AC799-2022 (2018-00031-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC799-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 19001-31-03-004-2018-00031-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por LAZUS COLOMBIA S.A.S.- ahora COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 7 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil-Familia, en el proceso verbal del recurrente contra CAUCATEL S.A. E.S.P. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. La demandante solicit\u00f3 declarar que celebr\u00f3 con la convocada \u00abcontrato de arrendamiento\u00bb a partir del 26 de julio de 2011, en virtud del cual esta \u00faltima, como arrendataria, hace uso la infraestructura el\u00e9ctrica de redes de Lazus para soportar su sistema de telecomunicaciones y equipos auxiliares. <\/p>\n
Exige, por tanto, establecer su incumplimiento y, en consecuencia, fijar la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo por falta de pago de los c\u00e1nones causados. As\u00ed mismo, condenarla a cancelar la suma de $2.657\u00b4123.950, por concepto de las mensualidades en mora. <\/p>\n
En subsidio, pidi\u00f3 declarar la existencia de un contrato de suministro de \u00abnaturaleza consensual\u00bb, exigiendo las mismas condenas de las pretensiones principales, pero aludiendo a esta clase de tipolog\u00eda contractual. <\/p>\n
As\u00ed mismo, reclam\u00f3 declarar que la convocada se \u00abenriqueci\u00f3 sin justa causa\u00bb a sus expensas, pues no realiz\u00f3 contraprestaci\u00f3n alguna por la utilizaci\u00f3n de la infraestructura sobre la cual soporta sus red de telecomunicaci\u00f3n; debiendo, entonces, no solo compensarla pecuniariamente, sino retirar los equipos. <\/p>\n
1.2. En sustento de sus s\u00faplicas, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
1.2.1. CEDELCA S.A., propietaria de la infraestructura \u00abSRT\u00bb, el 28 de junio de 2010, mediante contrato de arrendamiento le otorg\u00f3 su \u00abuso y goce\u00bb a la COMPA\u00d1\u00cdA ENERG\u00c9TICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. en adelante \u00abCEO\u00bb. <\/p>\n
1.2.2. CEO comunic\u00f3 a la demandada CAUCATEL S.A. E.S.P. y a los dem\u00e1s operadores de la comentada red, que PROMIGAS TELECOMUNICACIONES S.A. (despu\u00e9s LAZUS COLOMBIA S.A.S. y ahora COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S) se encargar\u00eda de gestionar, a su nombre, \u00ablos acuerdos comerciales existentes y los posibles convenios contractuales\u00ab. <\/p>\n
1.2.3. A su vez, CEO y LAZUS COLOMBIA S.A.S. celebraron \u00abcontrato de colaboraci\u00f3n empresarial n\u00ba GG-169A\u00bb el 1 de agosto de 2011 y luego el Otros\u00ed n\u00ba 1 de 26 de febrero de 2015, en donde la primera cedi\u00f3 a la segunda \u00ablos derechos de uso, goce y paso de la infraestructura SRT\u00bb, comprendiendo toda clase de bienes muebles e inmuebles, como postes, ductos, sistemas de soporte, amarre, torres, antenas, terrenos, derechos de servidumbre, \u00aby dem\u00e1s que conforman la red de distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica en el Departamento del Cauca\u00bb. <\/p>\n
1.2.4. Para la fecha de celebraci\u00f3n de los anteriores convenios, la convocada CAUCATEL S.A. E.S.P. se encontraba utilizando la comentada infraestructura de CEO, por tal raz\u00f3n, la demandante le present\u00f3 a esta una \u00abpropuesta de contrato de arrendamiento\u00bb con el \u00e1nimo de pactar un valor mensual a pagar, el cual se calcul\u00f3 con la metodolog\u00eda correspondiente en la materia. <\/p>\n
1.2.5. La anterior, si bien no fue discutido ni suscrito por las partes, dicho negocio se configur\u00f3 por \u00abla exteriorizaci\u00f3n inequ\u00edvoca de su voluntad\u00bb, dando lugar a un contrato de arrendamiento de naturaleza consensual, oblig\u00e1ndose CAUCATEL S.A. E.S.P. a pagar una remuneraci\u00f3n mensual por el uso de la red y equipos de comunicaciones, seg\u00fan lo dispone la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013, expedida por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones (CRC). <\/p>\n
1.2.6. Desde el 26 de julio de 2011, LAZUS COLOMBIA S.A.S. confiri\u00f3 a CAUCATEL S.A. E.S.P. el uso y goce de la infraestructura el\u00e9ctrica, sin que esta haya realizado contraprestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
