AC700-2022 (2017-00114-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC700-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-31-03-007-2017-00114-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Elizabeth Vel\u00e1squez Forero, Miguel Jos\u00e9 Nieto Vel\u00e1squez, Jineth Johanna Nieto Vel\u00e1squez y Elianny Fernanda Nieto Vel\u00e1squez frente a la sentencia de 21 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso verbal de nulidad de contrato de compraventa que aquellos promovieron contra Mar\u00eda Claudia Pe\u00f1uela Cornejo y Mar\u00eda Elvira Cornejo de Pe\u00f1uela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Los convocantes pidieron la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre Miguel Alfonso Nieto Pallares y las demandadas a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No. 0867 elevada el 2 de junio de 2016 en la Notar\u00eda Sexta del C\u00edrculo de Bucaramanga, \u00abpor falta de consentimiento y capacidad\u00bb. Solicitaron, en consecuencia, la cancelaci\u00f3n del mentado instrumento y el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales. <\/p>\n
De forma subsidiaria, suplicaron la declaratoria de lesi\u00f3n enorme en la medida en que el valor real de los bienes enajenados corresponde a la suma de $3.460\u00b4000.000, y no al valor pagado conforme a la escritura de compraventa. <\/p>\n
2.1. Informan los demandantes que el 28 de mayo de 2016, el se\u00f1or Miguel Alfonso Nieto Pallares (q.e.p.d.). suscribi\u00f3 un contrato de promesa de compraventa con Mar\u00eda Claudia Pe\u00f1uela Cornejo y Mar\u00eda Elvira Cornejo de Pe\u00f1uela, oblig\u00e1ndose el primero a transferir en favor de las segundas \u00abla propiedad, posesi\u00f3n y tenencia\u00bb sobre varios inmuebles que hac\u00edan parte del Edificio Sampayo de la ciudad de Bucaramanga1, frente a los cuales se pact\u00f3 como precio la suma de $1.680.000.000, que se pagar\u00eda as\u00ed: (i) $400.000.000 a la firma de la promesa, (ii) $700.000.000 a la fecha de otorgamiento de la escritura p\u00fablica, (iii) una camioneta marca Volvo XC60 de placas MBS-174 de Bogot\u00e1, modelo 2012, por valor de $80.000.000; y (iv) $150.000.000 en efectivo m\u00e1s un lote de terreno (\u00abla pradera\u00bb) ubicado en el municipio de Gir\u00f3n, avaluado en $350.000.000, este \u00faltimo pago condicionado a que los promitentes vendedores realizaran \u00abtodos los tr\u00e1mites de legalizaci\u00f3n que correspondan\u00bb. <\/p>\n
2.2. Relataron que, para el d\u00eda de la firma de la escritura p\u00fablica, esto es, el 2 de junio de 2016, el se\u00f1or Nieto Pallares estaba padeciendo afectaciones en su salud \u2013\u00abdolor abdominal, mareos y sensaci\u00f3n de desvanecimiento y deposiciones oscuras, adem\u00e1s de la enfermedad de Parkinson que padec\u00eda desde hac\u00eda m\u00e1s de 15 a\u00f1os\u00bb\u2013 que generaron ausencia de capacidad y consentimiento en el negocio. <\/p>\n
2.3. Sostuvieron que \u00aben el estado que se encontraba MIGUEL NIETO PALLARES se puede presentar ENLENTECIMIENTO de las funciones cognitivas b\u00e1sicas (\u2026). El estado de salud en que se encontraba (\u2026) repercuti\u00f3 en su Siquis, llev\u00e1ndolo a perder la raz\u00f3n completamente, siendo ausentes en este acto la CAPACIDAD Y EL CONSENTIMIENTO\u00bb, por lo que, de acuerdo con los requisitos de validez de los negocios jur\u00eddicos, en este caso \u00abse incurri\u00f3 en error, fuerza y dolo\u00bb. <\/p>\n
2.4. Informaron que en esa data, el se\u00f1or Leonardo Ortiz Solano conmin\u00f3 a Miguel Alfonso Nieto Pallares a ir a la Notar\u00eda Sexta del C\u00edrculo de Bucaramanga a perfeccionar el negocio, \u00absin ning\u00fan asesor jur\u00eddico y sin ning\u00fan familiar que lo alertara de las consecuencias de ese negocio ya que NO se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y f\u00edsicas, debido a la enfermedad que padec\u00eda y que era de pleno conocimiento de los intervinientes en ese acto\u00bb. Afirman los demandantes que el se\u00f1or Ortiz Solano indujo al vendedor a celebrar el contrato a trav\u00e9s de actos de sugesti\u00f3n y captaci\u00f3n, y fue la persona que recibi\u00f3 los pagos realizados por las compradoras. <\/p>\n
2.5. Despu\u00e9s de la firma de la escritura, se elabor\u00f3 otro documento denominado \u00abautorizaci\u00f3n de pago\u00bb, en el que el vendedor Miguel Alfonso Nieto Pallares facult\u00f3 a las compradoras para que hicieran el desembolso de los dineros de la compraventa a Leonardo Ortiz Solano, sin embargo, ese documento s\u00f3lo fue autenticado ante notario por la se\u00f1ora Elizabeth Vel\u00e1squez Forero el d\u00eda 14 junio siguiente, bajo presiones de Pe\u00f1uela Cornejo, Cornejo de Pe\u00f1uela y Ortiz Solano. <\/p>\n
2.6. Horas despu\u00e9s de la firma de la escritura, Nieto Pallares tuvo una reca\u00edda en su estado de salud \u2013\u00abv\u00f3mitos, desvanecimiento y deposiciones oscuras\u00bb\u2013, por lo que su esposa Elizabeth Vel\u00e1squez Forero lo llev\u00f3 a urgencias a las 5:42 p.m., donde los galenos emitieron el siguiente concepto: \u00abpaciente adulto mayor con cuadro de anemia aguda asociada a la hemorragia de v\u00edas digestivas altas con signos de inestabilidad hemodin\u00e1mica por lo que se le considera realizar transfusi\u00f3n sangu\u00ednea\u00bb, raz\u00f3n por la cual fue hospitalizado durante tres (3) d\u00edas. <\/p>\n
2.7. Por lo anterior, concluyen que \u00abel d\u00eda de la firma de las escrituras el estado de salud [de] Miguel Alfonso Nieto Pallares estaba deteriorado, adem\u00e1s [de] que ven\u00eda padeciendo hace varios meses dolor abdominal en el epig\u00e1strico (boca del est\u00f3mago), estre\u00f1imiento (dificultad y dolor para las deposiciones), deposiciones oscuras (caracter\u00edstico de sangrado activo en las v\u00edas digestivas altas), mareo (sensaci\u00f3n de que las cosas dan vueltas), desvanecimiento (\u201ctrastorno de duraci\u00f3n variable que afecta al sistema nervioso en el cual se tiene sensaci\u00f3n de inestabilidad y movimiento dentro de la cabeza; no siempre hay p\u00e9rdida del sentido o conocimiento\u201d)\u00bb. <\/p>\n
