cuestionamientos propios del error de hecho y el de derecho. Lo expuesto, porque al otearse los argumentos bajo los cuales los casacionistas desarrollaron el cargo, se observan dos ataques propuestos, uno por error de derecho, consistente en la falta de pr\u00e1ctica oficiosa del dictamen pericial aportado con la demanda11, otro por error de hecho, derivado de la preterici\u00f3n de ese mismo medio de prueba, lo cual a todas luces es incompatible, puesto que est\u00e1 proscrito el hibridismo en esta senda extraordinaria. <\/p>\n
En ese orden, se advierte que los impugnantes anduvieron imprecisos y confusos en la selecci\u00f3n y justificaci\u00f3n de la v\u00eda propicia para combatir el fallo de segunda instancia, con lo que la demanda deviene inadmisible desde la perspectiva de lo formal, por desatender las reglas t\u00e9cnicas para la formulaci\u00f3n de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Con todo, si en gracia a la discusi\u00f3n se admitiera que el cargo solo transit\u00f3 por la senda del yerro f\u00e1ctico, este igualmente resulta impertinente, toda vez que el numeral 2\u00ba del canon 347 de la memorada disposici\u00f3n autoriza a la Corte a inadmitir la demanda cuando \u201cno es evidente la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u201d, supuesto de hecho que se configura en el caso concreto. <\/p>\n
Lo anterior, porque la preterici\u00f3n, como modalidad constitutiva del error de hecho, exige que la prueba ignorada por el juzgador, sea legalmente atendible. <\/p>\n
As\u00ed lo dej\u00f3 establecido la Corte en un caso similar al presente, al se\u00f1alar que <\/p>\n
\u201c\u2018(\u2026), ning\u00fan sentido tiene denunciar en casaci\u00f3n la comisi\u00f3n de un error de hecho por preterici\u00f3n o por indebida valoraci\u00f3n de un medio de convicci\u00f3n que no milita en el litigio, (\u2026). Tampoco lo tendr\u00eda, si el defecto acusado se relaciona con una prueba que, no obstante obrar f\u00edsicamente en el expediente, carece de m\u00e9rito probatorio, debido, entre otros motivos, a su indebida incorporaci\u00f3n al expediente, puesto que \u2018las pruebas producidas, con el objeto de que cumplan con su funci\u00f3n de llevar al juez el grado de convicci\u00f3n suficiente para que pueda decidir sobre el asunto materia de la controversia, adem\u00e1s de ser conducentes y eficaces, deben allegarse o practicarse en los t\u00e9rminos y condiciones establecidos de antemano en el ordenamiento positivo, ya que de lo contrario no es posible que cumplan la funci\u00f3n se\u00f1alada\u2019 (Cas. Civ., sentencia del 27 de marzo de 1998, expediente No. 4943; se subraya)\u2019\u201d (subrayas deliberadas, CSJ SC, 30 jul. 2010, Rad. 2006-00035-01, citada en SC16929-2015 y SC17181-2016). <\/p>\n
Ac\u00e1, los impugnantes, al tratar de acreditar la trascendencia del ataque, se\u00f1alaron que \u201cel d\u00eda en el que la [experticia] iba a ser practicada en audiencia, el perito no pudo asistir, por lo cual, dentro del t\u00e9rmino legal establecido \u2013 art\u00edculo 228, inciso 3\u00b0 del C.G.P.-, present\u00f3 su justificaci\u00f3n, habilit\u00e1ndose el derecho de esta parte a que se practicara en segunda instancia, esto es, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u201d; pero, \u00e9ste \u201comiti\u00f3 ejecutar la pr\u00e1ctica de la prueba citada y desarroll\u00f3 su providencia pretermitiendo la misma\u201d, medio de convicci\u00f3n que \u201cera completamente necesario para que el Juez comprendiera a cabalidad lo ocurrido con el se\u00f1or GAONA, la empresa SOPROAS y la demandada\u201d, dado que \u201cconten\u00eda informaci\u00f3n y unos an\u00e1lisis detallados, concretos, explicados con minuciosidad y experticia, para llegar a la conclusi\u00f3n de que entre las partes medi\u00f3 un contrato de agencia comercial\u201d. <\/p>\n
No obstante, en cuanto hace al tr\u00e1mite del juicio declarativo de la referencia, se encuentra que mediante prove\u00eddo adoptado en audiencia celebrada el 1\u00b0 de octubre de 2019, la juez del conocimiento dispuso \u201cTENER en cuenta que para todos los efectos legales que el dictamen aportado por la parte demandante y realizado por el perito CARLOS JULIO CORTES S\u00c1NCHEZ no tendr\u00e1 valor alguno, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el inciso primero del art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d (\u00e9nfasis intencional)12, decisi\u00f3n que qued\u00f3 reafirmada en providencia del 12 de noviembre siguiente13. <\/p>\n
Traduce lo anterior, que el referido dictamen pericial no era, ni es atendible como prueba y que, por lo mismo, su falta de ponderaci\u00f3n por parte del ad-quem no configur\u00f3 la comisi\u00f3n del error de hecho por preterici\u00f3n que se le atribuy\u00f3 a dicha autoridad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la ausencia de estructuraci\u00f3n del desacierto alegado, deviene recta la inadmisi\u00f3n del cargo. <\/p>\n
4. Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta inviable desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa pues, vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
5. Colof\u00f3n de todo lo que antecede, es que se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarar\u00e1 desierta la opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada por JORGE HUMBERTO GAONA RAM\u00cdREZ y la SOCIEDAD DE PROMOCIONES Y ASESOR\u00cdAS S.A. – SOPROAS S.A., para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron frente a la sentencia proferida el 13 de octubre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal declarativo de existencia de contrato que adelantaron contra STELLA JONES CORPORATION. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 514 a 522, Cit. <\/p>\n
4\u0002 Folios 598 a 616, ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. <\/p>\n
6\u0002 Folios 617 a 624, Ob. <\/p>\n
7\u0002 Folios 14 a 33, cdno. Tribunal, Ejusdem. <\/p>\n
8\u0002 Folios 21 a 56, cdno. Corte, Cit. <\/p>\n
9\u0002 Folios 34 y 35, cdno. Tribunal, Ob. <\/p>\n
10\u0002 Entre ellas, el libelo introductorio del proceso y su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
11\u0002 Sobre la posibilidad de elevar tal reproche, ver CSJ SC11337-2015. <\/p>\n
12\u0002 Folio 586, cdno. principal \u2013 2da. Parte. <\/p>\n
13\u0002 Folio 595, ib\u00eddem. <\/p>\n
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AC690-2022 (2018-00043-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente AC690-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-038-2018-00043-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Procede la Sala a decidir sobre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61711","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61711"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61711\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}