AC757-2022 (2018-00244-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC757-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-31-03-003-2018-00244-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Marina Guti\u00e9rrez G\u00f3mez para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 17 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso verbal de declaraci\u00f3n de sociedad civil de hecho, promovido por la recurrente contra Juan Diego Naranjo Guti\u00e9rrez, Mariana Naranjo Guti\u00e9rrez, Catalina Naranjo Hern\u00e1ndez, Marcela Mar\u00eda Naranjo Hern\u00e1ndez, Juan Jacob Naranjo Orozco y los herederos indeterminados de Diego Naranjo P\u00e9rez (q.e.p.d.). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Marina Guti\u00e9rrez demand\u00f3 a los herederos determinados e indeterminados de Diego Naranjo (q.e.p.d.), a fin de que se declarara que entre el causante y aquella se constituy\u00f3 una sociedad civil de hecho, en raz\u00f3n de haber tenido una relaci\u00f3n de pareja desde el 6 de diciembre de 1986 hasta el 28 de octubre de 2008, fecha en la que aquel falleci\u00f3 y, en consecuencia, se disponga su disoluci\u00f3n para reclamar la liquidaci\u00f3n dentro de la causa sucesoral correspondiente (archivo 03, cno. 1, expediente digital). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. La accionante sostuvo que su compa\u00f1ero sentimental estuvo casado con Carmen Rosa Hern\u00e1ndez desde el 9 de junio de 1973. Fruto de esa uni\u00f3n, nacieron Catalina y Marcela Naranjo Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
2. El 12 de agosto de 1986, la referida pareja se separ\u00f3 de cuerpos y disolvi\u00f3 la sociedad conyugal, liquidada sin activos ni pasivos el 24 de junio de 2008, mediante escritura p\u00fablica No. 4741, otorgada ante la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo Notarial de Manizales. <\/p>\n
3. El 6 de diciembre de 1986, se cas\u00f3 con Diego Naranjo en el estado de T\u00e1chira (Venezuela), iniciando una convivencia formal que, seg\u00fan afirm\u00f3, perdur\u00f3 hasta el fallecimiento de aquel. Durante ese tiempo adquirieron bienes ra\u00edces (apartamentos, consultorios, garajes, lotes, casas de campo) y algunos t\u00edtulos y acciones en clubes; asimismo, procrearon a Juan Diego y Mariana Naranjo Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
4. El 26 de junio de 2014 se declar\u00f3 nulo el v\u00ednculo matrimonial de \u00edndole civil, en virtud de la demanda radicada por Catalina y Marcela Mar\u00eda Naranjo Hern\u00e1ndez, hijas del matrimonio de Diego con Mar\u00eda del Carmen Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
5. Se\u00f1al\u00f3 que \u201cdurante todo el tiempo desde el inicio de la relaci\u00f3n, y la celebraci\u00f3n del v\u00ednculo hasta la fecha de la muerte de DIEGO NARANJO P\u00c9REZ, los ciudadanos NARANJO GUTI\u00c9RREZ no solo construyeron una convivencia bajo el convencimiento de la existencia de un matrimonio legal y v\u00e1lido en Colombia, reconocido socialmente como se tiene probado en algunos tr\u00e1mites judiciales (\u2026) trabajaron de manera aunada a fin de conformar un patrimonio s\u00f3lido en favor de los dos y en procura de un bienestar para sus herederos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Destac\u00f3 que dicho trabajo, en su caso \u201c(\u2026) se represent\u00f3 en su labor como profesional de la medicina, quien al lado de DIEGO NARANJO P. tambi\u00e9n m\u00e9dico especializado en cirug\u00eda pl\u00e1stica, conformaron una actividad social durante muchos a\u00f1os, que permiti\u00f3 todo un desarrollo econ\u00f3mico, labor conjunta profesional que se reflej\u00f3 gracias a los ahorros en inversiones, fundamentalmente en bienes muebles e inmuebles, t\u00edtulos financieros en empresas y cl\u00ednicas, no solo para el adecuado desarrollo profesional, sino para el bienestar econ\u00f3mico de su familia, acompa\u00f1ado de una labor de hogar como concubina y madre (\u2026)\u201d, (ib.). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. La postulaci\u00f3n inicial fue admitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales el 3 de diciembre de 2018 (archivo 08, ib.). <\/p>\n
2. Las convocadas Marcela y Catalina Naranjo Hern\u00e1ndez se opusieron a la prosperidad de la acci\u00f3n aduciendo que Diego Naranjo, ten\u00eda sociedad conyugal vigente con su primera esposa; adem\u00e1s, que los bienes fueron adquiridos exclusivamente por \u00e9l, y la convivencia con la demandante solo tuvo lugar entre 1986 y 1995 o 1996. <\/p>\n
2.1. A\u00f1adieron que el 28 de agosto de 2001, su padre contrajo matrimonio civil con Sandra Mar\u00eda Orozco, v\u00ednculo que fue declarado nulo el 22 de abril de 2002; posteriormente, el 6 de junio de 2007, se uni\u00f3 en matrimonio con Clara Juliana Mar\u00edn Gonz\u00e1lez, v\u00ednculo que tambi\u00e9n qued\u00f3 sin efectos el 13 de diciembre del mismo a\u00f1o. Dichas uniones, resaltaron, descartan la reclamada por Marina. <\/p>\n
2.2. Como resguardo de su defensa, plantearon los medios exceptivos que denominaron: a) Prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n; b) Inexistencia de la sociedad civil de hecho entre concubinos; c) inexistencia de los presupuestos para constituir una sociedad civil de hecho; d) enriquecimiento sin causa y e) mala fe (archivo 33, ib.). <\/p>\n
3. Juan Jacobo Naranjo Orozco, Diego y Mariana Naranjo Guti\u00e9rrez no se opusieron al petitum de la demanda (archivos 22, 30 y 31, ib.). <\/p>\n
4. El curador ad litem de los herederos indeterminados manifest\u00f3 atender lo que resultara probado en el proceso. <\/p>\n
