AC740-2022 (2021-01648-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC740-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01648-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de Dioselina Espinosa Hurtado frente al auto de 12 de marzo de 2021, donde la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, no concedi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia de 17 de febrero del 2020, dictada por esa Corporaci\u00f3n dentro del proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho contra los herederos determinados e indeterminados de Jos\u00e9 del Carmen Ortega Aldana. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante present\u00f3 demanda contra los herederos determinados1 e indeterminados de Jos\u00e9 del Carmen Ortega Aldana, pretendiendo declarar que entre la actora y el causante existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial del 4 de octubre de 1991 y el 29 de enero de 2014, \u00faltima fecha en la que falleci\u00f3 el se\u00f1or Ortega Aldana (fls. 31 a 40). <\/p>\n
2. Evacuado el tr\u00e1mite propio de la instancia. El Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9, en audiencia del 11 de enero de 2019 (fls. 314 – 315) dict\u00f3 sentencia en la que, entre otras cosas, resolvi\u00f3: i) negar unas excepciones2 y declarar probada otra3 (ord. 1\u00ba y 2\u00ba); ii) declarar la existencia de la uni\u00f3n marital (ord. 4\u00ba) y consecuente sociedad patrimonial (ord. 4\u00ba) entre las partes del 1\u00ba de mayo de 1994 al 29 de enero de 2014; iii) decretar la disoluci\u00f3n y consecuencial liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial (ord. 6\u00ba); y iv) condenar en costas a los demandados (ord. 7\u00ba). <\/p>\n
3. Inconformes con la decisi\u00f3n, los apoderados de Elsa Patricia, \u00c1ngela Aneyda y Nelson Fernando Ortega Cu\u00e9llar presentaron recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en audiencia del 17 de febrero de 2020, decidi\u00f3 i) reformar el ordinal primero para declarar la prosperidad4 de unos medios exceptivos y dejar inc\u00f3lume la negativa de otros5; ii) declarar la prescripci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes; iii) revocar los ordinales \u00abquinto y sexto\u00bb del fallo de primer grado; iv) mantener los ordinales segundo, tercero, cuarto y s\u00e9ptimo de la providencia apelada; y v) condenar en costas \u00aba la parte no apelante\u00bb (fls. 29 a 31). <\/p>\n
4. En la mencionada audiencia el apoderado de la accionante interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Mediante auto del 12 de marzo de 2021 (fls. 38 a 39) el ad quem se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abObservada las diligencias, se advierte que en la sentencia de segunda instancia se confirm\u00f3 la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho surgida entre Dioselina Espinosa Hurtado y Jos\u00e9 del Carmen Ortega Aldana, adem\u00e1s se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n extintiva de las acciones para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre tales compa\u00f1eros permanentes, por lo que el recurso extraordinario se endereza \u00fanica y exclusivamente a rebatir el fen\u00f3meno prescriptivo. <\/p>\n
Entonces, refulge n\u00edtidamente que la discrepancia del casacionista es meramente pecuniaria, pues toca con el surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
(\u2026) este despacho advierte que dentro del proceso no se cuenta con elementos de juicios suficientes para establecer con exactitud; i) cu\u00e1les son los bienes integrantes de la eventual sociedad patrimonial existente entre las partes; y ii) el valor actual de los mismos. \/\/ Adicionalmente, se precisa que dentro del t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n del recurso la parte interesada no aport\u00f3 un dictamen pericial para justipreciar tales bienes, a pesar de que el art\u00edculo 339 del Estatuto General Procesal le confer\u00eda dicha facultad. <\/p>\n
Luego entonces no se halla demostrado que el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n del impugnante sea superior al rasero de los 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes exigidos por el art\u00edculo 338 de ese mismo compendio normativo, dado que ni en la demanda, ni durante el proceso, ni dentro del t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n del recurso el recurrente se ocup\u00f3 de establecer el n\u00famero y el valor de los bienes componentes de la eventual sociedad patrimonial conformada entre los compa\u00f1eros permanentes, por ende el recurso de casaci\u00f3n no se conceder\u00e1\u00bb. <\/p>\n