1.2.7. La actora remiti\u00f3 varias comunicaciones a la interpelada convoc\u00e1ndola a un arreglo directo, sin obtener respuesta, por tal raz\u00f3n, formul\u00f3 amparo policivo al municipio de Popay\u00e1n con el fin de cesar la situaci\u00f3n irregular frente al aprovechamiento irregular de las redes de telecomunicaci\u00f3n. <\/p>\n
1.3. La demandada se notific\u00f3 por aviso y guard\u00f3 silencio dentro de la oportunidad procesal pertinente. <\/p>\n
1.4. Agotado el tr\u00e1mite respectivo, la primera instancia culmin\u00f3 con el fallo el 24 de abril de 2019, por medio del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, accedi\u00f3 parcialmente a las s\u00faplicas. <\/p>\n
En lo concerniente al enriquecimiento sin causa, acogi\u00f3 tal pedimento, porque la demandada obtuvo un provecho econ\u00f3mico por el uso de la infraestructura sin la existencia de un negocio jur\u00eddico y omitiendo realizar contraprestaci\u00f3n alguna. Adem\u00e1s, la actora \u00abno cuenta con otro mecanismo para reclamar los derechos que surgen de la omisi\u00f3n de CAUCATEL S.A. de reconocerle suma alguna por la utilizaci\u00f3n alegada\u00bb. <\/p>\n
Conden\u00f3 entonces a la convocada a pagarle a la convocante la suma de $1.688\u00b4090.292, cifra calculada con apoyo en dos variables: La primera, con las cifras reclamadas y estimadas en la demanda \u00abdesde agosto de 2011 a noviembre de 2013\u00bb; y la segunda, con posterioridad a esa data, es decir, a partir de diciembre de 2013 y hasta la fecha de este fallo, en raz\u00f3n a \u00ab(\u2026) los valores m\u00e1ximos anuales establecidos en la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013\u00bb. <\/p>\n
1.5. Al resolver la apelaci\u00f3n formulada por ambas partes, el 7 de mayo de 2021, el Tribunal revoc\u00f3 en su integridad lo resuelto en primer grado; y en su lugar, neg\u00f3 las s\u00faplicas del pliego introductor. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Para el ad-quem, los problemas a resolver en la alzada deb\u00edan analizarse con fundamento en los extremos tem\u00e1ticos fijados por los apelantes en la sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Esboz\u00f3, entonces, como derroteros la (i) legitimaci\u00f3n por activa de LAZUS COLOMBIA S.A.S., ahora COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S para promover la acci\u00f3n declarativa contractual contra CAUCATEL S.A. E.S.P.; (ii) si se encuentra acreditado el contrato de arrendamiento o de suministro entre las partes; (iii) si fue acertada la determinaci\u00f3n de reconocer el \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb, en cuyo evento se establecer\u00e1 (iv) si es o no procedente acceder a la condena por los valores reclamados a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n; (v) y si se aplica la sanci\u00f3n correspondiente al inciso cuarto del art\u00edculo 206 del C.G.P. <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n al primero, y con fundamento en el contratos de gesti\u00f3n de 28 de junio de 2010 y de colaboraci\u00f3n empresarial n\u00ba 66-169A de 1 de agosto de 2011, afirm\u00f3 que LAZUS COLOMBIA S.A.S. s\u00ed estaba facultada para \u00abconceder\u00bb el uso de la infraestructura de telecomunicaciones, y reclamar por ello una contraprestaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, en efecto, porque en el primer convenio, CEDELCA S.A. propietaria de la infraestructura \u00abSRT\u00bb, le otorg\u00f3 su \u00abuso y goce\u00bb a la COMPA\u00d1\u00cdA ENERG\u00c9TICA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.; y esta \u00faltima, a su vez, en el segundo contrato, le entreg\u00f3 a PROMIGAS TELECOMUNICACIONES S.A. (despu\u00e9s LAZUS COLOMBIA S.A.S. y ahora COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S) la gesti\u00f3n y administraci\u00f3n de las redes de telecomunicaciones frente a terceros, \u00ab(\u2026) as\u00ed como adelantar todas las acciones judiciales y extrajudiciales para proteger sus derechos (\u2026)\u00ab. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el literal b) del la secci\u00f3n 4.03 del contrato de colaboraci\u00f3n empresarial n\u00ba 66-169A de 2011, se estipul\u00f3 cu\u00e1l ser\u00eda el porcentaje de distribuci\u00f3n entre CEO y LAZUS COLOMBIA S.A.S. por el recaudo de los dineros relacionados con \u00abel uso de infraestructura SRT por parte de terceros\u00ab. <\/p>\n
2.2. El segundo planteamiento de la apelaci\u00f3n se sustenta espec\u00edficamente en haber desvirtuado el a-quo, sin raz\u00f3n aparente, la existencia del contrato de arrendamiento o de suministro celebrado por las partes. <\/p>\n
