AC797-2022 (2013-00233-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC797-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 68001-31-03-005-2013-00233-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por ECO ORO MINERALS CORP SUCURSAL COLOMBIA, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del juicio declarativo de rescisi\u00f3n de contrato de compraventa por lesi\u00f3n enorme que adelant\u00f3 contra ISIDORO GARC\u00cdA G\u00c9LVEZ y JOS\u00c9 LE\u00d3NIDAS ARIAS JAIMES. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo introductorio del aludido litigio se solicit\u00f3 i) declarar rescindido por lesi\u00f3n enorme el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 01865 del 17 de junio de 2009, protocolizada en la Notar\u00eda D\u00e9cima del C\u00edrculo de Bucaramanga, y en consecuencia, ii) ordenar a los litigantes realizar las restituciones mutuas respectivas, teniendo en cuenta los frutos e intereses que se llegaren a causar desde la presentaci\u00f3n de la demanda; iii) que en caso de que los demandados no consientan la rescisi\u00f3n, condenarlos a restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una d\u00e9cima parte; y, finalmente, iv) condenar a los convocados a pagar las costas del proceso1. <\/p>\n
2. Como causa petendi, se expuso en lo esencial que: <\/p>\n
2.1. Mediante el instrumento citado en l\u00edneas precedentes los demandados trasfirieron a la sociedad demandante el dominio pleno del \u201cpredio rural \u2018Sin Nombre\u2019, ubicado en el sitio denominado \u2018Las Puentes\u2019, Vereda de M\u00f3ngora, del Municipio de Vetas, Departamento de Santander\u201d, identificado con el folio de matr\u00edcula No. 300-296099. <\/p>\n
2.2. El precio pactado en el contrato fue de \u201cTRES MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M\/CTE $3.960.000.000\u201d. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de acta del 1\u00b0 de julio de 2009, la compradora hizo entrega de la primera cuota del aludido valor. <\/p>\n
2.4. Por escritura p\u00fablica No. 2233 del 23 de julio siguiente se aclar\u00f3 el precio y forma de pago de la compraventa signada, quedando en \u201cCUATRO MIL DIEZ MILLONES DE PESOS M\/CTE $4.010.000.000.oo\u201d, los cuales ser\u00edan cancelados as\u00ed: \u201cA) La suma de MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.860.000.000.oo), (\u2026) al recibir debidamente registrada ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga (\u2026), la presente escritura p\u00fablica. De este modo, los vendedores autorizan (\u2026) descontar el valor de la retenci\u00f3n en la fuente, (\u2026) as\u00ed como el 50% del valor de los gastos de escrituraci\u00f3n y registro de la compraventa (\u2026); B) La suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.150.000.000,oo m\/c), (\u2026) el 20 del mes de Abril del a\u00f1o 2010 y C) El saldo de MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000.000,oo), (\u2026) el d\u00eda 20 del mes de abril del a\u00f1o 2011. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.5. En virtud de lo anterior, la compradora hizo un pago adicional de \u201cCINCUENTA MILLONES DE PESOS M\/CTE ($50.000.000)\u201d. <\/p>\n
2.6. El 21 de agosto de 2009, la parte actora fue notificada de una denuncia penal presentada por los herederos de Ana Francisca Arias frente a los demandados, radicada en la Fiscal\u00eda Once Seccional de la citada ciudad. <\/p>\n
2.7. En diciembre siguiente V\u00edctor Manuel G\u00e9lvez y otros iniciaron en contra de Isidoro Garc\u00eda G\u00e9lvez un proceso ordinario de nulidad absoluta de tres escrituras p\u00fablicas, entre ellas, la contentiva de la compraventa atr\u00e1s demarcada. <\/p>\n
2.8. De conformidad con lo estipulado en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo segunda de dicho negocio, la compa\u00f1\u00eda accionante ha retenido el saldo pendiente por pagar a los convocados, hasta tanto se emita una decisi\u00f3n definitiva en los tr\u00e1mites judiciales en curso. <\/p>\n
2.9. La adquirente del predio ha sufrido lesi\u00f3n enorme con dicha venta, ya que el justo precio de la cosa comprada fue inferior a la mitad del precio pactado por ella, pues, seg\u00fan \u201cel aval\u00fao comercial elaborado por el perito (\u2026) Ricardo Lozano Botache, de fecha de 10 de noviembre de 2007\u201d, este era de \u201cMIL DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($1.211.921.147)\u201d2. <\/p>\n
3. Notificada como lo fue la parte convocada, contestaron la demanda en tiempo a trav\u00e9s del mismo apoderado judicial, pero en escritos separados, oponi\u00e9ndose a las pretensiones all\u00ed elevadas, sin proponer defensa de fondo alguna, aunque manifestaron al un\u00edsono, en lo cardinal, que el precio del inmueble objeto del contrato materia del litigio para 2009 fue inferior al que realmente ten\u00eda; que el comprador acept\u00f3 el valor fijado pese a conocer el peritaje mencionado en la demanda; que las denuncias penales citadas por la demandante, una fue precluida (fraude procesal), mientras que la otra (falsedad en documento p\u00fablico) a\u00fan se encuentra vigente, pero que igualmente se encuentra prescrita por haber acaecido los hechos denunciados en 1964; y, que el proceso de nulidad absoluta de escritura que cursa en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga es utilizado como excusa por \u00e9sta para no pagar el saldo adeudado3. <\/p>\n
