AC876-2022 (2019-00077-01)<\/p>\n
Rad. n\u00b0 73349-31-03-001-2019-00077-01 <\/p>\n
AC876-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73349-31-03-001-2019-00077-01 <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Respecto de la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado frente a la sentencia de 18 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso verbal incoado por Maritza V\u00e1squez Franco contra Jhon Humberto Rippe Sierra, se observa lo siguiente: <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante solicit\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del predio denominado El diamante II, ubicado en el municipio de Honda e identificado con el folio de matr\u00edcula N\u00b0 362-4013 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, y se condene al demandado al pago de $64\u2019800.000, a t\u00edtulo de frutos producidos por el predio desde el 30 de septiembre de 2016 hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
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2. Una vez surtido el tr\u00e1mite de la primera instancia, con oposici\u00f3n del enjuiciado, el juzgador a-quo resolvi\u00f3: I) declarar no probadas las excepciones propuestas; II) acceder a la reivindicaci\u00f3n deprecada; III) condenar al accionado a restituir a su antagonista el bien ra\u00edz citado y pagar $44\u2019334.000 por concepto de frutos civiles. <\/p>\n
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3. Contra tal veredicto el perdedor se alz\u00f3, siendo confirmado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, con prove\u00eddo de 18 de noviembre de 2021. <\/p>\n
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4. El encartado interpuso casaci\u00f3n, la cual fue concedida por el operador judicial ad-quem el 16 de diciembre siguiente, tras considerar que el supuesto perjuicio irrogado con el fallo ascend\u00eda al valor del fundo objeto del pleito, el cual, conforme al aval\u00fao aportado al interponer el recurso extraordinario, asciende a $1.026\u2019847.000. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Por el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, en tanto no pretende una revisi\u00f3n del asunto en litigio sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano y la reparaci\u00f3n del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, seg\u00fan el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso; la normatividad que lo rige establece requisitos rigurosos para su admisi\u00f3n, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo que la misma ley lo permita. <\/p>\n
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La decisi\u00f3n de admisi\u00f3n, en este contexto, entra\u00f1a una cuidadosa labor de verificaci\u00f3n que la Corte no puede obviar, aunque el juzgador de instancia haya emitido decisi\u00f3n previa, pues debe constatar que al ser concedido el remedio extraordinario no fue desconocido el ordenamiento jur\u00eddico y, de haberlo hecho, deber\u00e1 advertir la situaci\u00f3n al funcionario competente para que examine su decisi\u00f3n, devolviendo el expediente con la indicaci\u00f3n de la concesi\u00f3n prematura de la impugnaci\u00f3n (AC, 4 jul. 2013, rad. n\u00b0 2010-00109-01). <\/p>\n
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2. En punto al inter\u00e9s para recurrir, el art\u00edculo 338 \u00eddem dispone que podr\u00e1 acudirse en casaci\u00f3n cuando \u00ab\u2026el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u2026\u00bb, lo cual deber\u00e1 revisar el Tribunal con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el impugnante anexe un dictamen pericial si lo considera conveniente, como lo establece el art\u00edculo 339 ib\u00eddem. <\/p>\n
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Y aun cuando el inciso final del art\u00edculo 342 ejusdem prescribe que \u00ab[l]a cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte…\u00bb, estableciendo as\u00ed una restricci\u00f3n a la actividad del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n civil; esta regla no puede entenderse como imperativo para que este \u00f3rgano l\u00edmite admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia del quantum de la afectaci\u00f3n a los intereses patrimoniales del actor, pues tal hermen\u00e9utica vaciar\u00eda de contenido y finalidad el acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un inter\u00e9s para recurrir, que simplemente ser\u00eda soslayado en los casos en que el fallador tome decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectaci\u00f3n del principio de la legalidad. <\/p>\n
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Para evitar dicha anomal\u00eda es necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita que una norma tenga efectos sobre la que los repudia, en concreto, la de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, con el fin de concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. <\/p>\n
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Ahora bien, tal cual se indic\u00f3, la procedencia del recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 supeditada, entre otras condiciones, a que el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea o exceda del monto fijado por la ley, de donde resulta que el inter\u00e9s para recurrir surge del valor del agravio que la sentencia proferida por el juzgador ad-quem le irroga al censor, inter\u00e9s que debe establecerse en el momento en que se causa, esto es, cuando se profiere el pronunciamiento que lo origina. <\/p>\n
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De all\u00ed que, al analizar la cuant\u00eda para recurrir en relaci\u00f3n con veredictos que disponen la devoluci\u00f3n de bienes, es dable acudir al \u00ab\u2026valor del inmueble que debe restituir, junto con el de los frutos cuyo pago se le impuso, cifra de la cual debe descontarse la cantidad que la actora le debe abonar, todo en el monto al cual ascend\u00edan en la fecha del fallo\u00bb (CSJ AC de 26 may. 2004, rad. 2004-00095). <\/p>\n
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Por consecuencia, respecto de bienes inmuebles, su estimaci\u00f3n comercial, as\u00ed como el porcentaje de dominio reclamado, constituyen dos (2) elementos esenciales para definir el dem\u00e9rito patrimonial (AC8593, 14 dic. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00129-01, reitera el auto AC, 28 sep. 2012, rad. n.\u00b0 2006-00065-01. En el mismo sentido AC, 7 jul. 2014, rad. n.\u00b0 2010-00048-01 y AC6729, 4 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00129-01). <\/p>\n