El punto, al respecto, lo desech\u00f3 el juzgador de segundo grado porque el acuerdo de voluntades no se evidenci\u00f3 la \u00abexteriorizaci\u00f3n inequ\u00edvoca\u00bb del querer de CAUCATEL S.A. E.S.P. de asumir obligaciones en favor de la actora, mucho menos su \u00abaceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita, o conformidad\u00bb frente a los constantes requerimientos de la demandante, pues no se pronunci\u00f3 al respecto. <\/p>\n
Su silencio, sumado a que pueda, eventualmente, configurar los efectos de la presunci\u00f3n del art\u00edculo 97 del C.G.P., porque la demandada se allan\u00f3 al no contestar la demanda, no puede colegir un reconocimiento impl\u00edcito o t\u00e1cito de la interpelada en aceptar formalizar \u00abuna supuesta relaci\u00f3n contractual y concertar el precio\u00bb. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de actos bilaterales, es obligatoria la \u00abexteriorizaci\u00f3n conjunta de voluntades\u00bb para producir efectos, cuesti\u00f3n que prescindi\u00f3 acreditarse con alg\u00fan modo suasorio. La demandada simplemente conserv\u00f3 su statu quo preexistente, por cuanto no es un hecho inequ\u00edvoco de la ejecuci\u00f3n del contrato propuesto. La misma conclusi\u00f3n aflora frente a la pretensi\u00f3n de declaraci\u00f3n del contrato de suministro. <\/p>\n
2.3. El tercer reparo, relacionado con el hecho de determinar si se configur\u00f3 la acci\u00f3n in rem verso, el Tribunal lo desestim\u00f3 porque la actora no acredit\u00f3 uno de sus elementos, esto es, el requisito de subsidiariedad, pues dispon\u00eda de otra acci\u00f3n para remediar el desequilibrio patrimonial denunciado, como era formular su reclamo ante la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones -CRC. <\/p>\n
Dicha autoridad, a prop\u00f3sito, seg\u00fan los art\u00edculos 41 a 43 de la Ley 1341 de 2009, reglamentada por la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013, tiene atribuci\u00f3n para conocer las controversias surgidas entre los proveedores de redes y prestadores u operadores de servicios de telecomunicaciones. Goza no solo de poderes reglamentarios, sino de plenas facultades para dirimir controversias como la presente. <\/p>\n
El art\u00edculo 41 de la Ley 1341 de 2009 le asigna la funci\u00f3n de \u00ab(\u2026) definir, tanto por la v\u00eda de resoluciones generales como particulares, las condiciones remuneratorias en que debe surtirse el acceso y utilizaci\u00f3n de redes e infraestructura en la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones (\u2026), le asiste (\u2026) la competencia para resolver mediante acto administrativo las diferencias que existan entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (\u2026) frente a los propietarios de la infraestructura (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 5 de la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013 precept\u00faa que en caso de desacuerdo entre proveedor de infraestructura y prestador de servicios de telecomunicaciones respecto de las condiciones frente a la utilizaci\u00f3n de la red solicitada, \u00abcualquiera de las partes podr\u00e1 solicitar a la CRC que inicie, de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 43 de la Ley 1341 de 2009, el tr\u00e1mite administrativo correspondiente para dirimir la controversia surgida\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sent. Cas. Civ. de 11 de enero de 2000, exp. N\u00ba 5208) carece de legitimaci\u00f3n en la causa en la acci\u00f3n in rem verso, el demandante que dispone \u00ab(\u2026) de cualquier otra acci\u00f3n originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito o de las que brotan de los derechos absolutos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, LAZUS COLOMBIA S.A.S. y ahora COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S) no se encontraba legitimada en la causa para promover la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa, \u00ab(\u2026) al haber contado y contar a\u00fan con los mecanismos legales ya indicados para los fines por ella pretendidos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Finalmente, por sustracci\u00f3n de materia, sostuvo el ad-quem que no hab\u00eda \u00ablugar a adentrarse en los subsiguientes problemas jur\u00eddicos formulados\u00bb por los apelantes. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene tres ataques; dos con fundamento en la causales quinta y tercera, y el \u00faltimo en la primera. De su esencial contenido, a continuaci\u00f3n, se har\u00e1 relaci\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Denuncia la falta de competencia funcional del Tribunal, pues al decidir sobre la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb de la actora para ejercer la pretensi\u00f3n de enriquecimiento sin causa, esto es, por la existencia de otro mecanismo judicial para obtener la \u00abla restituci\u00f3n por el desequilibrio patrimonial\u00bb, desbord\u00f3 los l\u00edmites jurisdiccionales de conocimiento fijados por las partes en sus apelaciones. <\/p>\n
En efecto, los reparos de los recurrentes, \u00abespecialmente el extremo demandado\u00bb, jam\u00e1s controvirtieron aspectos relacionados con la existencia o no de los elementos de la acci\u00f3n \u00abin rem verso\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, sin m\u00e1s, demuestra que la sentencia de segundo grado estructur\u00f3 la nulidad procesal contemplada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G.P., por haberse proferido \u00ab(\u2026) con absoluta falta de competencia funcional para referirse y decidir sobre la legitimaci\u00f3n en la causa de la demandante para incoar la acci\u00f3n judicial para lograr lo buscado a trav\u00e9s de la pretensi\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Acusa al ad-quem de incurrir en incongruencia. Si bien, dice, el juzgador de segundo grado resolvi\u00f3 todos los extremos tem\u00e1ticos fijados por los apelantes en la sustentaci\u00f3n, los rebos\u00f3 al pronunciarse sobre una cuesti\u00f3n ajena al debate en la alzada, como fue la \u00ab(\u2026) falta de legitimaci\u00f3n de la demandante para formular el enriquecimiento sin causa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
A partir de dejar sentado que entre las partes \u00abno existi\u00f3 un contrato de arrendamiento ni de suministro\u00bb, la recurrente denuncia por v\u00eda directa la \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 831 del C\u00f3digo de Comercio, y 5\u00ba, 8\u00ba y 48\u00ba de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
El Tribunal se equivoc\u00f3 al no hacer actuar los preceptos acusados, al concluir equivocadamente, con sustento en las reglas 41 a 49 de la Ley 1349 de 2009, y la Resoluci\u00f3n 4245 de 2013, que la convocante \u00ab(\u2026) no estaba legitimada en la causa para incoar la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa, por cuanto tiene o cuenta con otro mecanismo legal para obtener lo reclamado en el litigio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan el ad-quem, lo solicitado por medio de la pretensi\u00f3n subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa deb\u00eda plantearse \u00abante la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones -CRC\u00bb pues es la competente para hacer dicho reconocimiento a trav\u00e9s del procedimiento previsto en las \u00faltimas normas mencionadas. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n resulta errada, pues dicha autoridad, a la luz de lo se\u00f1alado en las sentencias C-1120 de 2005 y C-186 de 2011 de la Corte Constitucional y el concepto de 24 de octubre de 2016 (rad. 11001-03-06-000-2016-00074-00(2293), \u00ab(\u2026) no tiene funciones jurisdiccionales sino netamente administrativas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con todo, de aceptarse en gracia de discusi\u00f3n su facultad para dirimir disputas entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, la misma se contrae, de un lado, \u00ab(\u2026) a la soluci\u00f3n de las controversias que se susciten respecto de los acuerdos, convenios o contratos de interconexi\u00f3n celebrados entre tales sujetos, los cuales se perfeccionan con fundamento en la denominada Oferta b\u00e1sica de Interconexi\u00f3n -OBI (\u2026)\u00bb; y del otro, \u00ab(\u2026) a la imposici\u00f3n de la servidumbre de acceso, uso e interconexi\u00f3n, en los supuestos en los que no se logre ajustar dicho acuerdo, convenio o contrato de interconexi\u00f3n entre los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ambos tipos de conflictos, por tanto, se encuadran en el \u00e1mbito de las competencias de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones -CRS, los cuales tienen como finalidad exclusiva \u00abla protecci\u00f3n de intereses p\u00fablicos superiores\u00bb, no privados, como sucede en el presente asunto en relaci\u00f3n con la s\u00faplica de \u00abenriquecimiento sin justa causa de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Requisitos formales y t\u00e9cnicos de la demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
