AC756-2022 (2014-00352-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC756-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-024-2014-00352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Servihoteles S.A. para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso declarativo promovido por la aqu\u00ed impugnante contra las sociedades Isagen S.A. E.S.P. y Grupo ICT II S.A.S., quien reconvino frente a la recurrente. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El proceso se abri\u00f3 con demanda en la que se pidi\u00f3 declarar, en suma, lo siguiente: <\/p>\n
(i) Que los contendientes celebraron los \u00abcontratos accesorios\u00bb ICT II -0266-10 de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb e ICT II -0266-1-10 de \u00abservicio integral de aseo\u00bb, cuya ejecuci\u00f3n deb\u00eda adelantarse en las instalaciones del \u00abProyecto Hidroel\u00e9ctrico Sogamoso\u00bb, situado en el municipio de Betulia (Santander), por un valor anual de \u00ab$8.113.642.411\u00bb y \u00ab$2.221.992.000\u00bb, respectivamente, sumas que se pagar\u00edan al contratista mediante cuotas mensuales; <\/p>\n
(ii) Que la compa\u00f1\u00eda demandada incumpli\u00f3 con las \u00abcondiciones establecidas en la oferta al celebrar el contrato accesorio de suministro de alimentaci\u00f3n\u00bb y el \u00abcontrato accesorio de servicio integral de aseo\u00bb solo por \u00abun a\u00f1o contado a partir del 11 de octubre de 2010\u00bb, cuando la propuesta inicial fue por el t\u00e9rmino de cuarenta y dos (42) meses; <\/p>\n
(iii) Que Grupo ICT II S.A.S., no honr\u00f3 la \u00abcl\u00e1usula tercera\u00bb del acuerdo de voluntades ICT II -0266-10 de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n (\u2026) al no reembolsarle (\u2026) la inversi\u00f3n realizada en equipos, maquinarias, dotaci\u00f3n y menaje\u00bb, as\u00ed como \u00abel valor de los equipos que (\u2026) le obligaron a adquirir del antiguo proveedor\u00bb, y por \u00abautorizar al nuevo contratista (\u2026) la utilizaci\u00f3n de los (\u2026) que se encontraban en las instalaciones del Proyecto\u00bb; <\/p>\n
(v) Que la sociedad Isagen S.A. E.S.P. es \u00abresponsable solidariamente de todas las obligaciones derivadas del contrato [referido] por ser la propietaria y beneficiaria de la obra denominada Proyecto Hidroel\u00e9ctrico Sogamoso\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 se condenara a la parte demandada al reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por la insatisfacci\u00f3n de las prestaciones aludidas, por las siguientes sumas de dinero: <\/p>\n
(ii) \u00ab$30\u2019000.000\u00bb mensuales por la \u00abutilizaci\u00f3n que hizo el nuevo contratista \u2018Consorcio Servicios Quimbo\u2019 (\u2026) de los equipos de propiedad de SERVIHOTELES S.A. por el lapso comprendido entre el 11 de octubre y el 31 de diciembre de 2011\u00bb. <\/p>\n
(iii) \u00ab$587\u2019040.009.34\u00bb a t\u00edtulo de \u00ablucro cesante\u00bb, monto equivalente al \u00abinter\u00e9s de mora liquidado\u00bb sobre el importe de la inversi\u00f3n realizada en la adquisici\u00f3n de \u00abequipos, maquinaria, dotaci\u00f3n y menaje\u00bb para la ejecuci\u00f3n del contrato de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb y el cual asciende a \u00ab$1.384.093.075\u00bb; <\/p>\n
(iv) \u00ab$3.042.615.904\u00bb y \u00ab$833\u2019000.247\u00bb, o \u00ablas sumas que se determinen pericialmente\u00bb, por \u00abutilidades dejadas de percibir por los 30 meses restantes de vigencia de la oferta que no se ejecutaron\u00bb y que la empresa demandante \u00abpercibir\u00eda anualmente por la ejecuci\u00f3n de [los] contrato[s] de suministro de alimentaci\u00f3n [y] servicio de aseo, camarer\u00eda y lavander\u00eda\u00bb, respectivamente; <\/p>\n
(v) Los valores memorados \u00abdebidamente corregidos o actualizados, teniendo en cuenta la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, desde el momento en que se ocasionaron los perjuicios a la parte actora hasta cuando el demandado pague efectivamente la indemnizaci\u00f3n que se pretende y los consiguientes intereses moratorios durante el mismo periodo\u00bb; y <\/p>\n
(vi) La \u00abcl\u00e1usula penal\u00bb pactada en los \u00abcontrato[s] de suministro de alimentaci\u00f3n ICT II -0266-10 [y de] (\u2026) aseo, camarer\u00eda y lavander\u00eda ICT II-0266-1-10\u00bb, la cual \u00abasciende al 10%\u00bb del importe total de estos. [Archivo Digital: Cdno. Principal]. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. La convocada Grupo ICT II S.A.S. invit\u00f3 a varias compa\u00f1\u00edas a participar en una \u00ablicitaci\u00f3n privada\u00bb para celebrar dos (2) contratos de suministro uno de \u00abalimentaci\u00f3n\u00bb y otro de \u00abaseo camarer\u00eda y lavander\u00eda\u00bb, por un t\u00e9rmino de \u00ab42 meses\u00bb y cuya ejecuci\u00f3n se llevar\u00eda a cabo en las instalaciones del \u00abProyecto Hidroel\u00e9ctrico Sogamoso\u00bb, situado en el municipio de Betulia (Santander). <\/p>\n
2. La compa\u00f1\u00eda actora present\u00f3 una oferta amortizando la inversi\u00f3n que realizar\u00eda con base en el lapso aludido. Finalmente, le fueron adjudicados los negocios. <\/p>\n
3. Sin embargo, al suscribirse los pactos demandados, la contratante \u00abalter\u00f3 unilateralmente las condiciones de la oferta y la aceptaci\u00f3n que de la misma hizo la sociedad [demandante]\u00bb, pues redujo el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la relaci\u00f3n negocial de 42 meses \u2013como en un comienzo hab\u00eda sido licitado- a un (1) a\u00f1o, a partir del 11 de octubre de 2010. <\/p>\n
4. Dentro de las obligaciones del acuerdo ICT II -0266-10 de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb, se acord\u00f3 que la contratista deb\u00eda realizar una \u00abinversi\u00f3n aproximada de $1.600\u2019000.000\u00bb discriminados de la siguiente manera: \u00ab$1.200\u2019000.000\u00bb destinados a la \u00abadquisici\u00f3n de equipos, dotaci\u00f3n y menaje\u00bb y el saldo restante, esto es \u00ab$400\u2019000.000\u00bb, estaban representados en los enseres dejados por el antiguo proveedor y que la contratista \u00abacept\u00f3 recibir (\u2026) como anticipo al valor del contrato\u00bb, importe que la contratante descontar\u00eda mensualmente por el plazo inicialmente ofrecido, valga decir, \u00ab42 meses\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, en la cl\u00e1usula tercera del mentado arreglo se acord\u00f3, que si este culminaba antes de \u00ab42 meses\u00bb, Grupo ICT II S.A.S. compensar\u00eda \u00abla inversi\u00f3n realizada por el contratista\u00bb, incluso, se estipul\u00f3 que el saldo por \u00abamortizar de los (\u2026) $400\u2019000.000 ser\u00eda asumido por la contratante\u00bb, luego de la reventa del mobiliario del anterior prestador. Adem\u00e1s, concertaron que, si ese compromiso se terminaba con antelaci\u00f3n a la fecha estimada o no se prorrogaba, \u00abrealizar\u00edan una evaluaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb con el fin de calcular, precisamente, el capital invertido por la demandante. <\/p>\n
5. Vencido el plazo de un a\u00f1o la contratista decidi\u00f3 finiquitar los dos convenios en contrav\u00eda de lo capitulado en estos, ocasionando \u00abla imposibilidad de amortizar la inversi\u00f3n en tan corto tiempo, dados los costos de operaci\u00f3n asociados al contrato\u00bb. <\/p>\n
6. Con respecto al trato ICT II -0266-10 de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb, encarg\u00f3 a la empresa Bienco S.A. con el prop\u00f3sito de avaluar los \u00abequipos y la maquinaria\u00bb adquiridos por la convocante para el desarrollo del objeto contractual, tasaci\u00f3n que \u00abno cont\u00f3 con los elementos de juicio apropiados\u00bb, como las \u00abfacturas y soportes contables\u00bb de la empresa gestora, adem\u00e1s, dej\u00f3 de justipreciar elementos como \u00abrepisas, mesones de trabajo, pozetas de lavado entre otros\u00bb. <\/p>\n
7. Pero si lo anterior fuera poco, consumado el nexo comercial en menci\u00f3n, la enjuiciada Grupo ICT II S.A.S. \u00abde manera arbitraria y sin el consentimiento de la [reclamante], autoriz\u00f3 al nuevo proveedor del servicio de alimentaci\u00f3n\u00bb para que hiciera uso del menaje y los aperos de propiedad de aquella, aprovechamiento que perdur\u00f3 desde \u00abel 11 de octubre [hasta] el 31 de diciembre de 2011\u00bb. <\/p>\n
8. El esp\u00edritu del \u00abcontrato de suministro de alimentaci\u00f3n (\u2026) ICT II-0266-10\u00bb estaba regido por la lealtad negocial, en virtud de la cual, la contratante se comprometi\u00f3 a \u00abresarcir\u00bb al contratista por el costo de los bienes destinados para su ejecuci\u00f3n, los que ascienden aproximadamente a la suma de \u00ab$1.384\u2019093.075\u00bb. <\/p>\n
9. El extremo activo \u00abjam\u00e1s incumpli\u00f3\u00bb los acuerdos demandados, mucho menos, \u00ablas \u00f3rdenes impartidas por el contratante\u00bb, tanto as\u00ed que se abstuvo de emplear \u00abmultas\u00bb, hacer efectiva las \u00abcl\u00e1usula[s] penal[es]\u00bb, optar por la \u00abresoluci\u00f3n anticipada de [los] contrato[s], a contrario sensu, la raz\u00f3n aducida por la sociedad contratante para dar por terminado[s] [los] contrato[s] fue la expiraci\u00f3n del plazo\u00bb. <\/p>\n
10. En cuanto a la compa\u00f1\u00eda Isagen S.A. E.S.P., \u00abexiste responsabilidad solidaria\u00bb, comoquiera que es la \u00abpropietaria y beneficiaria\u00bb del proyecto hidroel\u00e9ctrico \u2018Sogamoso\u2019 y Grupo ICT II S.A.S. es la encargada de \u00abejecutar la construcci\u00f3n del precitado proyecto hidroel\u00e9ctrico\u00bb, de ah\u00ed que, para llevar a cabo con \u00e9xito esa obra, era indispensable la celebraci\u00f3n de los convenios acusados. <\/p>\n
11. Finalmente, aunque los contendientes concertaron cl\u00e1usula compromisoria, el proceso arbitral se inici\u00f3 ante el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, empero, los honorarios de los \u00e1rbitros no fueron cubiertos en su totalidad, raz\u00f3n por la cual, en Acta No. 10 del 5 de noviembre, concluyeron las funciones del panel arbitral y se extinguieron los efectos de aquel pacto. [Folios 208 a 226, Cdno. Principal Tomo I]. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