2.8. En l\u00ednea con lo expuesto, memoraron varios de los episodios cl\u00ednicos que padeci\u00f3 el se\u00f1or Nieto Pallares, los cuales, en su criterio, evidencian las deficiencias de salud que habr\u00edan determinado la alegada incapacidad absoluta al momento de adelantar el negocio confutado, entre ellos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Consulta de Psiquiatr\u00eda del 18 de marzo de 2016, se considera \u00abtrastorno depresivo mayor, enfermedad de Parkinson\u00bb.<\/p>\n
ii. Consulta de control por Psiquiatr\u00eda del 7 de junio siguiente, se consigna: \u00abcuadro cl\u00ednico de m\u00e1s de dos (2) meses de evoluci\u00f3n, caracterizado por aumento de tristeza, persistencia, aislamiento social, hiporexia, ideas de desesperanza, alternadas con fluctuaciones e ideas sobrevaloradas grandiosas donde manifestaba \u201chice un negocio y voy a comprar varios locales y apartamentos\u201d\u00bb.<\/p>\n
iii. Valoraci\u00f3n por oncolog\u00eda del 11 de julio de 2016: \u00abdiagn\u00f3stico adenocarsinoma (sic) de est\u00f3mago con carcinomatocis (sic) abdominal (estado IV)\u00bb, el 30 de noviembre siguiente se destaca: \u00abla p\u00e9rdida importante de peso, dificultades para una adecuada alimentaci\u00f3n por razones econ\u00f3micas, p[\u00e9]rdida del inter\u00e9s a vivir asociado a conflictiva psicosocial (asociado a una estafa que me hicieron) y una marcada intranquilidad por \u201cpresi\u00f3n para desalojar el sitio donde vive\u201d\u00bb.<\/p>\n
iv. Cita de neurolog\u00eda del 1 de septiembre de 2016: \u00abpaciente con enfermedad de Parkinson, con respuesta aceptable a Stalevo-Mirapex, pero con fluctuaci\u00f3n en la respuesta e hipersomnia diurna, adicionalmente cambios cogno[sc]itivos en los \u00faltimos meses \u2013 (30% de los pacientes con enfermedad de Parkinson se asocian a demencia). Actualmente con presencia de c\u00e1ncer g\u00e1strico en tratamiento\u00bb.<\/p>\n
v. El 5 de octubre de 2016 ingres\u00f3 al Hospital Psiqui\u00e1trico San Camilo, en la epicrisis se consign\u00f3: \u00abse considera paciente curas (sic) con: – Demencia no especificada, – Trastorno depresivo mayor episodio moderado con s\u00edntomas ansiosos, – Enfermedad de Parkinson\u00bb.<\/p>\n
vi. El 16 de diciembre de ese a\u00f1o fue remitido a la Cl\u00ednica Urgencias Bucaramanga por complicaciones propias de su c\u00e1ncer g\u00e1strico, falleciendo finalmente el 21 de diciembre de 2016. <\/p>\n
2.9. Informan los demandantes que solicitaron la valoraci\u00f3n del psiquiatra Edmundo Jos\u00e9 G\u00f3mez Dur\u00e1n, quien present\u00f3 \u00abinforme pericial jur\u00eddico forense\u00bb en el cual se concluy\u00f3: \u00abse concept\u00faa que desde el 10\/04\/2005 padece una discapacidad mental absoluta que le impide comprender, determinarse, ubicarse y subsistir por sus propios medios, no permite mayor grado de crecimiento educativo, es incapaz de aprender un oficio o arte que le permita propiciarse por s\u00ed mismo lo b\u00e1sico para subsistir, en este orden de ideas se concept\u00faa [que] necesita depender de alguien que le propicie lo m\u00ednimo b\u00e1sico nutricional, afectivo y asistencial, por lo tanto [es] incapaz de comprar, vender, enajenar, hipotecar y\/o administrar sus bienes en caso [de] que hubiere, llena los requisitos cl\u00ednico-jur\u00eddicos para que se declare su interdicci\u00f3n judicial, si as\u00ed lo determina la Docta y Sana Jurisprudencia.\u00bb. <\/p>\n
2.10. Bajo las premisas que anteceden, los solicitantes relataron los padecimientos que han sufrido con ocasi\u00f3n de esta situaci\u00f3n y concluyeron que, en efecto, el se\u00f1or Nieto Pallares carec\u00eda de las aptitudes mentales que le permitieran ejercer su capacidad plena para la fecha en que se suscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica, contentiva del contrato de compraventa censurado. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. Las se\u00f1oras Mar\u00eda Claudia Pe\u00f1uela Cornejo y Mar\u00eda Elvira Cornejo de Pe\u00f1uela comparecieron oportunamente al proceso, oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum e informando que no conocieron ninguna circunstancia de salud que afectara las capacidades del vendedor, quien actu\u00f3 con poder expreso de su c\u00f3nyuge otorgado tanto para la suscripci\u00f3n de la promesa como del contrato de compraventa. Se\u00f1alaron que fueron los vendedores quienes dispusieron expresamente que los pagos correspondientes al precio pactado fueran entregados al se\u00f1or Leonardo Ortiz Solano -tercero con el que aquellos ten\u00edan negocios jur\u00eddicos previos- y que posteriormente ratificaron la compraventa al cederles los contratos de arrendamiento vigentes sobre los inmuebles adquiridos. <\/p>\n
Formularon como excepciones (i) \u00abno pr\u00e1ctica previa a la compraventa de experticio con fines judiciales de declaratoria de interdicci\u00f3n judicial\u00bb, (ii) \u00abel dictamen pericial no guarda concordancia con ex\u00e1menes psiqui\u00e1tricos aportados como prueba\u00bb, (iii) \u00abdescuido de la parte demandante\u00bb (iv) \u00abno declaratoria de interdicci\u00f3n judicial previa a la compraventa\u00bb (v) \u00abinoponibilidad de la eventual discapacidad absoluta del vendedor\u00bb (vi) \u00abcapacidad del vendedor\u00bb (vii) \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n de nulidad absoluta por falta de causa\u00bb (viii) \u00abculpa de los demandantes en el manejo del se\u00f1or Miguel Alfonso Pallares\u00bb (ix) \u00abmala fe de los demandantes\u00bb y (x) \u00abno procedencia de la declaratoria de nulidad de una venta confirmada por los vendedores\u00bb. En punto de las pretensiones subsidiarias, propusieron las defensas de (i) \u00abfalta de requisitos para el ejercicio de la acci\u00f3n de lesi\u00f3n enorme\u00bb; (ii) \u00abmala fe de la parte demandante\u00bb y (iii) \u00abpago del precio justo\u00bb. <\/p>\n
3.2. La convocada Mar\u00eda Claudia Pe\u00f1uela Cornejo present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, en la que solicit\u00f3 \u00abdeclarar la validez\u00bb de la escritura p\u00fablica No. 0867, del contrato de promesa antecedente y de las autorizaciones otorgadas a un tercero para recibir los pagos; adem\u00e1s, pidi\u00f3 declarar que el precio fue justo, que los vendedores incumplieron parcialmente la promesa y que deb\u00edan pagar la cl\u00e1usula penal en su favor. <\/p>\n
