AC803-2022 (2021-01321-00)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC803-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01321-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la demandante Nereyda Heliodora Alvarino Rivera, frente al auto de 15 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s del cual, el Tribunal Superior de Bucaramanga \u2013 Sala Civil Familia, neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia emitida el 19 de noviembre de la misma anualidad, dictada dentro del expediente No. 68081-31-84-001-2018-00271-01, promovido en contra de Jaime Eduardo Lozano Camacho. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora promovi\u00f3 el tr\u00e1mite declarativo con el fin de que se declarara la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho, junto con la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, desde el 1\u00ba de mayo de 2010 hasta el 18 de septiembre de 2017. <\/p>\n
2. En primera instancia, el conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, quien mediante sentencia calendada el 9 de septiembre de 2019, resolvi\u00f3, entre otras cosas: i) declarar que entre la pareja existi\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho entre el 1\u00ba de marzo de 2010 y el 26 de marzo de 2016, ii) declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abPrescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho\u00bb, iii) no declarar la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. (fls. 455 a 456 C. 1.Continuaci\u00f3n.pdf). <\/p>\n
3. Apelada tal decisi\u00f3n por el convocado, el Tribunal Superior del referido Distrito Judicial, en fallo del 19 de noviembre de 2020 la confirm\u00f3 (fls. 11 a 15 C.Tribunal.pdf). <\/p>\n
4. Contra esa providencia el extremo demandante interpuso recurso de casaci\u00f3n (fls. 18 y 19 C. Tribunal.pdf). <\/p>\n
5. El 15 de diciembre de 2020, el ad quem deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del mecanismo extraordinario, tras advertir que \u00ab[e]n cuanto al inter\u00e9s econ\u00f3mico, si bien nos encontramos frente a un proceso declarativo de uni\u00f3n marital de hecho, cuesti\u00f3n que concierne al estado civil de las personas, el cual en principio y a voces del art\u00edculo 338 del C.G.P, est\u00e1 excluido de la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda para recurrir, lo cierto es que al revisar los argumentos del extremo apelante, aquellos se enfilan concretamente sobre la fecha de finalizaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, como que insiste, se prolong\u00f3 hasta el 18 de septiembre de 2017, y no sobre la existencia misma de ese v\u00ednculo, por lo que el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo confirmatorio del Tribunal, no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales de esa declaraci\u00f3n judicial, aspecto que se torna esencialmente econ\u00f3mico y por lo mismo queda sujeto a las reglas que en materia de inter\u00e9s prev\u00e9 el ordenamiento procesal\u00bb y, a\u00f1adi\u00f3, la omisi\u00f3n del recurrente de haber aportado un dictamen pericial tendiente a dilucidar tal aspecto, carga que se impone a voces del art\u00edculo 339 del C.G.P. (fls. 20 a 22 C. Tribunal.pdf). <\/p>\n
6. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de s\u00faplica y, en subsidio, queja, argumentando que al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho versa sobre un asunto que ata\u00f1e \u00fanicamente al estado civil de las personas, por lo que se encuentra relevada de acreditar el inter\u00e9s pecuniario. <\/p>\n
Por ende, frente a la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, sostuvo que la herramienta excepcional referida es procedente cuando las aspiraciones de la demanda son \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, condici\u00f3n que no se satisfizo dentro del juicio, pues aquellas se encaminaron a que se declarara \u00abla existencia de la uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, de suerte que las pretensiones no pueden ser consideradas como exclusivamente dinerarias. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que, si se tiene como fundamento tal exigencia en el proceso declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho, se obligar\u00eda al demandante a efectuar, ab initio, un procedimiento similar al de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial; es decir, a realizar los inventarios y aval\u00faos en una etapa previa a la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, con la censura alleg\u00f3 una relaci\u00f3n de los bienes adquiridos dentro de la sociedad para intentar justificar la existencia del \u00abjustiprecio\u00bb. <\/p>\n
