AC979-2022 (2022-00274-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC979-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00274-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Manizales (Caldas) y Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, para conocer de la demanda de regulaci\u00f3n de cuota alimentaria promovida por Andr\u00e9s1 contra Laura2, Fernanda3, Patricia4 y Sandra5, en condici\u00f3n de representantes legales de los menores de edad Carla6, Daniela7, Santiago8 y Estefan\u00eda9, respectivamente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el promotor instaur\u00f3 demanda de regulaci\u00f3n de cuotas alimentarias, con el fin de que sus cuatro descendientes gocen de ese derecho en condiciones de igualdad, en tanto uno de ellos cuentan con asignaci\u00f3n fijada judicialmente, dos por v\u00eda de acuerdo conciliatorio y el restante por entrega voluntaria que hace el accionante. <\/p>\n
En el libelo invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente, \u00abteniendo en cuenta el domicilio de [una] menor\u00bb. <\/p>\n
2. Tal despacho judicial rechaz\u00f3 la demanda en atenci\u00f3n a que dos cuotas de alimentos, que deben ser modificadas, est\u00e1n fijadas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Victoria (Caldas) y la Oficina de Ejecuci\u00f3n en Familia del Circuito de Bogot\u00e1, de donde se extrae que en virtud de lo regulado en el numeral 6 del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso este \u00faltimo despacho es quien debe conocer de la demanda, por lo cual remiti\u00f3 el libelo introductorio a la Oficina de Ejecuci\u00f3n en Familia del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, en raz\u00f3n a que no es competente en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo PSAA13-9984 de 5 de septiembre de 2013 del Consejo superior de la Judicatura, pues solo estaba facultado para tramitar el juicio ejecutivo de alimentos proveniente del \u00abJuzgado 9\u00b0 de Familia\u00bb, el cual termin\u00f3 el 20 de enero de 2021. <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El inciso 2\u00ba, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla especial de competencia que \u00aben los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb, (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
En ese orden, reluce que la atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial, en particular, para procesos de regulaci\u00f3n de cuota de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor de edad est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, lo que excluye la vigencia de cualquier otra pauta. <\/p>\n
As\u00ed lo ha manifestado la Sala al se\u00f1alar que \u00abla atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos (\u2026) de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria\u00bb AC8147, 28 nov. 2016, rad. 2016-03144-00). <\/p>\n
El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango. <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587 de 1998, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Aunado a estos aspectos, esa Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el lineamiento actual del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia marc\u00f3 la tendencia contempor\u00e1nea en el ordenamiento, en procura de garantizar el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y adolescentes, que se encuentren implicados en un proceso regulaci\u00f3n de cuota de alimentos. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior esta Sala ha dicho que el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 consagra la competencia territorial de las autoridades administrativas para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar los derechos de los menores, lo cual es igualmente es aplicable cuando esa actuaci\u00f3n es remitida a la autoridad jurisdiccional en concordancia con lo previsto en el inciso 2\u00b0 del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C.G.P., en tanto que: <\/p>\n
\u2026\u201cel prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u201d (Exp. 2007-01529-00); y que \u201cen orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.\u00ba 2013-00504-00). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que se armoniza con lo dispuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual las normas procesales deben interpretarse de conformidad con los principios constitucionales, de manera que para la asignaci\u00f3n de la competencia en el caso en concreto debe tenerse en cuenta el inter\u00e9s superior del menor, pues as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en anterior oportunidad: <\/p>\n
Es que el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente.\u00bb <\/p>\n
Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores, adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales est\u00e1n involucrados dichos sujetos, receptores de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
3. Ahora bien, el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso complementa la anotada regla prevista en el inciso 2\u00b0 del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28, al establecer que \u00ab[l]as peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n a la parte contraria, siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio\u00bb. <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n de dicho concepto, en asunto similar, la Sala precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u2026 el par\u00e1grafo 2\u00b0 del precepto 390 id, tiene como premisa necesaria que se trate de una solicitud respecto de quien es actualmente menor, justificada en facilitar la presencia y participaci\u00f3n del infante en el proceso, con fundamento en supuestos constitucionales de singular importancia que consagran la prevalencia de sus derechos e inter\u00e9s superior. (CSJ, AC2201, 4 abr. 2017, rad. 2017-00587-00). <\/p>\n
Norma que guarda concordancia con el numeral 6\u00ba del canon 397 de la mencionada obra, al establecer que \u00ab[l]as peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
4. Aplicando las anteriores nociones en el sub judice se tiene que una de las menores accionadas, quien tiene domicilio en Manizales, recibe alimentos por entrega voluntaria del demandante; dos por v\u00eda de acuerdo conciliatorio ajustado por sus progenitoras con el peticionario, habiendo servido uno de estos como t\u00edtulo ejecutivo ante el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1; y la restante convocada cuenta con asignaci\u00f3n fijada judicialmente por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Victoria (Caldas), seg\u00fan inform\u00f3 el demandante. <\/p>\n
Por ende, concl\u00fayase que no obstante la multiplicidad de domicilios de las accionadas, por aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, la competencia para conocer de la demanda corresponde al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Victoria (Caldas), por ser el \u00fanico estrado judicial que ha conocido de un juico declarativo en el que fuera fijada cuota alimentaria para una de las menores convocadas, Daniela10, y en tanto que en tal localidad conserva domicilio tal menor seg\u00fan fue informado en el libelo g\u00e9nesis de esta nueva causa. <\/p>\n
Y aunque el conflicto fue suscitado entre Juzgados Primero de Familia de Manizales (Caldas) y Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 (Cundinamarca), a ninguno de estos puede asign\u00e1rsele la competencia porque implicar\u00eda trasgredir el mandato plasmado en el par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 390 mencionado, de donde nada obsta la remisi\u00f3n del expediente a un tercer despacho judicial, no involucrado en el mismo, en aplicaci\u00f3n de los principios de econom\u00eda procesal (art. 42, n\u00fam. 1\u00b0 del C.G.P.) y celeridad (art. 29, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), m\u00e1xime por tratarse de una causa iniciada desde el mes de agosto de 2021 en la cual est\u00e1n inmersos los derechos de cuatro menores de edad. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anotado, la Corte resolver\u00e1 el conflicto de competencia asignando el proceso al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Victoria (Caldas), por lo que se remitir\u00e1 a dicha autoridad para que resuelva lo que corresponda, y de esta determinaci\u00f3n se informar\u00e1 a los juzgados involucrados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n a los dem\u00e1s despachos judiciales involucrados en el conflicto, mediante el env\u00edo de copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
6\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
7\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
8\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
9\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
10\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
11\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
12\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
13\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
14\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
15\u0002 En virtud del art\u00edculo 33 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor; y del Acuerdo n.\u00ba 34 de 16 de diciembre de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
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