AC692-2022 (2019-00061-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC692-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-31-03-001-2019-00061-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por V\u00cdCTOR MONTOYA BUENAVENTURA para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 26 de octubre de 2020 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del juicio declarativo que adelant\u00f3 contra YOLANDA, \u00c1LVARO, \u00d3SCAR HUMBERTO, JORGE ENRIQUE, GERM\u00c1N, MARTHA STELLA MEJ\u00cdA IB\u00c1\u00d1EZ y los herederos indeterminados de EDILBERTO MEJ\u00cdA URUE\u00d1A y LUIS EDUARDO LONDO\u00d1O OCHOA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo introductorio del citado litigio se solicit\u00f3, de manera principal, declarar que cada uno de los demandados se enriqueci\u00f3 sin justa causa en la suma de \u201c$527.373.035,5 M\/Cte\u201d, o la cantidad que resulte probada, y en consecuencia, condenar a cada uno de ellos a pagar al actor la anterior cifra o la que se demuestre, m\u00e1s los intereses liquidados conforme con el art\u00edculo 111 de la Ley 510\/99, a partir del 24 de junio de 2014; los perjuicios materiales (da\u00f1o emergente y lucro cesante) tasados en la suma de \u201c$1.059.855.949,89 M\/Cte\u201d, as\u00ed como una indemnizaci\u00f3n por perjuicios morales; y las costas del proceso. <\/p>\n
En forma subsidiaria, se solicit\u00f3 declarar que los demandados se enriquecieron sin justa causa en la suma de \u201c$3.164.238.213,oo M\/Cte\u201d, o la cantidad que resulte probada, y que como corolario se ordene a los mencionados sujetos procesales, pagar al accionante la anterior cifra o la que se logre acreditar, m\u00e1s los r\u00e9ditos liquidados seg\u00fan se anot\u00f3 en precedencia; los perjuicios materiales (da\u00f1o emergente y lucro cesante) equivalentes a la suma de \u201c$1.059.855.949,89 M\/Cte\u201d, as\u00ed como una indemnizaci\u00f3n por perjuicios morales; y los gastos del litigio1. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico, el actor expuso, en lo esencial, que: <\/p>\n
2.1. El 1\u00b0 de enero de 1976 suscribi\u00f3 en calidad de arrendatario un contrato de arrendamiento \u201cde naturaleza agraria\u201d con Luis Eduardo Londo\u00f1o Ochoa, por el t\u00e9rmino de tres (3) a\u00f1os, contados a partir del 15 de diciembre de 1975, respecto de los predios rurales denominados \u201cRANCHO GRANDE\u201d y la \u201cPALMITA\u201d, de 128 y 164 hect\u00e1reas, respectivamente. <\/p>\n
2.2. En la cl\u00e1usula segunda de la citada convenci\u00f3n se pact\u00f3 expresamente que los aludidos inmuebles ser\u00edan destinados \u201ca la ganader\u00eda y la agricultura\u201d, y que el arrendatario quedaba facultado para \u201crealizar todas y cada una de las mejoras que sean necesarias para una mejor y m\u00e1s completa explotaci\u00f3n\u201d de los mismos. <\/p>\n
2.3. El arrendador entreg\u00f3 dichas heredades \u201csin ninguna obra civil para impedir el grave problema de las inundaciones y erosi\u00f3n de las tierras [que causa] el r\u00edo Cauca\u201d, por lo que tuvo que hacer \u201cdiques, jarillones, compuertas, rehabilitaci\u00f3n y mantenimiento de tierras\u201d, limpiar pastos, colocar cercas, tanques para el almacenamiento de agua, construir un pozo s\u00e9ptico, \u201ccorrales, saladeros, bebederos\u201d, casa de vivienda principal, galpones para la cr\u00eda y sacrificio de pollos, as\u00ed como instalar transformadores de energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
2.4. En los siguientes contratos, suscritos el 1\u00b0 de febrero de 1979 y el 15 de diciembre de 1986, los arrendadores Luis Eduardo Londo\u00f1o Ochoa y Edilberto Mej\u00eda Urue\u00f1a, \u201cen forma totalmente truculenta y leonina\u201d, introdujeron en la cl\u00e1usula tercera de dichas convenciones una obligaci\u00f3n al arrendatario, consistente en \u201cla conservaci\u00f3n de todo cuanto est\u00e9 destinado para favorecer las aguas y evitar la erosi\u00f3n\u201d, sin tener en cuenta que conforme a la ley \u201cel ARRENDADOR est\u00e1 obligado no s\u00f3lo a entregar, sino a mantener la cosa arrendada, en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada\u201d, de ah\u00ed que \u201cestaban obligados a ejecutar y sufragar todos los cuantiosos gastos de mejoras\u201d, responsabilidad que no pod\u00edan descargar en la parte d\u00e9bil del acuerdo de voluntades. <\/p>\n