El art\u00edculo 344 del C.G.P. se\u00f1ala los requisitos que debe contener una demanda de casaci\u00f3n, en orden a admitirla y resolverla de fondo. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser de tales exigencias se funda en la naturaleza dispositiva y exceptiva del recurso, en cuanto responde a motivos previstos en forma expresa por el legislador y se estructura en las precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario. <\/p>\n
Esto, en cambio, no sucede en casaci\u00f3n, pues su objeto lo constituye la sentencia impugnada como thema decissum, con fines nomofil\u00e1cticos y de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia en procura de la coherencia del sistema jur\u00eddico, desde luego, en el entendido que el juzgador no se equivoc\u00f3 y que lo decidido ingresa al medio extraordinario escoltado por la presunci\u00f3n de la legalidad y acierto. <\/p>\n
Como tiene sentado la Sala, el medio de defensa extraordinario \u00abconstituye un mecanismo especial de censura a las providencias judiciales, distante en mucho de los recursos propios de las instancias, pues la discusi\u00f3n ante la Corte procura demostrar las desarmon\u00edas del fallo recurrido frente al ordenamiento jur\u00eddico, y nunca convertirse en la oportunidad para recrear el debate gen\u00e9rico de que se ocup\u00f3 el proceso\u00bb1. <\/p>\n
La actividad del casacionista, por tanto, apoyado de las causales legales, se circunscribe a desvirtuar esa presunci\u00f3n; y la Corte, a responder dentro del estricto marco propuesto, sin que, en l\u00ednea de principio, le sea dado replantear acusaciones mal formuladas, suplir deficiencias o superar inconsistencias o inexactitudes. <\/p>\n
Con todo, la formulaci\u00f3n de cargos claros, precisos y completos, esto es, ajustados a las formalidades legales, no implica, necesariamente, su admisi\u00f3n, pues el art\u00edculo 347 del C.G.P. establece que \u00abaunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla los requisitos formales\u00bb, hay lugar a inadmitirla, entre otras eventualidades, numeral 2\u00ba, \u00ab[c]uando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n grave del ordenamiento\u00bb. <\/p>\n
La prerrogativa, al ser previa al acto de fallar, abreva en el principio de econom\u00eda procesal, pues si las faltas enrostradas son inexistentes o no inciden en la validez del proceso, resulta desgastante impulsarlas procesalmente para llegar a un mismo resultado. <\/p>\n
La selecci\u00f3n negativa de las demandas de casaci\u00f3n, desde luego, no atenta contra las garant\u00edas constitucionales y procesales de las partes. En la perspectiva del recurrente, porque la decisi\u00f3n en ese sentido, responde a su intervenci\u00f3n; y respecto del opositor en el tr\u00e1mite extraordinario, porque ninguna consecuencia adversa le acarrear\u00eda, de donde su actuaci\u00f3n resultar\u00eda superflua. <\/p>\n
Del mismo modo, por razones constitucionales para la protecci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas fundamentales, inclusive cuando es ostensible que la sentencia compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, bien podr\u00eda la Corte seleccionar positivamente una demanda formalmente deficiente (art\u00edculo 336, in fine, del C.G.P.). <\/p>\n
3. An\u00e1lisis formal y t\u00e9cnico de los cargos propuestos <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con los cargos primero y segundo, se advierte que, en ellos, por dos v\u00edas o motivos de casaci\u00f3n diferentes, se denuncia el fallo del Tribunal por haber excedido el marco de sus facultades o atribuciones, al haberse pronunciado sobre la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la demandante para proponer la acci\u00f3n de enriquecimiento sin justa causa. <\/p>\n
Pues bien, con abstracci\u00f3n de la cuesti\u00f3n t\u00e9cnica relitava a la forma en la que debe encarrillarse tal censura, esto es, si como nulidad por falta de competencia funcional o incongruencia en la decisi\u00f3n, lo cierto es que para inadmitir los embates, basta comprobar que el exceso endilgado al sentenciador de segundo grado no se advierte -como se ver\u00e1 adelante-, lo que da pie a aplicar el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, de acuerdo con el cual, la Sala puede no aceptar el libelo de casaci\u00f3n a tr\u00e1mite, \u201cCuando los errores procesales aducidos no existen\u2026\u201d. <\/p>\n