<\/p>\n
1. La causa petendi fue admitida por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 7 de julio de 2014, decisi\u00f3n frente a la cual Grupo ICT II S.A.S. formul\u00f3 infructuosamente recurso de reposici\u00f3n, pues en prove\u00eddo de 11 de noviembre siguiente se mantuvo. [Folios 228 y 268 a 272, ib\u00eddem]. <\/p>\n
2. Al contestar la demanda, aquella sociedad se opuso a las pretensiones, acept\u00f3 algunos hechos, neg\u00f3 otros y de los dem\u00e1s pidi\u00f3 la prueba, destacando que \u00abno tiene obligaci\u00f3n de pagar suma alguna a favor de Servihoteles\u00bb. Al tiempo, dijo excepcionar \u00abcobro de lo no debido-Ausencia de causa; falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; cumplimiento por parte de ICT; grave incumplimiento de los contratos por parte de Servihoteles; Ausencia de responsabilidad de ICT; culpa exclusiva de Servihoteles; violaci\u00f3n de la buena fe contractual y desconocimiento; violaci\u00f3n de la buena fe contractual y desconocimiento de los actos propios por parte de Servihoteles; excepci\u00f3n de contrato no cumplido; mala fe en las pretensiones de Servihoteles y abuso del derecho a litigar; compensaci\u00f3n; compensaci\u00f3n de culpas (subsidiaria); caducidad y prescripci\u00f3n; y nulidad relativa\u00bb. [Folios 643 a 693, Cdno. Principal Tomo II]. <\/p>\n
En escrito separado formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, cuyas aspiraciones fueron encaminadas, en suma, a que se condenara a Servihoteles S.A. a desembolsar los detrimentos patrimoniales causados por el incumplimiento de los contratos ICT II -0266-10 de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb e ICT II -0266-1-10 de \u00abservicio integral de aseo\u00bb. [Folios 211 a 264, Cdno. Reconvenci\u00f3n]. <\/p>\n
En providencia de 27 de abril de 2015 el a quo admiti\u00f3 el anterior libelo, el cual enfrent\u00f3 la contraparte aduciendo las defensas de fondo denominadas \u00abincumplimiento del contrato accesorio de suministro de alimentaci\u00f3n y de servicio integral de aseo por GRUPO ICT II S.A.S.; ausencia de causa; y mala fe de parte del GRUPO ICT II S.A.S. en la ejecuci\u00f3n de los contratos accesorios de alimentaci\u00f3n y de aseo\u00bb. [Folios 285 a 307, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
3. Isagen S.A. E.S.P. tambi\u00e9n refut\u00f3 los pedimentos de la postulaci\u00f3n principal, a ese respecto hizo \u00e9nfasis en que los compromisos querellados fueron suscritos \u00abEXCLUSIVAMENTE entre GRUPO ICT II S.A.S. y SERVIHOTELES S.A. y son ellos quienes como partes contratantes se obligaron a cumplir [dichos] acuerdos\u00bb. Invoc\u00f3, como abrigo los medios exceptivos que llam\u00f3 \u00abinexistencia de solidaridad de ISAGEN; ausencia de responsabilidad de ISAGEN; ausencia de responsabilidad contractual de GRUPO ICT II S.A.S.; [e] inexistencia del perjuicio y tasaci\u00f3n excesiva\u00bb. [Folios 954 a 981, Cdno. Principal Tomo III]. Adicionalmente, aleg\u00f3 la defensa dilatoria de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. [Folios 954 a 981, Cdno. Principal Tomo III]. <\/p>\n
4. El 29 de julio de 2020 se clausur\u00f3 la primera instancia, mediante fallo desfavorable a las pretensiones instadas por los contendientes, tanto en la demanda principal como en la mutua petici\u00f3n, el cual, fue revocado parcialmente por el Tribunal al desatar la alzada puesta a su consideraci\u00f3n, en el sentido de declarar que Grupo ICT II S.A.S. \u00abincumpli\u00f3 parcialmente la cl\u00e1usula tercera del contrato de suministro de alimentos No. ICT II- 0266-10\u00bb, en consecuencia la conden\u00f3 a pagar a favor de la demandante las sumas de \u00ab$114.976.870, como valor que pudo haber recibido por la recompra de los equipos, seg\u00fan la oferta que hizo el Consorcio Servicios Quimbo, y $33.029.337 que habr\u00eda pagado el mismo consorcio por el uso de estos bienes. En caso de no hacerlo, en lo sucesivo reconocer\u00e1 intereses comerciales de mora\u00bb. Confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s por sentencia de 23 de julio de 2021. [Archivo Digital: 47 SentenciaSegundaInstancia]. <\/p>\n
1. Abord\u00f3 el asunto identificando, en primera medida, los reparos formulados por la sociedad accionante, en cuya labor precis\u00f3 que su inconformidad \u00fanicamente giraba en torno al contrato ICT II -0266-10 de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb y el supuesto \u00abdesconocimiento de la cl\u00e1usula tercera por su contraparte\u00bb, por tal raz\u00f3n, era innecesario incluir en la disputa lo relacionado con el presunto incumplimiento del negocio ICT II \u2013 0266-1-10 de \u00abservicio integral de aseo\u00bb, deducci\u00f3n que hall\u00f3 demostrada a partir de lo dicho por la demandante al sustentar la alzada y que a pie juntillas trascribi\u00f3. <\/p>\n
2. Definido lo anterior y \u00abcomo el debate del actor se centr\u00f3, no en el hecho de la terminaci\u00f3n, sino en la desatenci\u00f3n de la cl\u00e1usula tercera\u00bb, procedi\u00f3 a establecer si en realidad la compa\u00f1\u00eda Grupo ICT II S.A.S. fue incumplida, para lo cual fij\u00f3 la vista en las prestaciones que derivaron de dicha estipulaci\u00f3n negocial y luego de reproducirla literalmente, estim\u00f3 que de ella se derivaban \u00abdos componentes\u00bb; en primer lugar, \u00abla inversi\u00f3n por $1.200.000.000, a la que se oblig\u00f3 el contratista para la ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb; y en segundo t\u00e9rmino, \u00abun anticipo por $400.000.000 para la adquisici\u00f3n de equipos, dotaci\u00f3n y menaje del proveedor anterior, suma a cruzar en cuotas mensualmente durante 42 meses\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, observ\u00f3 que de esa disposici\u00f3n contractual se desglosaban dos \u00edtems adicionales, de un lado, \u00abel tratamiento del anticipo al ocurrir la terminaci\u00f3n prematura del negocio o no prorrogarse\u00bb y otro tanto, \u00abla evaluaci\u00f3n econ\u00f3mica de la inversi\u00f3n, tambi\u00e9n, por cualquiera de estas dos circunstancias\u00bb. <\/p>\n
De donde concluy\u00f3 que se trataba de \u00abun acuerdo destinado a tener efectos posteriores a la terminaci\u00f3n del contrato que no concierne con su objeto ni est\u00e1 vinculado a la ejecuci\u00f3n de los servicios prestados; tan solo es un mecanismo para enajenar los activos que quedaran despu\u00e9s de la operaci\u00f3n\u00bb, por ende, \u00abla controversia sobre su entendimiento y aplicaci\u00f3n no puede tildarse de incumplimiento del ya finalizado convenio de suministro que, como la parte actora acept\u00f3, lo fue por una causal prevista que no es materia de litigio. Por supuesto que no cumplir el pacto de lo que deb\u00eda hacerse despu\u00e9s de terminado el contrato tiene sus propias consecuencias y son las reclamadas en la pretensi\u00f3n quinta de la demanda\u00bb. <\/p>\n
3. Delimitado el alcance de la cl\u00e1usula demandada y teniendo en cuenta que la aflicci\u00f3n del apelante se ubic\u00f3 en un escenario \u00abpost contractual\u00bb, pas\u00f3 el ad-quem a recapitular paso a paso lo sucedido en la postrimer\u00eda de la relaci\u00f3n negocial, vali\u00e9ndose, eso s\u00ed, de las comunicaciones por escrito que se cruzaron los contendientes durante los meses que siguieron a la culminaci\u00f3n del plazo del convenio y de las que infiri\u00f3 que la contratante \u00abno honr\u00f3 su compromiso post contractual con Servihoteles, en lo relacionado con el manejo del anticipo porque, este deb\u00eda saldarse con una reventa de los equipos y que no pudo hacer porque cuando se termin\u00f3 el contrato no dispon\u00eda de ellos, en tanto ICT no le permiti\u00f3 retirarlos\u00bb, esto \u00faltimo, apoyado en el dicho de Adriana Luc\u00eda Mendoza Tarazona, representante legal de la demandante, quien, adem\u00e1s afirm\u00f3 que \u00absi bien el 21 de octubre de 2011 el Consorcio Servicios Quimbo le present\u00f3 una oferta econ\u00f3mica para adquirirlos, nunca la puso en consideraci\u00f3n de SERVIHOTELES S.A.\u00bb. <\/p>\n
Entonces, \u00abla maquinaria adquirida inicialmente por la demandante, en cumplimiento de una obligaci\u00f3n impuesta por ICT, no se pudo revender cuando termin\u00f3 el contrato, ni despu\u00e9s de cuatro meses cuando exigi\u00f3 su retiro, aunque hab\u00eda sido utilizada por el nuevo contratista, con aquiescencia de la convocada\u00bb, seg\u00fan se aprecia del acta de entrega suscrita el 10 de octubre de 2011 por el Consorcio Servicios Quimbo y la convocante, la comunicaci\u00f3n enviada por Grupo ICT II S.A.S. de 19 de abril de 2012 y de los relatos de Adriana Mendoza Tarazona y Florentino Cuesta, empleado de Grupo ICT II S.A.S. <\/p>\n
As\u00ed, es patente que, \u00abal terminar el contrato ICT no permiti\u00f3 el retiro de los equipos y maquinarias, ni facilit\u00f3 su reventa al nuevo proveedor que hab\u00eda ofertado por ellos, sabiendo que con su producto SERVIHOTELES S.A. le aseguraba la devoluci\u00f3n del anticipo insoluto; no obstante, se lo cobr\u00f3 descontando el valor de $285.714.292 de las facturas que le adeudaba, cerrando cualquier escenario de negociaci\u00f3n, develando su desatenci\u00f3n de la estipulaci\u00f3n en comento. Adem\u00e1s, tampoco transmiti\u00f3 la propuesta de pagar renta hecha por Quimbo, desconociendo su obligaci\u00f3n posterior a la ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