4. La primera instancia se clausur\u00f3 con sentencia emitida en audiencia celebrada el 17 de julio de 2019, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de la referida capital resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: DECLARAR que el contrato de compraventa efectuado mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 1865 del 17 de junio de 2009, de la Notar\u00eda D\u00e9cima del C\u00edrculo de Bucaramanga, aclarado mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 2236 del 23 de julio de 2009, de la Notar\u00eda D\u00e9cima del C\u00edrculo de Bucaramanga, se encuentra afectado de lesi\u00f3n enorme, conforme a lo expuesto. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: CONCEDER a los demandados (\u2026) el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, para que manifiesten su voluntad de ejercer la facultad contenida en el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil, restituyendo a la parte demandante el exceso del precio recibido sobre el justo precio probado aumentado en una d\u00e9cima parte, el cual debidamente indexado a la fecha de esta sentencia equivale a la suma de $331.480.427,77. <\/p>\n
\u201cTERCERO: DECLARAR la rescisi\u00f3n del contrato de compraventa [citado], en caso [de] que los demandados (\u2026), no ejerzan la facultad [aludida]. <\/p>\n
\u201cCUARTO: ORDENAR a los demandados (\u2026), en caso de que no ejerzan la facultad [referida], RESTITUIR a la demandante (\u2026), dentro del t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes al vencimiento del plazo indicado en el numeral segundo (\u2026) la suma recibida por concepto del precio pagado por el bien inmueble (\u2026), el cual debidamente indexado a la fecha de esta sentencia equivale a la suma de $2.321.925.799,44, a su vez la demandante (\u2026), deber\u00e1 dentro del mismo plazo anterior RESTITUIR a los aqu\u00ed demandados (\u2026), el bien inmueble (\u2026). <\/p>\n
\u201cQUINTO: En caso [de] que los demandados no ejerzan la facultad [rese\u00f1ada], en los t\u00e9rminos y el plazo indicado (\u2026), se ordena la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga, inscribir esta sentencia esta sentencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 300-29609[9]4, y se ordena a la Notar\u00eda D\u00e9cima de [la misma ciudad], tomar nota al margen de las escrituras p\u00fablicas [memoradas]. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cS\u00c9PTIMO: DENEGAR las dem\u00e1s pretensiones de la demanda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201cNOVENO: Se condena en costas del proceso a la parte demandada en partes iguales y a favor de la parte demandante, se ordenan tasar y liquidar por secretar\u00eda y se fija como agencias en derecho la suma de $20.000.000, (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Para adoptar dichas resoluciones, el juez de primer grado expuso, en lo esencial, que en el presente asunto se encontraban demostrados los requisitos jurisprudenciales de la lesi\u00f3n enorme, ya que, en particular, la venta recay\u00f3 sobre un bien inmueble y qued\u00f3 acreditado con el segundo dictamen pericial decretado en el juicio que el comprador adquiri\u00f3 un predio cuyo justo precio es inferior a la mitad del valor que pag\u00f3 por \u00e9l, en la medida que arroj\u00f3 que el coste de este para 2009, fecha de la celebraci\u00f3n de la compraventa, era de $1.888.536.917, es decir, mucho menor al pactado, que lo fue de $4.010.000.0006. <\/p>\n
5. Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, los demandados la apelaron, tras esgrimir dos reparos contra esta, alusivos a que, i) solo se estudi\u00f3 el elemento objetivo de la lesi\u00f3n enorme, dejando de lado el subjetivo y el criterio mixto; y, ii) el juez plural dijo que la parte actora pag\u00f3 el precio pactado, cuando ello no es as\u00ed, raz\u00f3n por la que no era procedente acoger las pretensiones de la demanda7. <\/p>\n
6. Al desatar la alzada, mediante fallo del 27 de abril de 2021, el superior revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo, y en su lugar, declar\u00f3 de oficio la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por activa, por lo que deneg\u00f3 las s\u00faplicas incoadas por el extremo actor. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Adujo que \u201cpara la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda genitora del presente proceso, esto es, 13 de abril de 201[3], la sociedad demandante no hab\u00eda pagado la totalidad del precio de la compraventa que se convino (\u2026), as\u00ed se se\u00f1ala en el hecho 3.7 del libelo introductorio, al afirmarse que para el 1\u00b0 de julio de 2009 Eco Oro hab\u00eda pagado mediante cheques la suma de $1.744.739.453, y el incremento contenido en la segunda escritura fue cancelado el 7 de julio de 2009, seg\u00fan el hecho 3.8 de la demanda\u201d, hecho que fue aceptado por los demandados al contestar aquella, lo cual se corrobora con la prueba documental visible a \u201cfolios 58 a 229\u201d del expediente. <\/p>\n