5. Contra la anterior determinaci\u00f3n, la actora, a trav\u00e9s de apoderado, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja, se\u00f1alando como fundamentos los siguientes: <\/p>\n
5.1 En el expediente obra la relaci\u00f3n de inmuebles respecto de los cuales \u00abse inscribi\u00f3 la demanda por considerar que hacen parte del activo de la sociedad patrimonial que se conform\u00f3\u2026 con todos los datos necesarios para establecer su valor, que por supuesto supera el tope de los mil salarios m\u00ednimos\u2026\u00bb. <\/p>\n
5.2 Para establecer el valor de los bienes \u00abno requiere del peritazgo al que se refiere la providencia, cuando lo aconsejable es entrar a las p\u00e1ginas de Internet, en las cuales se encuentran esos valores consultando los Folios de Matr\u00edcula que obran en el expediente junto con las Fichas Catastrales que son de conocimiento p\u00fablico se obtiene el aval\u00fao catastral y tan es as\u00ed que ese valor es la base del aval\u00fao para llevar un inmueble a remate y para establecer la competencia por raz\u00f3n de la cuant\u00eda sin necesidad de acudir a un dictamen pericial, tal y como lo dispone el Art\u00edculo 339 del C.G. del P.\u00bb. Lo anterior, concordante adem\u00e1s con el deber de los servidores p\u00fablicos de, en vigencia de la emergencia sanitaria, hacer uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, aport\u00f3 las \u00abFichas Catastrales\u00bb de varios bienes inmuebles6 a efectos de probar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
5.3 No se tuvo en cuenta que en el escrito de demanda se indic\u00f3 como cuant\u00eda de lo pretendido la suma de \u00ab($1.105\u2019000.000), el cual no fue objetado por la parte demandada, ya que ese valor fue aceptado en el tr\u00e1mite del proceso\u00bb. Entonces, como \u00abdentro de las etapas que se han evacuado [del presente asunto] no se encuentra la de realizar el inventario y aval\u00fao, por lo que el sustento lo era la cuant\u00eda de las pretensiones y las medidas cautelares que se ordenaron\u00bb. <\/p>\n
6. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 el primero de los recursos, y concedi\u00f3 el segundo, para lo cual orden\u00f3 la digitalizaci\u00f3n de la totalidad del expediente y, su correspondiente remisi\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero advertir que, conforme al art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 C.G. del P., el recurso de queja procede contra el auto que deniega de casaci\u00f3n, por consiguiente, la competencia de esta Corporaci\u00f3n se limita a estudiar si esa determinaci\u00f3n estuvo o no ajustada a la normatividad procesal vigente. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 334 del C.G. del P., se\u00f1ala que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores, (i) en toda clase de proceso declarativos; (ii) en las acciones de grupo, cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria; (iii) cuando el objeto del proceso sea liquidar una condena en concreto; y (iv) en los procesos que versan sobre el estado civil, en los tr\u00e1mites de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y en el de uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 338 del C.G. del P. indica que, si las expectativas de la parte vencida son puramente econ\u00f3micas, el recurso \u00fanicamente procede cuanto \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el canon 339 del C.G. del P. contempla: \u00ab[c]uando sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Entonces, cuando la controversia descasa en un contexto netamente patrimonial quien acude al recurso extraordinario tiene dos maneras de acreditar el inter\u00e9s econ\u00f3mico, la primera con los elementos de juicio que obran en el plenario, quiere decir ello que el funcionario judicial \u00fanicamente apreciar\u00e1 todo aquello que, para ese momento, repose en el expediente y haga parte de la eventual afectaci\u00f3n que genere el fallo judicial; la segunda, con el aporte de un dictamen, cuya facultad corresponde al interesado, \u00ab[n]o de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines\u00bb (CSJ AC1923-2018, reiterado en AC409-2020). <\/p>\n
Ahora, \u00abde optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb (ib.) <\/p>\n
4. En el sub lite lo protestado v\u00eda recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es el estado civil. En efecto, la uni\u00f3n marital de hecho y los extremos temporales se reconocieron y fijaron por el Juzgado Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 en sentencia del 11 de enero de 2019, dicha determinaci\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume por el ad quem al proferir el fallo del 17 de febrero de 2020. Luego, la controversia es netamente econ\u00f3mica debido a la inconformidad que tiene la demandante en cuanto a la declaratoria de prescripci\u00f3n de la sociedad patrimonial que despach\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el abogado de Dioselina Espinosa Hurtado fue claro en indicar, al sustentar el recurso de queja, que su disenso era respecto al argumento dirigido a la ausencia del inter\u00e9s econ\u00f3mico para acudir en casaci\u00f3n, y no manifest\u00f3 inconformidad alguna en cuanto al estado civil. <\/p>\n