4. En cuanto al otro \u00edtem de la cl\u00e1usula tercera del pacto memorado, esto es, la evaluaci\u00f3n econ\u00f3mica de la inversi\u00f3n realizada por la demandante, dijo el Tribunal que \u00abconforme fue la voluntad de las partes, las dos estaban compelidas a hacerlo de forma conjunta y evidentemente ninguna acat\u00f3 su acuerdo\u00bb, pues, de un lado, Grupo ICT II S.A.S. acudi\u00f3 a Bienco S.A. para que efectuara dicha labor y, de otro lado, Servihoteles S.A. hizo lo propio con la \u00abcontadora Constanza Rold\u00e1n Garc\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese panorama, y con el fin de \u00abprobar y controvertir el valor de la inversi\u00f3n, sobre la cual reclama perjuicios la actora\u00bb, no tuvo m\u00e1s remedio el Juzgador que echar mano de los dict\u00e1menes periciales practicados en el curso de la actuaci\u00f3n y, luego de exponer las conclusiones de cada uno de ellos, estim\u00f3 que no hab\u00eda \u00abprueba suficiente y contundente que acredite la inversi\u00f3n que alega haber realizado [la interesada]\u00bb; que a ese respecto solamente se alleg\u00f3 el \u00abinforme elaborado por Constanza Rold\u00e1n Garc\u00eda, que adolece de cualquier soporte adicional, pese a que en la audiencia de pruebas adelantada en este tribunal manifest\u00f3 que s\u00ed los entreg\u00f3 a la demandante y desconoce por qu\u00e9 no obran en el expediente\u00bb; ese mismo defecto padece la \u00abexperticia de Javier Felipe Correa Parra, quien adem\u00e1s se desempe\u00f1\u00f3 como revisor fiscal de la accionante\u00bb, pero, adem\u00e1s, \u00abesta sociedad no facilit\u00f3 documentaci\u00f3n al perito Rafael Antonio Campos, pese a que este la solicit\u00f3 en reiteradas ocasiones, razones por las cuales esos dict\u00e1menes tampoco son lo suficientemente convincentes a efectos de probar su inversi\u00f3n, acreditando \u00fanicamente que hizo la compra de equipos al anterior proveedor de ICT\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00abcomo no se prob\u00f3 lo atinente a la inversi\u00f3n exigida a Servihoteles, no puede decirse que ICT desconoci\u00f3 su deber de evaluarla una vez terminado el contrato, luego all\u00ed no hubo incumplimiento; empero, no sucedi\u00f3 lo mismo con el manejo del anticipo, porque en ese aspecto la demandada s\u00ed desconoci\u00f3 su compromiso, como se explic\u00f3, luego la excepci\u00f3n denominada \u201causencia de responsabilidad\u201d, no puede prosperar o por lo menos no totalmente\u00bb. <\/p>\n
5. Ante la improsperidad de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u00abausencia de responsabilidad\u00bb, el ad-quem emprendi\u00f3 el estudio de las dem\u00e1s defensas planteadas frente a la demanda principal. <\/p>\n
5.1. La \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb no pod\u00eda salir avante, porque Grupo ICT II S.A.S. \u00abcomo contratante, es el sujeto procesal llamado a enfrentar la reclamaci\u00f3n por el incumplimiento contractual, referido a la cl\u00e1usula tercera como se ha explicado\u00bb. <\/p>\n
5.2. En lo atinente con \u00ablas de cobro de lo no debido, cumplimiento y ausencia de responsabilidad de ICT, mala fe en las pretensiones y abuso del derecho a litigar\u00bb, ya se determin\u00f3 \u00abcu\u00e1l fue el incumplimiento de la obligaci\u00f3n que ten\u00eda esa demandada y, por lo mismo, que el reclamo que hizo Servihoteles s\u00ed est\u00e1 justificado en parte\u00bb. <\/p>\n
5.3. Con respecto a los medios exceptivos de \u00abgrave incumplimiento por parte de Servihoteles, contrato no cumplido, [y] violaci\u00f3n de la buena fe contractual\u00bb no pueden salir avantes, habida cuenta que seg\u00fan lo alegado por Grupo ICT II S.A.S. los convenios demandados terminaron por expiraci\u00f3n del plazo, luego, \u00abno puede ahora invocar el incumplimiento contractual de su contraparte, para refutar sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
5.4. En lo tocante con la excepci\u00f3n denominada \u00abdesconocimiento de los actos propios por parte del accionante\u00bb, basada en que \u00e9sta acept\u00f3 la fijaci\u00f3n de un t\u00e9rmino para la culminaci\u00f3n de los negocios, \u00ababandon\u00f3 los bienes de su propiedad, no acept\u00f3 las propuestas de compra, entorpeci\u00f3 el proceso de valoraci\u00f3n de los bienes y su reventa\u00bb, carece de acreditaci\u00f3n, por el contrario, \u00abla actora no abandon\u00f3 sus bienes; fue ICT la que no los dej\u00f3 retirar, tampoco transmiti\u00f3 las propuestas de compra, por ende, es la responsable de la imposibilidad de la reventa, como ya se dijo\u00bb. <\/p>\n
5.5. En lo relativo a las defensas de \u00abcompensaci\u00f3n y compensaci\u00f3n de culpas tambi\u00e9n se declarar\u00e1n no probadas, porque si ya se dijo que no hay incumplimiento atribuible a la demandante, no hay lugar a evaluar una posible compensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5.6. En referencia a la \u00abcaducidad y prescripci\u00f3n\u00bb, el Colegiado no encontr\u00f3 motivo para su \u00e9xito, dado que, en cuanto al primer fen\u00f3meno la acci\u00f3n intentada no tiene un t\u00e9rmino legal para el efecto y, con relaci\u00f3n al segundo, \u00abla demandada se limit\u00f3 a enunciarla sin precisar cu\u00e1l t\u00e9rmino prescriptivo quiso hacer valer, lo que impide cualquier declaraci\u00f3n de oficio sobre tal figura, en tanto debe ser alegada y sustentada por quien pretenda aprovecharla\u00bb. <\/p>\n
5.7. Y lo concerniente a la \u00abnulidad relativa, toda vez que ICT aleg\u00f3 que \u201csuscribi\u00f3 los contratos con la consciencia de que su t\u00e9rmino inicial ser\u00eda de un a\u00f1o y, cualquier[a]… diferente, se habr\u00eda derivado de un error\u201d, no tiene prosperidad en cuanto desde el inicio de la providencia, se dijo que el plazo de los negocios no est\u00e1 en discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6. A vuelta de lo dicho, el sentenciador encar\u00f3 el estudio de las aspiraciones del escrito de reconvenci\u00f3n, las cuales, estaban encaminadas a que se declarara el incumplimiento de las obligaciones de los acuerdos demandados por parte de Servihoteles S.A. y a ese respecto, estim\u00f3 que si bien se allegaron varios documentos evidenciando \u00ablas inconformidades de la demandante con su contratista, y que decidi\u00f3 no acudir a las medidas otorgadas en el contrato -multas, efectividad de las garant\u00edas- para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales con las que estaba insatisfecha, o sancionar su desatenci\u00f3n por la v\u00eda judicial\u00bb, la supuesta insatisfacci\u00f3n de las prestaciones no fue el m\u00f3vil que llev\u00f3 a la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial, sino, el decaimiento del plazo pactado. En otras palabras, para el Tribunal \u00abla demandante en reconvenci\u00f3n no hizo valer el incumplimiento de su contraparte; por el contrario, s\u00f3lo utiliz\u00f3 como causa para ponerle fin la expiraci\u00f3n del plazo, as\u00ed se lo hizo saber a SERVIHOTELES S.A. y fue, precisamente, lo que aleg\u00f3 como fundamento de su defensa frente a la demanda principal\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, recurrir al vencimiento del lapso para la culminaci\u00f3n del compromiso, le impidi\u00f3 a Grupo ICT II S.A.S. alegar la desatenci\u00f3n de la contendiente frente a sus obligaciones, pues aun cuando haya invocado su insatisfacci\u00f3n en el desarrollo de los negocios ello \u00abno pas\u00f3 de ser una reserva mental propia, o motivo no expresado, que no sirve para fundar ahora el resarcimiento que busca en la reconvenci\u00f3n\u00bb, mucho menos, para hacer efectiva la cl\u00e1usula penal pactada. <\/p>\n
7. Y en lo concerniente al reparo de Grupo ICT II S.A.S., en cuanto a que Servihoteles S.A. guard\u00f3 silencio frente a la demanda de reconvenci\u00f3n, \u00abes evidente que no existi\u00f3 tal omisi\u00f3n, s\u00f3lo que al formular su defensa se refiri\u00f3 a los hechos de la demanda, no uno por uno, sino agrupados por temas, conforme el mismo ICT los present\u00f3; por ende, no se puede considerar la presunci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 95 del C.P.C. vigente en ese momento\u00bb. <\/p>\n
8. Se ocup\u00f3 enseguida del examen de los pedimentos de la demandante principal, en punto de las condenas solicitadas por: (i) \u00abla inversi\u00f3n realizada en equipos maquinaria, dotaci\u00f3n y menaje, as\u00ed como el valor de adquisici\u00f3n de los equipos del antiguo proveedor del contratante, en cumplimiento de la cl\u00e1usula tercera, lo que ascendi\u00f3 a $1.384.093.075\u00bb; (ii) los \u00abr\u00e9ditos dejados de percibir por esta suma\u00bb; (iii) las utilidades dejadas de percibir por un lapso de 30 meses; (iv) \u00ablos c\u00e1nones de arrendamiento de esos bienes que utiliz\u00f3 el Consorcio Servicios Quimbo, por valor de $80.000.000\u00bb; y (v) la cl\u00e1usula penal \u00abque tambi\u00e9n le permit\u00eda reclamar, adem\u00e1s del 10% del precio total del contrato, \u201cla reparaci\u00f3n integral del perjuicio causado en lo que exceda\u201d su valor\u00bb. <\/p>\n
8.1. Delanteramente, insisti\u00f3 en que Servihoteles S.A. consinti\u00f3 suscribir el convenio ICT II -0266-10 de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb por espacio de un a\u00f1o \u00abcon la expectativa de prorrogarlo hasta alcanzar los cuarenta y dos meses de ejecuci\u00f3n\u00bb, pero aquella jam\u00e1s mostr\u00f3 su inconformidad por el \u00abincumplimiento de la oferta, ni a la finalizaci\u00f3n del plazo inicial, por lo que hay lugar a considerar que hubo una aceptaci\u00f3n condicional de su parte como una nueva propuesta (art. 855 C. de Co.)\u00bb, adem\u00e1s, la cl\u00e1usula tercera de dicho acuerdo \u00abno estaba destinada a producir efectos durante la vigencia del contrato, sino despu\u00e9s como una forma de permitir al contratista vender los bienes adquiridos a su predecesor al que le seguir\u00eda en la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abninguna de estas circunstancia[s] constituye incumplimiento del contrato que habilite el pago de la inversi\u00f3n a modo de reintegro, ni da lugar a la reparaci\u00f3n de perjuicios por intereses de mora o utilidades dejadas de percibir\u00bb. <\/p>\n
8.2. Respecto de la insatisfacci\u00f3n de la cl\u00e1usula en comento, encontr\u00f3 el ad-quem que el nuevo proveedor del suministro de alimentaci\u00f3n ofreci\u00f3 recomprar el mobiliario dado como \u00abanticipo\u00bb a la compa\u00f1\u00eda promotora, por un importe de \u00ab$400.691.162\u00bb, con lo cual se hubiera cancelado el \u00absaldo insoluto del anticipo\u00bb y \u00abel excedente se le entregar\u00eda a la demandante\u00bb, empero Grupo ICT II S.A.S. trunc\u00f3 esa negociaci\u00f3n y, adicionalmente, \u00abprocedi\u00f3 a descontar de las facturas 2995, 3000 y 3031 pendientes de pago, la suma de $285.714.292, que correspond\u00eda a la parte no amortizada -lo que a su vez quiere decir que durante los 12 meses de ejecuci\u00f3n del contrato Servihoteles hab\u00eda pagado $114.285.870 de los $400.000.000 anticipados-, por lo que le corresponde asumir la resta entre estos dos primeros valores mencionados\u00bb. <\/p>\n
