AC903-2022 (2022-00720-00)<\/p>\n
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AC903-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00720-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Con sustento en la utilidad p\u00fablica, la compa\u00f1\u00eda convocante solicit\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n, \u201cimponer\u201d a su favor, como cuerpo cierto, una \u201cservidumbre legal de gasoducto y tr\u00e1nsito, con ocupaci\u00f3n permanente\u201d, sobre el predio rural denominado \u201cEl Sauz\u201d ubicado en la vereda \u201cALISAL\u201d jurisdicci\u00f3n del municipio de Caldas departamento de Boyac\u00e1, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria N0, 072-61872. <\/p>\n
En el pliego inicial, finc\u00f3 la atribuci\u00f3n en las autoridades de Bogot\u00e1, en raz\u00f3n a lo establecido en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C.G.P., y, \u201clTeniendo en cuenta que la entidad demandante en este caso TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA ESP, es una entidad p\u00fablica con domicilio en Bogot\u00e1 todo lo cual acreditamos con las pruebas aportadas en esta demanda, quedan claros los factores de competencia para conocer del proceso\u201d1. <\/p>\n
2. Recibido el pliego por el estrado de la capital del pa\u00eds, este, mediante auto de \u201c17 de febrero de 2021\u201d2, lo rechaz\u00f3 por falta de competencia y lo remiti\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Caldas (Boyac\u00e1), al considerar que, \u201c\u2026acorde con lo dispuesto en la sentencia C-736 de 2006 emanada de la Corte Constitucional, se considera que las empresas de servicios p\u00fablicos oficiales y mixtas o privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de participaci\u00f3n p\u00fablica, son entidades descentralizadas que conforman la estructura de la administraci\u00f3n, es decir de la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico. (\u2026) al analizar el escrito demandatorio y las pruebas allegadas, es evidente que, contrario a lo afirmado en la demanda, la sociedad TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.S. E.S.P. no tiene el car\u00e1cter de ser una entidad p\u00fablica por cuanto, su naturaleza es netamente privada, tal y como se informa en el certificado de existencia y representaci\u00f3n allegado al plenario, y sumado a lo anotado, en este documento no aparece ning\u00fan porcentaje de participaci\u00f3n p\u00fablica (\u2026) la competencia territorial para conocer de esta demanda recae en el lugar donde se encuentra ubicado el predio que se va a afectar con la servidumbre\u201d3. <\/p>\n
3. Inconforme con la decisi\u00f3n la entidad demandante se pronunci\u00f3 solicitando \u201cavocar\u201d conocimiento de las AC140-2020, no obstante, el Juzgado mantuvo su decisi\u00f3n de rechazar el pliego introductorio. <\/p>\n
4. Por su parte, la judicatura destinataria, tambi\u00e9n se abstuvo de avocar conocimiento, y en efecto, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, al arg\u00fcir que, la Corte Suprema de Justicia, mediante AC140-2020, unific\u00f3 el criterio para solucionar este tipo de divergencias, y que, \u201c\u2026en atenci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica de la empresa demandante, el conocimiento del asunto corresponde, de manera privativa, al juez del domicilio de dicha empresa, por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 28-10\u00ba del C.G.P., en armon\u00eda con lo se\u00f1alado en el inciso primero del articulo 29 siguiente (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del proceso de constituci\u00f3n de servidumbre motivo de an\u00e1lisis, respecto del cual se discute si la entidad demandante tiene o no el car\u00e1cter de entidad p\u00fablica, y, en ese sentido, si es viable designar la aptitud legal aplicando el foro subjetivo referido en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o el real de que trata el \u00edtem 7\u00ba del mismo precepto. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d (Negrilla adrede). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal design\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en virtud de un fuero o foro real, por el lugar \u201cdonde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo, en consideraci\u00f3n a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la asignaci\u00f3n privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d5. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7), sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando que esta regla el legislador la previ\u00f3, precisamente, para que predomine sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d, y ella corresponde, naturalmente, a la dispuesta en el mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador, basado en su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, la determin\u00f3 prevalente sobre las otras. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia <\/p>\n