3.3. En audiencia celebrada el 26 de agosto de 2019, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 pr\u00f3speras las excepciones denominadas \u00abcapacidad del vendedor Miguel Alfonso Nieto Pallares\u00bb y \u00abfalta de los requisitos para el ejercicio de la acci\u00f3n de lesi\u00f3n enorme\u00bb planteadas por la parte demandada en el asunto primigenio; y, en consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones elevadas. <\/p>\n
En la misma diligencia, desestim\u00f3 el petitum de la reconvenci\u00f3n, por lo que ambas partes formularon apelaci\u00f3n contra la mentada decisi\u00f3n, recurso concedido ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
Con decisi\u00f3n de 21 de julio de 2021, el Tribunal confirm\u00f3 \u00edntegramente el prove\u00eddo desestimatorio del a quo, con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(ii) Consider\u00f3 que en este caso no se hab\u00eda logrado desvirtuar la presunci\u00f3n de capacidad del se\u00f1or Nieto Pallares, debido a que la prueba aportada por la parte actora con ese fin, esto es, el informe jur\u00eddico forense elaborado por el doctor Edmundo G\u00f3mez Dur\u00e1n el 5 de octubre de 2016, no llevaba a la certeza en la medida en que no guardaba concordancia con la historia cl\u00ednica de atenci\u00f3n aportada al proceso y no lograba explicar por qu\u00e9 raz\u00f3n se conclu\u00eda que la incapacidad mental estaba presente desde el a\u00f1o 2005, de forma concomitante al diagn\u00f3stico de la enfermedad de Parkinson. <\/p>\n
(iii) Se\u00f1al\u00f3 el Tribunal: \u00abse alleg\u00f3 informe pericial jur\u00eddico forense efectuado por el doctor Edmundo Jos\u00e9 G\u00f3mez Dur\u00e1n, m\u00e9dico psiquiatra de la cl\u00ednica San Pablo de fecha 5 de octubre de 2016 (\u2026), el cual concluye que 1. Se trata de un experticiado que desde el punto de vista cl\u00ednico padece una demencia senil secundaria a una enfermedad de Parkinson. 2. Desde el punto de vista m\u00e9dico jur\u00eddico forense, se concept\u00faa [que] desde el 10 de abril de 2005 padece una discapacidad mental absoluta. Sin embargo, de la historia cl\u00ednica arrimada por la propia parte actora, observa la Sala que el causante ven\u00eda consultando por patolog\u00edas relativas a hemorragia gastrointestinal no especificada, relacionada a anemia poshemorr\u00e1gica aguda, tumor de comportamiento incierto desconocido en el est\u00f3mago, de fecha de 2 al 4 de junio de 2016, aspectos [de los] que no encuentra la Sala relaci\u00f3n con el aspecto psicol\u00f3gico del vendedor\u00bb. <\/p>\n
(iv) Seguidamente, se refiri\u00f3 el fallador a las valoraciones por psiquiatr\u00eda a cargo del doctor R\u00e9gulo Alfonso Ramos que se encuentran consignadas en la historia cl\u00ednica. De la consulta de fecha 16 de marzo de 2016, el ad quem resalt\u00f3 el siguiente an\u00e1lisis del especialista: \u00abse trata de un paciente de 69 a\u00f1os de edad que tiene Parkinson desde hace m\u00e1s o menos 15 y medio a\u00f1os y desde hace m\u00e1s o menos 20 d\u00edas, sintomatolog\u00eda depresiva moderada dada por sentimientos de tristeza, aislamiento social, p\u00e9rdida e inter\u00e9s por actividades cotidianas, hiporexia y alteraci\u00f3n de conducta de sue\u00f1o, al parecer estos s\u00edntomas se asocian a s\u00edntomas constitucionales, en el momento consciente alerta, orientado, actitud de sumisi\u00f3n, memoria conservada, habla en tono bajo, triste, sin deseo sexual, con buena capacidad para evaluar la realidad, se considera trastorno depresivo mayor, episodio \u00fanico moderado, enfermedad de Parkinson\u00bb. <\/p>\n
Sobre la segunda consulta reliev\u00f3 el Tribunal: \u00aben valoraci\u00f3n del 7 de junio de 2016, el mismo m\u00e9dico psiquiatra tambi\u00e9n describe (posterior al contrato) consciencia alerta atenci\u00f3n (\u2026) orientado en las tres esferas, memoria conservada la remota y alterada la reciente, considero trastorno depresivo mayor, episodio \u00fanico moderada enfermedad de Parkinson, alteraciones cognitivas asociadas a enfermedades medicas general: con signo de interrogaci\u00f3n, no est\u00e1 diagnosticado. Tumor g\u00e1strico posiblemente metast\u00e1sico, aumento de dosis de fluoxetina y trazodona y se dan recomendaciones sobre signos de alarma, se cita a control dentro de un mes por su compromiso de memoria\u00bb. <\/p>\n
(v) Del an\u00e1lisis de la historia cl\u00ednica, concluy\u00f3 el Tribunal: \u00abde estos dos \u00faltimos diagn\u00f3sticos emitidos por el m\u00e9dico psiquiatra R\u00e9gulo Alfonso Ramos no advierte la Sala el deterioro mental y de incapacidad absoluta que refiere el doctor Edmundo Jos\u00e9 G\u00f3mez Dur\u00e1n, tiene un concepto m\u00e9dico psiquiatra de la cl\u00ednica San Pablo quienes a pesar de coincidir en que el paciente padec\u00eda ya hace unos 15 o 16 a\u00f1os de Parkinson, no obstante \u00e9ste \u00faltimo diagnostic\u00f3 al paciente con demencia senil secundario a aquella\u00bb. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, consider\u00f3 que en el informe aportado por los demandantes para acreditar la discapacidad absoluta del vendedor, \u00abno se da plena cuenta del por qu\u00e9 se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que de manera retroactiva cuando se diagnostic\u00f3 el Parkinson inmediatamente quedara discapacitado, siendo una enfermedad progresiva, no es inmediatamente, seg\u00fan se comprende, que pueda quedar inhabilitado mentalmente, sino que es un fen\u00f3meno que se va dando por el transcurso del tiempo y que por ende debe ser evaluado peri\u00f3dicamente y como vimos en las visitas m\u00e9dicas que efectu\u00f3 para la \u00e9poca m\u00e1s o menos del contrato el se\u00f1or vendedor, no evidenci\u00f3 un trastorno plausible o se diagnostic\u00f3 una incapacidad de esa naturaleza o con ese alcance\u00bb. <\/p>\n