Y, todav\u00eda, insistiendo en el entendimiento del contrato, dio paso a esta otra afirmaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ablo acordado era que la diferencia entre el saldo por amortizar y el valor de la reventa ser\u00eda asumido por el contratista, pero de haberse realizado por lo que ofreci\u00f3 el consorcio Quimbo no la habr\u00eda; en cambio, si el contratante asumir\u00eda el saldo por amortizar solo por el valor de la reventa, en \u00e9l recae la diferencia que resulta de la suma en que hubiera comprado el consorcio y lo que descont\u00f3 de las tres facturas mencionadas, esto es, $114.976.870, pues corresponde al valor ya pagado del anticipo durante los 12 meses de ejecuci\u00f3n del contrato m\u00e1s $691.162, adicional ofrecido por Quimbo sobre la compra inicial que hizo la actora al consorcio Andino S.A., y as\u00ed se dispondr\u00e1\u00bb. <\/p>\n
8.3. Indagando por los c\u00e1nones de arrendamiento de los bienes adquiridos por la parte demandante para el desarrollo del negocio de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb y de los cuales el nuevo contratista \u00abConsorcio Servicios Quimbo\u00bb hizo uso con posterioridad a la finalizaci\u00f3n de aquel acuerdo, enfatiz\u00f3 la Corporaci\u00f3n que si bien \u00abtiene una fuente diferente a un reconocimiento de perjuicios, y su causa tampoco deriva del cumplimiento o no del contrato\u00bb, esa situaci\u00f3n no fue ajena a Grupo ICT II S.A.S., ya que permiti\u00f3, expresamente, la utilizaci\u00f3n del menaje al reciente prestador quien, incluso, \u00abconociendo la situaci\u00f3n, ofreci\u00f3 pagar renta, propuesta que no transmiti\u00f3 ICT y con ello impidi\u00f3 que se concretar\u00eda el pago\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, la suma a reconocer por este rublo no pod\u00eda ser la pedida en el libelo inicial, al no estar plenamente demostrada, sino, \u00abaquella ofrecida por el usuario de los equipos en comunicaci\u00f3n del 4 de octubre de 2011; es decir, \u201carrendamiento mensual del 2,5%, de acuerdo al resultado del aval\u00fao realizado por el grupo ICT, por un m\u00e1ximo de tres meses\u201d. Ese valor lo calcul\u00f3 Bienco S.A. por $440.391.162, luego el total por c\u00e1nones de arrendamiento ser\u00e1 de $33.029.337\u00bb. <\/p>\n
8.4. En punto de la cl\u00e1usula penal, se fij\u00f3 en la inteligencia de los art\u00edculos 867 del C\u00f3digo de Comercio y 1594 del C\u00f3digo Civil, y apoyado en un precedente de esta Corte, estim\u00f3 que \u00abpuede tener dos acepciones: una de car\u00e1cter indemnizatorio o compensatorio, y otro moratorio; pero, de acuerdo con la segunda norma, solo la \u00faltima modalidad da derecho al acreedor a reclamar paralelamente la obligaci\u00f3n principal y el monto por retardo, puesto que, en la primera, una cosa excluye la otra\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, trascribi\u00f3 lo convenido por los contratantes en torno a dicha cl\u00e1usula, y refiri\u00e9ndose a lo estipulado explic\u00f3, que la voluntad de aquellos fue \u00abpactar una cl\u00e1usula de naturaleza compensatoria, estimando anticipadamente los perjuicios a causa del incumplimiento por un valor de $811.364.241, correspondiente al 10% del precio del contrato de suministro de alimentos que fue la suma de $8.113.642.411.\u00bb <\/p>\n
En sentir del Tribunal, las aspiraciones de la empresa gestora se orientaron a obtener la \u00abdeclaraci\u00f3n del incumplimiento de la oferta y de la cl\u00e1usula tercera del contrato de suministro de alimentaci\u00f3n\u00bb, empero, \u00aben el proceso no qued\u00f3 acreditado ninguno respecto de las prestaciones propias del contrato, ni por parte de ICT ni de SERVIHOTELES como reconvenida\u00bb, por tal raz\u00f3n, \u00abla cl\u00e1usula penal no tiene cabida, en tanto agot\u00f3 su efecto cuando termin\u00f3 el convenio\u00bb, es decir, \u00absi la terminaci\u00f3n fue leg\u00edtima y no se debati\u00f3 en el proceso, no tiene lugar imponer pena alguna por situaciones posteriores, como aquellas incluidas en la disposici\u00f3n disputada por el contratista, que tiene vigencia ulterior a la finalizaci\u00f3n de los negocios y no estaba vinculada a la prestaci\u00f3n del servicio que era su objeto\u00bb. <\/p>\n
9. Ya en el remate, descart\u00f3 la \u00absolidaridad\u00bb achacada a Isagen S.A. E.S.P., tras considerar que no estaba acreditada la vinculaci\u00f3n de esa sociedad con la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los convenios demandados, mucho menos, \u00abalg\u00fan tipo de interventor\u00eda o injerencia sobre esos negocios\u00bb, incluso, en sus relatos los representantes legales de las compa\u00f1\u00edas accionadas enfatizaron que \u00abesa sociedad no controlaba, ni vigilaba la ejecuci\u00f3n de esos contratos y que, en caso de existir alguna comunicaci\u00f3n enviada que tuviera relaci\u00f3n, correspond\u00edan a una remisi\u00f3n de quejas o reclamos que se les presentaban directamente, pero que remit\u00edan a ICT, precisamente, por ser ella la responsable de los negocios\u00bb. <\/p>\n
Con todo, aunque la empresa se\u00f1alada es la \u00abdue\u00f1a del proyecto hidroel\u00e9ctrico Sogamoso\u00bb, lugar en donde se desarroll\u00f3 el objeto de los compromisos acusados, \u00abno le hace part\u00edcipe de las obligaciones adquiridas por el ejecutor de las obras con otros contratistas\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado, la empresa Servihoteles S.A., erigi\u00f3 cinco (5) cargos; los tres primeros por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba art. 336 C.G.P); y los dos restantes por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba Ib\u00eddem). La censora los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Para la casacionista, la sentencia censurada vulner\u00f3 de manera recta los art\u00edculos 1494, 1502, 1546, 1602, 1608 y 1618 del C\u00f3digo Civil; y 831, 870 y 871 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Luego de trascribir los mandatos legales supuestamente omitidos, en el despliegue memor\u00f3 c\u00f3mo el Tribunal otorg\u00f3 un tratamiento \u00abpost contractual\u00bb al anticipo y a la compensaci\u00f3n por la inversi\u00f3n realizada por la demandante para la ejecuci\u00f3n del \u00abcontrato de suministro de alimentaci\u00f3n\u00bb, pese a que esas prestaciones se encontraban pactadas en ese acuerdo. <\/p>\n
Seg\u00fan explica, tal modo de razonar desconoci\u00f3 los \u00abart\u00edculos 1494, 1502 y 1602 del C\u00f3digo Civil\u00bb, toda vez que aquellas obligaciones son estipulaciones contractuales, \u00abque hacen parte integral del contrato, pero cuya ejecuci\u00f3n y cumplimiento se difiere a la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb, por ende, al haberse desatendido, \u00abse configura indiscutiblemente un incumplimiento del contrato\u00bb, sin embargo, en la sentencia combatida, el ad-quem cometi\u00f3 una imprecisi\u00f3n al considerar que lo all\u00ed convenido es \u00abajeno\u00bb al negocio. <\/p>\n
Adicionalmente, esa postura del sentenciador de segundo grado vulner\u00f3 \u00abde manera directa el art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil\u00bb, en la medida en que no tuvo en cuenta que el \u00abcontratante es un deudor en mora, por cuanto no cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n pactada en la cl\u00e1usula tercera del contrato de suministro de alimentaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino estipulado\u00bb, por tal raz\u00f3n, el agravio sufrido por la compa\u00f1\u00eda demandante fue de naturaleza \u00abmoratoria y no simplemente compensatoria\u00bb, m\u00e1xime cuando Grupo ICT II S.A.S. \u00abfue constituido en mora de conformidad con el procedimiento establecido en la ley\u00bb. <\/p>\n
De otro lado insisti\u00f3 en que, la convocante ejerci\u00f3 la \u00abacci\u00f3n de cumplimiento\u00bb con el fin de \u00abhacer efectiva la obligaci\u00f3n\u00bb del convenio demandado y la \u00abindemnizaci\u00f3n de los perjuicios moratorios\u00bb, empero, el juez plural estim\u00f3 que la cl\u00e1usula insatisfecha era de \u00abejecuci\u00f3n post contractual, desconociendo que se trataba de una cl\u00e1usula inextricablemente ligada al contrato que hac\u00eda parte de \u00e9l y que por tanto proced\u00eda el ejercicio de la acci\u00f3n alternativa\u00bb a que hacen referencia los art\u00edculos 1546 del C\u00f3digo Civil y 870 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Pero si lo anterior no fuera suficiente, al abstenerse de reconocer la \u00abinversi\u00f3n realizada por SERVIHOTELES S.A.\u00bb y ordenar el pago de una condena \u00abirrisoria por los equipos comprados por [\u00e9sta]\u00bb, el juzgador desconoci\u00f3 el canon 871 de la ley mercantil, pues, la enjuiciada Grupo ICT II S.A.S. se enriqueci\u00f3 sin justa causa, obteniendo \u00abun provecho econ\u00f3mico o patrimonial\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con miramiento en el primer motivo del canon 336 Ib\u00eddem, censur\u00f3 otra vez la sentencia por la senda directa por infringir los art\u00edculos 1592, 1594, 1599 y 1600 del C\u00f3digo Civil; y 867 y 870 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Tras enunciar literalmente los preceptos referidos, la inconforme expres\u00f3 que \u00abexiste un error en la lectura de la cl\u00e1usula penal\u00bb, lo cual conllev\u00f3 al sentenciador a estimar que esa estipulaci\u00f3n era de \u00abnaturaleza compensatoria\u00bb, cuando en realidad la voluntad de los negociantes iba enderezada a sancionar el \u00abincumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del (..) contrato\u00bb y a \u00abresarcir perjuicios moratorios\u00bb, de manera que, \u00abno implica mayor esfuerzo concluir que hay una violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1594, 1599 y 1600 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como de los art\u00edculos 867 y 870 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Este embate tambi\u00e9n se edific\u00f3 bajo la causal primera del art\u00edculo 336 Ib\u00eddem, con el prop\u00f3sito de denunciar el quebranto directo de los mandatos 845, 846 y 855 de la ley mercantil, \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Una vez reprodujo el contenido literal de las disposiciones en menci\u00f3n, la censora adujo que en desarrollo de la licitaci\u00f3n privada realizada por Grupo ICT II S.A.S., la accionante present\u00f3 una propuesta de negocio en los t\u00e9rminos de referencia de la invitaci\u00f3n, en cuyo texto se indic\u00f3 que la duraci\u00f3n del contrato demandado era de \u00abcuarenta y dos (42) meses\u00bb, oferta aceptada por aquella compa\u00f1\u00eda. Empero, la \u00absentencia no repara en que dicha cotizaci\u00f3n o propuesta aceptada por GRUPO ICT II S.A.S. se desconoci\u00f3 al momento de firmar el contrato y con ello se rompi\u00f3 el equilibrio contractual\u00bb. <\/p>\n