5. Mediante sentencia de 18 de enero de 2021, el juzgador de primer grado desestim\u00f3 los ruegos de la reclamante al considerar que, aunque se prob\u00f3 el concubinato, como no comporta un estado civil, proced\u00eda reclamar en la sucesi\u00f3n el valor de los aportes a la sociedad, la cual no se declar\u00f3 en ausencia de indicaci\u00f3n de los bienes que la integraban y los porcentajes de propiedad de la demandante. <\/p>\n
6. Al ser apelada esa resoluci\u00f3n por la promotora del tr\u00e1mite, en fallo de 17 de agosto siguiente, el Tribunal la confirm\u00f3. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
El ad-quem aval\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo al encontrar que, si bien fue acreditada la existencia de una relaci\u00f3n sentimental entre Marina y el fallecido Diego Naranjo entre diciembre de 1986 y el 28 de agosto de 2001, fecha en que contrajo nupcias con Sandra Mar\u00eda Orozco, no se demostr\u00f3 el esfuerzo mancomunado para la configuraci\u00f3n de la pretendida sociedad civil. <\/p>\n
Las declaraciones recepcionadas dieron cuenta de la ayuda profesional entre la pareja, pero no de la conformaci\u00f3n del aludido v\u00ednculo, pues descartaron el poder de manejo y direcci\u00f3n en cabeza de la actora, quien tan solo ten\u00eda acceso a los dineros recaudados para su distribuci\u00f3n entre las diversas compa\u00f1eras sentimentales del causante y el pago de las obligaciones que surg\u00edan en cada familia, sin que se hubiere probado alg\u00fan aporte en dinero o trabajo realizado por la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez, en pro de la adquisici\u00f3n de las propiedades. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el silencio de la convocante en el momento en que la secretaria del se\u00f1or Naranjo reparti\u00f3 los t\u00edtulos y dinero en efectivo entre los hijos y esposas, sin que reclamara la calidad de socia que ahora alega, equivale a una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la ausencia de sociedad econ\u00f3mica con el fallecido. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 en la falta de consentimiento expreso o t\u00e1cito que revele la intenci\u00f3n de asociarse de Diego y Marina, o de los esfuerzos ejecutados para la constituci\u00f3n de la invocada sociedad, ni mucho menos, de los aportes en dinero de aquella para la adquisici\u00f3n de bienes (archivo 16, cno. Tribunal, expediente digital). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado, la demandante imput\u00f3 tres cargos, con apoyo en las dos primeras causales consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Recrimin\u00f3 la lesi\u00f3n directa de los art\u00edculos 98, 100, 498, 499, 503 y 505 del C\u00f3digo de Comercio; 2083 del compendio civil; 12, 16, 38 y 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Para soportar su acusaci\u00f3n, sostuvo que el juzgador ad quem interpret\u00f3 equivocadamente el art\u00edculo 100 del estatuto mercantil, al separar el estudio de los presupuestos de la sociedad de hecho, del v\u00ednculo familiar y marital existente entre la pareja. <\/p>\n
Acus\u00f3 al enjuiciador de quebrantar la norma sustancial, al desconocer la jurisprudencia de la Corte e interpretar restrictivamente el mencionado precepto, pues, en su sentir, se limit\u00f3 a hacer un an\u00e1lisis de car\u00e1cter comercial que no ten\u00eda cabida en el proceso, rompiendo as\u00ed con la seguridad jur\u00eddica, la igualdad, la buena fe y la confianza leg\u00edtima. Ello, por cuanto no hab\u00eda raz\u00f3n para enunciar en el fallo \u00edtems como: registro de aportes, balances de p\u00e9rdidas y utilidades, reparto de beneficios y diferencias en el negocio inmobiliario. <\/p>\n
As\u00ed mismo reclam\u00f3 la falta de aplicaci\u00f3n de los mandatos 2083, del C.C.; 98, 498, 499, 503, 505 del C.Co.; 13, 16, 38, 42 y 43 de la Carta Magna. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Adujo el quebranto indirecto de los mismos c\u00e1nones citados como sustanciales en la primera acusaci\u00f3n, a causa de errores de derecho originados en el desconocimiento de normas de car\u00e1cter probatorio (arts. 7\u00ba y 176 del C.G.P.). Al efecto indic\u00f3 que en el fallo: <\/p>\n
i) No se aplic\u00f3, siendo necesario, el canon 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, que impone al juez la carga de atender la doctrina probable, pues, de haberlo hecho, la decisi\u00f3n hubiese sido consonante con los distintos pronunciamientos de la Corte, en que le ha dado reconocimiento constitucional a la concubina, e importancia a la relaci\u00f3n existente entre el v\u00ednculo familiar y el societario, que resguardan la coexistencia entre la sociedad conyugal y la de concubinos, sin que la vigencia de aquella excluya la segunda, en tanto, lo \u00fanico prohibido por el legislador es la concurrencia de sociedades universales. <\/p>\n
En ese orden, pese a encontrar probada la relaci\u00f3n amorosa entre la demandante y el se\u00f1or Naranjo, el fallador de segundo grado excedi\u00f3 el prop\u00f3sito del litigio al reclamar la prueba de las contribuciones econ\u00f3micas de aquella para la adquisici\u00f3n de los inmuebles, la forma en que fueron negociados y de los esfuerzos realizados para configurar la sociedad. <\/p>\n
De apreciar el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Comercio, de cara a una valoraci\u00f3n fundada en el precepto 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, se habr\u00edan advertido los elementos necesarios para tener por configurada la sociedad de hecho y, el consecuente surgimiento y vigencia del patrimonio mutuo. <\/p>\n