(vi) En la mismo sentido, resalt\u00f3 que, \u00abde acuerdo con el experticio del doctor G\u00f3mez, fue para el 5 de octubre de 2016 que se evidenci\u00f3 el notable deterioro del paciente, no obstante que concluye que la incapacidad absoluta se dio desde el diagn\u00f3stico mismo del Parkinson desde al a\u00f1o 2004-2005, lo cual no concuerda entonces para la Sala con los diagn\u00f3sticos y evaluaciones efectuadas por la EPS y su historia cl\u00ednica en la que tambi\u00e9n intervino el psiquiatra Ramos, lo que impide cuando menos la certeza de que la incapacidad del paciente se hubiese generado de manera absoluta desde el diagn\u00f3stico que sugiere el doctor G\u00f3mez, de una manera que no concuerda con el diagn\u00f3stico del doctor Ramos, efectuados para la \u00e9poca del contrato demandado, quien lo describi\u00f3 alerta y orientado en las tres esferas, con signos de depresi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(vii) En consecuencia, \u00absiendo que la capacidad legal se presume y el experticio aportado por los actores no se muestra coincidente con los diagn\u00f3sticos que se refieren en la historia cl\u00ednica que permitan formar una convicci\u00f3n en el grado de certeza para la Sala, no se prueba de manera apod\u00edctica la incapacidad absoluta del paciente y contratante dentro de la compraventa demandada\u00bb. <\/p>\n
(viii) El juzgador de segundo grado reliev\u00f3 tambi\u00e9n que la c\u00f3nyuge hoy demandante ten\u00eda al se\u00f1or Nieto Pallares como persona capaz, pues el 26 de mayo de 2016 le otorg\u00f3 poder para realizar la negociaci\u00f3n hoy cuestionada, y que adem\u00e1s, el vendedor hab\u00eda celebrado otros negocios jur\u00eddicos en los a\u00f1os 2005, 2011 y 2013, hechos que refuerzan la conclusi\u00f3n conforme a la cual \u00abpara la Sala no aparece de manera contundente ni en grado de certeza acreditada la incapacidad absoluta del paciente, vendedor en la compraventa\u00bb. <\/p>\n
(ix) En lo que ata\u00f1e a la lesi\u00f3n enorme, encuentra probado que el precio pactado fue de $1.680.000.000, no obstante el menor valor consignado en la escritura p\u00fablica que \u00abse advierte simulado para efectos tributarios\u00bb, y que el pago \u00abse hab\u00eda recibido por parte del se\u00f1or Leonardo Ortiz Solano, autorizado por el causante parar recibir parte del pago\u00bb. En definitiva, coligi\u00f3 que el monto convenido fue superior al valor que estableci\u00f3 el aval\u00fao de los bienes practicado de oficio, por lo que no se daban los presupuestos de la acci\u00f3n rescisoria. <\/p>\n
(x) En cuanto a la demanda de reconvenci\u00f3n, se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de instancia que denegaba las pretensiones, por razones que no es del caso rese\u00f1ar debido a la ausencia de reproche en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La parte demandante inicial present\u00f3 oportunamente la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario, formulando un \u00fanico cargo al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
El remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida2. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio3), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio4), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 5. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Cargo \u00fanico. Formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los recurrentes acusaron el fallo del ad quem de violar indirectamente normas sustanciales, como consecuencia de \u00abun error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas, procediendo el fallador de segunda instancia a distorsionar ostensiblemente los principios de la sana cr\u00edtica orientadores de la valoraci\u00f3n probatoria, conforme lo establece[n] el[los] art\u00edculo[s] 164, 176 y 232 del CGP, que regula[n] la necesidad de la prueba, [la] valoraci\u00f3n de las pruebas y [la] apreciaci\u00f3n del dictamen pericial y de m\u00e1s (sic) documentos contentivos de la salud del paciente Miguel Jos\u00e9 (sic) Nieto Pallares, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
(i) El Tribunal distorsion\u00f3 el contenido de la historia cl\u00ednica: (a) al no evidenciar que los s\u00edntomas presentados por el vendedor el 2 de junio de 2016 ten\u00edan consecuencias en su esfera psicol\u00f3gica y afectaban por lo tanto su capacidad mental, a saber, mareos, sensaci\u00f3n de desvanecimiento y astenia, (b) al no tener en cuenta que las hemorragias diagnosticadas generaban insuficiencia de sangre para la irrigaci\u00f3n cerebral que produce hipoxemia y con ella, p\u00e9rdida de capacidades cognitivas, y (c) al desconocer los efectos de la enfermedad -adenocarcinoma de est\u00f3mago- a nivel f\u00edsico y ps\u00edquico, y desestimar el cuadro cl\u00ednico que llev\u00f3 al fallecimiento del vendedor en el mes de diciembre de 2016. <\/p>\n
La anunciada distorsi\u00f3n de la prueba se explica en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abel yerro f\u00e1ctico indirecto, de la ley sustancial en valoraci\u00f3n probatorio (sic), de acuerdo a los postulados normativos y a las reglas de la sana cr\u00edtica, que presenta la Sala al dejar de lado por inobservancia de la prueba, esto es, por falta de conocimiento de la ciencia m\u00e9dica y la aplicaci\u00f3n de la l\u00f3gica y la experiencia que cercena la realidad probatoria y en estado del estado (sic) GRAVE Y CR\u00cdTICO confirmado con la ocurrencia de la muerte del vendedor (\u2026) al no valorar que el paciente se encontraba en una absoluta espiral negativa con decadencia hacia la muerte, pues no es lo mismo una persona SANA\u2026\u00bb. <\/p>\n
(ii) Se ignor\u00f3 el deterioro mental evidenciado en las consultas de psiquiatr\u00eda de 18 de marzo y 7 de junio de 2016, en las que se diagnostic\u00f3 un trastorno depresivo mayor y se defini\u00f3 un plan de tratamiento, lo que significa que el se\u00f1or Nieto Pallares ten\u00eda efectivamente un \u00abtrastorno mental, un desorden mental o deterioro mental\u00bb. Al considerar que de aquellas valoraciones no se advert\u00eda la afectaci\u00f3n de las capacidades del vendedor, \u00abla sala ignora abiertamente los argumentos de la ciencia, dislocando en 360\u00b0 lo que viene arrojando la prueba\u00bb. <\/p>\n