2.5. De conformidad con el art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, los propietarios de los rese\u00f1ados predios deben pagar el valor comercial de las mejoras levantadas por el arrendatario, las que fueron conservadas por 39 a\u00f1os, lo cual caus\u00f3 un empobrecimiento en su patrimonio y un correlativo enriquecimiento en el de su contraparte. <\/p>\n
2.6. Los demandados adquirieron la propiedad de los citados bienes en la sucesi\u00f3n de Edilberto Mej\u00eda Urue\u00f1a, quien a su vez obtuvo el dominio de estos en la sucesi\u00f3n de Luis Eduardo Londo\u00f1o Ochoa, por lo que son quienes deben pagar el monto del lucro en sus patrimonios. <\/p>\n
2.7. En el 2009, los convocados iniciaron un proceso de restituci\u00f3n de inmueble en su contra, al cual se opuso presentando excepciones de m\u00e9rito, sumado a que solicit\u00f3 el reconocimiento de las mejoras e invoc\u00f3 el derecho de retenci\u00f3n; sin embargo, el juez de la causa accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n y neg\u00f3 el pago de las mejoras, decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal, por lo que hizo entrega de los fundos el 24 de junio de 20142. <\/p>\n
3. Una vez notificados los convocados y nombrada curadora ad-litem a los indeterminados, dentro del t\u00e9rmino de traslado contestaron el libelo inaugural de la siguiente manera: <\/p>\n
3.1. Yolanda, Germ\u00e1n, \u00c1lvaro, Martha Stella y \u00d3scar Mej\u00eda Ib\u00e1\u00f1ez3 se opusieron a las pretensiones incoadas tras formular las excepciones de m\u00e9rito que denominaron \u201cCARENCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA DEMANDAR\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE UN NEXO CAUSAL PARA PROPONER LA ACCION O AUSENCIA DE CAUSA COMO FACTOR NECESARIO PARA LA MISMA\u201d, \u201cCAUSA IL\u00cdCITA COMO FUENTE DE LAS PRETENSIONES\u201d, \u201cPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCION (\u2026)\u201d, \u201cCOSA JUZGADA\u201d e \u201cINEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA\u201d. <\/p>\n
En sustento de tales defensas, su apoderado judicial se\u00f1al\u00f3, en compendio, que las mejoras reclamadas se plantaron en vigencia del primer contrato de arrendamiento sobre los predios \u201cRancho Grande\u201d y \u201cLa Palmita\u201d, sin que el actor solicitara al arrendador reconocimiento alguno durante la relaci\u00f3n contractual; \u00e9stas no atienden las previsiones de la Ley 2811 de 1974 sobre la conservaci\u00f3n de los recursos naturales renovables; la acci\u00f3n se interpuso mucho despu\u00e9s del t\u00e9rmino establecido en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 882 del C\u00f3digo de Comercio; lo reclamado ya fue discutido dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que sus mandantes promovieron frente al interesado; y no es cierto que \u00e9ste tuvo que vender tres inmuebles de su propiedad para realizar tales obras4. <\/p>\n
3.2. La curadora ad-litem de los indeterminados, luego de se\u00f1alar que no le constan los hechos narrados en el escrito inicial, dijo no oponerse a lo pretendido por el demandante, siempre y cuando ello est\u00e9 cotejado con las pruebas obrantes en el expediente5. <\/p>\n
4. La primera instancia se clausur\u00f3 con la sentencia del 6 de noviembre de 2019, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: [N]egar las pretensiones de Enriquecimiento sin Justa Causa por ausencia de uno de los presupuestos axiol\u00f3gicos (\u2026). <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: Costas a cargo del demandante y a favor de los demandados\u2026\u201d6. <\/p>\n