ii) Se omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 176 del estatuto adjetivo al dejar de valorar algunas pruebas y estimar otras de manera aislada, aunado al hecho de pasar por alto la exposici\u00f3n del m\u00e9rito asignado a cada elemento demostrativo. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal fij\u00f3 como fecha de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n entre el se\u00f1or Naranjo y la convocante el 28 de agosto de 2001, por haber sido la data en que aquel se cas\u00f3 con Sandra Mar\u00eda Orozco; no obstante, si hubiera apreciado el testimonio de M\u00e9lida Valencia, secretaria del fallecido, habr\u00eda concluido que la actora fue reconocida como su esposa hasta el d\u00eda del deceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el ad quem incumpli\u00f3 el deber de analizar los medios suasorios en conjunto, puntualmente en cuanto ata\u00f1e a la apreciaci\u00f3n del acta de entrega, en que la secretaria del de cujus puso a disposici\u00f3n de los dem\u00e1s hijos los dineros en efectivo y t\u00edtulos bajo su custodia, pues, no la falta de objeci\u00f3n a ese acto no correspond\u00eda a una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la ausencia de sociedad entre la promotora de la acci\u00f3n y el causante, sino a una realidad que ella nunca neg\u00f3, esto es, el \u201ccompartir con sus otros hijos, con la primera esposa y con la madre de su \u00faltimo hijo, bienes y servicios (\u2026) por eso no era de extra\u00f1ar que todos comparecieran para ser testigos de la entrega de los bienes muebles existentes al momento de la muerte de aquel\u201d. <\/p>\n
Resalt\u00f3 la coincidencia de los testigos en cuanto al manejo conjunto de los dineros y bienes, circunstancia que, a su juicio, descarta la ausencia de prueba del \u00e1nimo asociativo de la pareja. La exigencia de contribuci\u00f3n en dinero de la accionante y la forma en que se negociaron los bienes ra\u00edces adquiridos durante la uni\u00f3n es un exabrupto \u201ctrat\u00e1ndose, como se trata, de una sociedad de hecho surgida por el v\u00ednculo marital que inicialmente fue formal y luego deriv\u00f3 de uni\u00f3n libre\u201d. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Acus\u00f3 la sentencia cuestionada de violar indirectamente los mismos preceptos que calific\u00f3 de sustanciales durante en los embates anteriores, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n recaudados, concretamente las declaraciones testimoniales, el fallo emitido en el tr\u00e1mite pensional y el acta de entrega de pertenencias del causante. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, las declaraciones de Juan Diego, Mariana y Juan Jacobo Naranjo permiten colegir que la pareja estuvo unida hasta el a\u00f1o 2008 en que falleci\u00f3 Diego y no finaliz\u00f3 su relaci\u00f3n en agosto de 2001, cuando contrajo nupcias con Sandra Mar\u00eda Orozco, y de acuerdo con los testigos M\u00e9lida Valencia, Jos\u00e9 Fernando Acevedo, Luz Mery Clavijo, Lida Cristina Meisel, Orlando Ocampo Forero y otros, seg\u00fan los cuales la pareja se conoci\u00f3 en el a\u00f1o 1985 y estuvo unida hasta la muerte de Diego. <\/p>\n
De otra parte, el Tribunal no valor\u00f3 la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso de reclamaci\u00f3n pensional instaurado por la actora, decisi\u00f3n en que se afirm\u00f3 que la convivencia de la pareja Naranjo Guti\u00e9rrez perdur\u00f3 hasta el fallecimiento de Diego, el 28 de octubre de 2008, aserci\u00f3n que reafirma la hoja de vida del Club de Manizales, donde Marina aparece como su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
En cambio, le otorg\u00f3 pleno m\u00e9rito demostrativo al testimonio mentiroso de Claudia Milena Orozco sobre la convivencia de su hermana Sandra Mar\u00eda Orozco con Diego Naranjo por m\u00e1s de nueve a\u00f1os, desconociendo, adem\u00e1s, las pruebas que evidenciaban que el matrimonio Naranjo Orozco no afect\u00f3 la convivencia del fallecido con la reclamante y lo declarado por los deponente en torno de \u201clas actividades lucrativas conjuntas e individuales de cada uno durante dicha uni\u00f3n; de las actividades l\u00fadicas compartidas; del fondo com\u00fan que se constituy\u00f3 para recaudar los ingresos de ambos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, insisti\u00f3 en la equivocaci\u00f3n del ad quem en la apreciaci\u00f3n del acta de entrega de los dineros y pertenencias que se encontraban en el consultorio m\u00e9dico del causante, por las mismas razones esbozadas en el ataque precedente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa es su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en el examen de fondo de la censura, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 1\u00b0 nov. 2013, rad. 2009-00700-01, reiterado en CSJ AC703-2020, 2 mar., rad. 2015-00192-01). <\/p>\n
As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC1427-2020, 12 feb., rad. 2015-00461-01). <\/p>\n
2. Al confutarse las sentencias por errores in iudicando, se reprocha la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). En tanto, cuando se acusan yerros in procedendo, el ataque se dirige contra la indebida construcci\u00f3n del proceso por infracci\u00f3n de las normas que lo regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
2.1. Trat\u00e1ndose de la violaci\u00f3n de normas sustanciales, sea que el reproche descanse en una presunta infracci\u00f3n recta v\u00eda o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido. <\/p>\n