7. En auto del 20 de enero de 2021, el Tribunal mantuvo inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n y, tras adecuar a la normatividad frente a los recursos interpuestos, el 16 de marzo siguiente concedi\u00f3 la queja pedida en subsidio. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que niega la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n; por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo ajustado a la ley o no. <\/p>\n
2. Debido al car\u00e1cter restringido y extraordinario de la casaci\u00f3n, este medio solamente procede contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia en: (a) \u00abtoda clase de procesos declarativos\u00bb; (b) \u00aben las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb y; (c) las proferidas para \u00abliquidar una condena en concreto\u00bb (art\u00edculo 334 C.G.P.). Y, al tratarse de asuntos atinentes al estado civil \u00abs\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles\u00bb de dicho mecanismo los fallos de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, cuando las pretensiones del proceso sean \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, la cuant\u00eda del inter\u00e9s estar\u00e1 demarcada por \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo exige el canon 338 ejusdem, determinado por el monto del agravio que la sentencia ocasiona al impugnante. <\/p>\n
Frente a dicho inter\u00e9s, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) est\u00e1 supeditado al valor econ\u00f3mico de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe hacerse para el d\u00eda del fallo, aunque, cuando la \u2018sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma\u2019. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido inter\u00e9s estar\u00e1 dada por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n\u00bb. (CSJ CSJ AC 5 de septiembre de 2013, rad. n\u00b0 2013-00288-00, reiterado en AC1852-2021) (resaltado intencional). <\/p>\n
3. Cuando se trata de asuntos netamente patrimoniales, el art\u00edculo 339 \u00eddem establece que \u00abcuando sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para el recurrente, como lo es, acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, al momento de interponer el recurso, salvo que el mismo, sea determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
4. En el caso sub judice, conforme se rese\u00f1\u00f3 en precedencia, los demandantes promovieron el juicio declarativo para obtener las siguientes pretensiones: <\/p>\n
\u00abPrimera. Que entre los se\u00f1ores NEREYDA HELIODORA ALVARINO RIVERA y JAIME EDUARDO LOZANO CAMACHO existi\u00f3 una UNI\u00d3N MARITAL DE HECHO que se inici\u00f3 el 1 de mayo de 2010 y perdur\u00f3 hasta el d\u00eda 18 mes de septiembre de 2017. <\/p>\n
Segunda. Como consecuencia de lo anterior se declare la existencia de la SOCIEDAD PATRIMONIAL entre la se\u00f1ora NEREYDA HELIODORA ALVARINO RIVERA y JAIME EDUARDO LOZANO CAMACHO de condiciones civiles contenidas en el cuerpo de la demanda desde el 1\u00ba de mayo de 2010 hasta el 18 de septiembre de 2017, conformada por el patrimonio social de que da cuenta la presente demanda. <\/p>\n
Tercera. Que en el evento de oponerse infundadamente a las pretensiones de la demanda se condene al extremo pasivo a pagar las costas y gastos del proceso\u00bb. <\/p>\n
5. Dichos pedimentos, en s\u00edntesis, se fundamentaron en que los se\u00f1ores Nereyda Heliodora Alvarino Rivera y Jaime Eduardo Lozano Camacho formaron una uni\u00f3n estable, conviviendo bajo el mismo techo, compartiendo todos los gastos del hogar y brind\u00e1ndose una ayuda econ\u00f3mica y espiritual permanente, comport\u00e1ndose como marido y mujer en las fechas se\u00f1aladas con anterioridad. <\/p>\n
6. Con prove\u00eddo del 9 de septiembre de 2019, el a quo resolvi\u00f3: i) declarar que entre la pareja existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho desde el 1\u00ba de marzo de 2010 hasta el 26 de marzo de 2016, ii) declarar probada la excepci\u00f3n de titulada \u00abPrescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho\u00bb, iii) no declarar la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial. (fls. 455 a 456 C. 1.Continuaci\u00f3n.pdf); apelada tal decisi\u00f3n por la demandante, el ad quem la confirm\u00f3 en su integridad. <\/p>\n
7. En el sub lite, para no abrir paso a la casaci\u00f3n, el Tribunal consider\u00f3 que el debate propuesto por la se\u00f1ora Alvarino Rivera contra la sentencia del 19 de noviembre del 2020, no se ciment\u00f3 en el estado civil de la pareja conformada con Jaime Eduardo Lozano Camacho, sino sobre un aspecto completamente diferente, cual es la divergencia temporal de la mentada uni\u00f3n. <\/p>\n
