AC882-2022 (2022-00091-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC882-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00091-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Manizales (Caldas) y Cuarenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 (antes Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogot\u00e1), para conocer de la demanda ejecutiva para la efectividad de la garant\u00eda real promovida por el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo \u00abFNA\u00bb contra Beatriz Elena V\u00e1squez Rend\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el Fondo accionante, actuando a trav\u00e9s del Consorcio Serlef\u00edn BPO&O-FNA Cartera Jur\u00eddica1, instaur\u00f3 demanda ejecutiva con fundamento en el pagar\u00e9 n.\u00ba 30325748 y el gravamen hipotecario constituido en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 5710 de 9 de diciembre de 2004 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales (Caldas), sobre el inmueble ubicado en esta ciudad e identificado \u00abcon folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 100-60628\u00bb. <\/p>\n
En el libelo la demandante invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente, por \u00ab\u2026B) por el factor territorial: al ser i) (sic) el domicilio del deudor, ii) (sic) el sitio para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n y iii) (sic) el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, en concomitancia con la renuncia que hace la demandante de acudir al fuero de su domicilio. Postura que se ajusta al privilegio que el art[\u00edculo] 15 del C\u00f3digo Civil le entrega al FONDO NACIONAL DEL AHORRO -dada su naturaleza de entidad financiera-, para que cuando realice actos de derecho privado prescinda hacer uso del num[eral] 10 en el art[\u00edculo] 28 del C.G.P\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El despacho judicial de esa ciudad la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que la demandante es una empresa industrial y comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero del orden nacional, por lo cual la competencia se radica en su lugar de domicilio, que es la ciudad de Bogot\u00e1, de conformidad con el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, pues es prevalente la competencia de acuerdo a la calidad de las partes, por ende, corresponde a su hom\u00f3logo de dicha localidad el conocimiento del asunto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el sub lite no puede afirmarse que la entidad p\u00fablica tenga domicilio en la ciudad Manizales, porque de la consulta realizada por ese despacho en la p\u00e1gina web del Registro \u00danico Empresarial y Social \u00abRUES\u00bb y en la Superintendencia Financiera, no encontr\u00f3 informaci\u00f3n de posibles sucursales o agencias en la citada urbe. <\/p>\n
3. El estrado destinatario del expediente declin\u00f3 su conocimiento, en raz\u00f3n a que de los elementos de juicio allegados con el escrito introductorio se evidencia que el t\u00edtulo valor base de recaudo fue creado en Manizales, por lo cual el asunto est\u00e1 vinculado a la agencia de la demandante ubicada en tal localidad, donde la convocada realiz\u00f3 los tr\u00e1mites del cr\u00e9dito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, precisando que si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el respectivo acto (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
3. Sin embargo, existen factores prevalentes sobre aquellos generales, en tanto el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que \u00aben los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (Resaltado ajeno). <\/p>\n
Acorde con lo anterior, en relaci\u00f3n con el ejercicio de \u00abderechos reales\u00bb cumple afirmar que dicho fuero tiene un car\u00e1cter exclusivo y no puede concurrir con otros, precisamente, porque su asignaci\u00f3n priva, esto es, excluye de competencia, a los despachos judiciales de otros lugares. <\/p>\n
Sobre el particular, es pertinente reiterar los pronunciamientos de esta Sala, en cuanto a que: <\/p>\n
Dentro de ese marco conceptual, sin perjuicio de la unificaci\u00f3n del tr\u00e1mite que trajo el nuevo estatuto procesal para los procesos ejecutivos sin garant\u00eda real o con ella, se tiene que cuando sea con esa prerrogativa, vale decir, que en el cobro forzado se ejercite el derecho real de prenda o de hipoteca, es necesario aplicar el comentado fuero privativo, esto es, determinar competente, exclusivamente, al juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes objeto del respectivo gravamen, por varias razones: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, en realidad el precepto bajo estudio no distingue en cuanto al ejercicio de \u00abderechos reales\u00bb, motivo por el que deben incluirse todos los contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico vigente (art\u00edculo 665 del C\u00f3digo Civil2 y normas concordantes), entre los cuales est\u00e1n los derechos de prenda y de hipoteca. <\/p>\n
El derecho real es definido por el citado precepto civil como aquel que se tiene sobre una cosa, sin respecto de determinada persona, noci\u00f3n sobre la cual ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u00abse trata de la idea Romana que consider\u00f3 el derecho real como la relaci\u00f3n directa entre la persona y la cosa\u00bb, y aunque se ha considerado que no puede haber una simple relaci\u00f3n entre personas y cosas, debe tomarse en cuenta qu\u00e9 sujeto pasivo de ese atributo son las personas indeterminadas, dado su efecto de ser frente a todo el mundo (SC de 10 de agosto de 1981, GJ 2407, p\u00e1g. 486). <\/p>\n