5. En lo tocante con el recurso de casaci\u00f3n, se tiene que el apoderado de la demandante dentro de los cinco (5) d\u00edas a la notificaci\u00f3n del fallo de segundo grado (art. 337 del C.G. del P.), adem\u00e1s de presentar la protesta extraordinaria, contaba con la facultad de aportar un dictamen pericial7, pero no lo hizo, renunciando as\u00ed a dicha posibilidad, la que no puede ahora pretender superar concomitantemente con la interposici\u00f3n de los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de queja incorporando las \u00abFichas Catastrales\u00bb con valores actualizados de los bienes inmuebles8 que, seg\u00fan afirm\u00f3, eventualmente har\u00edan parte de la sociedad patrimonial, por cuanto la normatividad procesal solo previ\u00f3 como elemento de juicio para actualizar el valor de los predios la experticia de un perito. <\/p>\n
6. Si bien dentro de ejercicio judicial en vigencia de la emergencia sanitaria producto de la pandemia covid 19, se ha encomendado a los funcionarios judiciales el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, por ejemplo en el Decreto 806 de 2020; lo cierto es que \u00abpara determinar la cuant\u00eda [para acudir en casaci\u00f3n] el examen debe limitarse a los elementos que ya reposan en el expediente, de manera, que ya no se puede decretar de oficio o a solicitud de parte dict\u00e1menes periciales\u00bb9, y mucho menos imponer al juez obligaciones de recaudo no previstas en la ley, cuando la misma norma \u00abestablece que ser\u00e1 el recurrente, si lo considera necesario, el que debe allegar el estudio correspondiente\u00bb10 en los plazos y t\u00e9rminos fijados por el legislador, pues al magistrado le concierne \u00fanicamente resolver de plano. <\/p>\n
7. Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde escrutar los elementos de juicio que reposan en el expediente. <\/p>\n
7.1 Una vez revisada la foliatura, se aprecia que en el ac\u00e1pite de medidas cautelares con el fin \u00abde asegurar las resultas del juicio\u00bb se se\u00f1alaron los siguientes bienes: (i) 20 cuotas de inter\u00e9s social en la Sociedad Conjunto Residencial el Pijao Limitada en Liquidaci\u00f3n; (ii) 50.000 acciones en la Sociedad Ortal S.A.S.; (iii) 1 acci\u00f3n en la Sociedad Ortega Espinosa & Compa\u00f1\u00eda SAS en liquidaci\u00f3n11; (iv) cinco inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias \u2013 M.I.- 350-188807, 350-306; 350-179712, 350-179645 y 350-179607; y (v) un veh\u00edculo tipo campero, marca Ford Eco Sport, modelo 2008, de placas PFK-137 (fls. 36 a 39). <\/p>\n
7.1.1 En lo que tiene que ver con las acciones y cuotas, el apoderado de Dioselina Espinosa Hurtado en el escrito de demanda fij\u00f3 su precio unitario de la siguiente manera: $1.000.000 para las de Conjunto Residencial el Pijao Ltda en liquidaci\u00f3n, suma que tambi\u00e9n se refleja en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de dicha sociedad emitido el 30 de mayo de 1995 (fl. 261 Cuaderno Pruebas); $1.000 respecto a Ortal SAS; y $1.000 en cuanto a las de Ortega Espinosa & Compa\u00f1\u00eda SAS en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed que, el \u00fanico valor que podr\u00e1 tenerse en cuenta para la estimaci\u00f3n de la cuant\u00eda en casaci\u00f3n ser\u00e1 el de las 20 cuotas de inter\u00e9s social en la Sociedad Conjunto Residencial el Pijao Limitada en Liquidaci\u00f3n al obrar por lo menos una prueba que constata el precio de la participaci\u00f3n, pero no corresponder\u00e1 al juzgador la actualizaci\u00f3n del coste, pues ello es un asunto propio de los expertos en la materia, de ah\u00ed que el legislador fijara la posibilidad al recurrente en casaci\u00f3n de aportar un dictamen pericial. <\/p>\n
En cuanto a las dem\u00e1s acciones enlistadas no tuvo en cuenta el profesional del derecho que \u00aben materia justiprecio del inter\u00e9s necesario para recurrir en casaci\u00f3n, no bastan las afirmaciones que al respecto efect\u00faen las partes, sino que debe darse estricta aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 339\u00bb del C.G. del P. (AC2254-2019). <\/p>\n