En efecto, se recuerda que la facultad para resolver una alzada es reglada, de modo tal, que trat\u00e1ndose del \u00fanico recurrente el juzgador solo est\u00e1 llamado a considerar las cuestiones que, si\u00e9ndole adversas, ha impugnado y, no puede agravar su situaci\u00f3n; empero, exceptivamente, el apelante puede soportar o sufrir decisiones en contra. Puede acaecer, cuando, en forma expresa, las excluye de la apelaci\u00f3n; ora de manera impl\u00edcita, al guardar silencio; o cuando la ley oficiosamente las impone, por disposici\u00f3n legal en temas de orden p\u00fablico, del todo imperativos, como en la oficiosidad impuesta por ley. Ello se relaciona con el principio de la personalidad e individualidad del recurso. <\/p>\n
Ese ha sido el pensamiento de la Corte. El \u00abjuez de la apelaci\u00f3n no puede (\u2026) enmendar la providencia en lo que expresamente la propia parte perjudicada no involucr\u00f3 como \u2018objeto del recurso, as\u00ed la sentencia haya sido apelada tambi\u00e9n por la otra parte\u00bb2. <\/p>\n
La competencia en la apelaci\u00f3n del \u00fanico recurrente, como se observa, encuentra l\u00edmite en la conducta del agraviado y en la ley imperativa. Si acepta las decisiones adversas, expresa o t\u00e1citamente, su voluntad, en principio, debe respetarse. <\/p>\n
Lo dicho, salvo las resoluciones accidentales, cuya vida depende o es conexa con otros pronunciamientos. Tiene lugar cuando la reforma impone hacer \u00abmodificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con ella\u00bb (C.G.P., inc. 3\u00ba, art. 328). <\/p>\n
En la hip\u00f3tesis de apelaciones de ambas partes, los mismos preceptos, indistintamente de si son principales o adhesivas, habilitan al juez de segunda instancia para resolver \u00absin limitaciones\u00ab. Sin embargo, la libertad se encuentra referida \u00fanicamente a los puntos de \u00abtoda la sentencia\u00bb sobre los cuales los alzados coinciden en formular reparos. No involucra, por tanto, lo que es pac\u00edfico o excluido de controversia para los contendientes. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, la Sala lo tiene sentado: \u00abpuede ocurrir, como en este caso, que as\u00ed hayan impugnado todas las partes de la contienda, el juez ad-quem igualmente se encuentre maniatado por la voluntad expresamente manifestada por los recurrentes, de tal suerte, la alzada no se habilita en t\u00e9rminos absolutos frente a todo lo discutido en el litigio\u00bb3. <\/p>\n
Lo discurrido significa que solo en los temas confutados rec\u00edprocamente por los litigantes, el superior est\u00e1 llamado a actuar sin cortapisas, salvo disposiciones legales. Si apuntan a decisiones o direcciones distintas, la impugnaci\u00f3n no ser\u00eda de ambas partes, sino propia del respectivo recurrente. <\/p>\n
En el fallo de primera instancia dictado en este asunto, esto es, el apelado, en lo pertinente el ad-quem revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo estimatoria de la actio in rem verso, para en su lugar negarla por improcedente. <\/p>\n
Lo anterior, porque no se demostr\u00f3 el requisito de subsidiariedad, esto es, la carencia de otra acci\u00f3n que permitiera a la restituci\u00f3n patrimonial pretendida por la actora LAZUS COLOMBIA S.A.S., ahora COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S. <\/p>\n
Las dem\u00e1s pretensiones, determin\u00f3 que deb\u00edan desestimarse, confirmando en tal aspecto lo resuelto por el inferior. En concreto, tampoco hall\u00f3 probados los hechos relacionados con la existencia de un contrato de arrendamiento o de suministro de redes el\u00e9ctricas. <\/p>\n
Ahora bien, el compendio de las actuaciones surtidas en el proceso en cuesti\u00f3n, pone de presente que ambas partes resultaron parcialmente airosas en primera instancia: Unas pretensiones de la demanda se desestimaron y otra se acogi\u00f3. <\/p>\n
De ah\u00ed que el recurso de apelaci\u00f3n de la demandada no pod\u00eda ser rec\u00edproco con el de la actora respecto de las pretensiones negadas. En ese campo, sencillamente, era propio de esta \u00faltima. Se trataba de una decisi\u00f3n que favorec\u00eda a aquella. <\/p>\n