Si bien la gestora celebr\u00f3 el acuerdo confutado por un intervalo de \u00abdoce (12) meses\u00bb, ello obedeci\u00f3 a una \u00abimposici\u00f3n unilateral de nuevas condiciones contractuales\u00bb por parte de la contratante, de las que no pudo disentir ante la \u00abposici\u00f3n dominante\u00bb de \u00e9sta. Para la casacionista, esa fue la raz\u00f3n fundamental que llev\u00f3 a los negociantes a concertar el \u00abreconocimiento de la inversi\u00f3n realizada por SERVIHOTELES S.A.\u00bb, como un mecanismo destinado a reestablecer la \u00abecuaci\u00f3n econ\u00f3mica del contrato\u00bb en el evento en que no se prorrogara, por eso es que, la \u00abincorporaci\u00f3n de esa cl\u00e1usula\u00bb en el cuerpo del acuerdo, en nada desatiende el hecho de que la convocada incumpli\u00f3 la \u00aboferta\u00bb, de la cual no pod\u00eda retractarse, como as\u00ed lo hizo, por ende debi\u00f3 \u00abindemnizar los perjuicios que con su revocaci\u00f3n caus[\u00f3] al destinatario\u00bb. <\/p>\n
En otro segmento de la acusaci\u00f3n, la impugnante aleg\u00f3 que el Tribunal tuvo por acreditada una \u00abaceptaci\u00f3n condicionada de la oferta\u00bb al suscribir el convenio atacado; sin embargo, en el \u00absub-lite no obra prueba alguna que permita inferir aceptaci\u00f3n condicional o extempor\u00e1nea\u00bb de una nueva propuesta, a voces de lo establecido en el art\u00edculo 855 del C\u00f3digo de Comercio, pues, \u00abse trat\u00f3 de una aceptaci\u00f3n simple y llana de la totalidad de los t\u00e9rminos de la oferta\u00bb y ante el cambio unilateral de la misma, \u00abel proponente deb[i\u00f3] indemnizar los perjuicios que con su revocaci\u00f3n caus\u00f3 al destinatario SERVIHOTELES S.A.\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con respaldo en el segundo de los motivos de casaci\u00f3n, se imput\u00f3 al Tribunal la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos \u00ab1494, 1502, 1546, 1602, 1608 y 1618\u00bb del C\u00f3digo Civil y \u00ab831, 845, 846, 855, 870 y 871\u00bb del C\u00f3digo de Comercio, por \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas\u00bb. <\/p>\n
Para la casacionista el Juzgador incurri\u00f3 en los siguientes yerros: <\/p>\n
Realiz\u00f3 una \u00ablectura sesgada de la cl\u00e1usula tercera\u00bb del acuerdo de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb, desatendiendo que hac\u00eda parte integrante de \u00e9ste, por tal raz\u00f3n su desconocimiento generaba el incumplimiento de ese convenio. <\/p>\n
No vio la \u00abprueba documental\u00bb obrante en el dossier, la cual acreditaba: (i) los \u00abt\u00e9rminos de la convocatoria\u00bb efectuada por la contratante para la celebraci\u00f3n de los compromisos demandados, as\u00ed como la \u00aboferta comercial\u00bb de la convocante y la aceptaci\u00f3n de la misma; (ii) la posibilidad de prorrogar hasta 42 meses los acuerdos impugnados al t\u00e9rmino del a\u00f1o de su duraci\u00f3n; (iii) la \u00abautorizaci\u00f3n de GRUPO ICT II S.A.S., a Consorcio Servicios Quimbo para que utilizara los equipos de propiedad de SERVIHOTELES S.A.\u00bb; (iv) la descripci\u00f3n del menaje y el mobiliario de propiedad de la convocante y que fue usado para la \u00abprestaci\u00f3n del servicio de alimentaci\u00f3n y de aseo (incluye fotos)\u00bb; y (v) los \u00absellos\u00bb apostados sobre los \u00abequipos y maquinarias\u00bb al cabo del plazo de los contratos y que fueron \u00abdestruidos por GRUPO ICT II S.A.S. para entreg\u00e1rselos al nuevo contratista sin contar con la autorizaci\u00f3n ni el consentimiento de SERVIHOTELES S.A.\u00bb. <\/p>\n
Tergivers\u00f3 el \u00abcontenido y alcance\u00bb de la \u00aboferta de recompra realizada por CONSORCIO SERVICIOS QUIMBO\u00bb, la cual ten\u00eda como fin \u00abadquirir los equipos\u00bb conseguidos por la demandante para la ejecuci\u00f3n de los compromisos atacados por valor de \u00ab$400\u2019691.161\u00bb, empero, en el numeral segundo de la sentencia cuestionada condena a Grupo ICT II S.A.S. a pagar a favor de la interesada tan solo \u00ab$114\u2019976.870\u00bb como \u00abvalor que pudo haber recibido por la recompra de los equipos\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al interrogatorio de parte rendido por la representante legal de la compa\u00f1\u00eda accionante, es \u00ababsolutamente contundente\u00bb al decir que Grupo ICT II S.A.S. hizo una \u00abvaloraci\u00f3n unilateral de la inversi\u00f3n realizada por SERVIHOTELES S.A\u00bb en desatenci\u00f3n de lo acordado y de manera inconsulta aquella empresa \u00abcontrat\u00f3 a la sociedad (\u2026) BIENCO S.A.\u00bb para llevar a cabo esa labor, \u00abnunca los contact\u00f3, ni solicit\u00f3 que se aportaran relaciones, comprobantes o registros contables que soportaran la inversi\u00f3n, se trat\u00f3 de una valoraci\u00f3n que no tuvo en consideraci\u00f3n la contabilidad de SERVIHOTELES S.A\u00bb. <\/p>\n
Respecto del relato del representante legal de Grupo ICT II S.A.S., en sentir de la opugnante, se deducen \u00abvarias confesiones que resultan relevantes\u00bb para el caso, a saber: (i) que la compa\u00f1\u00eda en menci\u00f3n omiti\u00f3 asumir el \u00abvalor de los equipos comprados por SERVIHOTELES S.A. con el monto del anticipo entregado por el precio de reventa como estaba pactado\u00bb; (ii) que la empresa demandada actu\u00f3 unilateralmente al encargar a \u00abBIENCO S.A.S. para que hiciera una valoraci\u00f3n de la inversi\u00f3n inicial realizada por SERVIHOTELES S.A., con clara y abierta violaci\u00f3n del contrato\u00bb; y (iii) no hubo pacto entre las contendientes para el \u00abretiro de los equipos\u00bb, sino lo acordado fue que la enjuiciada asumir\u00eda el \u00abvalor de reventa\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a la \u00abprueba testimonial\u00bb, la censora comenz\u00f3 por destacar lo narrado por Adriana Luc\u00eda Mendoza, quien mencion\u00f3 \u00ablos pormenores que tuvo la ejecuci\u00f3n del contrato, los problemas que surgieron una vez GRUPO ICT II S.A.S. dio por terminado el contrato por vencimiento del plazo inicial, c\u00f3mo fueron desalojados el d\u00eda previsto para la terminaci\u00f3n del contrato por las v\u00edas de hecho\u00bb, adem\u00e1s, relat\u00f3 \u00abc\u00f3mo se hizo la contrataci\u00f3n de BIENCO S.A. por parte de GRUPO ICT II S.A.S. para que hiciera un aval\u00fao que no se ce\u00f1\u00eda a lo pactado con el fin de adquirir los equipos de SERVIHOTELES S.A. a un precio irrisorio, caus\u00e1ndole un grave perjuicio patrimonial\u00bb e impidi\u00e9ndole \u00abla reventa de los equipos\u00bb y el reconocimiento de la \u00abinversi\u00f3n realizada en equipos y maquinaria por SERVIHOTELES S.A. para la debida ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, dijo que de la cr\u00f3nica de Luis Eduardo Vald\u00e9z se pod\u00eda extraer que la \u00abconvocatoria realizada por GRUPO ICT II S.A.S. (\u2026) se\u00f1alaba que la duraci\u00f3n del contrato era equivalente a la duraci\u00f3n de la obra y que \u00e9sta se realizar\u00eda en 42 meses\u00bb. <\/p>\n
Y de los deponentes Florentino Mesa y Jonny Brito, se infer\u00eda que Consorcio Servicios Quimbo -el nuevo prestador del suministro de alimentaci\u00f3n- continu\u00f3 haciendo uso de los enseres de la convocante \u00abdurante m\u00e1s dos (2) meses\u00bb despu\u00e9s de finalizado el v\u00ednculo negocial entre los litigantes. Es m\u00e1s, el \u00faltimo de los testigos referidos \u00abfue absolutamente claro al aceptar que ISAGEN S.A.-E.S.P. y la interventor\u00eda designada por ISAGEN S.A.-E.S.P. (\u2026) ejerc\u00eda[n] una supervisi\u00f3n constante sobre la ejecuci\u00f3n del contrato de alimentaci\u00f3n y aseo y hac\u00eda permanente solicitudes, requerimientos y exigencias sobre la prestaci\u00f3n de dichos servicios\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a los dict\u00e1menes periciales rendidos dentro de la causa, tras reproducir la valoraci\u00f3n hecha por el ad-quem con relaci\u00f3n a esas probanzas, la recurrente procedi\u00f3 a explicar con sus palabras cada una de sus conclusiones. <\/p>\n
As\u00ed, en cuanto a la experticia de Costanza Rold\u00e1n Garc\u00eda se present\u00f3 \u00abteniendo como soporte facturas, comprobantes y registros contables\u00bb, adicionalmente, \u00abobra certificaci\u00f3n que la contabilidad de SERVIHOTELES S.A. se lleva conforme a la ley y que por lo tanto su contabilidad constituye plena prueba en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, de ah\u00ed que, la afirmaci\u00f3n del perito Juan Carlos Arango \u00abno corresponde con la realidad procesal\u00bb. Sobre su \u00abalcance\u00bb y \u00abeficacia probatoria\u00bb, en dicho concepto t\u00e9cnico \u00abse hace una valoraci\u00f3n de la inversi\u00f3n realizada en equipos, m\u00e1quinas y dotaci\u00f3n, no incluye menaje, que asciende a la suma de (\u2026) $1.384\u2019093.075\u00bb, evaluaci\u00f3n apoyada en los \u00abregistros y soportes contables de SERVIHOTELES S.A.\u00bb tal y como lo asegur\u00f3 la experta, \u00abmanifestaci\u00f3n que tiene las caracter\u00edsticas de otorgamiento de fe p\u00fablica de conformidad con la ley que regula la profesi\u00f3n de contador p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