7.1.2 Ahora, del veh\u00edculo se\u00f1alado ninguna cuantificaci\u00f3n obra en el plenario. Respecto a los inmuebles ubicados en Ibagu\u00e9, reposan los certificados de tradici\u00f3n y libertad en los que se registr\u00f3 como valor del acto jur\u00eddico de adquisici\u00f3n el siguiente: <\/p>\n
\u00ab$012\u00bb en la M.I. 350-188807, para este caso seg\u00fan la anotaci\u00f3n de \u00abcomplementaci\u00f3n\u00bb del documento se encuentran involucrados unos \u00abENGLOBE\u00bb, y otras formas de adquisici\u00f3n por compraventa, disoluci\u00f3n de sociedad conyugal previa etc., respecto de las matr\u00edculas \u00ab350-173659, 350-13711, 350-120547, 350-13711 y 350-16995 (\u2026)\u00bb sin que obre ning\u00fan elemento que refiera a su cuantificaci\u00f3n. <\/p>\n
En los dem\u00e1s se encuentra en las anotaciones correspondientes de cada certificado: $73.000.00013 (M.I. 350-306); $65.000.00014 (M.I. 350-179712); $4.000.00015 (M.I. 350-179645) y $1.000.00016 (M.I. 350-179607). <\/p>\n
La sumatoria de estos predios arroja un estimado de $143.000.000, el que no puede traerse a valor presente por parte del funcionario judicial acudiendo a factores matem\u00e1ticos o variables financieras, pues dicha tarea debe ser esclarecida por expertos. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte indic\u00f3 en AC2109-2019: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no puede olvidarse que el aval\u00fao de bienes inmuebles est\u00e1 sometido a regulaci\u00f3n normativa, entre ellos el decreto 1420 de 1998, que obliga a considerar en su realizaci\u00f3n determinados factores, como son su antig\u00fcedad, conservaci\u00f3n, desarrollo de las \u00e1reas, o afectaci\u00f3n por cualquier circunstancias o variables de la econom\u00eda, entre otros, que ser\u00e1n los que permitir\u00e1n establecer su valor comercial en un determinado momento (actual), de manera que los mismos estar\u00e1n sujetos a la fluctuaci\u00f3n que puedan tener dichos factores, por lo que no es posible para establecer el valor presente de un inmueble tomar un aval\u00fao anterior e indexar el precio que all\u00ed se obtuvo como si se tratara de una simple actualizaci\u00f3n de sumas dinerarias\u00bb. <\/p>\n
En ese mismo sentido, recientemente en AC2714-2020, reiterado el 4 de agosto de 2021, rad. 2021-01574-00, se dijo: <\/p>\n
\u00abSi bien no es cuestionable que el juzgador, para comprobar cuestiones relevantes al debate litigioso, y por ende concretar el quantum en casaci\u00f3n, acuda a las reglas de la experiencia y utilice indicadores econ\u00f3micos, realizando, adem\u00e1s, sus propios c\u00e1lculos aritm\u00e9ticos; para el asunto, esa labor es inviable t\u00e9cnicamente.\/\/ En efecto, trat\u00e1ndose de el aval\u00fao de inmuebles, su valor actualizado, junto a sus frutos civiles, su determinaci\u00f3n atiende a variables desconocidas por el sentenciador, pues corresponden a la l\u00f3gica del mercado de la finca ra\u00edz, las cuales inciden en el precio, vari\u00e1ndolo o conserv\u00e1ndolo en cierto tiempo. Dicha tarea, para fijar el inter\u00e9s, incumbe establecerla a los expertos\u00bb. <\/p>\n
7.2 As\u00ed las cosas, salta a la vista que cuant\u00eda total de los bienes que cuentan con respaldo probatorio se establece en $163.000.000, que para esta clase de asuntos ha de tasarse en un 50% del valor total, pues ese ser\u00eda el menoscabo patrimonial dada la naturaleza de la pretensi\u00f3n que se niega (AC2254-2019), cuya sumatoria resulta insuficiente para acudir en casaci\u00f3n pues los 1.000 smlmv que contempla el art\u00edculo 338 del C.G. del P., para 17 de febrero de 2020 cuando se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia, equivalen a $877.803.00017. <\/p>\n
8. En el ac\u00e1pite de \u00abCUANTIA (sic) Y COMPETENCIA\u00bb del escrito de demanda, se estim\u00f3 \u00abel valor de lo pretendido en la suma de $1.105\u2019000.000 MCTE\u00bb (fl. 35). Sin embargo, lo anterior no es m\u00e1s que una cuantificaci\u00f3n econ\u00f3mica de las pretensiones involucradas en el proceso, lo que es distinto al valor propio del agravio econ\u00f3mico que patenta la decisi\u00f3n contenida en la sentencia a una u otra parte. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cosa es examinar si las pretensiones del proceso son de naturaleza esencialmente econ\u00f3mica, lo cual sirve de gu\u00eda para determinar si en procesos diferentes a las acciones de grupo y las que versan sobre el estado civil, debe cuantificarse el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n; y otra muy diferente valorar el detrimento o lesi\u00f3n que efectivamente produce la sentencia al recurrente, donde a partir de las s\u00faplicas efectivamente acogidas o desestimadas, se mide el desmedro que la decisi\u00f3n produce a quien impugna, que para posibilitar la v\u00eda extraordinaria en menci\u00f3n, debe ser superior a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb (AC1344-2019, reiterado en AC2823-2019). <\/p>\n