(iii) El juzgador de segundo grado \u00abdesconoci\u00f3 abiertamente reglas de la sana cr\u00edtica en la CIENCIA\u00bb, al concluir que los diagn\u00f3sticos contenidos en la historia cl\u00ednica de psiquiatr\u00eda no coincid\u00edan con la demencia diagnosticada por el doctor Edmundo G\u00f3mez Dur\u00e1n en su informe jur\u00eddico forense, puesto que los motivos de consulta de ambas atenciones fueron diferentes y, por ende, eran incomparables. El motivo de consulta del se\u00f1or Nieto Pallares al especialista en psiquiatr\u00eda fue: \u00abha estado mal, triste\u00bb, mientras que el motivo de la atenci\u00f3n del doctor G\u00f3mez Dur\u00e1n fue la solicitud de un \u00abexperticio psiqui\u00e1trico forense que permita conceptuar desde el punto de vista cl\u00ednico forense si la discapacidad mental que padece es ABSOLUTA o RELATIVA\u00bb. Por ello, contrario a lo que consider\u00f3 el Tribunal, tales medios de prueba no se contradicen, sino que se complementan. <\/p>\n
(iv) El fallador err\u00f3 en su apreciaci\u00f3n del informe jur\u00eddico forense elaborado por el doctor G\u00f3mez Dur\u00e1n, prueba que distorsion\u00f3 al considerar que no lograba explicar sus conclusiones sobre la demencia senil del vendedor, opinando \u00absobre hechos t\u00e9cnico cient\u00edficos que no conoce e ignorar del todo la presencia de hechos como la discapacidad a fin de darle significados contrarios o diversos\u00bb. <\/p>\n
A juicio de los censores, el informe referido se bas\u00f3 en historia cl\u00ednica, pruebas y ex\u00e1menes neurol\u00f3gicos, an\u00e1lisis cl\u00ednico y revisi\u00f3n de criterios de la clasificaci\u00f3n internacional de las enfermedades enlistados en el mismo informe, de donde se derivan las conclusiones que la Sala desconoce con base en su propia opini\u00f3n subjetiva conforme a la cual en una enfermedad progresiva \u00ab\u201cno es inmediatamente [que] pueda quedar inhabilitado mentalmente\u201d\u00bb, con lo que el fallador \u00absupone que todas las enfermedades y el conocimiento cient\u00edfico de la Medicina se comporta como las Matem\u00e1ticas y esa apreciaci\u00f3n o conclusi\u00f3n lo hace incurrir en una falacia argumentativa de tipo probatorio\u00bb. <\/p>\n
Afirman que la discapacidad del vendedor es un hecho probado y descrito en varios apartes del informe del perito forense Edmundo G\u00f3mez Dur\u00e1n, a saber, en la descripci\u00f3n de antecedentes personales, en el an\u00e1lisis cl\u00ednico forense y en el examen mental que dicho especialista realiz\u00f3 al se\u00f1or Nieto Pallares el d\u00eda 5 de octubre de 2016. <\/p>\n
Adicionalmente, el Tribunal cercen\u00f3 el contenido de las valoraciones por psiquiatr\u00eda al darle relevancia a los s\u00edntomas de \u00abpaciente alerta y orientado en las tres esferas\u00bb, sin tener en cuenta el an\u00e1lisis cl\u00ednico exhaustivo de la anamnesis y el examen f\u00edsico en tales consultas. <\/p>\n
Por todo lo anterior, \u00abse configura un error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la prueba exactamente del experticio del DR. EDMUNDO JOS\u00c9 G\u00d3MEZ con los dem\u00e1s ex\u00e1menes o consultas, diagn\u00f3sticos de los m\u00e9dicos tratantes la cual [sic] se complementan a diferencia de lo que manifest\u00f3 la Sala que se distorsionaban y no daban lugar a certeza para probar la incapacidad absoluta del vendedor MIGUEL ALFONSO NIETO PALLARES (Q.E.P.D), dentro de la compraventa otorgada mediante escritura 0867 del 02 de junio de 2016 en la Notar\u00eda Sexta de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
(v) Finalmente, acusan al juzgador de segundo grado de \u00abequiparar estados de salud pasados con el actual\u00bb al considerar que el se\u00f1or Nieto Pallares ven\u00eda celebrando sendos negocios jur\u00eddicos con anterioridad al contrato demandado, con lo que desconoce la situaci\u00f3n de discapacidad presente a la firma de la escritura p\u00fablica atacada. Frente al poder otorgado por la c\u00f3nyuge hoy demandante, se\u00f1alan que la se\u00f1ora \u00abotorg\u00f3 poder porque pens\u00f3 que era un negocio serio (\u2026) y no era consiente (sic) de la gravedad de la enfermedad de su esposo, adem\u00e1s que la pareja ten\u00eda graves problemas econ\u00f3micos y estaban influenciados por el se\u00f1or LEONARDO ORTIZ (\u2026), adem\u00e1s que fue influenciada dolosamente por medio de la religi\u00f3n para llevar a cabo dicho acto jur\u00eddico otorgando poder\u00bb. <\/p>\n
3.2. Examen de la Corte. <\/p>\n
Analizada la demanda a la luz de las exigencias formales antes se\u00f1aladas, se advierte que el \u00fanico cargo formulado no las cumple, lo que conlleva la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n por los motivos que pasan a explicarse. <\/p>\n
(i) La alegaci\u00f3n de la causal segunda de casaci\u00f3n exige al recurrente demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en un yerro del que surja patente la transgresi\u00f3n de, al menos, un precepto de naturaleza sustancial. El ataque enfilado por esta v\u00eda requiere de la individualizaci\u00f3n de las normas sustantivas presuntamente quebrantadas por el fallador de segundo grado, estando vedado para la Corte suplir eventuales deficiencias en la formulaci\u00f3n del cargo dado el car\u00e1cter excepcional y dispositivo del recurso extraordinario. <\/p>\n
Conforme a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, no basta con invocar gen\u00e9ricamente la violaci\u00f3n de la ley sustancial, pues es carga del recurrente se\u00f1alar espec\u00edficamente las normas de ese tipo infringidas por el ad quem y demostrar c\u00f3mo aquellas fueron -o debieron ser- base esencial de la sentencia; as\u00ed mismo, se exige explicar c\u00f3mo se habr\u00edan transgredido esos preceptos y la relevancia que esa vulneraci\u00f3n tuvo en la parte resolutiva del fallo atacado. No se trata de una formalidad menor, pues trat\u00e1ndose las causales primera y segunda de casaci\u00f3n de la violaci\u00f3n de la ley sustancial, son tales disposiciones las que determinan el reconocimiento del derecho reclamado o de las defensas planteadas, de modo que sin la singularizaci\u00f3n de las normas presuntamente vulneradas se hace imposible la confrontaci\u00f3n entre aquellas y la sentencia impugnada. <\/p>\n
