AC901-2022 (2022-00550-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC901-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00550-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de atribuci\u00f3n suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito, Primero de Sincelejo y Quince de la capital de la Rep\u00fablica, para conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- frente a DAVID EL\u00cdAS GUERRA DE LA ASPRIELLA y BANCOLOMBIA S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La precursora del litigio, solicit\u00f3 en el a\u00f1o 2014 ante los juzgadores de Sincelejo, decretar con fundamento en la utilidad p\u00fablica, la expropiaci\u00f3n de una franja de terreno que forma parte del lote de mayor extensi\u00f3n correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria No. 340-84219, ubicado en ese municipio, cuyos derechos reales figuran a favor de los accionados. <\/p>\n
La atribuci\u00f3n la finc\u00f3 con base en la cuant\u00eda que estim\u00f3 en \u201cCiento Cincuenta y Dos Millones Ciento Setenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos M\/CTE ($152.166.969.oo)\u201d, y en las facultades previstas en los c\u00e1nones 16 y 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1. <\/p>\n
2. Por reparto, la demanda correspondi\u00f3 al Despacho Cuarto Civil del Circuito de aquella circunscripci\u00f3n, quien, tras admitirla, y surtir varias actuaciones, la remiti\u00f3 a su hom\u00f3logo Primero de la misma municipalidad, en virtud de la distribuci\u00f3n as\u00ed dispuesta en el Acuerdo PSAA 15-10300 de 15 de febrero de 2015, a trav\u00e9s del cual se establecieron en esa regi\u00f3n las medidas para la implementaci\u00f3n de la oralidad2. <\/p>\n
3. A su vez, el estrado destinatario, Primero Civil del Circuito de la capital de Sucre, si bien prosigui\u00f3 el tr\u00e1mite y agot\u00f3 varias diligencias, posteriormente decidi\u00f3 desprenderse del mismo, al aducir que la competencia est\u00e1 adscrita en sus similares de Bogot\u00e1, donde se ubica el domicilio de la entidad gestora, cuya naturaleza de Agencia \u201cEstatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva\u201d, conlleva a la aplicaci\u00f3n del criterio subjetivo, \u201cimprorrogable e irrenunciable\u201d establecido en el numeral 10\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso y a la del auto de unificaci\u00f3n dictado por esta Sala (AC140-2020)3. <\/p>\n
4. Por su parte, el Despacho Quince de la consabida \u00e1rea y categor\u00eda de la ciudad de destino, a quien le fue asignado el rito, tambi\u00e9n se abstuvo de asumirlo, y en efecto, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se desata, luego de disentir de lo argumentado por el remitente, al considerar que la \u201cdemanda fue instaurada en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil cuyas reglas especiales contenidas en el art\u00edculo 23, no atribu\u00edan la competencia en el domicilio del actor, como si lo establece el actual C\u00f3digo General del Proceso, que para dicha \u00e9poca no hab\u00eda entrado en vigencia al tenor de los preceptuado en el art\u00edculo 627\u201ddel mismo compilado4. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la demanda de expropiaci\u00f3n motivo de an\u00e1lisis, respecto de la cual, se discute la viabilidad continuar el tr\u00e1mite a la luz del criterio de asignaci\u00f3n 10\u00b0 contemplado en el precepto 23 del C\u00f3digo del Procedimiento Civil, o si lo procedente es reconducir las actuaciones de acuerdo al foro 10\u00b0 previsto en el art\u00edculo 28 del actual compendio adjetivo. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
En raz\u00f3n a que la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo7\u00b0 de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico <\/p>\n
Estos se\u00f1alan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el interesado y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en los juicios \u201cen que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumpla precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real, determinado por el \u201clugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo, alusivo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la aptitud legal privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de asignaci\u00f3n entre dos fueros privativos, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, sentido en el precept\u00faa el art\u00edculo 29 ejusdem, que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d5. <\/p>\n
No obstante, para la aplicaci\u00f3n de tal directriz prevalente, ha de tenerse en cuenta el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la vocaci\u00f3n legal \u201cse regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la Ley elimine dicha autoridad\u201d, que complementa el numeral 8\u00b0 del canon 625 del mismo compendio, al disponer que \u201creglas sobre competencia previstas en este C\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda\u201d. <\/p>\n