Acot\u00f3, entonces, que \u201cEco Oro no ha cumplido las obligaciones que asumi\u00f3 en dicho acuerdo de voluntades, que se contraen en esencia, como parte compradora, al pago del precio de la compraventa del inmueble ya descrito. De ah\u00ed, que con sujeci\u00f3n a lo regulado el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, la parte aqu\u00ed demandante carece de legitimaci\u00f3n en la causa para perseguir la rescisi\u00f3n del aludido negocio jur\u00eddico, pues esa disposici\u00f3n concede tal posibilidad, la de rescindir el contrato, al extremo de la relaci\u00f3n que haya respetado cabalmente sus obligaciones o que se haya allanado al menos a cumplirlas\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que de acuerdo con \u201cla jurisprudencia y la doctrina colombiana (\u2026), la parte demandante se legitima no ya por el inter\u00e9s que le asiste en la causa litigiosa, el que no se discute en este asunto, sino por la condici\u00f3n de contratante cumplido; en otras palabras, aquel contratante que pretenda rescindir o resolver esa relaci\u00f3n jur\u00eddica, deber\u00e1 haber respetado y acatado las obligaciones propias que contractualmente asumi\u00f3. A modo de ejemplo citamos las sentencias de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia del 14 de septiembre de 2000, Magistrado Ponente Jos\u00e9 Fernando Ram\u00edrez G\u00f3mez; el 8 de abril de 2014, Magistrado Ponente Luis Armando Tolosa Villabona, y del 20 de abril de 2018, Magistrado Ponente Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. En esta \u00faltima, la alta Corporaci\u00f3n reiter\u00f3 que, como regla general y trat\u00e1ndose de compromisos que deben ejecutar las partes simult\u00e1neamente, es menester para el buen suceso del reclamo del demandante que haya adoptado una conducta obediente respecto de sus d\u00e9bitos y obligaciones, porque de lo contrario no podr\u00e1 incoar la acci\u00f3n resolutoria, en el caso que nos concentra, rescisoria, concluyendo la Corte que \u2013cita textual- \u2018puede deprecar la resoluci\u00f3n de acuerdo de voluntades el contratante cumplido, entendi\u00e9ndose por tal aquel que ejecut\u00f3 las obligaciones que adquiri\u00f3, as\u00ed como el que no lo hizo justificado en la omisi\u00f3n previa de su contendor respecto de una prestaci\u00f3n que \u00e9ste deb\u00eda acatar de manera preliminar\u2019\u201d. <\/p>\n
Y seguidamente destac\u00f3 que \u201cno existe incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de cara a los demandados (\u2026), ya que, seg\u00fan los actos notariales ya citados, a ellos correspond\u00eda entregar la posesi\u00f3n del inmueble, [que] se hizo (\u2026) el 16 de julio de 2009, y adem\u00e1s, deb\u00edan llevar ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga dichos instrumentos, lo que se cumpli\u00f3 (\u2026) el 23 de junio y 27 de agosto de 2009\u201d. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 que \u201cel no pago de la totalidad del precio del contrato de compraventa por parte de la sociedad ac\u00e1 actora, imposibilita analizar si en el asunto que nos congrega existi\u00f3 la alegada lesi\u00f3n enorme, pues con arreglo al art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil, ella ocurre, desde la \u00f3ptica del comprador, quien es el aqu\u00ed demandante, cuando el justo precio de la cosa que adquiere es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Visto como qued\u00f3, que la precitada empresa pag\u00f3 poco menos de la mitad de precio pactado en las ya mencionadas escrituras p\u00fablicas\u201d. <\/p>\n
2. De otro lado, se\u00f1al\u00f3 que \u201clo estipulado por las partes de la litis en la cl\u00e1usula doce del contrato de compraventa que se pretende rescindir por la empresa demandante, no modifica el corolario antecedente, comoquiera que si bien all\u00ed se facult\u00f3 a Eco Oro para retener el pago de los dineros que faltaran para completar el precio total en caso de existir reclamaci\u00f3n sobre el inmueble objeto de ese negocio, ello no qued\u00f3 indefinido en el tiempo, sino que tal estado de cosas, la retenci\u00f3n de pagos ir\u00eda hasta tanto quedar\u00e1 en firme la decisi\u00f3n que se llegar\u00e1 a tomar en relaci\u00f3n con este reclamo\u201d; en otras palabras, \u201cpor virtud de esta cl\u00e1usula, si se llegase a presentar reclamaci\u00f3n judicial o extrajudicial por parte de terceros sobre el predio objeto de la consabida compraventa, la aqu\u00ed sociedad demandante y compradora pod\u00eda suspender el pago de lo adeudado a los vendedores en igual cuant\u00eda al de reclamo formulado, hasta tanto se adoptar\u00e1 y quedar\u00e1 en firme la decisi\u00f3n respectiva por la autoridad competente proferida, seg\u00fan, la misma disposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, indic\u00f3 que acaecido lo anterior, el extremo actor deb\u00eda \u201creanudar con el cumplimiento de las obligaciones que adquiri\u00f3 en el contrato de compraventa que buscar rescindir, o sea, completando el pago del precio de ese negocio\u201d; de ah\u00ed que, \u201cal cobrar ejecutoria la sentencia del 27 de abril de 2016, emanada de este Tribunal en la Sala de Decisi\u00f3n (\u2026), que confirm\u00f3 el fallo emitido por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bucaramanga, que neg\u00f3 las pretensiones de la ya referida demanda de nulidad, la cl\u00e1usula d\u00e9cima segunda de la contrato de compraventa que nos ata\u00f1e, compel\u00eda a Eco Oro a proseguir con el pago de lo adeudado a los vendedores Isidoro Garc\u00eda Gelves y Jos\u00e9 Le\u00f3nidas Arias Jaimes\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, que \u201cno se desconoce por esta Colegiatura que para ese momento, (\u2026) el presente proceso ya estaba tramit\u00e1ndose; sin embargo, se determina que ello no es raz\u00f3n jur\u00eddicamente v\u00e1lida para que la parte aqu\u00ed actora se sustrajera al cumplimiento de las obligaciones pendientes\u201d, sin que ello signifique que \u201cEco Oro procediera a entregar a los demandados el monto faltante para completar el precio de la compraventa, que en todo caso es una opci\u00f3n v\u00e1lida\u201d, sino que \u201cpara satisfacer el presupuesto sustancial de la legitimaci\u00f3n en causa como contratante cumplido, esa sociedad deb\u00eda demostrar dentro de este proceso, ante el hecho sobreviviente de la finalizaci\u00f3n judicial de la reclamaci\u00f3n ya comentada, que debe tenerse en cuenta en el proceso a voces del C\u00f3digo General del Proceso o, aun existiendo reclamamos adicionales, independientemente de su naturaleza jur\u00eddica y la finalizada perseguida por ellos, que pag\u00f3 la totalidad del precio pactado en el contrato o, que se allan\u00f3 a cumplir esa carga, lo que pod\u00eda hacerse comunicando al juzgado de primera instancia su disposici\u00f3n para respetar el negocio, dejando a disposici\u00f3n de ese despacho en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, el saldo faltante a la espera de la decisi\u00f3n respectiva que se adoptara\u201d8. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, tres ataques se formulan contra la sentencia del Tribunal, soportados en las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, previstas en el art\u00edculo 336 ib\u00eddem. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Sobre la base de la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa al ad quem de haber aplicado indebidamente el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En desarrollo del embate, el apoderado de la parte recurrente expuso, en concreto, lo siguiente: <\/p>\n
1. La norma en cita \u201cno es aplicable a los casos donde se discute la lesi\u00f3n enorme, pues ese mismo estatuto civil define y reglamenta esta instituci\u00f3n de manera precisa en los art\u00edculos 1946 a 1954\u201d. <\/p>\n
2. En los procesos donde se exige aplicar dicho precepto \u201cel eje central de la controversia est\u00e1 centrado en el cumplimiento, allanamiento a cumplir o el incumplimiento de las obligaciones del contrato respecto del cual se solicita o bien la ejecuci\u00f3n forzada o bien la resoluci\u00f3n del v\u00ednculo contractual, en ambos casos, con la posibilidad de solicitar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios correspondiente\u201d, mientras que con la demanda de lesi\u00f3n enorme \u201cno se busca que el v\u00ednculo jur\u00eddico que ata a las partes se termine por incumplimiento, sino que se rescinda porque el precio de la cosa no corresponde al valor real que ella tiene, valga decir, por el desequilibrio en su contenido prestacional\u201d. <\/p>\n
3. El juez plural \u201cerr\u00f3 al aplicar esa norma que es totalmente ajena al asunto objeto de debate, pues ella de por s\u00ed lo que contiene son las condiciones y requisitos asociados a la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita por incumplimiento, las cuales regulan el ejercicio de la acci\u00f3n resolutoria del contrato pero no la recisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme\u201d, por ello, \u201ccuando se aborda la legitimaci\u00f3n en la causa al amparo de la disposici\u00f3n se\u00f1alada, se desnaturaliza su misma esencia porque se est\u00e1n imponiendo condiciones que no son de ella y que en realidad corresponden a la ejecuci\u00f3n de las prestaciones y el comportamiento de las partes dentro de la ejecuci\u00f3n del contrato, situaciones que por s\u00ed mismas no impiden el ejercicio de la correspondiente acci\u00f3n rescisoria en el marco de la lesi\u00f3n enorme\u201d. <\/p>\n