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3. En el caso concreto, la providencia del tribunal orden\u00f3 al recurrente devolver a la demandante la finca El Diamante II, ubicada en el municipio de Honda, con frutos civiles que tas\u00f3 en $44\u2019334.000. <\/p>\n
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En este orden de ideas, Jhon Humberto Rippe Sierra, con ocasi\u00f3n del fallo de \u00faltima instancia que accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n pretendida, resulta afectado por tener que devolver el predio citado m\u00e1s los referidos frutos civiles. Por ende, el valor de este bien adicionado en $44\u2019334.000, determina el inter\u00e9s para recurrir y, bajo esa directriz, el fallador de segundo grado concedi\u00f3 el recurso teniendo en cuenta el dictamen pericial aportado con el escrito de reparo. <\/p>\n
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Sin embargo, en el caso bajo estudio el labor\u00edo acogido no satisface las condiciones para ser tenido en cuenta, lo que deja al descubierto que fue prematura la definici\u00f3n por la que se dio v\u00eda libre al recurso. <\/p>\n
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En efecto, el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (I) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (II) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (III) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (IV) incluir los datos de contacto del perito; (V) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (VI) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (VII) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. <\/p>\n
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Sobre el punto, la Corte ha sostenido que todo dictamen pericial debe observar tales requerimientos especiales, so pena de que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella, y, por tanto, deba declararse prematura la concesi\u00f3n (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01). <\/p>\n
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Empero de lo comentado, la experticia arrimada al proceso y sobre la cual se fund\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso sub examine omiti\u00f3 requisitos de los enumerados en precedencia, como se evidencia a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
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(a) Los dos peritos que signaron el trabajo olvidaron remitir los soportes de su experiencia, no obstante haberla mencionado (n\u00fam. 3\u00b0, art. 226 C.G.P.); aunque informaron los juicios en los cuales han rendido dict\u00e1menes periciales, no se\u00f1alaron los nombres de los apoderados judiciales de las partes all\u00ed intervinientes (n\u00fam. 5\u00b0 ib.); e igualmente pretermitieron indicar si han sido designados en procesos anteriores o en curso por algunos de los gestores judiciales que en este tr\u00e1mite representan al recurrente, incluso el segundo de los peritos ni siquiera manifest\u00f3 si ha sido designado por la misma parte (n\u00fam. 6\u00b0). <\/p>\n
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(b) La experticia carece de los atributos de precisi\u00f3n y fundamentaci\u00f3n, pues si bien exterioriz\u00f3 haber acudido al m\u00e9todo de enfoque de comparaci\u00f3n de mercado inmobiliario fundado en ventas, en aras de establecer el valor de mercado del inmueble de marras, termin\u00f3 utilizando publicaciones con precios exigidos de venta, m\u00e1s no concretados; adem\u00e1s omiti\u00f3 se\u00f1alar cu\u00e1les fueron los bienes sobre los cuales realiz\u00f3 el aludido parang\u00f3n, sus propietarios y adjuntar los documentos que dieran cuenta de los negocios jur\u00eddicos pertinentes con base en los cuales extract\u00f3 el valor del metro cuadrado fundante de su conclusi\u00f3n (n\u00fam. 10, art. 226 C.G.P.), en tanto s\u00f3lo insert\u00f3 como fuentes tres c\u00f3digos de publicaciones inmobiliarias v\u00eda internet, de las que adicionalmente s\u00f3lo una se encuentra activa. <\/p>\n
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En adici\u00f3n, deja serias dudas a la Corte el establecimiento del valor del predio objeto de la litis en cuant\u00eda de $1.026\u2019847.000 para el a\u00f1o 2021, como quiera que el aval\u00fao catastral que data del 2019, aportado con la demanda genitora del litigio1, arroj\u00f3 un valor catastral de $251\u2019986.000, esto es, que aquel es superior a este en m\u00e1s del 300%, lo cual tampoco encuentra explicaci\u00f3n en la diferencia notoria entre los valores catastrales y los comerciales; as\u00ed mismo, el peritaje arroja otros valores que llaman la atenci\u00f3n, como que el valor de metro cuadrado de construcci\u00f3n del kiosco ($455.000) sea superior al de construcci\u00f3n de la piscina con que cuenta la heredad ($450.000). <\/p>\n
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Total es que la fundamentaci\u00f3n de ese peritaje es deficiente, lo cual no fue advertido por el juzgador de segundo grado dejando al descubierto la prematuridad de la concesi\u00f3n del mecanismo de defensa extraordinario, en desmedro del canon 339 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para el opugnador de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona la sentencia, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por las razones expuestas, se colige que el fallador de instancia procedi\u00f3 de manera apresurada en la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n, haci\u00e9ndose necesario que revise nuevamente si el disidente tiene inter\u00e9s para recurrir, por esa raz\u00f3n adoptar\u00e1 la decisi\u00f3n que considere pertinente, con fundamento en las normas legales y las pautas se\u00f1aladas en precedencia. A partir de estos insumos y dentro del marco de su competencia, tomar\u00e1 la decisi\u00f3n que considere pertinente. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Declarar prematuro el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil – Familia, al conceder el recurso extraordinario dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen, para que proceda de acuerdo con su competencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 31, cuaderno 1. <\/p>\n
3 <\/p>\n
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