En lo tocante con el estudio de Javier Felipe Correa Parra \u00abgerente general y socio de la firma de contadores Asesores CIMA LTDA.\u00bb, para la casacionista, all\u00ed se llev\u00f3 a cabo un an\u00e1lisis del \u00abcontrato desde el momento de la convocatoria\u00bb hasta su culminaci\u00f3n, se tuvo en cuenta que su duraci\u00f3n era de 42 meses, que seg\u00fan la facturaci\u00f3n la demandante \u00e9sta obtuvo utilidades equivalentes a \u00ab$1.014\u2019075.020\u00bb y a partir de all\u00ed se calcularon las dejadas de recibir \u00abentre octubre 11 de 2011 y mayo 10 de 2014\u00bb, a consecuencia de la \u00abno pr\u00f3rroga de los contratos de suministro de alimentaci\u00f3n y del servicio integral de aseo\u00bb, las que ascendieron a \u00ab$846\u2019791.329\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, trajo a colaci\u00f3n el peritazgo de Juan Carlos Arango Nieto, del cual censur\u00f3 que desconoci\u00f3 las obligaciones pactadas en la cl\u00e1usula tercera del mentado negocio de suministro de alimentaci\u00f3n y que su an\u00e1lisis se enfoc\u00f3 a determinar los da\u00f1os sufridos por la convocada, tomando como base \u00abpresupuestos falsos\u00bb como, por ejemplo, que Grupo ICT II S.A.S. \u00abdebi\u00f3 desmontar\u00bb el mobiliario de la accionante \u00abpara que el nuevo proveedor pudiera prestar sus servicios\u00bb, o tambi\u00e9n que haya tenido en cuenta a t\u00edtulo de perjuicios el \u00abcosto del aval\u00fao que hizo BIENCO por instrucci\u00f3n de GRUPO ICT II S.A.S.\u00bb, la \u00abcl\u00e1usula penal\u00bb pese al \u00abincumplimiento\u00bb de \u00e9sta por la retenci\u00f3n \u00abarbitraria\u00bb de los equipos de propiedad de la actora y \u00abunos honorarios escandalosos pagados a la firma de abogados Brigard y Urrutia como apoderados de GRUPO ICT II S.A.S. en un proceso arbitral que solo lleg\u00f3 a la audiencia de conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 la censora en que dicho concepto se fundament\u00f3 en una \u00abinformaci\u00f3n sesgada\u00bb, pues se \u00abafirma de manera ligera e irresponsable que SERVIHOTELES S.A., no hizo la inversi\u00f3n por valor de (\u2026) $1.200\u2019000.000.oo\u00bb, de igual manera, \u00abconfunde la amortizaci\u00f3n del anticipo con el precio de reventa de los equipos que operaba si no hab\u00eda pr\u00f3rroga o hab\u00eda terminaci\u00f3n anticipada del contrato\u00bb, en fin, m\u00e1s se asemeja a un \u00abalegato de parte que carece de fundamentos f\u00e1cticos, t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos\u00bb, por ende, \u00abno se le puede atribuir ning\u00fan valor probatorio\u00bb. <\/p>\n
En lo referente al peritaje de Rafael Antonio Campos Guevara, repar\u00f3 en que sus conclusiones fueron similares al peritaje memorado, de hecho, se alleg\u00f3 a la contienda por fuera del t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 228 de la ley adjetiva para replicar el presentado por la convocante, de ah\u00ed, que no pod\u00eda tenerlo en cuenta el Tribunal \u00abal momento de proferir la sentencia de segunda instancia\u00bb. En todo caso, prosigui\u00f3 la recurrente, ese concepto t\u00e9cnico \u00abest\u00e1 completamente desenfocado por cuanto no desarroll\u00f3 los 10 puntos que constitu\u00edan el objeto de la prueba y se extralimit\u00f3 para producir un dictamen r\u00e9plica que no era su funci\u00f3n, de tal manera que, si le damos este \u00faltimo tratamiento, vale decir, como dictamen r\u00e9plica, este ser\u00eda extempor\u00e1neo y carente de valor y eficacia probatoria\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en sentir de la casacionista, \u00abexiste prueba suficiente y contundente\u00bb acerca del capital invertido por la accionante para el desarrollo del acuerdo de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb, a este respecto obra \u00abel informe elaborado por la contadora Constanza Rold\u00e1n Garc\u00eda\u00bb y el \u00abdictamen presentado por el perito Javier Felipe Correa Parra\u00bb, medios de convicci\u00f3n que dan cuenta del dinero empleado por la contratista para la ejecuci\u00f3n del mentado negocio y que asciende a la suma de \u00ab$1.384\u2019093.075.oo\u00bb, tasaci\u00f3n soportada en \u00abcomprobantes y soportes contables que obran en la contabilidad de SERVIHOTELES S.A.\u00bb. <\/p>\n
Pero aun cuando el dictamen aportado por la demandante se encuentre desprovisto de los soportes que ech\u00f3 de menos el ad-quem, para nada afecta \u00absu eficacia probatoria\u00bb, en tanto que la \u00abnorma procesal vigente\u00bb en ese entonces \u00abera el art\u00edculo 116 de la ley 1395 de 2010\u00bb, la cual \u00abno exig\u00eda que el experticio se acompa\u00f1ara de este tipo de documentos\u00bb, como en la actualidad s\u00ed lo ordena el canon 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al cierre de la acusaci\u00f3n, la impugnante puso en duda la condena del Tribunal en lo atinente a la suma de \u00ab$114.976.870\u00bb, como valor que pudo haber recibido la convocante por la recompra de los equipos, seg\u00fan la oferta que hizo el Consorcio Servicios Quimbo, pues, en opini\u00f3n de aquella, dicho importe es el resultado de un \u00abraciocinio confuso e ininteligible\u00bb, ya que \u00abno era matem\u00e1ticamente posible descontar lo ya amortizado para concluir que lo que debe reconocer y pagar la sociedad demandada es la parte amortizada del anticipo\u00bb, cuando, en realidad, \u00abel anticipo no amortizado es el resultado directo de que GRUPO ICT II S.A.S. no permitiera la reventa y el anticipo amortizado por valor de por valor de (\u2026) $114\u2019976.870.oo ya se lo hab\u00eda pagado SERVIHOTELES S.A. a GRUPO ICT II S.A.S. a trav\u00e9s de las distintas facturas que GRUPO ICT II S.A.S. le hab\u00eda cancelado a SERVIHOTELES S.A.\u00bb. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
La recurrente denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos \u00ab1494, 1502, 1546, 1602, 1608 y 1618\u00bb del C\u00f3digo Civil y \u00ab831, 870 y 871\u00bb del C\u00f3digo de Comercio, por \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, en particular del art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010\u00bb y del canon 68 de la normatividad mercantil que \u00abregula la eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio de los comerciantes\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, la infracci\u00f3n a los mandatos legales aludidos tuvo lugar porque el colegiado consider\u00f3 que no hab\u00eda prueba suficiente para demostrar la inversi\u00f3n realizada por la demandante para el desenvolvimiento del acuerdo de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb, no obstante, en el expediente reposaba el peritazgo elaborado por Constanza Rold\u00e1n Garc\u00eda, en el cual se atisba el monto utilizado por la convocante para aqu\u00e9l prop\u00f3sito y el que se encuentra \u00absoportado documentalmente en la contabilidad de SERVIHOTELES S.A. en calidad de comerciante y con el cumplimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia\u00bb. <\/p>\n
Ahora, dicho experticio, a juicio de la censora \u00abcumple a cabalidad con los requisitos de fondo y de forma establecidos en el art\u00edculo 116 de la ley 1395 de 2010\u00bb y tiene \u00abeficacia probatoria\u00bb, dado que no era obligatorio aportar los anexos y soportes base de su elaboraci\u00f3n, m\u00e1s aun cuando \u00abexiste certificaci\u00f3n al respecto de que la contabilidad de la empresa SERVIHOTELES S.A. se lleva conforme a la ley, por consiguiente, de acuerdo a lo dispuesto en el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo de Comercio debe tenerse que los libros, papeles de comercio, comprobantes y registros contables de SERVIHOTELES S.A. constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre s\u00ed, judicial o extrajudicialmente, norma que resulta plenamente aplicable al caso sub-examine\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aclar\u00f3 que el importe de la \u00abinversi\u00f3n realizada por SERVIHOTELES S.A. en equipos y maquinaria no corresponde propiamente a una indemnizaci\u00f3n\u00bb, sino que hace parte del \u00abcumplimiento de una obligaci\u00f3n principal de naturaleza contractual consignada en la cl\u00e1usula tercera del contrato accesorio de suministro de alimentaci\u00f3n\u00bb y que es imperativo su reintegro \u00abpor cuanto se trataba de una inversi\u00f3n inicial que deber\u00eda ser objeto de amortizaci\u00f3n en 42 meses y la terminaci\u00f3n del contrato a los 12 meses, al no ser prorrogado, frustr\u00f3 el proceso de amortizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017 de 7 de dic. Rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de nulidad). <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ago 1999, Rad. 4979; CSJ SC; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
En cuanto al error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00ba 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete al recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria infringida \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, desde el p\u00f3rtico se advierte que los cargos formulados no satisfacen los requisitos legales que jurisprudencial y legamente se tienen establecidos y por ello, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