4. De no haberse observado el mentado canon, \u201ccon los alcances pretendidos para justificar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, la decisi\u00f3n de segunda instancia se habr\u00eda apartado de declarar oficiosamente esa excepci\u00f3n, pues f\u00e1cilmente habr\u00eda concluido que Eco Oro, al ser parte contratante, pod\u00eda ejercer dicha acci\u00f3n en orden a discutir el exceso en el precio acordado en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 1946 y siguientes del C\u00f3digo Civil\u201d9. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Por igual senda de ataque, se denuncia que la sentencia de segunda instancia viol\u00f3 los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, por haberlos interpretado err\u00f3neamente. <\/p>\n
Al explicar la acusaci\u00f3n, la parte impugnante aduce, en lo esencial, que: <\/p>\n
1. Se produce la transgresi\u00f3n denunciada porque el fallador de segundo grado \u201cextrae un efecto de la norma que no se desprende de la misma, cuando se indica que solo puede pedir la rescisi\u00f3n de un contrato por lesi\u00f3n enorme quien haya pagado el precio del inmueble objeto de lesi\u00f3n enorme, as\u00ed este pago se encuentre sometido a una condici\u00f3n que ni siquiera hab\u00eda ocurrido al momento de presentarse la demanda\u201d. <\/p>\n
2. El Tribunal \u201cextrajo unos efectos que esas disposiciones legales no tienen, en la medida en que se\u00f1al\u00f3 que la legitimaci\u00f3n para solicitar la lesi\u00f3n enorme estaba precedida del pago total del precio del contrato, lo cual no es un presupuesto legal para el ejercicio de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, a voces de lo dispuesto en los art\u00edculos [mencionados]. Por el contrario, a partir de la interpretaci\u00f3n adecuada que pac\u00edficamente viene haciendo la jurisprudencia que se cita m\u00e1s adelante, de [tales preceptos], en l\u00ednea con la teor\u00eda objetiva, basta con que a partir del acuerdo de voluntades se verifique que el precio pactado dista sustancialmente de aquel que realmente tiene la cosa objeto de compraventa, sin que en parte alguna de las normas se indique que para que proceda la lesi\u00f3n enorme sea menester haber pagado la totalidad del precio, como equivocadamente interpret\u00f3 el [ad quem]\u201d. <\/p>\n
3. El alcance que le dio dicha autoridad a las referidas normas \u201ccorresponde claramente a la imposici\u00f3n de cargas adicionales que el mismo legislador no previ\u00f3, es decir, que no surgen de la ley, sino que terminan siendo caprichos propios del interprete\u201d. <\/p>\n
4. Tal hermen\u00e9utica \u201cconllevar\u00eda a implementar, per se, una aceleraci\u00f3n de los plazos y tener las condiciones anticipadamente por fallidas pero en detrimento directo del comprador, quien para poder mover el aparato judicial en busca del amparo a su derecho a pagar un precio justo, deba ser compelido a renunciar a esos plazos y condiciones y pagar el total del precio de manera anticipada\u201d10. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda, la parte recurrente denuncia que la providencia reprochada viol\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 1602, 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de la comisi\u00f3n de errores de hecho en la valoraci\u00f3n de unas pruebas. <\/p>\n
Para sustentar el ataque, dijo la sociedad censora, en lo cardinal, que: <\/p>\n
1. El fallador de segunda instancia \u201cno apreci\u00f3 (\u2026) que en el expediente obran sendas pruebas que demuestran que no surgi\u00f3 la condici\u00f3n que permit\u00eda el pago de la obligaci\u00f3n, pues a\u00fan existe una reclamaci\u00f3n extrajudicial pendiente como lo es la existencia de un proceso penal en contra de los vendedores, derivado de una falsa tradici\u00f3n del predio ubicado en la vereda Las Puentes, reclamaci\u00f3n que hace que la condici\u00f3n para el pago establecida en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo segunda del contrato no se produzca\u201d. <\/p>\n
2. En el proceso \u201cse encuentra plenamente demostrado (\u2026) que exist\u00eda y existe una reclamaci\u00f3n judicial pendiente como lo es el proceso penal 292.085 adelantando en contra de los vendedores del predio, relacionado con una presunta falsificaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas por medio de la cuales los vendedores adquirieron el predio que finalmente fue vendido a Eco Oro\u201d. <\/p>\n
3. El Tribunal, por tanto, incurri\u00f3 los siguientes desaciertos: \u201c[d]ar por demostrado, sin estarlo, que Eco Oro se encontraba incumplido\u201d; \u201c[d]ar por demostrado, sin estarlo, que el incumplimiento proven\u00eda de la falta de pago del precio total pactado en el contrato de compraventa del bien inmueble ubicado en la vereda Las Puentes\u201d; \u201c[d]ar por probado, contra toda evidencia probatoria, que las condiciones para el pago o la exigibilidad del pago se hab\u00edan generado, dado que no exist\u00edan para el momento de la sentencia reclamaciones judiciales o extrajudiciales pendientes\u201d; y, \u201c[n]o dar por establecido, estando fehacientemente comprobado, que a\u00fan exist\u00eda una reclamaci\u00f3n judicial pendiente como lo es el proceso penal 292.085 en contra de los vendedores del predio y en relaci\u00f3n con el mismo\u201d. <\/p>\n