Lo que, dicho de otra manera, significa que si el escrito inaugural fue radicado en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, bajo esas pautas de asignaci\u00f3n continuar\u00e1 regido, a menos que la autoridad cognoscente sea suprimida por ministerio de la ley. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
Dictado el 24 de enero de 2020 (AC140-2020), se traduce en expresi\u00f3n mayoritaria de la Sala, y en gu\u00eda indiscutible para la soluci\u00f3n de los asuntos en los que est\u00e9 involucrada una persona jur\u00eddica subsumible en el fuero subjetivo contemplado en la actual normativa de enjuiciamiento, como se resaltan enseguida: <\/p>\n
\u201cComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Se advierte que, si bien la promotora del juicio es \u201cuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u201d, y bajo una mirada somera esa naturaleza bastar\u00eda para adscribir la asignaci\u00f3n en su domicilio, adoptando el fuero prevalente subjetivo previsto en el pluricitado numeral 10\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el mentado criterio de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, lo cierto es, que tal postura carece de una mirada integral, y en esa medida refulge improcedente. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, puesto que la demanda de expropiaci\u00f3n motivo de an\u00e1lisis fue radicada en el a\u00f1o 2014, es decir, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil6, situaci\u00f3n que a la luz de las normas de tr\u00e1nsito legislativo, revela la convicci\u00f3n para se\u00f1alar que el tr\u00e1mite ha de seguir bajo el marco atribucional de dicho cuerpo normativo, dada la inviabilidad de sustituirlo, prevista en los c\u00e1nones 624 y 625 del estatuto General del Proceso, atr\u00e1s relacionados. <\/p>\n
En ese orden, es pertinente resaltar que en Sincelejo, donde fue presentado y admitido el libelo inicial, se encuentra situado el inmueble a expropiar, ah\u00ed la congruencia con lo dispuesto en el \u00edtem 10\u00b0 del art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual, en lo \u201cprocesos divisorios, de deslinde y amojonamiento, de expropiaci\u00f3n, de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de restituci\u00f3n de tenencia, de declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes\u201d. <\/p>\n
A lo dicho en precedencia, es preciso acotar que, la decisi\u00f3n de desligarse de oficio de las actuaciones, dictada por el Juez Primero Civil del Circuito de la capital de Sucre, primigenio por haber asumido la competencia en cumplimiento del Acuerdo PSAA 15-10300 de 15 de febrero de 2015, emerge desacertada porque desconoce no solo las reglas de permanencia y transferencia legislativa atr\u00e1s dilucidadas, sino tambi\u00e9n el principio de la perpetuatio jurisdictionis, que en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y para el particular, impide repeler la aptitud legal pret\u00e9ritamente adquirida. <\/p>\n
En un caso de relieve semejante, la Sala preciso que: <\/p>\n
\u201c(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d (CSJ AC2103-2014, 28 abr. 2014, rad. 2014-00555-00)\u201d <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo expuesto, se ordenar\u00e1 remitir el expediente a la judicatura concernida de Sincelejo, para que reasuma la competencia que ya hab\u00eda avocado en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y que conforme a las normas de tr\u00e1nsito normativo, y al mandato de la perpetuatio jurisdictionis, le imped\u00eda declinarla para dar paso a la hermen\u00e9utica derivada del nuevo compendio adjetivo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de atribuci\u00f3n surgido entre los juzgados mencionados, determinando que al Primero Civil del Circuito de Sincelejo, le compete conocer el juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI, frente a DAVID EL\u00cdAS GUERRA DE LA ASPRIELLA y BANCOLOMBIA S.A. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Firmado Electr\u00f3nicamente <\/p>\n
1\u0002 Anexo. Parte 1. Expediente Digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 6 del Anexo Parte 2. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Anexo. 06. Auto Falta Competencia Expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
4\u0002 Anexo 10. Auto. <\/p>\n
5\u0002 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
6\u0002 El C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 a regir \u00edntegramente en todo el pa\u00eds solo a partir del 1 enero de 2016, seg\u00fan el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
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