Por tanto, que en este caso se fijara en la demanda como valor de la pretensi\u00f3n $1.105\u2019000.000 y que sobre dicha suma se prestara cauci\u00f3n para llevar a cabo la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares (fl. 46), y que dicha estimaci\u00f3n no fuera cuestionada por los demandados; de ninguna manera habilita para que, sin m\u00e1s reparos, se considere como perjuicio el quantum all\u00ed indicado, m\u00e1xime cuando tampoco se advierte correspondencia alguna entre la cuantiosa suma y lo acreditado en el expediente, pues una cosa es la cuant\u00eda fijada en el proceso y otra muy distinta el agravio causado con la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
9. En consecuencia de todo lo dicho, no prospera el recurso de queja. No habr\u00e1 condena en costas, debido a que no se observan gastos en esta sede y, el extremo pasivo dej\u00f3 de descorrer el recurso de queja. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de febrero del 2020 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del presente asunto. <\/p>\n
SEGUNDO: Sin condena en costas. <\/p>\n
TERCERO: DEVU\u00c9LVASE lo actuado a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Elsa Patricia, \u00c1ngela Aneyda y Nelson Fernando Ortega Cu\u00e9llar, Edward Andrey Ortega Bar\u00f3n y C\u00e9sar Ricardo Ortega Espinosa. <\/p>\n
2\u0002 \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la demandante para demandar a los herederos del causante Jos\u00e9 del Carmen Ortega; dolo y mala fe de la demandante; prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n; e ineficacia de la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n dirigida a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abImprocedencia de la declaratoria de la uni\u00f3n marital en los extremos temporales alegados por la demandante\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abPrescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n e ineficacia de la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n dirigida a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanente\u00bb <\/p>\n
5\u0002 \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la demandante para demandar a los herederos del causante Jos\u00e9 del Carmen Ortega y dolo y mala fe de la demandante\u00bb <\/p>\n
6\u0002 Matr\u00edculas inmobiliarias: 350-306; 350-179712; 350-179645; 350-179607 y 350-188807 indicando sobre esta \u00faltima que \u00abaparecen englobados los Folios de Matr\u00edcula No. 350-173659, 350-13711, 350-120547, 350-13711 y 350-16995\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 AC4098-2021, AC4343-2021, AC5338-2021. <\/p>\n
8\u0002 Matr\u00edculas inmobiliarias: 350-306; 350-179712; 350-179645; 350-179607 y 350-188807 indicando sobre esta \u00faltima que \u00abaparecen englobados los Folios de Matr\u00edcula No. 350-173659, 350-13711, 350-120547, 350-13711 y 350-16995\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 AC1527-2020 <\/p>\n
10\u0002 Loc. cit <\/p>\n
11\u0002 Sea del caso precisar que, en la demanda se indic\u00f3 que era \u00ab1\u00bb acci\u00f3n (fl. 36), y as\u00ed se decret\u00f3 la medida cautelar (fl. 50). Al elaborar el oficio se refiri\u00f3 que correspond\u00eda a \u00ab50 acciones\u00bb (fl. 58). El liquidador de la sociedad involucrada precis\u00f3 que el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Ortega Aldana ten\u00eda en su haber \u00abuna sola acci\u00f3n y no 50 Acciones\u00bb (fl. 108). <\/p>\n
12\u0002 Fl. 85, anotaci\u00f3n 1, escritura p\u00fablica 823 del 28 de octubre de 2008. <\/p>\n
13\u0002 Fl. 77 vuelto, anotaci\u00f3n 17, escritura p\u00fablica 1138 del 13 de agosto de 2012. <\/p>\n
14\u0002 Fl. 84, anotaci\u00f3n 9, escritura p\u00fablica 3669 del 19 de diciembre de 2012. <\/p>\n
15\u0002 Fl. 82, anotaci\u00f3n 9, escritura p\u00fablica 3669 del 19 de diciembre de 2012. <\/p>\n
16\u0002 Fl. 80, anotaci\u00f3n 9, escritura p\u00fablica 3669 del 19 de diciembre de 2012. <\/p>\n
17\u0002 Salario m\u00ednimo para el a\u00f1o 2020 $877.803 definido en el Decreto 2360 de 2019. <\/p>\n
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AC740-2022 (2021-01648-00) AC740-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01648-00 Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se resuelve el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de Dioselina Espinosa Hurtado frente al auto de 12 de marzo de 2021, donde la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61722","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61722\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}