Aplicando esas premisas al presente asunto, refulge su traspi\u00e9, porque los convocantes no se\u00f1alaron ninguna norma sustantiva \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb, conforme lo exige el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\u00ab\u201cTrat\u00e1ndose de la causal primera6, es indispensable, acorde con esas disposiciones, que el recurrente se\u00f1ale las \u2018normas de derecho sustancial\u2019 que estime infringidas, exigencia que bien puede cumplirse indicando una \u2018cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u2019\u201d. <\/p>\n
\u201cLa Corte tiene decantado que por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica, y no las que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir sus elementos, precisamente porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, tampoco las que regulan, como es natural entenderlo, determinada actividad procesal o probatoria. Presupuesto que es de vital importancia cumplirlo, porque de omitirse, al decir de la Sala, \u2018quedar\u00eda incompleta la acusaci\u00f3n, en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u201d (Cas. Civ. auto de 4 de diciembre de 2009, Exp. 15001-31-03-001-1995-01090-01).\u00bb (CSJ, auto de 23 de mayo de 2011, Exp. 11001-3103-036-2006-00661-01). <\/p>\n
Esta orfandad argumentativa contrar\u00eda los requerimientos formales del recurso de casaci\u00f3n, pues al no establecer el cargo la norma sustancial presuntamente vulnerada, no se abre paso la explicaci\u00f3n sobre la forma en que el yerro denunciado habr\u00eda redundado en su trasgresi\u00f3n por parte del Tribunal, haciendo imposible la labor de cotejo propia del control de legalidad de los fallos, que es una de las finalidades de este recurso extraordinario. <\/p>\n
(ii) Por otro lado, se incumple con la exigencia contenida en el art\u00edculo 343 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme a la cual el cargo debe ser formulado en forma independiente, clara, precisa y completa, pues la censura contiene una inadecuada mixtura debido a que esboza, respecto del mismo medio de convicci\u00f3n, ataques propios de errores de hecho y de derecho. <\/p>\n
Lo anterior debido a que, si bien se alega la tergiversaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica y del informe jur\u00eddico forense obrantes en el proceso, el cargo no explica de qu\u00e9 manera se alter\u00f3 el contenido material de dichas probanzas -exigencia formal del error de hecho-, sino que ataca la valoraci\u00f3n que el ad quem hizo de ellas, la cual, seg\u00fan argumentan insistentemente, \u00abdistorsion\u00f3\u00bb los principios de la sana cr\u00edtica, no se hizo de manera integral y comport\u00f3 el desconocimiento de la l\u00f3gica y las reglas de la experiencia. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, al reprochar indistintamente el desacierto del Tribunal en la contemplaci\u00f3n objetiva de los medios de prueba y en su apreciaci\u00f3n jur\u00eddica por apartarse de las reglas probatorias en su labor de valoraci\u00f3n, el alegato contiene una mixtura que desatiende las exigencias de independencia y autonom\u00eda de los cargos formulados en casaci\u00f3n, le resta toda claridad al reproche y frustra la posibilidad de \u00e9xito del ataque7. <\/p>\n
(iii) Si, en gracia de discusi\u00f3n, se dejaran de lado las falencias advertidas, la suerte de la impugnaci\u00f3n extraordinaria no ser\u00eda distinta, dado que los ataques se dirigen a cuestionar las conclusiones probatorias del Tribunal, convirtiendo la demanda en un alegato propio de las instancias ordinarias y, en consecuencia, inadmisible en sede extraordinaria. <\/p>\n
Debe recordarse que, al sustentar un ataque por la v\u00eda indirecta, el memorialista no puede limitarse a exponer la que, seg\u00fan su consideraci\u00f3n, ser\u00eda la valoraci\u00f3n correcta de determinado medio de prueba, sino que debe atacar los raciocinios que fundamentan la decisi\u00f3n cuestionada y demostrar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por la colegiatura es abiertamente absurda, caprichosa o contraevidente. <\/p>\n
Conforme lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, esta carga del casacionista: <\/p>\n
\u00ab(…) no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d. (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto (\u2026)\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar.). <\/p>\n
(iv) En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que la sentencia impugnada tiene como fundamento toral la consideraci\u00f3n de que los demandantes no lograron desvirtuar la presunci\u00f3n de capacidad del se\u00f1or Nieto Pallares, consagrada en el art\u00edculo 1503 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para el ad quem, las valoraciones m\u00e9dicas contenidas en la historia cl\u00ednica de la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 el contrato no evidenciaban un trastorno plausible o una discapacidad absoluta como la que refer\u00eda el informe jur\u00eddico forense aportado por los demandantes, prueba \u00e9sta a la que le rest\u00f3 eficacia probatoria por no encontrarla concordante con el historial de atenci\u00f3n y por no explicar con suficiencia por qu\u00e9 se concluy\u00f3 \u00abde manera retroactiva\u00bb que exist\u00eda una demencia senil desde el a\u00f1o 2005, cuando el deterioro mental del paciente se evidenci\u00f3 en el mes de octubre de 2016. <\/p>\n
Siendo estos los argumentos que soportan la decisi\u00f3n impugnada, era deber de los recurrentes dirigir el ataque a derruir sus cimientos, evidenciando c\u00f3mo el juzgador pretiri\u00f3, supuso o tergivers\u00f3 alg\u00fan medio de prueba de forma tan visible y notoria que su tesis resultara contraevidente, y mostrando, por el contrario, que la expuesta por los inconformes era la \u00fanica admisible de cara a la objetividad de los medios de prueba. <\/p>\n
(v) La acusaci\u00f3n de distorsi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de la historia cl\u00ednica exig\u00eda a los censores demostrar de qu\u00e9 manera el Tribunal alter\u00f3 el contenido material de ese documento, haciendo una comparaci\u00f3n entre lo que objetivamente indicaba con lo que el juzgador deriv\u00f3 de ella. Sin embargo, el cargo no muestra la alegada alteraci\u00f3n del contenido objetivo de ese medio de prueba, sino que busca imponer sus conclusiones con base en una valoraci\u00f3n alternativa acorde con la posici\u00f3n defendida por los demandantes. <\/p>\n
