AC995-2022 (2022-00564-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC995-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00564-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequatur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos, en la Rep\u00fablica de Colombia, del fallo proferido el 5 de agosto de 2018, por el Tribunal General de Justicia Divisi\u00f3n del Tribunal de Distrito del Estado de North Carolina (Archivo Digital: 03. DEMANDA DE EXEQU\u00c1TUR_DIVORCIO). <\/p>\n
2. En la referida providencia, seg\u00fan lo se\u00f1ala la demandante, se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo en Colombia con Hernando Conde Fiesco el 26 de marzo de 1999, como consecuencia de la separaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges, raz\u00f3n por la cual la autoridad extranjera decret\u00f3: \u201c(\u2026) [l]os v\u00ednculos matrimoniales que han existido entre las partes quedan disueltos y se concede al demandante el divorcio absoluto del demandado. 2. El demandante puede retomar su antiguo nombre (\u2026) por cuanto las partes hab\u00edan vivido separadas y aparte por m\u00e1s de un a\u00f1o (\u2026)\u201d, sin que se hayan reconciliado desde el 1\u00ba de mayo de 2016, cuando se separaron de hecho (folios 2 a 3, idem). <\/p>\n
3. En el escrito inaugural del presente tr\u00e1mite se indic\u00f3 que la pareja procre\u00f3 una hija, hoy en d\u00eda mayor de edad y que el fallo cuya homologaci\u00f3n se invoca \u00ab(\u2026) no se opone a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento, a raz\u00f3n que el art\u00edculo primero de la Ley primera de 1976, que modific\u00f3 el art\u00edculo 152 del C\u00f3digo Civil, estableci\u00f3 que el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los c\u00f3nyuges o por divorcio judicialmente decretado (\u2026)\u201d (folios 3 a 4, ib). <\/p>\n
Se adujo, por otra parte, que el memorado veredicto se encuentra \u201c(\u2026) legalizado, lo que equivale a ejecutoriado (\u2026)\u201d, de acuerdo con el concepto emitido por las firmas Kurtz & Blum PLLC y Mitchell & Suhr, adjuntas al libelo introductor (folios 4 y 42 a 79, ib) y para su emisi\u00f3n se cumpli\u00f3 el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n (folio 5, idem), aunado a que \u201c(\u2026) existe plena causal de la identidad por la cual se decret\u00f3 el divorcio (\u2026)\u201d, pues, si bien \u201c(\u2026) en Estados Unidos se concede el divorcio cuando los c\u00f3nyuges han vivido separados y aparte por m\u00e1s de un a\u00f1o [y] en Colombia para conceder el divorcio se exige que los c\u00f3nyuges hayan vivido separados por m\u00e1s de dos a\u00f1os (\u2026) al momento de emitir la sentencia extranjera los c\u00f3nyuges llevaban m\u00e1s de dos a\u00f1os separados, a raz\u00f3n de que se encontraban separados de hecho desde el 1\u00ba de mayo de 2016 y la sentencia fue otorgada el d\u00eda 8 de mayo de 2018 (\u2026)\u201d (folio 6, idem). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda ser\u00e1 rechazada si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. <\/p>\n
2.1. Es requisito sine qua non, para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que esa providencia \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (num. 3\u00ba art. 606 del C.G del P.). Sin embargo, la interesada no aport\u00f3 la decisi\u00f3n judicial objeto de homologaci\u00f3n con la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
En efecto, la libelista no anex\u00f3 la certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento materia de este decurso, en la que se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme, pues ninguno de los folios allegados con el escrito introductor corresponden a tal exigencia, siendo del caso precisar que la \u00fanica constancia hallada corresponde a la elaborada por George Sewell, donde se aduce que \u00e9l es secretario del Tribunal Superior del condado de Wake y quien certific\u00f3 que \u201c(\u2026) las copias adjuntas de los documentos que se describen a continuaci\u00f3n son copias fidedignas y correctas de los originales que ahora reposan en los archivos de esta oficina (\u2026)\u201d (Folios 31 a 35, archivo digital: 03. Demanda de exequ\u00e1tur), atestaci\u00f3n de la cual no se puede colegir que la providencia objeto del sub examine ha cobrado firmeza, como lo impone el memorado numeral 3\u00ba del art\u00edculo 606 procedimental. <\/p>\n