Es necesario recalcar que, a riesgo de la inadmisi\u00f3n y deserci\u00f3n del libelo, no puede el recurrente sustraerse de especificar aquellos con esa calidad; siendo tales, los que \u00abdebido a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299-01; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01; CSJ AC3661-2020,18 dic., rad. 2018-00094-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s de la anotada connotaci\u00f3n de las normas presuntamente transgredidas, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia impugnada, a tal punto que las invocadas en la demanda fueron soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, en criterio del opugnante, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u00abel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299-01; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01). <\/p>\n
En ese orden, la selecci\u00f3n de los preceptos en que el acusador funde su reproche no puede ser caprichosa \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (CSJ AC2386-2019, 20 jun., rad. 2015-00692-01). <\/p>\n
2.1.1. Cuando se acude a la causal primera para denunciar el quebranto de los preceptos normativos, se reclama al censor exponer los fundamentos de su cuestionamiento, a fin de dejar al descubierto la contravenci\u00f3n endilgada al sentenciador, sin que sea v\u00e1lido reprochar la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En tal sentido, ha reiterado esta sede extraordinaria que cuando se alega el indicado motivo, el casacionista \u00abno puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el Tribunal. En tal evento, la actividad del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que consider\u00f3 no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u00bb (CSJ AC752-2020, 4 mar., rad. 2016-00144-01). <\/p>\n
2.1.2. Si de la infracci\u00f3n indirecta de mandatos materiales se trata, a m\u00e1s de la invocaci\u00f3n de aquellos, se le impone al inconforme la carga de describir la manera como el enjuiciador los transgredi\u00f3, efecto para el cual, deber\u00e1 refutar los razonamientos basilares de la decisi\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n, la valoraci\u00f3n de los elementos de juicio, se\u00f1alar la incidencia de los errores cometidos en la resoluci\u00f3n del litigio, y la forma en que estos condujeron al quebranto de los preceptos invocados, poniendo en evidencia la inconsistencia entre el genuino alcance y contenido de las pruebas y las conclusiones de la providencia impugnada. <\/p>\n
Adicionalmente, es preciso reparar en que \u00abno cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda el del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u00bb (CSJ SC1905-2019, 4 jun., rad. 2011-00271-01, reiterado en CSJ SC003-2021, 18 ene., rad. 2010-00682-01). <\/p>\n
3. Confrontados los ataques con los par\u00e1metros que vienen de citarse, la Sala encuentra que ninguno de los formulados satisface los requisitos legales establecidos y, por tanto, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
3.1. Se\u00f1al\u00f3 la impugnante en la primera acusaci\u00f3n que la decisi\u00f3n cuestionada revela el quebranto del art\u00edculo 100 del compendio mercantil, como consecuencia de la indebida interpretaci\u00f3n que de aquel se hizo, pues, a su juicio, no debi\u00f3 escindirse el estudio de los presupuestos de la sociedad de hecho del v\u00ednculo familiar y marital existente entre la pareja conformada por ella y Diego Naranjo. <\/p>\n
Sin embargo, pas\u00f3 por alto la inconforme que, como se advirti\u00f3 al comienzo de estas consideraciones, cuando se acude a la causal primera de casaci\u00f3n, es imperativo hacerlo con la certeza de que la norma que se aduce quebrantada es de tipo sustancial, car\u00e1cter que no se deduce del contenido de la citada, toda vez que alude al r\u00e9gimen aplicable a todo tipo de sociedades, puntualmente, a la sujeci\u00f3n que debe hacerse a la normatividad mercantil, en torno a los asuntos que surjan en temas societarios, bien sean civiles o comerciales, es decir, no crea, modifica ni extingue alg\u00fan derecho de contenido material. <\/p>\n
Y es que aun soslayando la ausencia de esa esencial caracter\u00edstica (ser sustancial), el cuestionamiento luce desenfocado, porque se\u00f1al\u00f3 la casacionista que la indebida interpretaci\u00f3n alegada surgi\u00f3 al \u201cno considerar (\u2026) la copiosa jurisprudencia que gira alrededor de la hermen\u00e9utica correcta que de dicha norma dimana cuando una sociedad de hecho, de las all\u00ed referidas, deviene de un v\u00ednculo marital no formal (\u2026)\u201d, en tanto lo que determin\u00f3 la frustraci\u00f3n de las pretensiones fue el incumplimiento de los par\u00e1metros establecidos para el tipo de acci\u00f3n impetrada, que no, la aplicaci\u00f3n de las disposiciones mercantiles, pues las exigencias de la acci\u00f3n ya est\u00e1n definidas, lo que implica, que el precepto en que finc\u00f3 su acusaci\u00f3n no es de los que estructuran el asunto. <\/p>\n
S\u00famese a lo expresado, que tales pronunciamientos, al amparo de la causal primera, no pueden servirle de apoyo al cargo, dado que descarta cuestionamientos de tipo probatorio como, en efecto, resulta ser el an\u00e1lisis jurisprudencial supuestamente omitido, lo que pone de manifiesto la confusi\u00f3n de v\u00edas en que incurre la quejosa. <\/p>\n
3.1.1. En el mismo embate se doli\u00f3 la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez del quebranto directo por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 98, 498, 499, 503 y 505 del C\u00f3digo de Comercio; 2083 del C\u00f3digo Civil; 12, 16, 38 y 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, se limit\u00f3 a su enunciaci\u00f3n, sin realizar, como corresponde, la exposici\u00f3n de las razones que, en su criterio, hac\u00edan necesario el estudio del caso a la luz de aquellos preceptos; la forma en la que hubiesen variado cada una de las conclusiones que definieron la segunda instancia; y, su nexo directo con la naturaleza del juicio, razones suficientes para desestimar la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