De hecho, al revisar el expediente y, en particular, los argumentos expuestos por la apoderada de la actora, resulta evidente que su disentimiento no se cierne sobre la existencia de la uni\u00f3n marital [ya que se declar\u00f3 en ambas instancias] ni, por contera, sobre su estado civil, sino sobre el hito temporal que tuvieron en cuenta los juzgadores de ambos niveles para determinar la data de finalizaci\u00f3n de la citada uni\u00f3n. <\/p>\n
8. Entonces, como el estado civil de las partes s\u00ed se defini\u00f3 al declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, pero en fechas que, a juicio de la parte actora, no fueron las correctas, lo que busca la casacionista es extenderlas para abarcar un espacio de tiempo suficiente que le permita acceder a la declaratoria de la sociedad patrimonial y evitar as\u00ed los efectos derivados de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corporaci\u00f3n, en reiteradas ocasiones, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abEn efecto, aunque las pretensiones versan sobre la declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre los aqu\u00ed litigantes, as\u00ed como el correspondiente surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, lo cierto es que el primer t\u00f3pico, esto es, el relacionado con el estado civil, fue reconocido y declarado en el fallo censurado; por lo que el reproche se formula con respecto al tiempo en el cual \u00e9sta se configur\u00f3; sin embargo, la sentencia del ad quem confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de declarar el surgimiento de la sociedad patrimonial desde el 20 de septiembre del 2000 hasta el 5 de septiembre de 2015, aunque el demandado alega que \u00e9sta inici\u00f3 el 20 de diciembre de 2010 (fl. 135, cd. 1) (\u2026) <\/p>\n
En reciente caso, que guarda simetr\u00eda con el que concita la atenci\u00f3n de la Sala, explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 5. Puestas as\u00ed las cosas, es n\u00edtido que la posible discusi\u00f3n que en esta sede aspira ventilar el convocado quedar\u00eda confinada meramente a uno de los extremos temporales de la relaci\u00f3n marital, en ning\u00fan caso para desconocer su existencia y el estado civil que engendra, sino apenas como un elemento a tener en cuenta para resolver el verdadero debate de fondo que subsiste, de linaje estrictamente econ\u00f3mico, que no es otro que el atinente a si se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, prevista en el art\u00edculo 8\u00ba de la mentada Ley 54 de 1990 cuando pasa \u201cun a\u00f1o, a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros\u201d\u00bb (AC6643-2017, 9 oct. 2017, rad. 2012-00036-01)\u00bb (AC797-2019. Casos similares AC1423-2020, AC2016-2020, AC731-2021). <\/p>\n
Recientemente tambi\u00e9n indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEntonces, si el litigio se restringe a determinar los hitos temporales de la uni\u00f3n marital de hecho, y no su existencia, el agravio causado al impugnante extraordinario con el fallo del tribunal no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales que ese estado pudiera conllevar, faceta del petitum que, en puridad, es esencialmente econ\u00f3mica\u00bb (AC2204-2021). <\/p>\n
9. As\u00ed las cosas, en asuntos como el que ocupa la atenci\u00f3n de este despacho, ha de establecerse \u00abla cuant\u00eda de los bienes que, seg\u00fan el fallo impugnado, integran el patrimonio com\u00fan de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, pero que, de prosperar la impugnaci\u00f3n extraordinaria, pasar\u00edan a ser exclusivamente del convocante\u00bb (AC1423-2020). <\/p>\n
Lo anterior puede efectuarse atendiendo las directrices del art\u00edculo 339 del C.G.P., bien sea por el camino de los elementos de juicio obrantes en el plenario, ora por la v\u00eda del dictamen pericial, \u00faltimo caso que adem\u00e1s debe responder al criterio de oportunidad en su presentaci\u00f3n1 y de esa forma delimitar, en justa medida, los derechos objeto de discusi\u00f3n y el impacto de la sentencia desfavorable a la casacionista. <\/p>\n
10. Teniendo claro lo anterior y que en el presente asunto se requer\u00eda probar el inter\u00e9s patrimonial para actuar, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, establece que si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas, el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n (\u2026)\u00bb excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en los pleitos meramente patrimoniales, como lo es el presente asunto, el art\u00edculo 339 ejusdem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que impone la carga de acreditar el monto del detrimento ocasionado cuando se interpone el recurso, lo que no obsta para el juzgador examine ex oficio los elementos de convicci\u00f3n militantes en el plenario. <\/p>\n