En ese sentido, enlistan algunos de los s\u00edntomas presentes el d\u00eda 2 de junio de 20168, explicando los memorialistas en qu\u00e9 consiste cada uno -aunque sin hacer referencia a fuente alguna- y afirmando que aquellos ten\u00edan una repercusi\u00f3n en la esfera ps\u00edquica del vendedor; as\u00ed mismo, alegan que la existencia del trastorno depresivo mayor diagnosticado por el psiquiatra R\u00e9gulo Alfonso Ramos implicaba necesariamente la presencia de un desorden mental. <\/p>\n
Empero, el cargo no muestra que esas conclusiones se desprendan objetivamente de la historia cl\u00ednica y, por ende, no se explica la forma c\u00f3mo el juzgador alter\u00f3 el contenido material de aquella prueba. <\/p>\n
Reluce en este punto el desenfoque del cargo, pues mientras los memorialistas se\u00f1alan que el Tribunal no tuvo en cuenta algunos s\u00edntomas y el episodio depresivo que podr\u00edan haber afectado la capacidad del vendedor, la consideraci\u00f3n del juzgador se bas\u00f3 en que de la historia cl\u00ednica de psiquiatr\u00eda y de urgencias no se evidencia la existencia de un trastorno o una discapacidad mental de una magnitud o alcance tal que lograra desvirtuar la presunci\u00f3n de capacidad del se\u00f1or Nieto Pallares. <\/p>\n
A\u00fan si la sintomatolog\u00eda resaltada por los censores hubiese generado alguna observaci\u00f3n o anotaci\u00f3n m\u00e9dica relacionada con la disminuci\u00f3n de las capacidades cognitivas, todav\u00eda tendr\u00edan que demostrar que aquella era de un grado tal que hubiera aniquilado las facultades mentales y la capacidad de ejercicio del vendedor para el momento de la firma de la escritura p\u00fablica, pues la ausencia de una afectaci\u00f3n de tal dimensi\u00f3n es lo que fundamenta el fallo del Tribunal. <\/p>\n
En efecto, la desestimaci\u00f3n de las pretensiones no se dio por haber ignorado el ad quem la presencia de alguna manifestaci\u00f3n que eventualmente pudiera generar lentitud de las funciones cognitivas -en t\u00e9rminos del libelo introductor-, sino por la inexistencia en el historial m\u00e9dico de la \u00e9poca de un trastorno o discapacidad de una importancia tal que pudiera destruir la presunci\u00f3n de capacidad que cobijaba al vendedor. <\/p>\n
(vi) En el mismo cargo -y desatendiendo las exigencias de formulaci\u00f3n separada de los ataques-, los recurrentes acusan al ad quem de distorsionar el informe jur\u00eddico forense9 elaborado por el psiquiatra Edmundo G\u00f3mez Dur\u00e1n el 5 de octubre de 2016, al considerar que no lograba dilucidar sus conclusiones sobre la demencia padecida por el vendedor para la fecha de suscripci\u00f3n del contrato. Los recurrentes exponen el error en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abcomete craso error de hecho al distorsionar la prueba que no se logra explicar el experticio, como se logran sus conclusiones, opinar sobre hechos t\u00e9cnico cient\u00edficos que no conoce e ignorar del todo la presencia de hechos como la discapacidad a fin de darle significados contrarios o diversos\u00bb. <\/p>\n
Debe aclararse que el referido informe jur\u00eddico forense fue aportado al proceso como prueba documental y as\u00ed fue decretado y valorado en el proceso. Precisamente en esa labor de valoraci\u00f3n, el juzgador de segundo grado le rest\u00f3 m\u00e9rito probatorio debido a la ausencia de concordancia entre aqu\u00e9l y la historia cl\u00ednica, y la insuficiente explicaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que la demencia senil estaba presente desde el momento mismo del diagn\u00f3stico de Parkinson en el a\u00f1o 2005. <\/p>\n
El alegato de los censores se centra en defender la suficiencia del informe presentado con miras a probar la discapacidad del vendedor. Para ello, resaltan la cualificaci\u00f3n del psiquiatra que lo elabor\u00f310 y transcriben el estudio de los antecedentes11, ex\u00e1menes y valoraciones que le sirvieron de fundamento12, para concluir que la discapacidad se encuentra plenamente probada con el contenido mismo de la prueba a la que el juzgador le rest\u00f3 credibilidad. <\/p>\n
Para atacar la consideraci\u00f3n de falta de concordancia con la historia cl\u00ednica, los memorialistas presentan una novedosa tesis sobre la diferencia en los motivos de consulta con los psiquiatras Ramos y G\u00f3mez Dur\u00e1n, que los lleva a sostener que los contenidos de la historia de atenci\u00f3n no se oponen al informe, sino que lo complementan. <\/p>\n
Se trata, sin embargo, de la particular interpretaci\u00f3n de los inconformes, quienes no indican de qu\u00e9 manera tales conclusiones se desprenden del contenido objetivo de las pruebas que consideran distorsionadas por el juzgador, incumpliendo con la carga de explicar c\u00f3mo el peso de la evidencia se contrapone a los argumentos que fundamentan la sentencia impugnada. <\/p>\n
(vii) As\u00ed las cosas, el cargo no cumple con la exigencia de evidenciar de forma contundente y objetiva el error en la apreciaci\u00f3n de las pruebas existentes, pues lejos de demostrar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por el Tribunal es contraevidente, se limit\u00f3 a exponer la que desde su particular punto de vista ser\u00eda la adecuada valoraci\u00f3n probatoria de la historia cl\u00ednica y del pluricitado informe jur\u00eddico forense, esbozando conclusiones propias de la ciencia m\u00e9dica sin prueba que las respalde. <\/p>\n
(viii) Tampoco logran los recurrentes demostrar c\u00f3mo el Tribunal cercen\u00f3 la historia cl\u00ednica en los apartes correspondientes a la atenci\u00f3n por psiquiatr\u00eda que hablaban de un paciente alerta y orientado, pues al analizar las consultas de psiquiatr\u00eda del 18 de marzo y 7 de junio de 2016, el juzgador de segundo grado hizo referencia a todos los hallazgos consignados en tales atenciones, por ejemplo, en la primera consulta resalt\u00f3 que se encontraba un paciente con buena capacidad para evaluar la realidad, y en la segunda el hecho de haber interrogado una posible alteraci\u00f3n cognitiva asociada a la enfermedad m\u00e9dica general. De este modo, lejos de cercenar la prueba, el Tribunal la valor\u00f3 en su conjunto para concluir que de ella no se desprend\u00eda la existencia de una afectaci\u00f3n mental de tal magnitud que lograra desvirtuar la presunci\u00f3n de capacidad. <\/p>\n