La interesada deb\u00eda, a lo sumo, efectuar un parang\u00f3n entre el contenido de dichas normas y las premisas de la determinaci\u00f3n atacada, en aras de hacer patente el desacierto jur\u00eddico que pretende imputarle al fallador por la aplicaci\u00f3n, inaplicaci\u00f3n o indebida interpretaci\u00f3n de tales mandatos, as\u00ed como tambi\u00e9n cristalizar el modo en que aquel quebr\u00f3 las determinaciones confutadas, contrario a ello, se restringi\u00f3 a su simple enunciaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. El segundo cargo, ata\u00f1edero a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de derecho originados en el desconocimiento de preceptos de orden probatorio, igualmente ser\u00e1 desestimado, como pasa a explicarse: <\/p>\n
3.2.1. Recrimin\u00f3 la casacionista un dislate iure por falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, norma que, de entrada, esquiva la admisi\u00f3n del cargo, como quiera que, no es propia del r\u00e9gimen de los medios de convicci\u00f3n, sino que se ocupa de los principios rectores de los tr\u00e1mites judiciales (CSJ AC2593-2021, 30 jun., rad. 2014-00517-01). <\/p>\n
Afirmase as\u00ed, porque en reiterados pronunciamientos ha sostenido esta Sala de Casaci\u00f3n que las reglas a que alude el antedicho yerro, son aquellas \u00ab(\u2026) que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb (CSJ AC003, 14 ene. 2020, rad. 2011-00832-01; CSJ AC2828, 26 oct. 2020, rad. 203-00891-01, reiterada en CSJ AC2593-2021, 30 jun., rad. 2014-00517-01), calidades que, no tiene el canon mencionado. <\/p>\n
Ahora, si en gracia de discusi\u00f3n se le atribuyera el car\u00e1cter probatorio a tal precepto, ninguna probabilidad de admisi\u00f3n tendr\u00eda el que con fundamento en \u00e9l se formul\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior porque la promotora de la acci\u00f3n finc\u00f3 su reproche en la presunta desatenci\u00f3n de la doctrina probable derivada de los distintos pronunciamientos de la Corte en torno al reconocimiento constitucional a la concubina, el pleno valor de la sociedad de hecho originada en el v\u00ednculo familiar y los elementos que la configuran, afirmaci\u00f3n no asim\u00e9trica en relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n cuestionada, que contrario a lo expuesto en la cr\u00edtica, hizo acopio de los soportes jurisprudenciales en que se apoy\u00f3 para la negativa de las pretensiones en raz\u00f3n de la ausencia de los presupuestos de la sociedad de hecho pretendida. <\/p>\n
Claro ejemplo de lo as\u00ed expresado es la menci\u00f3n hecha all\u00ed de la sentencia proferida por esta Corporaci\u00f3n el 24 de febrero de 2011 (rad. 2002-00084-01), la cual pregona que \u00abpara que sea admisible la sociedad de hecho entre concubinos se requiere fuera de la conjunci\u00f3n de aportes comunes, participaci\u00f3n en las p\u00e9rdidas y ganancias y el affectio societatis, que surja con prescindencia de la uni\u00f3n\u00bb, exigencias que, como qued\u00f3 establecido en la mentada decisi\u00f3n, no fueron satisfechas por la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez, frustrando de esta manera el \u00e9xito de la demanda y no, como lo refiere la impugnante, por virtud del aparente desconocimiento de la coexistencia entre una sociedad conyugal y una de hecho constituida por los concubinos. <\/p>\n
Tampoco se avizora alg\u00fan razonamiento de la casacionista en torno a la forma en que debi\u00f3 dirimirse la controversia con aplicaci\u00f3n del precepto b\u00e1culo de la protesta en la forma sugerida en el embate, m\u00e1xime cuando, como acaba de exponerse, fue otra la causa del fracaso de la acci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.2. En el mismo sentido, aleg\u00f3 falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, fundado en el an\u00e1lisis aislado que, en su criterio, efectu\u00f3 el Tribunal respecto de la totalidad de medios suasorios recaudados, y que le impidieron tener por v\u00e1lida la permanencia ininterrumpida a trav\u00e9s del tiempo de la relaci\u00f3n marital con el se\u00f1or Naranjo, as\u00ed como tambi\u00e9n, el manejo conjunto dado por la pareja a los dineros recibidos. <\/p>\n
Tal acusaci\u00f3n, confrontada la naturaleza de la acci\u00f3n y el contenido del fallo, deviene desenfocada, toda vez que, se itera, aquella no se dirigi\u00f3 a obtener los efectos propios de una uni\u00f3n marital, sino de una sociedad civil de hecho, lo que pone en evidencia una apreciaci\u00f3n confusa de la parte actora respecto de las verdaderas razones que llevaron a desestimar los prop\u00f3sitos de su demanda, pues solo frente a estas debi\u00f3 dirigir su ataque. <\/p>\n
As\u00ed al menos se entiende del ac\u00e1pite de pretensiones contenido en el libelo demandatorio, en el que se pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n de \u201cla existencia DE LA SOCIEDAD CIVIL DE HECHO conformada por DIEGO NARANJO P\u00c9REZ Y MARINA GUTI\u00c9RREZ G\u00d3MEZ, desde el 06 de diciembre de MILNOVECIENTOS (sic) OCHENTA Y SEIS (1986), hasta el 28 de octubre del a\u00f1o DOSMILOCHO (sic), fecha de fallecimiento del se\u00f1or DIEGO NARANJO P\u00c9REZ\u201d y, consecuencialmente, \u201cla DISOLUCI\u00d3N de la sociedad, para proceder dentro del proceso de sucesi\u00f3n que se adelanta realizar la LIQUIDACI\u00d3N de la misma (\u2026)\u201d (archivo 03, C. 1, expediente digital), y fue a ello a lo que circunscribi\u00f3 su pronunciamiento el ad quem, encontrando ausentes los presupuestos que la gobiernan. <\/p>\n