4. Fallo el ad-quem, sin esgrimir el motivo para casarlo, como consecuencia de que \u201c[n]o se valor\u00f3 la prueba testimonia[l] en legal forma aportada por la causa pasiva, quienes (\u2026) aportaron argumentos para desestimar las pretensiones del actor, las pruebas del actor son contradictorias\u201d11. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Norma aplicable <\/p>\n
El examen de la presente demanda de casaci\u00f3n se har\u00e1 a la luz del C\u00f3digo General del Proceso, que rige de manera integral desde el 1\u00b0 de enero de 2016, pues, el litigio donde se dict\u00f3 la sentencia confutada fue rituado bajo dicha disposici\u00f3n, siendo aquel remedio extraordinario formulado el 4 de mayo de 202112. <\/p>\n
2. Estudio formal y t\u00e9cnico de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se invoca la causal primera de casaci\u00f3n, y por ende, la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, previene literal a) del numeral 2\u00ba del \u00faltimo de los citados preceptos, que \u201cel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d, y que \u201cser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u201d (par\u00e1grafo 1\u00ba). <\/p>\n
A lo anterior cumple agregar, que cuando se aduce la transgresi\u00f3n directa del ordenamiento, para satisfacer las exigencias formales no es suficiente con la mera invocaci\u00f3n de las normas sustanciales, sino que es preciso en aras de la claridad y precisi\u00f3n, que en la demanda se ponga de presente de qu\u00e9 forma el precepto invocado fue base o debi\u00f3 serlo de la sentencia recurrida, y la manera como el sentenciador lo transgredi\u00f3, es decir, si por falta de aplicaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
De otro lado, cuando se invoca la causal segunda de casaci\u00f3n, esto es, violaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta de la norma sustancial por la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho, en la respectiva demanda se debe enunciar los preceptos de ese linaje vulnerados con el fallo impugnado. <\/p>\n
Frente al primero de los mencionados desaciertos, que es el que ac\u00e1 se denuncia, se ha dicho que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente recaudadas en el juicio, por lo que en dicho escrito tambi\u00e9n \u201cdeber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material\u201d (CSJ, AC2679-2020), esto es, si el fallador \u201cpretiri\u00f3 o tergivers\u00f3 los elementos de juicio existentes en el proceso, o si supuso uno inexistente\u201d (CSJ, AC2213-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, como lo ha enfatizado la Sala, el ataque \u201cdebe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia\u201d (Cit., reiterado en AC2501-2021). <\/p>\n
Por \u00faltimo, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del literal a) del \u00faltimo de los mencionados c\u00e1nones, para efectos de fundamentar esta causal no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias, pues ello vendr\u00eda a ser lo que la doctrina de la Sala ha denominado medios nuevos, los cuales se consideran inadmisibles, ya que este remedio extraordinario no se erigi\u00f3 \u201cpara repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora\u201d (CSJ, G.J. t. LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76, citada en SC, 9 sep. 2010, Rad. 2005-00103-01, SC5175-2020 y AC5724-2021, entre otros). <\/p>\n
3. An\u00e1lisis formal y t\u00e9cnico de la demanda de casaci\u00f3n formulada <\/p>\n
As\u00ed pues, confrontadas las exigencias formales mencionadas, se advierte que los dos primeros cargos satisfacen las exigencias m\u00ednimas formales y t\u00e9cnicas previstas en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que ser\u00e1n admitidos, pero no as\u00ed el tercero, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
3.1. Mem\u00f3rese que la parte recurrente denuncia que el Tribunal pretiri\u00f3 \u201csendas pruebas\u201d que demuestran que no le era exigible a ella cumplir con el pago del saldo adeudado del precio pactado en el contrato de compraventa materia de controversia para as\u00ed poder estar legitimada para incoar la rescisi\u00f3n del mismo por lesi\u00f3n enorme, ya que existe una reclamaci\u00f3n extrajudicial pendiente, esto es, un proceso penal en contra de los vendedores, el cual identific\u00f3 con el radicado No. 292.085, derivado de una falsa tradici\u00f3n del predio objeto de la citada negociaci\u00f3n, hecho que hace que la condici\u00f3n suspensiva del pago establecida en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo segunda del mentado acuerdo de voluntades opere. <\/p>\n
Sin embargo, pese a que en la demanda de casaci\u00f3n la compa\u00f1\u00eda impugnante cit\u00f3 -in extenso- la aludida estipulaci\u00f3n contractual, el hecho 3.1 de la demanda, as\u00ed como un pasaje de la contestaci\u00f3n de esta en la que se afirma que \u201c(\u2026) se tramita igualmente una acci\u00f3n penal por falsedad y fraude procesal (\u2026)\u201d y un fragmento del testimonio rendido por Cristian Hernando Garc\u00eda Chaparro, hijo y primo de los convocados, en el que se repite la anterior aseveraci\u00f3n, dej\u00f3 de acreditar la presencia de la rese\u00f1ada actuaci\u00f3n penal al interior del juicio. <\/p>\n