5. Como soporte de las anteriores determinaciones, la juzgadora de primer grado sostuvo, despu\u00e9s de precisar los elementos para la prosperidad de la acci\u00f3n impetrada, que lo pretendido por el actor no era viable, dado que el enriquecimiento alegado tuvo su g\u00e9nesis o causa en un contrato, particularmente, el de arrendamiento que \u00e9ste suscribi\u00f3 en calidad de arrendatario el 1\u00b0 de enero de 1976 con Luis Eduardo Londo\u00f1o Ochoa, por lo que cont\u00f3 con otra v\u00eda para reclamar el valor de las mejoras suplicado, como en efecto ocurri\u00f3, ya que dicha tem\u00e1tica hab\u00eda sido estudiada dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que los demandados promovieron en contra de \u00e9ste, donde se neg\u00f3 finalmente el pago de las mismas7. <\/p>\n
6. Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el demandante la apel\u00f3, tras esgrimir tres reparos contra esta, alusivos a que i) la juez se equivoc\u00f3 en equiparar los requisitos de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa, edificada v\u00eda jurisprudencia con base en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 153 de 1887, con la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa establecida en el canon 831 del C\u00f3digo de Comercio; ii) tambi\u00e9n err\u00f3 en se\u00f1alar que la acci\u00f3n invocada se utiliz\u00f3 como una tercera instancia, comoquiera que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga ya hab\u00eda negado el reconocimiento de mejoras cuando deneg\u00f3 la excepci\u00f3n meritoria de cosa juzgada planteada por los convocados; y iii) no tuvo en cuenta que en dicho litigio \u00fanicamente se solicit\u00f3 el reconocimiento de mejoras y el derecho de retenci\u00f3n, pero no se ejercit\u00f3 la acci\u00f3n que ahora se evoca, que seg\u00fan la doctrina de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado es \u201csubsidiaria y aut\u00f3noma\u201d, y que procede incluso cuando el enriquecimiento provenga de alguna de las fuentes de las obligaciones, claro est\u00e1, cuando no tuviera una causa directa en el mismo8. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Sus argumentos se compendian as\u00ed: <\/p>\n
1. Estim\u00f3, luego de precisar los elementos constitutivos del enriquecimiento sin justa causa con apoyo en jurisprudencia de esta Sala, que \u201ces claro que el v\u00ednculo entre los patrimonios del demandante y de los demandados no surgi\u00f3 sin causa leg\u00edtima, sino que se deriv\u00f3 de un negocio jur\u00eddico, pues lo cierto es que tuvo su fuente en un contrato de arrendamiento suscrito entre el causante LUIS EDUARDO LONDO\u00d1O OCHOA y VICTOR MONTOYA BUENAVENTURA, por lo que esta acci\u00f3n es improcedente para dirimir las controversias nacidas del mismo\u201d. <\/p>\n
2. Sostuvo adem\u00e1s, que \u201cya se ejerci\u00f3 la acci\u00f3n contractual reclamando el pago de las mejoras realizadas, dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que se tramit\u00f3 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, punto que fue definido en primera y segunda instancia, negando el reclamo de las mejoras y el derecho de retenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Esgrimi\u00f3 que los argumentos expuestos por el actor carecen de \u201csustento jur\u00eddico\u201d, ya que \u201cla demanda se plante\u00f3 como enriquecimiento sin causa, de naturaleza agraria, por lo que es inaplicable la jurisprudencia del Consejo de Estado\u201d, sumado a que en \u201cla sentencia C-471 de 2006, (\u2026) se estudia la acci\u00f3n de enriquecimiento cambiario, la cual difiere del caso en estudio, pues no deriva de t\u00edtulos valores\u201d, situaci\u00f3n que igualmente ocurre con \u201cla sentencia de CSJ, SC del 31 de marzo de 1998, Rad. No. 467431\u201d, puesto que \u201cel tema all\u00ed estudiado es la accesi\u00f3n, como modo de adquirir el dominio, y de conformidad con el art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil cuando alguien edifica, planta o siembra en terreno ajeno sin conocimiento del titular del terreno, el propietario del suelo tiene la posibilidad de pasar a ser due\u00f1o autom\u00e1ticamente de las mejoras, con cargo de pagar su valor al que las plant\u00f3 all\u00ed a fin de evitar un enriquecimiento sin causa\u201d, por lo que es claro que \u201cno se present\u00f3 la transgresi\u00f3n alegada por la parte apelante, porque la a quo aplic\u00f3 el precepto que jur\u00eddicamente subsum\u00eda el litigio, y le dio una correcta interpretaci\u00f3n, acorde con la jurisprudencia uniforme de la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia\u201d10. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El recurrente formula un solo cargo contra el fallo del Tribunal, fundamentado como pasa a verse. <\/p>\n