11. Sobre el particular, de entrada se advierte que al momento de interponer el recurso, la parte interesada omiti\u00f3 acreditar el inter\u00e9s pecuniario en este caso, pues no alleg\u00f3 un dictamen pericial que actualizara los valores de los bienes adquiridos dentro del interregno de la uni\u00f3n pretendida. <\/p>\n
En este punto, fuerza resaltar que la oportunidad para tal fin venci\u00f3 con la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, al que no se ados\u00f3 ning\u00fan elemento que demostrar\u00e1 tal inter\u00e9s. <\/p>\n
Por ende, el dictamen que se pretendi\u00f3 aportar con el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja no puede tenerse en cuenta, al resultar intempestivo. <\/p>\n
12. Entonces, como no se adjunt\u00f3 ninguna valuaci\u00f3n con el recurso extraordinario, se tomar\u00e1n como base los documentos obrantes dentro del plenario, tal como reiteradamente lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n al indicar: <\/p>\n
\u00abPara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9 que \u201c\u2026su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb\u201d (CSJ AC1923-2018, 16 may.), reiterado en AC409-2020. <\/p>\n
Siguiendo tales premisas y efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al acopio probatorio se concluye que, el eventual perjuicio causado con la actora con la decisi\u00f3n fustigada, no excede los 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que se requieren para la concesi\u00f3n de la protesta extraordinaria. <\/p>\n
Para clarificar lo rese\u00f1ado, a continuaci\u00f3n se relacionar\u00e1n los bienes denunciados, su fecha de adquisici\u00f3n y el valor que aparece plasmado en los documentos allegados durante el juicio: <\/p>\n
<\/p>\n
Bien <\/p>\n
Fecha de adquisici\u00f3n <\/p>\n
Valor del acto <\/p>\n
303-84460 <\/p>\n
10 de marzo de 2014 <\/p>\n
$48.000.000 <\/p>\n
080-51674 <\/p>\n
5 de octubre de 2015 <\/p>\n
$41.784.000 <\/p>\n
303-11219 <\/p>\n
31 de diciembre de 2010 <\/p>\n
$25.000.000 <\/p>\n
303-67452 <\/p>\n
24 de agosto de 2011 <\/p>\n
$9.037.000 <\/p>\n
303-58579 <\/p>\n
6 marzo de 2012 <\/p>\n
$11.630.000 <\/p>\n
Veh\u00edculo TAR 306 <\/p>\n
7 de septiembre de 2017 <\/p>\n
$58.000.000 <\/p>\n
Veh\u00edculo TAR 312 <\/p>\n
24 de mayo de 2017 <\/p>\n
$59.300.000 <\/p>\n
Cesant\u00edas <\/p>\n
6 de febrero de 2019 <\/p>\n
$23.610.788 <\/p>\n
En consecuencia, de la sumatoria de las partidas descritas, a lo sumo, el total equivaldr\u00eda aproximadamente a $276.361.788.oo, cifra que no alcanza los 1.000 s.m.l.m.v. requeridos para la data en que se profiri\u00f3 la sentencia cuestionada. Por tal raz\u00f3n, no alcanz\u00f3 el justiprecio para recurrir de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
13. Finalmente, se destaca que no era deber del Tribunal ni de esta Corte, actualizar motu proprio los valores de los referidos bienes, pues tal labor reca\u00eda directamente en la interesada, quien tuvo a su alcance la oportunidad procesal para tal fin y no lo hizo. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00abel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u00bb. (CSJ AC 1146-2021). <\/p>\n
14. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve, <\/p>\n
Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020, por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso declarativo de la referencia. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 AC005-2018, AC4098-202, AC4343-2021, AC5338-2021 <\/p>\n
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AC803-2022 (2021-01321-00) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC803-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01321-00 Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la demandante Nereyda Heliodora Alvarino Rivera, frente al auto de 15 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61744","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61744","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61744"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61744\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61744"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61744"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61744"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}