AC893-2022 (2011-00575-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC893-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-018-2011-00575-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante acta de reparto del 11 de noviembre de 2021, se asign\u00f3 al despacho del Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por L\u00eda Vilma Pinz\u00f3n Hern\u00e1ndez contra la sentencia del 30 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por medio de la cual se confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia que accedi\u00f3 a las pretensiones de reivindicaci\u00f3n elevadas contra la recurrente extraordinaria. <\/p>\n
2. En providencia del 17 de noviembre de 2021, el Magistrado sustanciador declar\u00f3 su impedimento para el conocimiento de la causa, argumentando que hab\u00eda participado en la Sala de Decisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela STC6829 de 10 de junio de 2021, incoada contra el juzgado de primera instancia donde se adelant\u00f3 el proceso de pertenencia promovido por la se\u00f1ora Pinz\u00f3n Hern\u00e1ndez en contra de los herederos de Mar\u00eda Evidalia \u00c1lvarez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
3. Consider\u00f3 el sustanciador que, en dicha acci\u00f3n de tutela, la determinaci\u00f3n de la Sala est\u00e1 \u00abintr\u00ednsecamente relacionada con la materia objeto de decisi\u00f3n por v\u00eda del recurso de casaci\u00f3n interpuesto respecto del mismo juicio\u00bb, motivo por el cual, al haber anticipado el Magistrado su criterio sobre el punto que puede ser objeto de decisi\u00f3n, se configura el impedimento por conocimiento previo, conforme lo ha aceptado la jurisprudencia de la Corte. <\/p>\n
4. Expuso adem\u00e1s que en la decisi\u00f3n de tutela, la Sala deneg\u00f3 la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n de la instancia por falta de defensa t\u00e9cnica porque la incuria de la actora hac\u00eda improcedente la acci\u00f3n, por lo que al adentrarse la decisi\u00f3n en los efectos de la falta de diligencia del apoderado en la atenci\u00f3n del proceso, \u00abtanto en materia de pr\u00e1cticas de pruebas, como en la representaci\u00f3n de los intereses de su poderdante\u00bb, se est\u00e1 ante una actuaci\u00f3n judicial con eventual incidencia en el recurso extraordinario, lo que impon\u00eda su alejamiento del asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La garant\u00eda de imparcialidad e independencia de los jueces <\/p>\n
El debido proceso, como principio fundamental de toda actuaci\u00f3n jurisdiccional \u2013en virtud del cual los postulados y valores esenciales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica deben ser puestos en vigencia en cada caso concreto\u2013, comprende una serie de exigencias, cuya plena observancia justifica y legitima el ejercicio del poder estatal de juzgar, con efectos definitivos, los conflictos de la comunidad. <\/p>\n
La independencia del juez y su imparcialidad, a voces de la jurisprudencia constitucional, constituyen objetivos superiores, que <\/p>\n
\u00ab(…) deben ser valoradas desde la \u00f3ptica de los \u00f3rganos del poder p\u00fablico \u2013incluyendo la propia administraci\u00f3n de justicia\u2013, de los grupos privados y, fundamentalmente, de quienes integran la litis, pues solo as\u00ed se logra garantizar que las actuaciones judiciales est\u00e9n ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica (art. 209 C.P.). <\/p>\n
La Corte ha explicado claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusi\u00f3n a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros \u00f3rganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio leg\u00edtimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales\u201d. Sobre la imparcialidad, ha se\u00f1alado que esta \u201cse predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garant\u00eda de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no s\u00f3lo de \u00edndole moral y \u00e9tica, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad conf\u00ede en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino tambi\u00e9n de responsabilidad judicial\u201d\u00bb (CC, sentencia C-496 de 2016). <\/p>\n
2. El r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones. <\/p>\n
Para garantizar la independencia y la imparcialidad rigurosa que debe orientar la labor judicial, es imperativo que los jueces se separen de aquellos juicios en los que encuentren estructuradas circunstancias de hecho, predefinidas por el legislador como causales de recusaci\u00f3n o impedimento, que pudieran poner en duda tales garant\u00edas. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en forma consistente, esta Sala haya reconocido que <\/p>\n