En este punto es preciso insistir en que la recurrente no enrostr\u00f3 el desconocimiento por el ad quem de los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por esta Corte en torno al reconocimiento de las uniones mencionadas (concubinato y uni\u00f3n marital de hecho); todo lo contrario, lo que se avizora es que, pese a tener por establecido uno de esos tipos de relaci\u00f3n, el mismo no alcanza para la edificaci\u00f3n de la sociedad civil de hecho a la cual se concretaron las pretensiones de la aqu\u00ed interesada, y que, exige para su declaraci\u00f3n, la demostraci\u00f3n de la affectio societatis, carente de prueba en el caso (CSJ SC 7 mar. 2011, rad. 2003-00412-01 y CSJ SC8225-2016, 22 jun., rad. 2008-00129-01). <\/p>\n
No existe duda de que la norma invocada por la censura es de aquellas de contenido demostrativo, as\u00ed se extrae de su ubicaci\u00f3n en la codificaci\u00f3n adjetiva, -secci\u00f3n tercera, r\u00e9gimen probatorio, t\u00edtulo \u00fanico, cap\u00edtulo I, disposiciones generales-; no obstante, para que pueda darle paso a la admisi\u00f3n del cargo, deb\u00eda la interesada, y no lo hizo, describir de manera detallada la forma en que el enjuiciador transgredi\u00f3 el precepto de esa \u00edndole y, con \u00e9l, los de tipo sustancial tambi\u00e9n acogidos en su demanda, determinando concretamente el error en la decisi\u00f3n emitida por aquel. <\/p>\n
Dicha actividad no se aprecia en la exposici\u00f3n de la censura pues la recurrente enfil\u00f3 sus razonamientos a exponer los que, a su juicio, fueron errores en la valoraci\u00f3n de las distintas pruebas, como si se tratara del an\u00e1lisis del error de hecho y no el de derecho al que hizo m\u00e9rito en su titulaci\u00f3n, sin poner de manifiesto la mencionada relaci\u00f3n, es decir, incurri\u00f3 en entremezclamiento de los yerros que estructuran la transgresi\u00f3n indirecta de mandatos sustanciales. <\/p>\n
La promotora en casaci\u00f3n definitivamente dej\u00f3 sin sustentaci\u00f3n la cr\u00edtica referente a la falta de estudio conjunto de los instrumentos de convicci\u00f3n, pues no se ocup\u00f3 de exhibir los puntos de convergencia de los elementos demostrativos dejados de apreciar por el sentenciador; por el contrario, se limit\u00f3 a citar una a una las declaraciones rendidas, para luego sacar una conclusi\u00f3n adaptada a su propio criterio o a lo que, en su pensar, pudiera ser el verdadero m\u00e9rito de aquellas, sin formular una verdadera infracci\u00f3n del art\u00edculo 176 que aduce conculcado. <\/p>\n
De otra parte, si el yerro radicaba en la presunta preterici\u00f3n de las versiones testimoniales relativas a los aportes efectuados a la sociedad civil de hecho que el Tribunal omiti\u00f3 apreciar en conjunto con los dem\u00e1s medios de prueba, en aras de un adecuado planteamiento de la censura a la luz de la causal invocada, deb\u00eda hacerse expl\u00edcita la transgresi\u00f3n de los c\u00e1nones probatorios y, por conducto de estos, el quebranto de los mandatos sustanciales aducidos en la demanda, lo cual no tuvo ocurrencia, impidiendo abrirle paso al recurso extraordinario. <\/p>\n
3.3. La tercera protesta refiere la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial como consecuencia de los errores de hecho manifiestos en la valoraci\u00f3n de los medios suasorios que dan cuenta de la continuidad de la uni\u00f3n de la pareja hasta el d\u00eda de la muerte de Diego Naranjo. Espec\u00edficamente cit\u00f3 la versi\u00f3n vertida al juicio por los declarantes Juan Diego, Mariana y Juan Jacobo Naranjo, M\u00e9lida Valencia, Jos\u00e9 Fernando Acevedo, Luz Mery Clavijo, Lida Cristina Meisel y Orlando Campo. <\/p>\n
La preanotada censura deviene desacertada en su formulaci\u00f3n, pues reiteradamente se ha explicado por la Corte que la infracci\u00f3n invocada encuentra configuraci\u00f3n cuando se constata el desatino del sentenciador al tener por demostrado un hecho sin existir prueba de \u00e9l, cuando lo descarta pese a su debida acreditaci\u00f3n o cuando le da una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, siempre, dentro de los l\u00edmites de la naturaleza de la actuaci\u00f3n que se adelanta. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n del ataque, la demandante pretende poner al descubierto una circunstancia que, aun de llegar a tenerse por cierta, no habr\u00eda trascendido en el sentido de la resoluci\u00f3n reprochada, habida cuenta que la continuidad arg\u00fcida respecto de la relaci\u00f3n sentimental con Diego Naranjo (1985 a 2008) no tendr\u00eda la fuerza suficiente para tener por acreditados los supuestos que dar\u00edan paso a la declaratoria de la existencia de la sociedad civil, valga decir: i) una serie coordinada de hechos de explotaci\u00f3n com\u00fan, ii) acontecimientos paralelos para la consecuci\u00f3n de beneficios; iii) colaboraci\u00f3n equitativa sin \u00e1nimo de dependencia entre uno y otro; y, iv) \u00e1nimo de asociarse, los cuales, no emergen del simple dicho de los rese\u00f1ados testigos. <\/p>\n
As\u00ed lo manifest\u00f3 la sala de decisi\u00f3n que defini\u00f3 el recurso de alzada cuando acot\u00f3 que: <\/p>\n