\u00daNICO CARGO <\/p>\n
Sobre la base de la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el censor acusa el fallo combatido por violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 831 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Para el desenvolvimiento del embate, el apoderado del antagonista expuso, en lo fundamental, que el yerro cometido por el Tribunal \u201cconsiste en sostener que el hecho de que exista un contrato con ocasi\u00f3n \u2013 pero no en raz\u00f3n – del cual se haya generado un desplazamiento patrimonial, hace inaplicable, de suyo, una posible reclamaci\u00f3n por un enriquecimiento sin justa causa, por ser \u00e9ste \u2013 en sentir del Tribunal Superior de Armenia \u2013 un remedio subsidiario, que como tal, se hace inoperante cuando existen otros medios de defensa\u201d, puesto que \u201cya ha tenido la Honorable Corte la posibilidad de pronunciarse, advirtiendo que el enriquecimiento sin justa causa puede derivar de alguna de las fuentes de las obligaciones previstas en nuestro C\u00f3digo Civil, ya que de lo contrario, dicho enriquecimiento sin justa causa ser\u00eda en la pr\u00e1ctica inaplicable en manera absoluta, como quiera que no habr\u00eda un supuesto en la realidad que pudiera reunir los requisitos para la aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica, sin que mediara, de una u otra forma, una fuente tradicional de obligaciones\u201d. <\/p>\n
Sostuvo que \u201cpara que hubiera sido correcto el entendimiento del Ad-Quem, el enriquecimiento tendr\u00eda que haber derivado de una prestaci\u00f3n del contrato; es decir, tendr\u00eda que ser una prestaci\u00f3n del contrato mismo, aquella de la que se aquejara el demandante, para hacer su s\u00faplica, incompatible con la teor\u00eda del enriquecimiento sin justa causa\u201d; pero, \u201c[s]i, por el contrario, ninguna de las prestaciones del contrato justificara una apropiaci\u00f3n patrimonial determinada, por m\u00e1s que ella se hubiera producido en el marco de la ejecuci\u00f3n de un contrato, este enriquecimiento no tendr\u00eda una justa causa, como quiera que el contrato no justificar\u00eda el hecho de generarse esa apropiaci\u00f3n patrimonial que se denuncia\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u201cno existe una sola prestaci\u00f3n derivada directamente del contrato, en raz\u00f3n de la cual los arrendadores pudieran enriquecerse de los valores que el arrendatario le hubiera invertido al predio, bien por la realizaci\u00f3n de las mejoras autorizadas y realizadas en la ejecuci\u00f3n del primer contrato de arrendamiento; bien por el cumplimiento cabal de la obligaci\u00f3n consistente en realizar todas las actividades de conservaci\u00f3n y mantenimiento del predio mismo, y de las mejoras autorizadas, trasladadas al arrendatario\u201d. <\/p>\n
Finalmente, adujo que el fallador de segundo grado tambi\u00e9n err\u00f3 al concluir que su mandante \u201ccontaba con otros medios para hacer valer sus derechos, y que por ello, la subsidiariedad de la actio in rem verso no se cumpl\u00eda en el sub-judice, lo cual es absolutamente contrario a la realidad\u201d, toda vez que no es procedente la acci\u00f3n contractual, en la medida que, \u201ccomo se acredit\u00f3 en el plenario, ya se hab\u00eda intentado la v\u00eda contractual, mediante la oposici\u00f3n a la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, en la cual se expuso, por parte del Tribunal \u2013 que decidi\u00f3 dicha controversia \u2013 que esta NO era la v\u00eda para reclamar indemnizaciones que no derivaban de una prestaci\u00f3n directa del contrato; pero adem\u00e1s, hay una raz\u00f3n m\u00e1s pragm\u00e1tica: un juicio de responsabilidad contractual, sea \u00e9ste el que sea, requiere la acreditaci\u00f3n de los elementos estructurales de este tipo de responsabilidad\u201d, menos a\u00fan la extracontractual, \u201cporque \u00e9sta implicar\u00eda que la causa del da\u00f1o se hubiera generado en un \u2018encuentro social ocasional\u2019 (\u2026) lo cual no se cumpl\u00eda en el expediente (\u2026)como quiera que el contexto del enriquecimiento se da con ocasi\u00f3n \u2013 pero como se dijo, no en raz\u00f3n \u2013 de la ejecuci\u00f3n de un contrato\u201d11. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudio formal y t\u00e9cnico de la demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