3.1. Con relaci\u00f3n al primer y segundo embates, la impugnante acusa el fallo de segundo grado de haber infringido rectamente los art\u00edculos 1494, 1502, 1546, 1592, 1599, 1600, 1602, 1608 y 1618 del C\u00f3digo Civil; y 831, 867, 870 y 871 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En suma, para la censora, el tratamiento \u00abpost contractual\u00bb dado por el Juzgador plural a la cl\u00e1usula tercera del contrato de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb demandado, desconoci\u00f3 los mandatos legales aludidos, toda vez que las obligaciones all\u00ed contenidas hac\u00edan parte del cuerpo de ese pacto, por lo que deb\u00edan ser consideradas como estipulaciones negociales \u00abque hacen parte integral del contrato, pero cuya ejecuci\u00f3n y cumplimiento se difiere a la terminaci\u00f3n [de \u00e9ste]\u00bb, empero, la sentencia confutada err\u00f3 al estimar que lo all\u00ed acordado era \u00abajeno\u00bb al compromiso. De otro lado, denunci\u00f3 la existencia de un \u00aberror en la lectura de la cl\u00e1usula penal\u00bb, que condujo al sentenciador a concluir que esa disposici\u00f3n era de \u00abnaturaleza compensatoria\u00bb, cuando en verdad la voluntad de los negociantes fue sancionar el \u00abincumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del (..) contrato\u00bb y a \u00abresarcir perjuicios moratorios\u00bb. <\/p>\n
3.1.1. Mirada as\u00ed esas reprimendas, pronto se percibe falencias evidentes en su planteamiento. En primer lugar, las acusaciones carecen de claridad, porque trat\u00e1ndose de la causal primera, resulta imperioso encaminar la denuncia por alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento para su \u00e9xito, valga decir, si el supuesto desafuero del Tribunal se erigi\u00f3 en la equivocaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de la normatividad o debido a la falta de esta, o bien, a causa de la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los preceptos legales utilizados para zanjar la controversia. <\/p>\n
A ese respecto, se observa que en su arremetida la casacionista, aunque trascribi\u00f3 cada una de las pautas aludidas, olvid\u00f3 explicar c\u00f3mo y en qu\u00e9 medida la corporaci\u00f3n cometi\u00f3 los yerros que le achaca, esto es, si la discordia est\u00e1 cimentada en un error de aplicaci\u00f3n o no de las normas sustanciales o un desafuero en la hermen\u00e9utica de estas por parte del juez plural. No puede la Corte en este escenario subsanar tal omisi\u00f3n y por ensalmo enderezar la imputaci\u00f3n, cuando por averiguado se tiene que el fallo de segundo grado viene investido de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, la que corresponde derruir, exclusivamente, al impugnante. <\/p>\n
3.1.2. Pero a\u00fan, si la Sala dejara de lado tan importante labor y abordara el examen de la queja, de todos modos, todav\u00eda hallar\u00eda falencias en su planteamiento. N\u00f3tese que la opugnante encauz\u00f3 la embestida por la v\u00eda directa para mostrar su inconformidad frente a la interpretaci\u00f3n realizada por el ad-quem del convenio de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb atacado; en esa direcci\u00f3n, se lament\u00f3 porque el Juzgador concluy\u00f3, de un lado, que la cl\u00e1usula tercera de dicho compromiso era un mecanismo acordado por los negociantes destinado a producir efectos posteriores a la terminaci\u00f3n del pacto y, de otra parte, que la cl\u00e1usula penal se convino para resarcir anticipadamente los perjuicios a causa del incumplimiento. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge di\u00e1fano que el disgusto de la censora est\u00e1 fincado en el entendimiento que el Tribunal dio a las estipulaciones del negocio jur\u00eddico ajustado entre las partes, con lo que se incursion\u00f3 en el terreno probatorio, propio de la violaci\u00f3n indirecta. <\/p>\n
Sobre dicha tem\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ablos defectos de interpretaci\u00f3n de los contratos estructuran siempre un error de hecho, al decir que \u201cen los eventos en que surja un conflicto a prop\u00f3sito de la comprensi\u00f3n que ha de d\u00e1rsele a un contrato, a su cumplimiento o incumplimiento, la valoraci\u00f3n que haga el sentenciador es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que el legislador conf\u00eda a su discreta autonom\u00eda, de donde se desprende que el juicio que al respecto edifique es susceptible de echarse a pique\u2026en la medida en que brille al ojo que el alcance que le otorg\u00f3\u2026es absolutamente diferente del que ciertamente surge de su propio contenido\u201d\u00bb (resalta la Sala, CSJ SC 162 de 11 de jul. de 2005, Exp. 7725, reiterada el 21 de feb. de 2012, Exp. 2004-00649-01 y el 23 de oct. de 2013, Ref. 2007-00215-01; y recientemente en CSJ SC4139-2021, 27 oct. Rad. 2015-00164-01). <\/p>\n
Lo reiter\u00f3 en tiempos posteriores diciendo, que \u00aben lo que hace a la interpretaci\u00f3n de los contratos, los juzgadores de instancia gozan de discreta autonom\u00eda, de suerte que la conclusi\u00f3n a la que arriben no es susceptible de modificarse en casaci\u00f3n, salvo cuando de modo evidente quede demostrado que el sentenciador ad quem incurri\u00f3 en un error de hecho, \u201ccomo cuando supone estipulaciones que no existen, o niega o ignora las que existen o sacrifica su sentido con deducciones absurdas por opuestas a la l\u00f3gica elemental o al sentido com\u00fan\u201d (G.J. CXXXII CSJ SC del 21 de nov. de 1989, reproducida en sentencias del 7 de oct. de 1976, del 28 de ago. de 1928, y en G.J. SC del 22 de abr. de 1987 (G.J. CLIII, p\u00e1g. 154\u00bb (SC6823-2015 de 1\u00b0 de jun. Rad. 2008-00353-01; reiterado en CSJ SC4139-2021, 27 oct. Rad. 2015-00164-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en los dos primeros cargos la impugnante entremezcl\u00f3 las causales primera y segunda del art\u00edculo 344 de la ley adjetiva, pues cuestion\u00f3 la valoraci\u00f3n que hizo el sentenciador del contrato demandado a trav\u00e9s de la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, cuando debi\u00f3 dirigir su enojo mediante un ataque por la v\u00eda indirecta, con lo cual, se desconoce la regla prevista el literal a) del numeral 2\u00ba del canon mencionado, valga decir, \u00abTrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
3.1.3. Por otro lado, si las dos primeras censuras estaban guiadas a derruir la apreciaci\u00f3n del acuerdo de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb disputado, ha debido la recurrente, por lo menos, trascribir el contenido literal de las cl\u00e1usulas que, a su juicio, fueron indebidamente interpretadas y confrontarlas con el an\u00e1lisis que de ellas concibi\u00f3 el ad-quem, a fin de poner en evidencia el desatino cometido. En esa misi\u00f3n a la recurrente le incumb\u00eda demostrar que de la lectura de cl\u00e1usula tercera de aquel negocio no se derivaban el alcance \u00abpost-contractual\u00bb a que hizo referencia el fallo confutado, o, tal y como lo expuso en la segunda r\u00e9plica, que la voluntad de las partes al concertar la cl\u00e1usula penal fue sancionar el \u00abincumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del (..) contrato\u00bb y a \u00abresarcir perjuicios moratorios\u00bb, empero, lo que en verdad se advierte en el reparo, no es m\u00e1s que la postura subjetiva de la censora y la exposici\u00f3n de una inconformidad propia de un alegato de instancia. <\/p>\n
3.1.4. Adem\u00e1s, en el primer ataque la censora pone de presente que el juez plural desatendi\u00f3 \u00abde manera directa el art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil\u00bb, ya que hizo caso omiso de que el \u00abcontratante es un deudor en mora, por cuanto no cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n pactada en la cl\u00e1usula tercera del contrato de suministro de alimentaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino estipulado\u00bb, raz\u00f3n por la cual, la naturaleza del detrimento padecido por la demandante es \u00abmoratoria y no simplemente compensatoria\u00bb. Sin embargo, tal y como se encuentra esbozada esa molestia, no supera el examen para ser admitida, en la medida en que, su argumentaci\u00f3n es exigua, la casacionista efect\u00faa una alegaci\u00f3n apta para ser expuesta en las instancias, amen que se dedica a enunciar un punto sustancial sin siquiera razonar por qu\u00e9 en el caso examinado el juzgador deb\u00eda acudir a lo establecido en el mandato aludido. <\/p>\n
En adici\u00f3n de lo dicho, del estudio de la sentencia cuestionada tampoco se atalaya que el ad-quem haya finiquitado de manera tajante que el da\u00f1o sufrido por la convocante fuera \u00absimplemente compensatoria\u00bb como lo afirma la impugnante, menos a\u00fan, \u00e9sta ejecuta la labor de carear las cavilaciones del fallo aludido con los razonamientos formulados en la acusaci\u00f3n, para de ah\u00ed poner de manifiesto la pifia del juzgador. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la refutante recrimina al colegiado la transgresi\u00f3n recta del art\u00edculo 871 del C\u00f3digo de Comercio, toda vez que no se acredit\u00f3 la inversi\u00f3n realizada por la accionante para la ejecuci\u00f3n del contrato de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb, por lo que se produjo un enriquecimiento sin causa a favor de la compa\u00f1\u00eda opositora, empero, dicha cuesti\u00f3n no fue propuesta en la segunda instancia como motivo de desaz\u00f3n de la apelante, de ah\u00ed que, la Corte no pueda adentrarse al an\u00e1lisis de ese t\u00f3pico por expresa disposici\u00f3n de lo establecido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 346 de la nueva ley de enjuiciamiento civil. <\/p>\n
3.1.5. Algo m\u00e1s hay que a\u00f1adir. La segunda acusaci\u00f3n no combate la totalidad de los argumentos empleados por el sentenciador para desestimar la procedencia de la cl\u00e1usula penal pactada por los contendientes en el compromiso de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb demandado. Y ello es as\u00ed porque, si bien el Tribunal emprendi\u00f3 el estudio de los art\u00edculos 1594 del C\u00f3digo Civil y 867 del C\u00f3digo de Comercio para ultimar que de dicha disposici\u00f3n negocial emanaban consecuencias resarcitorias, lo cierto es que, desestim\u00f3 la procedencia de esta estipulaci\u00f3n en tanto que sus efectos se agotaron por la terminaci\u00f3n del plazo convenido para la ejecuci\u00f3n de las obligaciones del acuerdo acusado. Al rompe, se advierte que nada de lo dicho por la refutante roza con el an\u00e1lisis realizado por el Tribunal a ese respecto, de ah\u00ed que, el cargo sea incompleto. <\/p>\n