La \u00fanica posibilidad de cruzarse las partes en la alzada, se vinculaban con el segmento estimatorio del fallo. La demandada, directamente perjudicada, en orden a infirmar la conducta que se subsumi\u00f3 en el enriquecimiento sin causa. La convocante, en aras de agravar, sobre ese espec\u00edfico punto, pidi\u00f3, adem\u00e1s de insistir en las s\u00faplicas negadas por el juez de primer grado, reajustar las condenas impuestas. <\/p>\n
En cualquiera de esas eventualidades, el Tribunal no pudo desbordar el marco de sus facultades trazadas por la pretensi\u00f3n impugnaticia. Si la apelaci\u00f3n era \u00fanicamente de la convocada, la facultad para resolver se encontraba habilitada. Y si era rec\u00edproca, con mayor raz\u00f3n, en tanto, en la estricta materia, era ilimitada. <\/p>\n
La pasiva, en todo caso, s\u00ed refut\u00f3 la decisi\u00f3n adversa. Acept\u00f3 utilizar la infraestructura de telecomunicaciones, pero neg\u00f3 incurrir en enriquecimiento sin causa en perjuicio de la accionante, pues esta no era propietaria ni administradora de tales redes, por tal raz\u00f3n, no pod\u00eda alegar una merma econ\u00f3mica frente a lo que no es suyo. <\/p>\n
Frente a lo anterior, no es cierto que haya quedado fuera de la apelaci\u00f3n la conclusi\u00f3n del juzgador de primer grado, seg\u00fan la cual, la acreditaci\u00f3n de la actio in rem verso estaba probada. Si la demandada neg\u00f3 la inducci\u00f3n al enriquecimiento sin causa, en su sentir, porque la actora no estaba legitimada para invocarla, el sustrato tambi\u00e9n abrazaba estudiar sus configuraciones, en el sentido de analizar la concurrencia de esa instituci\u00f3n, en todos sus elementos, como la \u00absubsidiariedad\u00bb. La existencia de aquello, por supuesto, era lo que habilitaba considerar esto \u00faltimo. <\/p>\n
La actora tambi\u00e9n replic\u00f3 alrededor. Se\u00f1al\u00f3, entre otras cosas, su legitimaci\u00f3n para reclamar en su favor la correcci\u00f3n del desequilibrio patrimonial, en virtud de las facultades otorgadas a trav\u00e9s del contrato de colaboraci\u00f3n empresarial y al amparo de la regulaci\u00f3n expresa consagrada en la Resoluci\u00f3n CRC 4245 de 2013, \u00abaplicable al acceso y uso de la infraestructura\u00bb. <\/p>\n
Como se acaba de ver, no es posible imputarle al Tribunal el error en el procedimiento que se denuncia, toda vez que esa autoridad, en realidad anduvo dentro del sendero que le marcaron las correspondientes apelaciones de las partes. <\/p>\n
Con apoyo en lo expuesto, de contera, se inadmitir\u00e1n los cargos primero y segundo. <\/p>\n
3.2. Respecto del cargo tercero <\/p>\n
Sobre este basta se\u00f1alar que se aviene a todas y cada una de las exigencias previstas en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo innecesario, por lo dem\u00e1s, entrar a detallar la satisfacci\u00f3n de cada una de ellas. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO.- INADMITIR los cargos primero y segundo de la demanda presentada por LAZUS COLOMBIA S.A.S.- ahora COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA S.A.S para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 7 de mayo de 2021, proferida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil-Familia, en el proceso verbal incoado por los recurrentes contra CAUCATEL S.A. E.S.P. <\/p>\n
SEGUNDO.- EL PONENTE ADMITE el cargo tercero por cumplir con los requisitos formales. En consecuencia, del mismo se da traslado a la parte opositora, en los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso, a partir de la ejecutoria de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Auto de 2 de junio de 2009, expediente 08749. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 22 de abril de 2016, expediente 00177. Reiterando fallos de 4 de diciembre de 2009, radicaci\u00f3n 00103, y de 1\u00b0 de agosto de 2014, expediente 01034. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 15 de septiembre de 2016, expediente 00111. <\/p>\n
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AC799-2022 (2018-00031-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente AC799-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 19001-31-03-004-2018-00031-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Procede la Sala a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61743","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61743"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61743\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}