En el marco del C\u00f3digo General del Proceso, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n, el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se invoca la causal primera de casaci\u00f3n, y por ende la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, previene el citado precepto que \u201cel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d (literal a) numeral 2\u00ba), y que \u201cser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u201d (par\u00e1grafo 1\u00ba). <\/p>\n
A lo anterior cumple agregar, que cuando se aduce la transgresi\u00f3n directa del ordenamiento, para satisfacer las exigencias formales no es suficiente con la mera invocaci\u00f3n de las normas sustanciales, sino que es preciso en aras de la claridad y precisi\u00f3n, que en la demanda se ponga de presente de qu\u00e9 forma el precepto invocado fue base o debi\u00f3 serlo de la sentencia recurrida, y la manera como el sentenciador lo transgredi\u00f3, es decir, si por falta de aplicaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Adicionalmente, la violaci\u00f3n directa de la ley, reiteradamente ha se\u00f1alado la Corte, \u201ces necesario demostrarla\u201d (CSJ, AC de 22 de julio de 2010, Rad. 2006-00026-01, reiterado hace poco en AC280-2021), por lo cual no es suficiente aseverar, sin la concreci\u00f3n debida, el desconocimiento de ciertas reglas sustanciales, siendo preciso que se manifieste en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal conducta y qu\u00e9 incidencia produjo en el resultado judicial final que se controvierte. <\/p>\n
2. Particularidades formales y t\u00e9cnicas del \u00fanico embate propuesto <\/p>\n
As\u00ed pues, confrontadas las exigencias formales mencionadas, se advierte que estas no se cumplieron a cabalidad en el \u00fanico cargo planteado, como pasa a verse: <\/p>\n
Aunque en gracia a la discusi\u00f3n se aceptara que el cargo exclusivamente tiene una fundamentaci\u00f3n de puro derecho, este resulta inadmisible, comoquiera que el ataque luce desenfocado e incompleto, en la medida que el recurrente tergivers\u00f3 o mal interpret\u00f3 los racionamientos del Tribunal. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el impugnante se\u00f1ala que el primer error del fallador de segundo grado estuvo en sostener que la existencia de un contrato, del cual se haya generado un desplazamiento patrimonial, torna inoperante per se la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa, por ser un remedio subsidiario; sin embargo, ello no fue lo que indic\u00f3 dicha autoridad, sino que, al verificar la presencia del tercer elemento configurativo de dicho fen\u00f3meno, estim\u00f3 que el desequilibrio entre los patrimonios del demandante y los demandados se produjo por una causa jur\u00eddica, esto es, el contrato de arrendamiento suscrito entre el causante Luis Eduardo Londo\u00f1o Ochoa y el recurrente, raz\u00f3n por la que no era procedente la acci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
En otras palabras, no fue por la simple y llana existencia en abstracto de un negocio jur\u00eddico que el ad-quem descart\u00f3 la viabilidad del remedio, sino por la presencia de un contrato de arrendamiento que dijo es fuente del enriquecimiento alegado; luego, entonces, es claro que el impugnante est\u00e1 censurando un razonamiento que \u00e9l solo elabor\u00f3 o vislumbr\u00f3, dejando de lado el verdadero argumento que expuso el sentenciador para descartar el memorado presupuesto. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el casacionista afirm\u00f3 que el segundo yerro cometido por el Tribunal fue manifestar que el interesado \u201ccontaba con otros medios para hacer valer sus derechos, y que por ello, la subsidiariedad de la actio in rem verso no se cumpl\u00eda en el sub-judice\u201d, dado que, ciertamente, no ten\u00eda a su alcance ning\u00fan mecanismo, ya que la acci\u00f3n contractual \u201cya se hab\u00eda intentado (\u2026) mediante la oposici\u00f3n a la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, en la cual se expuso, por parte del Tribunal \u2013 que decidi\u00f3 dicha controversia \u2013 que esta NO era la v\u00eda para reclamar indemnizaciones que no derivaban de una prestaci\u00f3n directa del contrato\u201d (resalto deliberado), sumado a que no pod\u00eda intentarse la acci\u00f3n de responsabilidad extracontractual; pero, a m\u00e1s que dicha autoridad s\u00ed se\u00f1al\u00f3 por qu\u00e9 en ese escenario id\u00f3neo se agot\u00f3 la v\u00eda para reclamar el valor de las mejoras plantadas, no es cierto que el Tribunal Superior de Buga dej\u00f3 de estudiar de fondo dicha petici\u00f3n por aquel motivo. <\/p>\n
En efecto, al ocuparse del tema en el ac\u00e1pite correspondiente, dicha Colegiatura neg\u00f3 el pago de las mejoras porque, primeramente, si bien en el primer contrato de arrendamiento se permiti\u00f3 la plantaci\u00f3n de mejoras permanentes, a partir de las siguientes los contratantes estipularon que se prohib\u00eda al arrendatario realizar dichas mejoras, so pena de que se tuviesen como de propiedad del arrendador, renunciando aqu\u00e9l a su reclamaci\u00f3n, y en segundo lugar, porque no cab\u00eda aplicar los criterios de los art\u00edculos 21 y 22 de la Ley 200 de 1936, toda vez que establecen reglas para los juicios contra ocupantes y perturbadores de la posesi\u00f3n, m\u00e1s no para los arrendatarios. <\/p>\n
As\u00ed lo expres\u00f3 la aludida Corporaci\u00f3n en el fallo que puso fin a la segunda instancia del juicio restitutorio en comento: <\/p>\n
\u201civ) Identificaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual y procedencia de reconocimiento de mejoras <\/p>\n
Censur\u00f3 el recurrente que en la instancia no se haya conferido valor demostrativo al contrato de arrendamiento suscrito en 1976 entre \u00e9l y EDUARDO LONDO\u00d1O OCHOA, con el cual se demuestra que hay continuaci\u00f3n contractual’ en su arrendamiento, pues adem\u00e1s de aqu\u00e9l se suscribi\u00f3 otro pacto en 1979 y uno \u00faltimo en 1986. Esta prosecuci\u00f3n del v\u00ednculo deviene trascendente, en su sentir, porque en el primero de los convenios se le autoriz\u00f3 la plantaci\u00f3n de mejoras, no as\u00ed en los subsiguientes. <\/p>\n
Oteando el expediente, se evidencia que en efecto el 1\u00b0 de Febrero de 1976 se celebr\u00f3 entre el demandado y EDUARDO LONDO\u00d1O OCHOA contrato de arrendamiento por t\u00e9rmino sobre los predios LA PALMITA y RANCHO GRANDE por el t\u00e9rmino de tres a\u00f1os, haci\u00e9ndose constar en su cl\u00e1usula primera que ambos predios fueron entregados el 15 de diciembre de 1975. Igualmente en la cl\u00e1usula segunda, se dej\u00f3 \u2018expresamente facultado al arrendatario, para mejorar los pastos, limpi\u00e1ndolos y resembr\u00e1ndolos, as\u00ed como todas y cada una de las mejoras que sean necesarias para una mejor y m\u00e1s completa explotaci\u00f3n de los inmuebles\u2019. <\/p>\n
Pasados los tres a\u00f1os, el 1\u00b0 de Febrero de 1979, firmaron los contratantes un nuevo pacto de arrendamiento sobre los predios LA PALMITA y RANCHO GRANDE, dej\u00e1ndose constancia que la entrega en tenencia del bien se hab\u00eda verificado desde el 15 de diciembre de 1978, y que esta vez el v\u00ednculo contractual se extender\u00eda por ocho a\u00f1os. Adicionalmente, en este pacto se priv\u00f3 al arrendatario de la facultad de plantar mejoras permanentes, y a\u00fan m\u00e1s, se previ\u00f3 que de hacerlas su dominio ser\u00eda del arrendador: \u2018no pudiendo \u2018EL ARRENDATARIO\u2019 plantar mejoras de car\u00e1cter permanente, pues en caso de que las haga quedar\u00e1n de propiedad de \u2018EL ARRENDADOR\u2019, sin lugar a exigir indemnizaci\u00f3n alguna por ese concepto\u2019. <\/p>\n