\u00ab(…) con el designio de garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, en cuanto son condiciones consustanciales al ejercicio de sus funciones (art\u00edculo 228 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y evitar que la rectitud en la administraci\u00f3n de justicia resulte alterada por factores incompatibles con ella, como son el afecto, los sentimientos de animadversi\u00f3n, el inter\u00e9s personal, la predeterminaci\u00f3n del criterio o el amor propio de los funcionarios, as\u00ed como tambi\u00e9n asegurar un debido proceso (art\u00edculo 29 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), el legislador ha consagrado en los c\u00f3digos de procedimiento unas causales de separaci\u00f3n de los funcionarios judiciales del conocimiento de los procesos, por voluntad de los mismos o por petici\u00f3n de las partes, en desarrollo de las instituciones de los impedimentos y las recusaciones. (…) [L]a jurisprudencia de esta Corte ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso, y por ende, el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garant\u00eda\u00bb (CSJ AC, 24 may. 2012, rad. 2011-00408-00). <\/p>\n
Siendo taxativas las causales de impedimento y recusaci\u00f3n, la autorizaci\u00f3n para separarse del caso asignado al conocimiento del fallador ha de estar sustentada en los motivos expresamente determinados, lo cual descarta interpretaciones extensivas o causales no previstas de manera expresa en la legislaci\u00f3n vigente (CSJ AC3675-2016, 15 jun. 2016, rad. 2001-00942-01). Sobre el particular, ha se\u00f1alado la Corte: <\/p>\n
\u00abLos jueces (…) deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador, destacando que, \u201cseg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley, toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica\u201d (CSJ AC, 8 abr. 2005, rad. 2005-00142-00)\u00bb (CSJ AC4511-2019, 17 oct.). <\/p>\n
3. Impedimento por conocimiento previo del asunto <\/p>\n
El art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso establece en su numeral segundo como causal de impedimento el \u00abhaber conocido del proceso o realizado cualquier actuaci\u00f3n en instancia anterior, el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente\u00bb. <\/p>\n
Es pac\u00edfico el entendimiento de la causal, que exige para su configuraci\u00f3n que el juez o magistrado haya actuado en el mismo proceso, en instancia anterior, lo que excluye las actuaciones en sede constitucional, toda vez que la acci\u00f3n de tutela es una actuaci\u00f3n judicial independiente. Sin embargo, esta Corporaci\u00f3n ha reconocido que, excepcionalmente, puede configurarse dicha causal de impedimento cuando se ha conocido acci\u00f3n constitucional previa en la que la decisi\u00f3n guarde una intima e inescindible relaci\u00f3n con el caso sometido a consideraci\u00f3n de quien se declara impedido. <\/p>\n
Ha sostenido la Corte: <\/p>\n
\u201cla tutela se erige como una acci\u00f3n subsidiaria y residual frente a los medios ordinarios de defensa judicial, cuyo procedimiento que se ha de seguir para su tr\u00e1mite, es el consagrado en el Decreto 2591 de 1991, que si se tiene en cuenta la actuaci\u00f3n de la Corte, en s\u00ed y para el asunto sometido a esta jurisdicci\u00f3n, no constituye la instancia a la que se refiere la causal segunda del art\u00edculo 150 del C. de P.C., alegada como para que se tenga en cuenta al definir el recurso de revisi\u00f3n. Pues el rito propio de la tutela y el recurso de revisi\u00f3n constituyen sin hesitaci\u00f3n dos actos muy diferentes y no est\u00e1n unidos por instancias como constitutivos de un todo jur\u00eddico procesal \u00fanico. Ahora bien y como ya se dijo, la \u00fanica posibilidad en que se podr\u00edan ligar estas dos actuaciones para hablar de un impedimento en los t\u00e9rminos de la citada norma instrumental, ser\u00eda si existiera una estrecha \u2018conexidad\u2019 entre lo resuelto en la tutela y lo que se propone para ser decidido mediante el recurso de revisi\u00f3n, que traiga como consecuencia necesaria que los funcionarios judiciales que conocieron de esa acci\u00f3n constitucional, se vean inclinados a mantener las tesis que sobre el objeto y la causa definida se expusieron al desatar ese procedimiento excepcional, para que con ello no se viera afectada la imparcialidad e independencia al tomar la decisi\u00f3n, que debe ser objetiva, aut\u00f3noma y desprovista de situaciones que puedan entrar a alterar el \u00e1nimo de \u00e9stos o nublar la serenidad que debe acompa\u00f1arlos al momento de formar su libre convencimiento a efecto de entregar el derecho justo que corresponda\u201d. (CSJ, AL 22 jun. 2007, rad 31802, reiterado en CSJ, AC998-2021, 23 mar.) <\/p>\n
De esta manera, ha aceptado esta Corporaci\u00f3n que el impedimento puede configurarse en aquellos casos en los que la decisi\u00f3n constitucional previa guarda estrecha e inequ\u00edvoca conexidad con el asunto actualmente puesto en consideraci\u00f3n del fallador. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
El Magistrado Quiroz Monsalvo efectivamente particip\u00f3 en la Sala de Decisi\u00f3n en la que se adopt\u00f3 de manera un\u00e1nime decisi\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela STC6892, por medio de la cual se confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dentro de la tutela interpuesta por la se\u00f1ora L\u00eda Vilma Pinz\u00f3n Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito. <\/p>\n