\u201clos testimonios recibidos dentro del litigio no reflejan que los declarantes hubieran expuesto la ocurrencia de sucesos espec\u00edficos claramente indicativos de la existencia de la sociedad de hecho cuyo reconocimiento se deprec\u00f3, o de la satisfacci\u00f3n de los requisitos necesarios para afirmar su estructuraci\u00f3n (\u2026) [e)n efecto, las versiones vertidas por las se\u00f1oras M\u00e9lida Valencia \u00c1lvarez y Luz Mery Clavijo D\u00edaz, quienes se desempe\u00f1aron como secretarias de los consultorios del galeno en las ciudades de Pereira y Manizales, respectivamente, no ofrecen motivos racionales para la acreditaci\u00f3n de la sociedad de hecho; las deponentes refirieron que para la \u00e9poca del inicio de la relaci\u00f3n la demandante hab\u00eda colaborado en las pr\u00e1cticas m\u00e9dicas realizadas por su compa\u00f1ero, sin que se extendieran en el tiempo, por cuanto fueron espor\u00e1dicas y no se volvieron a ejecutar porque la recurrente emprendi\u00f3 labores con diversas instituciones de salud\u201d (archivo 16, cno. Tribunal, expediente digital). <\/p>\n
Luego, el error de valoraci\u00f3n que atribuye al ad quem con relaci\u00f3n a ese supuesto f\u00e1ctico, no resulta determinante para el rumbo del proceso y, de contera, no es suficiente para habilitar el estudio de fondo del cargo planteado con respaldo en aquel. <\/p>\n
El an\u00e1lisis de las declaraciones recaudadas realizado por la convocante est\u00e1 equivocadamente dirigido a demostrar la existencia de una uni\u00f3n marital, la convivencia ininterrumpida con el se\u00f1or Diego Naranjo y su reconocimiento por parte de los allegados como la esposa de aquel, que no a refutar la inexistencia declarada por el sentenciador de la impugnaci\u00f3n, relativa a los elementos definitorios de la sociedad de hecho, aspecto medular de la sentencia, respecto del cual los testigos declararon conocer por comentarios de la actora, otros los negaron o desconocieron2, circunstancia que evidencia el desenfoque de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, es preciso memorar que esta Sala, en cuanto a las marcadas diferencias existentes entre la uni\u00f3n marital de hecho (constitutiva de un hecho nuevo en el caso concreto, al no haber sido el objeto de la causa), y la figura del concubinato, cuya existencia fue reconocida por el fallador de conocimiento, sin alcanzar los efectos de una sociedad de hecho, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abel concubinato corresponde en Colombia a una instituci\u00f3n claramente diferenciada3 de la uni\u00f3n marital, de tal modo que puede definirse como uni\u00f3n de hecho no matrimonial de convivencia afectiva y com\u00fan, libremente consentida y con contenido sexual, sin que, revista las caracter\u00edsticas del matrimonio o de la uni\u00f3n marital, pero que supone continuidad, estabilidad, permanencia en la vida com\u00fan y en las relaciones sexuales \u2026) el concubinato en otras latitudes, las m\u00e1s de las veces, cobija las uniones maritales de hecho, analog\u00eda que no resulta en la actualidad atendible en el derecho colombiano. <\/p>\n
Los hermanos Mazeaud, se\u00f1alan que el concubinato no constituye una situaci\u00f3n jur\u00eddica, sino una relaci\u00f3n permanente sin v\u00ednculo de derecho, que existe de hecho, de modo que si concurren los elementos estructurales de las sociedades se gobierna por las teor\u00edas de las \u201csociedades de hecho\u201d4.(\u2026) la relaci\u00f3n concubinaria es un hecho, no es contrato, pero eventualmente puede generar obligaciones; y seg\u00fan Planiol y Ripert, \u201c(\u2026) carece de formas determinadas y no produce efectos jur\u00eddicos (\u2026)\u201d5 (se destaca)\u00bb. <\/p>\n
Y en la misma providencia indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa convivencia o la vida com\u00fan de una pareja no puede permitir edificar fatalmente una sociedad de hecho, pero si est\u00e1 debidamente demostrada, ser\u00e1 indicio del affectio societatis o del animus contrahendi societatis, puntal constitutivo de uno de sus elementos axiol\u00f3gicos. Sin embargo, ese comportamiento no puede aparecer como relaci\u00f3n jur\u00eddica de dependencia civil o laboral ni como simple indivisi\u00f3n, de tenencia, de guarda, de vigilancia, sino como un trato que ubique a los convivientes en un plano de igualdad6 o de simetr\u00eda. <\/p>\n
De modo que si a esa relaci\u00f3n, se suman la participaci\u00f3n en las p\u00e9rdidas y utilidades y la realizaci\u00f3n de aportes conjuntos de industria o capital, junto con la affectio societatis, refulge una aut\u00e9ntica sociedad de hecho; y como consecuencia, la legitimaci\u00f3n vendr\u00e1 edificada no propiamente como una acci\u00f3n in rem verso, sino como una actio pro socio con linaje eminentemente patrimonial, m\u00e1s all\u00e1 de la simple relaci\u00f3n personal concubinaria\u00bb (CSJ SC8225-2016, 22 jun., rad. 2008-00129-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n deficitaria y desenfocada deviene la acusaci\u00f3n en lo relativo a la sentencia emitida en materia pensional, con la que pretendi\u00f3 acreditarse la duraci\u00f3n de la relaci\u00f3n sentimental con el causante, pues la misma no es demostrativa del animus societatis, cuya comprobaci\u00f3n, se ha memorado con insistencia en este prove\u00eddo, no se excluye por la existencia de una uni\u00f3n concubinaria. <\/p>\n
La exposici\u00f3n precedente no permite concluir cosa distinta a que la demandante no demostr\u00f3 el desacierto en la valoraci\u00f3n probatoria, pues tras enunciar cada una de las probanzas analizadas, expuso su opini\u00f3n sobre las conclusiones que el Tribunal debi\u00f3 derivar de ellas, dejando de lado la necesaria confrontaci\u00f3n de su contenido puntual con la argumentaci\u00f3n medular de la sentencia; menos a\u00fan, acredit\u00f3 la evidencia de los yerros imputados y su trascendencia en el sentido de lo resuelto. <\/p>\n