Al finiquito de los ocho a\u00f1os, habiendo fallecido ya EDUARDO LONDO\u00d1O OCHOA, fue EDILBERTO MEJIA URUE\u00d1A quien suscribi\u00f3 un nuevo contrato de arrendamiento sobre los predios LA PALMITA Y RANCHO GRANDE el 15 de diciembre de 1986, esta vez por dos a\u00f1os, reiter\u00e1ndose en esa oportunidad la cl\u00e1usula segunda que se hab\u00eda dejado plasmada en el anterior pacto de tenencia: (\u2026). Posteriormente, ya no se firmaron convenios distintos a \u00e9ste, sino que su vigencia se extendi\u00f3 mediante pr\u00f3rrogas contenidas en otros\u00edes, hasta el suscrito con anterioridad al fallecimiento del arrendador. <\/p>\n
De estas apreciaciones emanadas de la prueba documental arrimada por el recurrente, se vislumbra que tal como \u00e9ste lo sostiene hubo continuidad en la tenencia de los bienes ra\u00edces, porque al finalizar los primeros dos contratos por expiraci\u00f3n del plazo pactado, numeral 2 del art\u00edculo 2008 del C\u00f3digo Civil, se suscribieron otros contratos que legitimaron la continuidad de su permanencia en el inmueble, a t\u00edtulo de arrendatario. <\/p>\n
Sin embargo, esto no quiere decir que haya proseguido el v\u00ednculo contractual entre 1976 y 1986, pues la f\u00f3rmula establecida por el demandado y su arrendador para que aqu\u00e9l permaneciera en los inmuebles fue la suscripci\u00f3n de dos nuevos contratos de arrendamiento, uno en 1979 y otro en 1986, emergiendo de los tres documentos, en forma separada e independiente, las obligaciones que en cada uno se plasmaron. <\/p>\n
As\u00ed, aunque hubo una relaci\u00f3n negocial entre LONDO\u00d1O y MONTOYA en la que s\u00ed se permiti\u00f3 la plantaci\u00f3n de mejoras permanentes, \u00e9sta s\u00f3lo rigi\u00f3 en vigencia del contrato de Febrero 1\u00b0 de 1976, pues a partir de la segunda ley interpartes, y en la tercera que es la que soporta el presente libelo, los contratantes estipularon que se prohib\u00eda al arrendatario asentar mejoras permanentes, so pena de que se tuviesen como de propiedad del arrendador, renunciado aqu\u00e9l incluso a su reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Vale recalcar, en l\u00ednea con lo anterior, que esa declaraci\u00f3n de voluntad atinente a las mejoras no es vedada expresamente por la ley, corresponde a una materia que no involucra a los denominados derechos personal\u00edsimos, y atiende exclusivamente al inter\u00e9s particular del arrendatario, por lo que no hay reproche alguno a ‘la eficacia de la comentada cl\u00e1usula contractual, ni siquiera el alegado enriquecimiento sin causa, en tanto se ajusta a lo normado por el precepto 15 de la legislaci\u00f3n sustantiva civil: \u2018Podr\u00e1n renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que s\u00f3lo miren al inter\u00e9s individual del renunciante, y que no est\u00e9 prohibida la renuncia.\u2019 <\/p>\n
Ahora bien, ha quedado establecido que el contrato de 1986, distinto e independiente de sus predecesores, es el que regula la relaci\u00f3n de arrendamiento, y que en \u00e9ste se plasm\u00f3 la prohibici\u00f3n de la plantaci\u00f3n de mejoras, siendo ello razones suficientes para desestimar la traza argumental que se ha venido examinando. Sin embargo, tambi\u00e9n aleg\u00f3 el recurrente que a este proceso cab\u00eda aplicar los criterios de la Ley 200 de 1936, art\u00edculo 21 y 224, proposici\u00f3n que debe estudiarse en esta instancia. <\/p>\n
A efectos de solventar dicha cuesti\u00f3n, basta relacionar sumariamente que los preceptos citados est\u00e1n ubicados en el Cap\u00edtulo II de la Ley 200 de 1936, que se inaugura con el canon 16, cuyo texto es el que sigue: <\/p>\n
ARTICULO. 16.- Desde la expedici\u00f3n de la presente Ley, en los juicios de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho en predios rurales, as\u00ed como en la tramitaci\u00f3n de toda acci\u00f3n posesoria referente a predios de la misma naturaleza, se observar\u00e1n las reglas que se consignan en los Art\u00edculos siguientes. <\/p>\n
Sin dificultad alguna se aprecia, que el mismo legislador limit\u00f3 las materias a que se circunscriben las reglas 21 y 22 de esa ley, a los juicios contra ocupantes y perturbadores de la posesi\u00f3n, no as\u00ed frente a los arrendatarios, que es el tema que concentra el debate en este proceso. <\/p>\n