3.2. La tercera querella no corre mejor suerte que las anteriores como pasa a verse. <\/p>\n
Como se recuerda, la inconforme endilg\u00f3 al superior el quebranto directo de los art\u00edculos 845, 846 y 855 de la ley mercantil, \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb, pues, en su sentir, no tuvo en cuenta que la demandante acept\u00f3 el plazo de duraci\u00f3n de los contratos demandados, inicialmente ofertado por la empresa demandada en \u00abcuarenta y dos (42) meses\u00bb, no obstante, a la firma de aquellos se desatendi\u00f3 la propuesta y se acord\u00f3 en un a\u00f1o, con lo cual se rompi\u00f3 el equilibrio contractual\u00bb. Adem\u00e1s, en el \u00absub-lite no obra prueba alguna que permita inferir aceptaci\u00f3n condicional o extempor\u00e1nea\u00bb de una nueva propuesta como lo estim\u00f3 el ad-quem, en t\u00e9rminos de lo establecido en el art\u00edculo 855 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Aqu\u00ed la opugnante nuevamente entremezcla las causales primera y segunda de casaci\u00f3n (art\u00edculo 336 CGP), en la medida en que la pendencia se orient\u00f3 a cuestionar la apreciaci\u00f3n de la oferta realizada por la enjuiciada para la celebraci\u00f3n de los compromisos objeto de disputa, aspecto que, como ya se dijo en p\u00e1rrafos atr\u00e1s, debi\u00f3 ser alegado por la senda indirecta, ya que pone en duda el razonamiento dado por el Juzgador a las tratativas preliminares que desembocaron en la suscripci\u00f3n de los acuerdos directamente acusados, entendimiento que, sin duda, no puede ser cuestionado por el sendero seleccionado. <\/p>\n
3.3. En cuanto a la cuarta denuncia, la Sala encuentra que tal y como est\u00e1 planteada, luce harto deficiente en el prop\u00f3sito de destruir los pilares sobre los que est\u00e1 fundamentada la sentencia confutada. <\/p>\n
La casacionista comienza su arremetida achac\u00e1ndole al Tribunal la comisi\u00f3n de errores de hecho, porque no observ\u00f3 la \u00abprueba documental\u00bb obrante en el expediente, la cual, en su sentir, demostraba los \u00abt\u00e9rminos de la convocatoria\u00bb realizada por la compa\u00f1\u00eda demandada para la suscripci\u00f3n de los compromisos atacados, la autorizaci\u00f3n dada por \u00e9sta a un tercero para la ejecuci\u00f3n de dichos acuerdos, el estado del mobiliario de su propiedad y que fue usado por el nuevo prestador de los servicios contratados. <\/p>\n
Enseguida, la censora tambi\u00e9n le atribuye al colegiado yerros f\u00e1cticos en la valoraci\u00f3n del interrogatorio de parte del representante legal de Grupo ICT II S.A.S., las declaraciones de Adriana Luc\u00eda Mendoza, Luis Eduardo Vald\u00e9z, Florentino Mesa y Jonny Brito, a quienes les consta los pormenores de la celebraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y los efectos posteriores a la terminaci\u00f3n del contrato de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb confutado. <\/p>\n
Luego, con sus palabras, expone las conclusiones de los peritajes practicados dentro de la causa con el fin de hacer ver que las experticias rendidas por Costanza Rold\u00e1n Garc\u00eda y Javier Felipe Correa Parra, en efecto, dan cuenta del monto del capital invertido por ella para la ejecuci\u00f3n del mentado negocio, los cuales est\u00e1n soportados en \u00abcomprobantes y soportes contables que obran en la contabilidad de SERVIHOTELES S.A.\u00bb. <\/p>\n
Atendiendo el planteamiento de tales acusaciones no es posible para la Corte admitir su estudio, pues, si el prop\u00f3sito de la inconforme era enrostrar la comisi\u00f3n de equivocaciones f\u00e1cticas en la evaluaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n enunciados, ha debido demostrar el desatino cometido por el Tribunal, esto es, enunciar cada una de las probanzas supuestamente dejadas de lado, se\u00f1alar su contenido puntual y confrontarlo con las conclusiones expuestas en la determinaci\u00f3n acusada, empero, ese labor\u00edo se extra\u00f1a en la s\u00faplica casacional, pues lo que se observa es una mera cr\u00edtica subjetiva a los razonamientos sobre los que descansa la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la impugnante encamin\u00f3 el ataque a exponer su propia interpretaci\u00f3n de lo que se deduce de los documentos referidos, lo atestiguado por el representante legal de Grupo ICT II S.A.S., Adriana Luc\u00eda Mendoza, Luis Eduardo Vald\u00e9z, Florentino Mesa y Jonny Brito y de lo examinado en las experticias practicadas, sin que hiciera una tarea comparativa entre esa particular visi\u00f3n con la ponderaci\u00f3n del juez plural, a fin de poner de manifiesto el \u00aberror de hecho\u00bb perpetrado, de donde se colige que, en verdad, la inconformidad es con las conclusiones del prove\u00eddo. <\/p>\n
Adicional a ello, no existe una refriega frontal entre el contenido literal del documento contentivo de la propuesta negocial y las restantes probanzas con los argumentos del sentenciador sobre su valoraci\u00f3n, mucho menos, un trabajo intelectivo capaz de demostrar el supuesto error en que se incurri\u00f3 en la evaluaci\u00f3n de esos elementos de convicci\u00f3n, siendo insuficiente, iterase, la exposici\u00f3n escueta y subjetiva de la refutante en torno a la intenci\u00f3n de los contratantes en el desarrollo y en el desenlace del acuerdo de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb enjuiciado. <\/p>\n
3.4. Ahora bien, en el ep\u00edlogo del cuarto cargo y en el quinto cargo se acusa al juzgador de segundo grado de haber infringido indirectamente la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho \u00abderivado del desconocimiento de una norma probatoria, en particular del art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010\u00bb y del canon 68 de la normatividad mercantil que \u00abregula la eficacia probatoria de los libros y papeles de comercio de los comerciantes\u00bb. <\/p>\n
Para la casacionista, si bien no se adjuntaron los documentos que apoyaban los resultados del dictamen aportado por la demandante para acreditar la inversi\u00f3n realizada por la accionante en el desarrollo del convenio de \u00absuministro de alimentaci\u00f3n\u00bb demandado, esa omisi\u00f3n no afectaba su \u00abeficacia probatoria\u00bb, toda vez que para el momento en que se arrim\u00f3 ese experticio, estaba vigente el art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 20102, el cual solamente exig\u00eda aportar los soportes que demostraran la idoneidad, la experiencia y la informaci\u00f3n del perito. Con todo, en opini\u00f3n de la censora, el peritaje se realiz\u00f3 con base en los \u00ablibros, papeles de comercio, comprobantes y registros contables de SERVIHOTELES S.A.\u00bb, los que \u00abconstituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre s\u00ed, judicial o extrajudicialmente\u00bb, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 68 del C\u00f3digo de Comercio3. <\/p>\n
Vista as\u00ed el reproche, pronto se advierte su falta de aptitud y procedencia en esta sede extraordinaria, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.4.1. En primer lugar, la recurrente es consciente de que los documentos echados de menos por el sentenciador no fueron adjuntados con el dictamen allegado por la parte convocante, lo que quiere decir que no est\u00e1n en el proceso, -para emplear las palabras del juzgador- \u00absolo se aport\u00f3 el informe elaborado por Constanza Rold\u00e1n Garc\u00eda, que adolece de cualquier soporte adicional, pese a que en la audiencia de pruebas adelantada en este tribunal manifest\u00f3 que s\u00ed los entreg\u00f3 a la demandante y desconoce por qu\u00e9 no obran en el expediente\u00bb. Por supuesto que en su ataque, la opugnante no indic\u00f3 por parte alguna los que den cuenta o acrediten la inversi\u00f3n que alega haber realizado Servihoteles S.A. para la ejecuci\u00f3n del objeto contractual, s\u00f3lo se dedic\u00f3 a lo largo de su sustentaci\u00f3n a afirmar que para eso la empresa demandante lleva juiciosamente su contabilidad, sin revelar \u2013porque no obran materialmente en el legajo- cu\u00e1les son esos folios que no apreci\u00f3 el ad-quem y en los que se fundament\u00f3 el concepto t\u00e9cnico. <\/p>\n
3.4.2. Y aunque el derogado art\u00edculo 116 de la Ley 1395 de 2010, en estrictez, no establec\u00eda la obligaci\u00f3n de acompa\u00f1ar los documentos fundamento del experticio, lo cierto es que era deber del Tribunal apreciar ese elemento de convicci\u00f3n \u00abde acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb, conforme lo previsto en el art\u00edculo 232 del C\u00f3digo General del Proceso, de ah\u00ed que, el yerro imputado carezca de trascendencia, m\u00e1xime cuando sobre esa tem\u00e1tica la Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab\u2018es verdad consagrada la de que uno de los requisitos sine qua non (…) que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda ser admitido como prueba de los hechos sobre que versa, consiste en que sea debidamente fundamentado; y que compete al juzgador apreciar con libertad esta condici\u00f3n, dentro de la autonom\u00eda que le es propia, no obstante que el dictamen no haya sido materia de tacha u objeci\u00f3n de las partes en el traslado correspondiente\u2019 (se subraya), o de que el reproche en tal sentido formulado, hubiese sido desestimado, se a\u00f1ade ahora\u00bb (CSJ SC3941-2020, 19 oct., rad. 2011-00643-01). <\/p>\n
4. Tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
5. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las acusaciones y, por ende, de la s\u00faplica en sede extraordinaria. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Derogado por el literal c) del art\u00edculo 626 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
3\u0002 Derogado por el literal c) del art\u00edculo 626 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC756-2022 (2014-00352-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC756-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-024-2014-00352-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61726"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61726\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}