En ese sentido, la inconforme encamin\u00f3 la refutaci\u00f3n a exponer su propia interpretaci\u00f3n de las versiones de los testigos y lo declarado en los interrogatorios de parte, abandonando el quehacer de contrastar esa particular visi\u00f3n con la valoraci\u00f3n realizada por el colegiado, a fin de demostrar el protuberante \u00aberror de hecho\u00bb, de donde se infiere que, en verdad, su descontento tiene como punto de mira las conclusiones del enjuiciador sobre esas probanzas, a las cuales hace frente con su propio ejercicio de estimaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En su tarea, pas\u00f3 por alto la casacionista que, de tiempo atr\u00e1s, ata\u00f1edero a la evaluaci\u00f3n de distintos grupos de testigos, se ha dicho que los falladores gozan de una racional y prudente autonom\u00eda, que les permite seleccionar los deponentes a quienes les confiere mayor credibilidad. Bajo ese derrotero, si el Tribunal tuvo por fiables las atestaciones que apoyaban las defensas de los antagonistas, no se le puede achacar yerro alguno en la de apreciaci\u00f3n de esos elementos de cognici\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, tiene esclarecido esta Sala que: <\/p>\n
[S]i lo cuestionado es la credibilidad que el fallador de instancia dio a un grupo de testigos, al margen de otro, esa soluci\u00f3n resulta ajena a la Corte como quiera que no le corresponde dirimir tal dilema, pues por sabido se tiene que\u2026 \u2018si en un proceso se encuentran, por ejemplo, dos grupos de testigos que afirman posiciones contrarias, dando cada uno la raz\u00f3n de la ciencia de su dicho, no puede cometer per se el Tribunal error evidente si se inclina por uno de esos grupos de testigos, m\u00e1xime si en apoyo de su elecci\u00f3n se sustenta en otras pruebas que corroboran el dicho del grupo escogido. Se trata, en efecto, de que en casos como el que abstractamente se plantea, el Tribunal hace uso racional de su discreta autonom\u00eda en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no pudiendo en consecuencia, cometer yerro f\u00e1ctico en esa tarea\u2019 (CSJ SC 003-2003 del 11 de febrero de 2003, rad. 6948, reiterada en SC11151 de 2015, rad. N\u00ba 2005-00448-01). <\/p>\n
Con otras palabras, cuando el juez opta por dar credibilidad a un grupo de declarantes y no lo hace con otro que se muestra antag\u00f3nico, ejerce la tarea de valorar el acervo de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 187 C. de P.C.) y, por ende, no se puede calificar dicha determinaci\u00f3n de errada, sino como el cumplimiento de la funci\u00f3n de administrar justicia conforme al ordenamiento que lo regula (SC1853, 29 may. 2018, rad. n\u00b0 2008-00148-01). <\/p>\n
4. En raz\u00f3n de lo discurrido, las recriminaciones planteadas por la casacionista no ser\u00e1n admitidas a tr\u00e1mite, m\u00e1xime cuando tampoco concurren los presupuestos habilitantes de la selecci\u00f3n oficiosa. En esa direcci\u00f3n ind\u00edquese que la decisi\u00f3n confutada no compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico, no se advierte que atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni que se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte sobre la tem\u00e1tica discutida en las instancias. <\/p>\n
Asimismo, se constat\u00f3 que el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales, el prove\u00eddo fue producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable, sin que se divisen equivocaciones evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Folios 40 a 45 cno. Corte. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-239 de 1994. En el derecho franc\u00e9s, el respectivo C\u00f3digo Civil distingue el matrimonio mon\u00f3gamo (arts. 144 y 147) el pacto civil de solidaridad, denominado partenaires que traduce convivientes,como instituciones familiares singulares no concurrentes entre s\u00ed, y, el concubinato o concubinage en el art\u00edculo 515.8 definido como: \u201c(\u2026) uni\u00f3n de fait caract\u00e9risee para une rie commune pr\u00e9sentant un car\u00e0ctere de stabilit\u00e9 et de continuitu\u00e9, entre deux personnes, de sexe diff\u00e9rent ou de m\u00eame sexe,qui vivent en couple\u201d; es decir, \u201cuni\u00f3n de hecho, caracterizada por una comunidad de vida que tiene car\u00e1cter de estabilidad y de continuidad, entre dos personas, de sexo diferente o del mismo sexo, que viven en pareja\u201d. El concepto que aqu\u00ed se expone, se acerca a la instituci\u00f3n francesa del art\u00edculo 515.8. FRANCIA, C\u00f3digo Civil Franc\u00e9s, \u00c1lvaro N\u00fa\u00f1ez Iglesias. Trad. Barcelona: Marcial Pons, 2005. <\/p>\n
4\u0002 MAZEADU, Henri, Le\u00f3n y Jean. Lecciones de Derecho Civil. La organizaci\u00f3n del patrimonio familiar. Parte cuarta, Vol. I, Traduc. de Luis Alcal\u00e1-Zamora y Castillo, Buenos Aires: ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, 2009,P. 19-20-21 <\/p>\n
5\u0002 PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges. Traduc. de Leonel Pereznieto Catro. Derecho civil. M\u00e9xico, D. F. Oxford University Press, 1999, Vol. 8, p. 116 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC757-2022 (2018-00244-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC757-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-31-03-003-2018-00244-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61727","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61727"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61727\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}