AC952-2022 (2022-00096-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC952-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00096-00 <\/p>\n
Se decide conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo (Tolima) y el despacho Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n interpuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra \u00c1ngela Marcela Rodr\u00edguez Bocanegra. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Civil del Circuito de Guamo (reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, que se decrete \u00ab\u2026la expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- de Una zona de terreno (…) que corresponde con un predio denominado SAN DIEGO\/LA ESPERANZA CHONTADURO\/ LOTE SAN DIEGO (\u2026) ubicado en la vereda Chontaduro, Municipio de Guamo, Departamento del Tolima, identificado con Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 360-34226 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del Guamo (…)\u00bb. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, \u00abpor el lugar donde esta\u0301 ubicado el inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Despacho Primero Civil del Circuito del Guamo, el cual admiti\u00f3 la demanda el 14 de mayo del 2021. Sin embargo, con prove\u00eddo del 12 de agosto siguiente, declar\u00f3 su falta de competencia para conocer del asunto. Para ello, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026En auto del 8 de marzo de 2021, al resolver un conflicto de competencia, puntualmente dijo la Corte, refiri\u00e9ndose a una demanda de expropiaci\u00f3n tambi\u00e9n promovida por la ANI, lo siguiente: … dado que la demandante es la ANI, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de una \u2018agencia nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional\u2019 con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1\u0301 (Decreto 4165 de 2011), no hay duda de que el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente, por lo que debe ser conocido de \u2018forma privativa por el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2019\u201d. (AC801-2021 Rad. No. 11001-02-03-000-2021-00688-00) <\/p>\n
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que a la luz del art\u00edculo 13 del C\u00f3digo General del Proceso, las normas procesales son de orden p\u00fablico, y por tanto, de obligatorio cumplimiento y en ning\u00fan momento pueden ser derogadas, modificadas o sustituidas por la voluntad de las partes, este Juzgado proceder\u00e1\u0301 a declarar su incompetencia en este asunto y a ordenar la remisi\u00f3n inmediata de las diligencias al juez competente, esto es, al juez civil circuito de Bogot\u00e1\u0301 (reparto), sin lugar a declarar la nulidad de alguna actuaci\u00f3n, toda vez que a\u00fan no se ha proferido sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, por auto del 23 de noviembre de 2021, opt\u00f3 por declarar la falta de competencia. Y, promovi\u00f3 el conflicto negativo que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAcorde con lo indicado, se tiene que, en el presente asunto, el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Guamo, Tolima, asumi\u00f3\u0301 de manera inicial y sin ninguna objeci\u00f3n el estudio del referido caso, y despu\u00e9s de tal acontecimiento y de dar tr\u00e1mite a dicho asunto, fue que de manera oficiosa determin\u00f3 desprenderse de la competencia de este pleito, sin atender que, el extremo activo al dar impulso a dicho proceso en su jurisdicci\u00f3n estaba renunciando al factor subjetivo, siendo, por lo tanto, el fuero real el elemento que definir\u00eda la Sede Judicial que gestionar\u00eda el caso, circunstancia que fue consentida por todas las partes, incluso por el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Guamo, Tolima, al continuar su desarrollo una vez admitido el proceso. A esto, debe sumarse que la renuncia de tal prerrogativa es ajustable al ordenamiento jur\u00eddico, dado que, no existe restricci\u00f3n, al contrario. Frente a esto, el estatuto civil consagra dicha figura en su art\u00edculo 15\u2026 <\/p>\n
As\u00ed\u0301 entonces, al tener el deber de verificar los requisitos de forma de la demanda la Sede Judicial mencionada, y no haber inadmitido o rechazado la demanda, no puede ahora por su propia iniciativa sustraerse de la competencia que inicialmente asumi\u00f3\u0301. M\u00e1s aun cuando fue claro que la parte demandante bajo su propia determinaci\u00f3n renuncio\u0301 al factor subjetivo, en favor del factor territorial al presentar la demanda ante dicha jurisdicci\u00f3n; prerrogativa que fue avalada originariamente por el comportamiento desplegado por el Juzgado 1o Civil del Circuito de Guamo, Tolima\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n bajo las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial -Ibagu\u00e9 y Bogot\u00e1-, la Corte es la competente para definirlo, tal como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como qued\u00f3 por el art\u00edculo 7o de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, esta\u0301 llamada a encarar el debate. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de la expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ib\u00eddem fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la Litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1\u0301 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si estos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previno que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1\u0301 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, para dimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7o y 10o del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?1 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consigno\u0301 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1\u0301 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1\u0301 en estas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3\u0301 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10o del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3\u0301, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, esta\u0301 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluyo\u0301 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo esta\u0301 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3\u0301 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, reiterado en AC909-2021, rad. 2020-03022-00). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1\u0301 el del domicilio de esta, como regla de principio. <\/p>\n
4. El asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a un proceso de expropiaci\u00f3n sobre un inmueble situado en el Guamo \u2013 Tolima, que promovi\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura contra \u00c1ngela Marcela Rodr\u00edguez Bocanegra. Por tanto, atendiendo a las consideraciones esgrimidas en precedencia, y por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Tama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb, la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1, acorde con el art\u00edculo 2 del decreto 4165 de 2011. <\/p>\n
Para abundar en m\u00e1s razones, no sobra citar un precedente de la Sala, en el que recientemente se aplic\u00f3 el mencionado criterio para una demanda de expropiaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] Por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura \u00abA.N.I.\u00bb es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, vinculada al Ministerio de Transporte, del sector descentralizado del orden nacional, de donde la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1 acorde con el art\u00edculo 2\u00ba del decreto 4165 de 2011\u00bb (CSJ AC2844, 14 jul. 2021, rad. 2021-02071-00). <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, y en cuanto a la perpetuatio jurisdictionis, se destaca que no es procedente su aplicaci\u00f3n en el caso en concreto. En efecto, por tratarse de una competencia determinada por el factor subjetivo representa una excepci\u00f3n al principio de prorrogabilidad, de tal forma que no aplica el principio de la jurisdicci\u00f3n perpetua. En tal sentido, el aludido prove\u00eddo se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEs decir, que esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. En efecto, si el legislador opto\u0301 por establecer el car\u00e1cter de improrrogable a los citados foros de distribuci\u00f3n, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determin\u00f3 que, aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicci\u00f3n y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagr\u00f3 fue una excepci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, y con relaci\u00f3n a la renuncia al fuero subjetivo mencionado por el despacho judicial de Bogot\u00e1, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como lo se\u00f1al\u00f3 en el auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
\u00abFinalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tacita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10o del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, esta\u0301 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed\u0301 que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que: <\/p>\n
\u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10o del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC3545-2020, 14 dic. 2020, rad 2020-02912)2. <\/p>\n
7. Por las razones antedichas, se remitir\u00e1 la presente demanda al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo (Tolima), acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
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