AC965-2022 (2022-00449-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC965-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2022-00449-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Promiscuo de familia (reparto) Rionegro, Antioquia\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otros, \u00ablibrar mandamiento de pago por v\u00eda ejecutiva de m\u00ednima cuant\u00eda en contra del Se\u00f1or Harvey Adri\u00e1n Castro Chica, y en favor del se\u00f1or Gonzalo de Jes\u00fas Castro Castro. a. Por la suma dos millones setecientos setenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete pesos ($2.775.687), como capital adeudado por concepto de cuota alimentaria (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, teniendo en cuenta \u00ab(\u2026) la vecindad y actual domicilio del se\u00f1or Gonzalo de Jes\u00fas Castro Castro (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
2. El escrito inicial fue asignado al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 9 de agosto de 2021 inadmiti\u00f3 la demanda por no haberse indicado el lugar de notificaciones del demandado, como tambi\u00e9n porque no se aport\u00f3 poder especial de la representante judicial3. En el escrito subanatorio, la apoderada demandante se\u00f1al\u00f3 que la parte pasiva estaba domiciliada en la ciudad de Medell\u00edn4. <\/p>\n
3. No obstante, lo anterior, en auto del 11 de octubre de la referida anualidad, el estrado judicial rechaz\u00f3 de plano la demanda, ordenando remitir la causa a los Juzgados de Familia de la capital de Antioquia. Al respecto, fundament\u00f3 su postura en que: <\/p>\n
\u00abPara efectos de determinar la competencia territorial en los procesos de alimentos, el C\u00f3digo General del Proceso en el numeral segundo del art.28 se\u00f1ala que ser\u00e1 competente el juez del domicilio del menor, ya sea \u00e9ste demandante o demandando. No obstante y siendo la parte aqu\u00ed demandante un mayor de edad, no se puede aplicar esa regla especial de competencia, lo que lleva a que se siga la regla general contenida en el numeral primero del art.28 del C. G del P., que radica la competencia en el juez del domicilio del demandado. <\/p>\n
De cara al caso de marras, como ya se expuso, la parte demandante es un mayor de edad, y por tanto, no hay lugar a aplicar la regla especial contenida en el numeral 2\u00ba del art. 28 del C. G del P. sino la regla general contenida en el numeral 1\u00ba del mismo canon. En en consecuencia de conformidad con el art\u00edculo de citas el Despacho competente para conocer el presente asunto es el Juzgado de Familia de Medell\u00edn, Antioquia (reparto) de conformidad con el numeral 7\u00ba del art.21 del C. G del P\u00bb5. <\/p>\n
4. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, quien, en providencia del 19 de enero de 2022 promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abR\u00e1pidamente se advierte el yerro del juzgado remitente, pues es claro que tanto en la demanda, como en los documentos anexos a la misma (acta de conciliaci\u00f3n y poder), se indica que el domicilio del demandado, se\u00f1or HARVEY ADRI\u00c1N CASTRO CHICA, es el municipio de Rionegro \u2013 Antioquia. En el memorial que subsana la inadmisi\u00f3n de aquel Despacho la parte demandante \u00fanicamente aclara que la direcci\u00f3n dada para la notificaci\u00f3n al demandado corresponde a la ciudad de Medell\u00edn, pero no se puede igualar el sitio para las notificaci\u00f3n a la parte con su domicilio, ya que son cosas distintas. En efecto, el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso indica: \u201cSalvo disposici\u00f3n en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos: (\u2026) 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por s\u00ed mismas, los de sus representantes legales. (\u2026) 10. El lugar, la direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica que tengan o est\u00e9n obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibir\u00e1n notificaciones personales. (\u2026)\u201d. Como la competencia la fija el domicilio del demandado la presente demanda deber\u00e1 adelantarse en el mencionado municipio\u00bb6. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Medell\u00edn y Rionegro (Antioquia), la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas por el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral primero (1\u00ba) constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado (\u2026)\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Empero, trat\u00e1ndose de asuntos suscitados, entre otros, que involucren un \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb, conforme al numeral tercero (3\u00ba) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n. Es decir, que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (se subraya). <\/p>\n
4. Ahora bien, cuando se ha discutido con precedencia derechos de personas de avanzada edad, entendiendo por tales los mayores de 60 a\u00f1os7, esta Corporaci\u00f3n ha definido que la regla llamada a determinar la competencia por el factor territorial es la prevista en el inciso 2\u00ba del numeral 2\u00ba del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como quiera que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de la ratio legis de esa norma, cuyo prop\u00f3sito central se cifra en auxiliar a cierto tipo de personas o grupo poblacional que, en raz\u00f3n de su edad, se encuentran inmersas en cierta situaci\u00f3n de vulnerabilidad y\/o indefensi\u00f3n, que les dificulta y\/u obstaculiza su acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 CP). <\/p>\n
No se ven razones para confinar el mandato en ella prescrito \u00fanicamente a los supuestos donde se encuentren involucrados intereses de menores; por el contrario, resulta imperioso extender esa protecci\u00f3n tambi\u00e9n a los adultos mayores. <\/p>\n
S\u00f3lo as\u00ed puede garantizarse el desarrollo de los postulados integrados en numerosos instrumentos internacionales y regionales, entre los m\u00e1s relevantes, el Protocolo Adicional a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (Art. 17), la Carta de San Jos\u00e9 sobre los Derechos de las Personas Mayores (2012), los Principios de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (1991), la Proclamaci\u00f3n sobre el Envejecimiento (1992) y la Declaraci\u00f3n de Brasilia (2007), redactada en el marco de la Segunda Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento en Am\u00e9rica Latina y el Caribe. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el previsto en el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n, en cuya virtud \u201c[e]l Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan\u201d. <\/p>\n
2.3. La Interpretaci\u00f3n acabada de hacer, vista en su conjunto, consulta mejor la finalidad de la legislaci\u00f3n procesal y sustantiva y deja a salvo los intereses generales y privados, e indemne la equidad y la justicia, faro y gu\u00eda de la hermen\u00e9utica de las normas en el marco del Estado Constitucional y Social de Derecho\u00bb. (CSJ AC2810-2019, 18 de jul. 2019, Rad. 2019-02112-00) <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, colof\u00f3n de lo trasuntado, se asignar\u00e1 el asunto al funcionario de Rionegro, Antioquia, donde se encuentra domiciliado el demandante, se\u00f1or Gonzalo de Jes\u00fas Castro Castro, nacido en 1942 y, por tanto, de la tercera edad, para que lo siga tramitando. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 4-6, archivo \u201c02Demanda\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 7. <\/p>\n
3\u0002 Folio 1, archivo \u201c03Inadmite\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-5, archivo \u201c04Escritosubsanaci\u00f3n\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c05Rechazaporcompetencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c06Rad. 2021-00532. Conflicto de competencia (ESC1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Art\u00edculo 229A del C\u00f3digo penal, adicionado por el precepto 5\u00ba de la Ley 1850 de 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
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