La solicitud de amparo constitucional buscaba la anulaci\u00f3n de todo lo actuado en primera instancia y se bas\u00f3 en la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica de la demandante inicial dentro del proceso de pertenencia que promovi\u00f3 en contra de los herederos de Mar\u00eda Evidalia \u00c1lvarez Hern\u00e1ndez, en el cual, por \u00abfalencias\u00bb de su abogado, el a quo decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del proceso de pertenencia, continuando adelante el tr\u00e1mite con la demanda de reconvenci\u00f3n propuesta por los demandados iniciales, quienes pretend\u00edan la reivindicaci\u00f3n del inmueble en disputa. <\/p>\n
En sede de tutela, se acredit\u00f3 que la accionante no interpuso recursos contra el auto que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, ni propuso ante el juez de conocimiento incidente de nulidad alguno, sin embargo, fund\u00f3 su impugnaci\u00f3n en la \u00abnulidad constitucional\u00bb que se hab\u00eda configurado en el proceso de pertenencia por \u00abcarencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
Al desatar la impugnaci\u00f3n, consider\u00f3 la Sala que no se cumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad por estar pendiente la decisi\u00f3n de segunda instancia y por la probada incuria de la parte en la atenci\u00f3n del proceso, esto en la medida en que la motivaci\u00f3n principal de la solicitud de amparo era la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito que puso fin al proceso de pertenencia, decisi\u00f3n contra la que la actora no interpuso ning\u00fan recurso. <\/p>\n
Se record\u00f3 en esa oportunidad el precedente de la Corte conforme al cual la supuesta falta de diligencia de los apoderados no son justificaciones con la fuerza jur\u00eddica suficiente para abrir camino al amparo, pues estando los interesados representados judicialmente, no es posible atribuir a los jueces el resultado de la falta de gesti\u00f3n, existiendo el deber en cabeza de la parte de vigilar el desarrollo de los asuntos encomendados. <\/p>\n
En dicha providencia, la Sala no analiz\u00f3 en modo alguno los asuntos relacionados con las alegaciones de las partes, la pr\u00e1ctica de pruebas ni las decisiones de fondo tomadas al interior del proceso verbal, por lo que el an\u00e1lisis realizado respecto de los efectos de la incuria profesional se circunscribi\u00f3 exclusivamente al incumplimiento del principio de subsidiariedad al no haber agotado la accionante los mecanismos ordinarios de defensa que, al interior del proceso, ten\u00eda para atacar la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito, por lo que no hubo pronunciamiento previo sobre el fondo del asunto que pudiera comprometer la imparcialidad de los Magistrados que conformaron la Sala de Decisi\u00f3n. <\/p>\n
En un asunto similar en el que la Sala deneg\u00f3 la declaratoria de impedimento, se consider\u00f3: <\/p>\n
\u00abAunado a lo anterior, se advierte que la protecci\u00f3n constitucional no se concedi\u00f3, porque las accionantes no cumplieron con el requisito de procedibilidad, dado que no agotaron todos los medios de defensa con que contaban para el ejercicio de sus garant\u00edas; de ah\u00ed que esta Sede no se adentr\u00f3 en el examen del fondo de la controversia, por lo que no se comprometi\u00f3 en modo alguno la garant\u00eda de imparcialidad de la funci\u00f3n judicial, ni aquella decisi\u00f3n constituye prejuzgamiento\u00bb. (CSJ, AC2335-2014, 6 may.) <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que habiendo quedado en firme la decisi\u00f3n que decret\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito la terminaci\u00f3n del proceso de pertenencia, el asunto que llega a la Corte en casaci\u00f3n no es ese mismo proceso, ya concluido, sino el proceso reivindicatorio adelantado por los demandantes en reconvenci\u00f3n, en virtud de la expresa habilitaci\u00f3n legal de acumulaci\u00f3n de tales pedimentos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se avizora en modo alguno la estrecha e inequ\u00edvoca conexidad entre lo decidido en la sentencia de tutela STC6892 de 10 de junio de 2021 con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de segunda instancia de fecha 30 de junio del mismo a\u00f1o, por lo que el impedimento esgrimido no encuentra vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar infundado el impedimento manifestado por el honorable Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo para conocer el presente medio de impugnaci\u00f3n extraordinario. <\/p>\n
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, devu\u00e9lvase el expediente al Despacho del Magistrado sustanciador, para continuar con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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