De otro lado, el art\u00edculo 22 se confina apenas a disponer que es deber del juez resolver de oficio \u2018si es o no el caso de pagar mejoras\u2019, enunciando unos criterios para la absoluci\u00f3n de ese interrogante, de lo que se puede extraer que: i) no siempre se debe concluir que hay lugar a reconocer mejoras; ii) los par\u00e1metros se\u00f1alados auxilian al fallador, pero no agotan todas las posibilidades de cognici\u00f3n que pueden ser acogidas por \u00e9l, como lo es el caso de las manifestaciones expresas de las partes estipuladas en convenio que hace las veces de ley entre ellas, a voces de lo reglado por el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Desde luego, los alcances de la normativa son entendibles, dado que sus destinatarios, los ocupantes y perturbadores de la posesi\u00f3n, por la propia \u00edndole de su irrupci\u00f3n en los predios no suelen firmar pacto alguno con los due\u00f1os de los inmuebles ocupados, menos a\u00fan con aquellos poseedores a quienes perturban en su tenencia material. <\/p>\n
Culminado, el examen de este fragmento de la alzada, se avista que su espectro de razonamiento no reviste la suficiente entidad como para dar al traste con lo decidido por el a quo.\u201d12 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se presta a duda que el recurrente no critic\u00f3 los razonamientos efectuados por el Tribunal, sino los que a su juicio este plasm\u00f3 en la providencia confutada, lo que torna el ataque desenfocado y, por ende, incompleto. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, como el impugnante no atendi\u00f3 las exigencias formales atr\u00e1s rese\u00f1adas, es incuestionable que el \u00fanico cargo propuesto resulta inadmisible. <\/p>\n
3. Aspecto constitucional <\/p>\n
Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer la deficiencia formal y t\u00e9cnica advertida para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, toda vez que en el proceso no se observa pues, vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada por V\u00cdCTOR MONTOYA BUENAVENTURA para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 26 de octubre de 2020 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del juicio declarativo de enriquecimiento sin justa causa que adelant\u00f3 en contra de YOLANDA, \u00c1LVARO, \u00d3SCAR HUMBERTO, JORGE ENRIQUE, GERM\u00c1N, MARTHA STELLA MEJ\u00cdA IB\u00c1\u00d1EZ y los herederos indeterminados de EDILBERTO MEJ\u00cdA URUE\u00d1A y LUIS EDUARDO LONDO\u00d1O OCHOA. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo 63001310300120190006101 (508) Cdno 1 de 5.pdf, p\u00e1gs. 255 a 264 y archivo 63001310300120190006101(508) Cdno 2 de 5.pdf, p\u00e1gs. 1 a 39, carpeta PRIMERA INSTANCIA. <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 Jorge Enrique Mej\u00eda Ib\u00e1\u00f1ez otorg\u00f3 poder despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino para contestar la demanda (Archivo 63001310300120190006101 (508) Cdno 4 de 5.pdf, p\u00e1g. 175, Cfr.). <\/p>\n
4\u0002 Archivo 63001310300120190006101(508) Cdno 2 de 5.pdf, p\u00e1gs. 138 a 154, 226 a 248, Ob. <\/p>\n
5\u0002 Archivo 63001310300120190006100 (508) Cdno 3 de 5.pdf, p\u00e1gs. 28 a 31, Cit. <\/p>\n
6\u0002 Archivo 63001310300120190006101 (508) Cdno 5 de 5.pdf, p\u00e1gs. 41 y 42 (Acta de audiencia art\u00edculo 372 del C.P.G.), ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Archivo 63001310300120190006100E (508) Fl. 821 Cdno. 5 de 5.mpg, Min. 23:30 a 52:37 (audio contentivo de la audiencia). <\/p>\n
8\u0002 Min. 1:00:21 a Min. 1:03:11, ejusdem. <\/p>\n
9\u0002 Archivo 11Sentencia.pdf, subcarpeta SEGUNDA INSTANCIA, carpeta SEGUNDA INSTANCIA. <\/p>\n
10\u0002 Ob. <\/p>\n
11\u0002 Archivo 10. DEMANDA DE CASACION, carpeta CUADERNO CORTE. <\/p>\n
12\u0002 Archivo 63001310300120190006101 (508) Cdno 1 de 5.pdf, p\u00e1gs. 224 a 227, carpeta PRIMERA INSTANCIA. <\/p>\n
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AC692-2022 (2019-00061-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente AC692-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 63001-31-03-001-2019-00061-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Procede la Sala a decidir sobre la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61712","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61712\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}