Tal y como lo se\u00f1al\u00f3 la judicatura concernida con sede en Puente Nacional, esta Sala especializada en lo civil, con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dict\u00f3 el auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en expresi\u00f3n mayoritaria de sus integrantes, y gu\u00eda indiscutible para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, como evidencia el siguiente fragmento: <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda y de la informaci\u00f3n que aparece en internet6, se observa que la convocante es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado, a trav\u00e9s del Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. ESP7, conglomerado del orden distrital, posee el 99.995568% del capital accionario, elementos que indican, sin lugar a dudas, su naturaleza p\u00fablica, y tambi\u00e9n, que su domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, lo que hace a\u00fan m\u00e1s evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, y por tanto, que \u00e9ste resulta entonces atendible, siendo irrelevante que la empresa gestora se rija o no, por normas de car\u00e1cter privado, ya que en ese orden ninguna discriminaci\u00f3n prev\u00e9 la pauta atribucional en menci\u00f3n. <\/p>\n
En aras de una explicaci\u00f3n con mayor detalle en cuanto a la naturaleza p\u00fablica de la persona jur\u00eddica que es demandante en el asunto de la referencia, la Sala, en un conflicto de competencia similar (AC1911-2019) y, precisamente para remarcar la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, dijo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) dado que la parte demandante es Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., es necesario precisar la naturaleza jur\u00eddica de dicha entidad, la cual corresponde a la de \u00abuna empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como una sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994\u00bb, con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, la cual se encuentra compuesta accionariamente de la siguiente manera: <\/p>\n
<\/p>\n
Accionista <\/p>\n
N\u00famero de acciones <\/p>\n
Porcentaje de participaci\u00f3n <\/p>\n
Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A., ESP <\/p>\n
145.396.370 <\/p>\n
99.996% <\/p>\n
Otros <\/p>\n
6.444 <\/p>\n
0,004% <\/p>\n
\u201cAhora, seg\u00fan lo consagrado en el art\u00edculo 14.6 de la Ley 142 de 1994, se considera empresa de servicios p\u00fablicos mixta, \u00abaquella en cuyo capital la Naci\u00f3n, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o \u00e9stas tienen aportes iguales o superiores al 50%\u00bb. <\/p>\n
\u201cPor su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-736 de 2007, al analizar la exequibilidad de los art\u00edculos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998 precis\u00f3 que las empresas de servicios p\u00fablicos mixtas o privadas son entidades descentralizadas: \u00abSi bien el legislador s\u00f3lo considera expl\u00edcitamente como entidades descentralizadas a las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, lo cual har\u00eda pensar que las mixtas y las privadas no ostentar\u00edan esta naturaleza jur\u00eddica, a continuaci\u00f3n indica que tambi\u00e9n son entidades descentralizadas \u201clas dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. As\u00ed las cosas, de manera impl\u00edcita incluye a las empresas de servicios p\u00fablicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo cual la Corte no encuentra obst\u00e1culo para declarar su constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
\u201cEn raz\u00f3n de lo expuesto, no hay duda de que el presente asunto se encuadra dentro de uno de los eventos previstos en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo cual el conocimiento del proceso deber\u00e1 asignarse de \u00abforma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
\u201cLo anterior implica que en este particular caso no es dable establecer la competencia atendiendo al \u00ablugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb. Esta postura coincide con la expuesta por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja (Santander), la cual ha sido recientemente reiterada en supuestos similares, donde se superpone la aptitud legal del juez que se fija en atenci\u00f3n a la presencia de entidades p\u00fablicas, respecto de la que consulta la ubicaci\u00f3n del objeto material del juicio en acciones reales y dem\u00e1s causas relacionadas en el n\u00fam. 7 del citado precepto 28 (AC4051-2017, 27 jun. 2017, 2017-01278-00; AC738-2018, 26 feb. 2018, rad. 2017-00171-00, y AC2427 de 18 jun. 2018, rad. 2018-0960-00)\u201d. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, al margen de la ubicaci\u00f3n del inmueble procurado en servidumbre, se remitir\u00e1n las diligencias al Despacho de la capital de la Rep\u00fablica, en consideraci\u00f3n a que all\u00ed concurre el asiento principal de la promotora, de quien subyacen, tal y como se dilucid\u00f3, garant\u00edas propias de una entidad p\u00fablica, ello conforme al fuero subjetivo de car\u00e1cter privativo, improrrogable e irrenunciable, previsto en la pauta 10\u00aa del pluricitado precepto 28. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de atribuci\u00f3n surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que, al Cincuenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, le compete conocer del juicio de constituci\u00f3n de servidumbre promovido por TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA -S.A. E.S.P.- contra personas indeterminadas. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Firmado eletronicamente <\/p>\n
1\u0002 Anexo 02 Demanda anexos. Exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Corregido por auto de 17 de enero de 2022, anexo 14 auto corrige providencia. Ib. <\/p>\n
3\u0002 Anexo 04 auto rechaza competencia. Ib. <\/p>\n
4\u0002 Anexo 03 Auto propone conflicto negativo competencia. Ib. <\/p>\n
5\u0002 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n