En efecto, la parte actora, a lo largo de los fundamentos del ataque, nunca mencion\u00f3 que dentro del proceso esa importante prueba hubiese sido recaudada, o de haber sido as\u00ed, d\u00f3nde se ubica en el expediente y cu\u00e1l es su contenido objetivo, necesario para poder sustentar que los supuestos de hecho consagrados en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo segunda del memorado contrato de compraventa se configuraban en el presente caso y, por ende, que no era exigible el pago total del precio para incoar la demanda de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, como lo sostuvo el ad quem, argumentaci\u00f3n que, por obvias razones, tambi\u00e9n brilla por su ausencia, falencia que, entonces, deja sin demostraci\u00f3n el desacierto invocado. <\/p>\n
Para sustentar lo anterior, se transcribe a continuaci\u00f3n el siguiente pasaje de la demanda de casaci\u00f3n, donde se condensan los fundamentos torales del ataque: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el Tribunal ignor\u00f3 por completo que dentro del plenario obran elementos suficientes de convicci\u00f3n que demuestran que a la fecha de la sentencia proferida para nuestro caso en primera instancia a\u00fan se encontraba pendiente el proceso penal con radicado 292.085 que se adelant\u00f3 por la Fiscal\u00eda Once Seccional de Bucaramanga y que deriv\u00f3 en el proceso que conoce el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento con radicado 201501092, el cual tiene como objetivo investigar la presunta comisi\u00f3n de un hecho punible en contra de los aqu\u00ed demandados, por presuntamente haber cometido fraude procesal al falsificar documentos p\u00fablicos con el fin de inducir en error a un empleado oficial, pues se les atribuye que, mediante escrituras p\u00fablicas falsas, se apoderaron del predio denominados Las Puentes, el cual, se reitera, fue vendido mediante el contrato cuya rescisi\u00f3n se solicit\u00f3 en este caso. Esto fue enunciado en la demanda presentada por Eco Oro en el hecho 3.10 de la demanda: <\/p>\n
\u20183.10. Que en la fecha de 21 de agosto de 2009 EOM fue notificada de una denuncia penal impetrada ante la Fiscal\u00eda Once Seccional Bucaramanga por parte de los herederos de Ana Francisca Arias, en contra de los vendedores del predio, Isidoro Garc\u00eda y Jos\u00e9 Leonidas Arias\u2019. <\/p>\n
(\u2026) En la contestaci\u00f3n de la demanda, el demandado acept\u00f3 sin reparo alguno el anterior hecho, configur\u00e1ndose as\u00ed su aceptaci\u00f3n como confesi\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos (folio 263): <\/p>\n
\u2018\u2026se tramita igualmente una acci\u00f3n penal por falsedad y fraude procesal siendo demandantes los mismos del proceso civil pero en el que no se establece tampoco suma alguna raz\u00f3n por la cual la cl\u00e1usula no tiene cabida y tal vez previendo esta situaci\u00f3n los demandantes se van adelante instaurando esta acci\u00f3n, pero con la \u00fanica finalidad de no cancelar lo adeudado\u2019. <\/p>\n
(\u2026) Posteriormente, en la diligencia de testimonio del se\u00f1or Cristian Hernando Garc\u00eda Chaparro, hijo del se\u00f1or Isidoro Garc\u00eda G\u00e9lvez y primo de Jos\u00e9 Le\u00f3nidas Arias Jaimes, indic\u00f3 frente al proceso penal existente lo siguiente: <\/p>\n
\u2018\u2026PREGUNTADO: En respuesta anterior dice Usted que ECO ORO no ha pagado la totalidad de la negociaci\u00f3n, le han dado alguna raz\u00f3n por no realizar ese pago? CONTESTO: En una cl\u00e1usula de la escritura que se firm\u00f3 dice que si hay personas familias que hagan reclamos judiciales o extrajudiciales la compa\u00f1\u00eda tiene derecho a retener los dineros hasta que estos problemas sean solucionados, a base de eso unas personas que metieron una demanda por un fraude procesal y eso se est\u00e1 solucionando pero por este motivo hemos hablado con la compa\u00f1\u00eda y no nos han solucionado\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) Para el caso que nos ocupa es claro que el error de hecho se produce y tiene importancia en el fallo, toda vez que el juez de segunda instancia se\u00f1al\u00f3 con claridad que de existir reclamaciones judiciales o extrajudiciales pendientes, Eco Oro estaba legitimado para suspender el pago del precio. Precisado lo anterior, existe una contradicci\u00f3n adicional cuando dice que tambi\u00e9n proced\u00eda el pago total, inclusive si existieran otras reclamaciones. El error se produjo al momento de afirmar que actualmente no existen reclamaciones pendientes y al suponer que, dado que el Proceso de Nulidad hab\u00eda terminado, la obligaci\u00f3n se activaba de inmediato, pasando por alto y desconociendo que exist\u00eda otra reclamaci\u00f3n judicial pendiente como lo es la relacionada con el proceso penal 292.085 en donde est\u00e1 involucrado el inmueble de que trata nuestro proceso\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el ataque se sustenta en la existencia del \u201cproceso penal con radicado 292.085\u201d, ese hecho no puede demostrarse con una afirmaci\u00f3n, un testimonio o una supuesta confesi\u00f3n; luego, entonces, si no existe prueba id\u00f3nea y contundente de tal aseveraci\u00f3n, el reproche queda hu\u00e9rfano de acreditaci\u00f3n por sustracci\u00f3n de materia. <\/p>\n