3.2. De otro lado, la variaci\u00f3n legislativa asign\u00f3 el conocimiento de los procesos en los que se ejerzan derechos reales al lugar de la ubicaci\u00f3n de los bienes, para lograr una mejor eficacia y econom\u00eda procesal, con el fin de evitar traslados, mayores erogaciones y demoras, para los asuntos relacionados con tales derechos, porque precisamente eso es lo que emana de lo expuesto para ponencia de primer debate del proyecto de ley, donde se anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 [como] los procesos que versan sobre derechos reales pueden ser tramitados con menor esfuerzo y mayor eficacia en el lugar en donde se encuentran los bienes, sobre los cuales recaen aquellos, no se ve raz\u00f3n para que puedan ser tramitados en otro lugar, lo que implica que la competencia debe ser privativa del juez de aquel lugar y no concurrente con el del domicilio del demandado como est\u00e1 planteado en el proyecto, Conviene entonces suprimir el numeral 7 del art\u00edculo 28 y funcionarlo con el numeral 8. (Informe de Ponencia para primer debate del proyecto de ley n\u00famero 196 de 2011 C\u00e1mara, Gaceta del congreso n\u00famero 250 de 2011). <\/p>\n
Con base en las afirmaciones anotadas se concluye que en los juicios en los que se ejerzan derechos reales, de los cuales son fiel trasunto los ejecutivos en los cuales se hace valer garant\u00eda prendaria o hipotecaria, es competente el juez del lugar donde est\u00e1n ubicados los bienes. <\/p>\n
3.3. Tal conclusi\u00f3n no merma con los fueros personal y obligacional, previstos en los numerales 1\u00b0 y 3\u00b0 del citado art\u00edculo 28, que suelen concurrir para procesos ejecutivos, pues dado el car\u00e1cter imperativo y excluyente del fuero privativo, es evidente que para el ejercicio de los derechos reales de prenda e hipoteca debe seguirse el tr\u00e1mite en el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, con independencia del domicilio del demandado y del sitio de cumplimiento de las obligaciones. <\/p>\n
4. No obstante lo anterior, el numeral 10\u00ba dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de car\u00e1cter privativo, el canon 29 del CGP dispone que \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
Esto en estrecha concordancia con lo decantado por la Sala, a trav\u00e9s del precedente (AC140-2020), que guarda simetr\u00eda con el sub examine, habida cuenta que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular res\u00e1ltese que el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb3, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u2018Con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente4, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u2018la intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u2018fuero especial\u2019. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2019. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de cap\u00edtulos que regulan distintos factores de competencia5, como son el territorial (Num. 10\u00ba, Art. 28 C.G.P.) y el funcional (Num. 6\u00ba, Art. 30, C.G.P.6), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, su identidad y las caracter\u00edsticas que le son inherentes7. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente8\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
5. Aplicando las anteriores premisas al caso de autos y partiendo de que el Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo \u00abFNA\u00bb es un establecimiento p\u00fablico, creado mediante el decreto ley 3118 de 1968 como una \u00abEmpresa Industrial y Comercial del Estado de car\u00e1cter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de cr\u00e9dito de naturaleza especial, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, y en consecuencia su r\u00e9gimen presupuestal y de personal ser\u00e1 el de las empresas de esta clase\u2026 vinculado al Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico\u2026\u00bb (Resaltado por la Corte), la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente -como regla general que admite excepciones-, a la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En efecto, para que se apliquen los par\u00e1metros de competencia de forma exclusiva, debe tenerse certeza sobre la condici\u00f3n del ente convocado, es decir, que se trate de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb (resaltado impropio), de lo contrario, se acudir\u00e1 al fuero general. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son: \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Adem\u00e1s, el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (destacado ajeno); por ende, la demandante es entidad p\u00fablica, de donde le resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso la Sala ha manifestado lo siguiente: <\/p>\n
El ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber a qui\u00e9n corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general se\u00f1ala que el proceso deber\u00e1 seguirse ante el funcionario con jurisdicci\u00f3n en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el \u00fanico tiene varios domicilios, ser\u00e1 competente cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es as\u00ed como el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad, p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, como en eventos a los cuales se ci\u00f1e el precepto reci\u00e9n citado el legislador previ\u00f3 una competencia privativa, cuando quiera que en un determinado asunto contencioso sea parte, demandante o demandada, una persona jur\u00eddica de la se\u00f1alada estirpe, el funcionario llamado a aprehenderlo ser\u00e1 \u00fanicamente el del domicilio de esa entidad. <\/p>\n
Conocer en forma privativa significa que solo es competente el juez del domicilio de la entidad territorial o descentralizada por servicios o de la entidad p\u00fablica implicada (Resalt\u00f3 la Corte, AC2909, 10 may. de 2017, rad. n.\u00b0 2017-00989-00). <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Cuarenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 (antes Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogot\u00e1) para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto el libelo en este caso no podr\u00eda ser conocido por el despacho judicial del lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble, conforme con el numeral 10\u00ba, art\u00edculo 28 en concordancia con el precepto 29 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6. Ahora bien, cierto es que el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que para \u00ablos procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb (Subraya ajena). <\/p>\n
Es decir que para conocer de una acci\u00f3n contra persona jur\u00eddica, el primer juez llamado es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, hip\u00f3tesis para la que tambi\u00e9n se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre aquella autoridad judicial y la de la respectiva sucursal o agencia, como se ha expuesto en varias ocasiones (entre otros, AC8175-2017, 4 dic. 2017, rad. 2017-03065-00; AC8666-2017, 15 dic. 2017, rad. 2017-02672-00). <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de este precepto ha dicho la Sala que: <\/p>\n
\u00abMandato este \u00faltimo del cual emana que si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, y tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, pero tambi\u00e9n contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ya ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo\u00bb (Resalt\u00f3 la Corte, AC489, 19 feb. 2019, rad. n.\u00b0 2019-00319-00). <\/p>\n
Y aun cuando dicho precepto aplica para cuando una persona jur\u00eddica es accionada, nada obsta su empleo en los eventos en los cuales una entidad p\u00fablica funge como demandante, porque de esta forma se preserva el atributo de prelaci\u00f3n de competencia consagrado a su favor en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28. <\/p>\n
Sin embargo, este caso debe ser conocido por el despacho judicial del domicilio principal del Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo \u00abFNA\u00bb de la ciudad de Bogot\u00e1, porque el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n consagra que fue creado en Bogot\u00e1, por lo cual es inaplicable la parte final del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso -respecto de asuntos vinculados a una sucursal o agencia-, en raz\u00f3n a que el sub lite no est\u00e1 vinculado a la agencia de la demandante ubicada en la localidad de Manizales, por lo que no es de recibo el argumento del estrado judicial de la capital de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
7. Como consecuencia de lo anotado se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Cuarenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 (antes Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogot\u00e1), por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro despacho involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Cuarenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 (antes Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogot\u00e1), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Aspecto sobre el cual no se pronuncia la Corte, en tanto la aceptaci\u00f3n o no de la designaci\u00f3n o sustituci\u00f3n de apoderados judiciales corresponde a los jueces de instancia, quienes deben evaluar tal situaci\u00f3n de cara al art\u00edculo 75 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Establece dicho precepto que: \u00abDerecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. (\u2026) Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitaci\u00f3n, los de servidumbres activas, el de prenda* y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
4\u0002 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u201cSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
5\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
6\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
8\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC882-2022 (2022-00091-00) AC882-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00091-00 Bogot\u00e1 D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Manizales (Caldas) y Cuarenta y Dos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 (antes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61773"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61773\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}