(ix) Finalmente, frente a la acusaci\u00f3n de que al referirse a los negocios jur\u00eddicos previamente celebrados por el vendedor la colegiatura incurre en el error de \u00abequiparar estados de salud pasados con el actual\u00bb, debe decirse que caen los censores en una insalvable contradicci\u00f3n, pues por una parte abogan por no equiparar el estado de salud del vendedor cuando celebr\u00f3 tales negocios (a\u00f1os 2005, 2011 y 2013) con el de la fecha de suscripci\u00f3n del contrato atacado, y por la otra ruegan que se de credibilidad al informe jur\u00eddico forense que sostiene que el se\u00f1or Nieto Pallares padec\u00eda de demencia absoluta desde el a\u00f1o 2005. <\/p>\n
(x) Cabe resaltar que para que el alegado error de hecho tenga la capacidad de derruir la decisi\u00f3n de segunda instancia, debe ser manifiesto, ostensible, identificable a primera vista dada su gravedad y notoriedad. En este caso, sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos argumentativos para mostrar una supuesta distorsi\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y una valoraci\u00f3n alejada de la sana cr\u00edtica, sin lograr evidenciar tales errores y sin demostrar que la tesis expuesta por la censura sea la \u00fanica admisible, a diferencia de la conclusi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
Lo anterior se traduce en que los convocantes, a pesar de acusar la sentencia de violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por \u00aberrores de hecho\u00bb, no cumplieron la carga de \u00abacreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer\u2013 el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ AC, 14 abr. 2011, rad. 2005-00044-01, reiterado en CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
Por consiguiente, se impone colegir que la demanda de sustentaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con la carga argumentativa requerida para comprobar un yerro f\u00e1ctico, pues como viene de verse, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, reiterada en AC5493-2918, 19 dic. y AC044-2021, 21 ene.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que la demanda no cumple con los requisitos formales propios del recurso extraordinario, se hace imperativa su inadmisi\u00f3n con apoyo en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Elizabeth Vel\u00e1squez Forero, Miguel Jos\u00e9 Nieto Vel\u00e1squez, Jineth Johanna Nieto Vel\u00e1squez y Elianny Fernanda Nieto Vel\u00e1squez frente a la sentencia de 21 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso verbal de nulidad de contrato de compraventa que aquellos promovieron contra Mar\u00eda Claudia Pe\u00f1uela Cornejo y Mar\u00eda Elvira Cornejo de Pe\u00f1uela. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan la demanda, los bienes objeto del contrato de promesa de compraventa fueron los siguientes: (i) local de] parqueo distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-190887, adquirido por el promitente vendedor Miguel Alfonso Nieto Pallares mediante escritura p\u00fablica 1513 del 8 de junio de 2005, (ii) oficina identificada con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-190891, adquirida por el promitente vendedor mediante escritura p\u00fablica 1515 del 8 de junio de 2005, (iii) dep\u00f3sito al que corresponde el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-190888, comprado por el se\u00f1or Nieto Pallares a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica 1517 del mismo 8 de junio de 2005, (iv) local vivienda distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 300-190890, que fue adquirido por la se\u00f1ora Elizabeth Vel\u00e1squez Forero mediante escritura p\u00fablica 2329 del 13 de septiembre de 2007; y (v) un apartamento y dos oficinas construidas en el tercer piso del edificio Sampayo, cuyo tr\u00e1mite de legalizaci\u00f3n asumi\u00f3 el promitente vendedor (f. 2 y ss., cd. ppal.). <\/p>\n
2\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00abCuando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 Recu\u00e9rdese que, en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tanto la violaci\u00f3n directa como indirecta de la ley sustancial se atacaban a trav\u00e9s de la misma causal primera de casaci\u00f3n (art\u00edculo 368 CPC) <\/p>\n
7\u0002 Cfr AC2019-2017, 25 ene, entre otros. <\/p>\n
8\u0002 Mareo, sensaci\u00f3n de desvanecimiento, astenia y hemorragia de v\u00edas altas. <\/p>\n
9\u0002 El llamado informe pericial jur\u00eddico forense obra a folios 86 al 90 C1, fue aportado al proceso como prueba documental -no como prueba pericial- y como tal fue decretado por el a quo, quien en audiencia del 10 de septiembre de 2018 resalt\u00f3 que el psiquiatra firmante no comparec\u00eda al proceso en calidad de perito. Al respecto ver folios 16 C1 y 1085 C5. <\/p>\n
10\u0002 Aun cuando el informe no viene acompa\u00f1ado de documentos que respalden dicha idoneidad. <\/p>\n
11\u0002En los antecedentes se hace referencia -en dos apartes- a una demencia senil secundaria a enfermedad de Alzheimer, padecimiento del que no hay referencia en la historia cl\u00ednica de atenci\u00f3n. <\/p>\n
12\u0002 El informe no anexa los apartes de la historia cl\u00ednica en los que dice basarse, por ejemplo, las valoraciones realizadas por neurolog\u00eda en los a\u00f1os 2004 y 2005 y de las que se desprende el diagn\u00f3stico de Parkinson. <\/p>\n
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AC700-2022 (2017-00114-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC700-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-31-03-007-2017-00114-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61715","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61715"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61715\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}