En un caso donde se analiz\u00f3 un cargo de similares contornos, la Corte enfatiz\u00f3, respecto del extra\u00f1ado requisito, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cCiertamente, que en repetidas ocasiones la Corte ha se\u00f1alado que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es una instancia m\u00e1s del proceso, y ello sigue siendo as\u00ed a\u00fan con la entrada en vigencia de una nueva codificaci\u00f3n procesal, por lo que para derruir la presunci\u00f3n de acierto con la que llega a esta sede la sentencia proferida por el Tribunal, le corresponde al casacionista, am\u00e9n de interponer el recurso de casaci\u00f3n, sustentarlo con una demanda que llene las exigencias m\u00ednimas de t\u00e9cnica y de forma previstas por el legislador. <\/p>\n
\u201cEn ese contexto, precisamente, se entiende que para combatir las cuestiones f\u00e1cticas consideradas en el fallo recurrido, campo donde opera el principio de la soberan\u00eda del juzgador en la valoraci\u00f3n de las pruebas, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exija al recurrente, si de error de hecho se trata, singularizar con precisi\u00f3n y claridad las probanzas sobre las que recae, indicarse en que consiste, demostrarlo y poner de presente su trascendencia.\u201d (resalto intencional, CSJ, AC1569-2019, reiterado en AC2501-2021). <\/p>\n
3.2. Ahora, por todo lo explicado con antelaci\u00f3n, es claro que la omisi\u00f3n detectada trae consigo que el embate sea intrascendente, comoquiera que, se insiste, no se acredit\u00f3 el hecho sobre el cual se patenta el ataque, esto es, el proceso penal tantas veces referenciado, pues no basta con que se afirme o diga que existe, sino que materialmente se pruebe en el juicio que ello es cierto. <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de todo lo que antecede, es que por la Sala se inadmitir\u00e1 el tercer cargo de la demanda auscultada, mientras que el primero y segundo ser\u00e1n aceptados directamente por el ponente para su posterior examen en sentencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR el tercer cargo de la demanda presentada por ECO ORO MINERALS CORP SUCURSAL COLOMBIA, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del juicio declarativo de rescisi\u00f3n de contrato de compraventa por lesi\u00f3n enorme que adelant\u00f3 contra ISIDORO GARC\u00cdA G\u00c9LVEZ y JOS\u00c9 LE\u00d3NIDAS ARIAS JAIMES. <\/p>\n
SEGUNDO: ADVERTIR que contra la anterior decisi\u00f3n no procede recurso alguno, de acuerdo con el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO: POR PARTE DELPONENTE SE ADMITEN los cargos primero y segundo de la demanda de casaci\u00f3n radicada por ECO ORO MINERALS CORP SUCURSAL COLOMBIA. <\/p>\n
CUARTO: Una vez en firme esta providencia, C\u00d3RRASE traslado com\u00fan a los opositores (demandados en este proceso), de conformidad con lo establecido en el inciso primero del art\u00edculo 348 del citado estatuto procesal, por el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo CuadernoPrincipal-Tomo1.pdf, P\u00e1gs. 463 a 481, subcarpeta 01.PrimeraInstancia, carpeta EXPEDIENTE REMITIDO.zip. <\/p>\n
2\u0002 Ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gs. 514 a 538 y 560 a 583, ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 El n\u00famero de folio fue corregido a trav\u00e9s de providencia del 22 de julio siguiente (p\u00e1g. 240, Cit.) <\/p>\n
5\u0002 Archivo CuadernoPrincipal-Tomo2.pdf, P\u00e1gs. 232 a 234, Ob. <\/p>\n
6\u0002 Archivo CP_0717140702966.wmv, Min. 00:32:56 a Min. 00:57:03, subcarpeta 01.CuadernoPrincipal, Cfr. <\/p>\n
7\u0002 Min. 00:57:19 a 00:59:06, ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Archivo 705-2019 Fallo.mp4, Min. 00:03:09 a Min. 00:27:06, subcarpeta 02.SegundaInstancia, ejusdem. <\/p>\n
9\u0002 Archivo 121621 Rad 68001-31-03-005-2013-00223-01. Interno 705 2019 Demanda de Casaci\u00f3n_ Eco Oro Lesi\u00f3n Enorme.pdf, CUADERNO CORTE. <\/p>\n
10\u0002 Cit. <\/p>\n
11\u0002 Ob. <\/p>\n
12\u0002 Archivo CuadernoTribunal INT. 705-2019.pdf, P\u00e1g. 45, subcarpeta 02.SegundaInstancia, carpeta EXPEDIENTE REMITIDO.zip. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC797-2022 (2013-00233-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente AC797-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 68001-31-03-005-2013-00233-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Procede la Sala a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61741","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61741"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61741\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}