Y si bien la gestora pretendi\u00f3 satisfacer el aludido requisito con los conceptos emitidos por las firmas de abogados Kurtz & Blum PLCC y Mitchell & Suhr PLLC (Folios 42 a 79, idem), de una atenta lectura al contenido de cada uno de ellos, no se extrae la conclusi\u00f3n expuesta en el escrito introductor, esto es, que \u201c(\u2026) el divorcio est\u00e1 legalizado, lo que equivale a ejecutoriado (\u2026)\u201d (Folio 4, ib), pues, seg\u00fan la traducci\u00f3n adjunta, la primera organizaci\u00f3n se limit\u00f3 a enlistar los requisitos que una persona debe cumplir para acceder a una sentencia de divorcio en el Estado de Carolina del Norte, se\u00f1alando en el \u00edtem s\u00e9ptimo, que despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del fallo \u201c(\u2026) el divorcio se vuelve legal y oficial en los Estados Unidos de Am\u00e9rica (\u2026)\u201d, afirmaci\u00f3n que no permite establecer, con certeza, si una decisi\u00f3n de esa naturaleza admite alg\u00fan tipo de recursos y si en el caso concreto se interpusieron o si ya se agot\u00f3 la oportunidad para hacerlo, ni cu\u00e1l es el fundamento legal de la respectiva conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo mismo ocurre con el segundo documento, cuyo objetivo se centr\u00f3 en ilustrar las generalidades del divorcio por la causal con base en la cual se decret\u00f3 el de los c\u00f3nyuges aqu\u00ed involucrados \u2013tras un a\u00f1o de separaci\u00f3n a petici\u00f3n de cualquiera de las partes-, la obligaci\u00f3n de residir en dicho Estado por lo menos durante los seis meses anteriores a la radicaci\u00f3n de la demanda, los efectos de la sentencia, la forma de notificar a la contraparte y la prueba de esta vinculaci\u00f3n, la forma y t\u00e9rminos para contestar la demanda, las etapas del decurso ordinario y sumario, se\u00f1alando, respecto del \u00faltimo que su objetivo es \u201c(\u2026) llevar un litigio a una decisi\u00f3n temprana sobre el fondo, cuando no se trate de hechos materiales, sin las demoras y gastos de un juicio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, en manera alguna se ocuparon los juristas de puntualizar si la legislaci\u00f3n for\u00e1nea contempla o no, alg\u00fan tipo de mecanismo defensivo contra las determinaciones que emitan sus jueces ni concretaron dicho an\u00e1lisis a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ahora nos ocupa, de tal manera que de sus conceptos pudiera extraerse, como lo hizo la interesada, que la \u201c(\u2026) legalizaci\u00f3n de la sentencia, equivale a su ejecutoria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al respecto, es necesario recordar que \u00abla jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el car\u00e1cter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba id\u00f3nea que permita tener seguridad de que el fallo es \u00abfinal\u00bb, lo cual resulta inviable cuando \u00abno hay menci\u00f3n sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueron agotados, evento que impide igualmente definir el car\u00e1cter definitivo\u00bb (CSJ AC2970, 22 de julio de 2021, rad. n.\u00b0 2021-01510-00, reiterada en CSJ AC4445-2021, 27 sep., rad. 2021-02716-00). <\/p>\n
En un caso de similares contornos al del sub examine, la Sala tuvo oportunidad de reiterar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la ejecutoria debe acreditarse con \u201cla certificaci\u00f3n expedida por la autoridad que emiti\u00f3 el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb (AC7730, 11 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2016-0254-00), con la manifestaci\u00f3n inserta en el prove\u00eddo en la que se mencionen \u00ablos recursos que eran procedentes en contra del mismo y la forma en que fueron agotados, en caso de haber sido interpuestos\u00bb, o con la \u00abanotaci\u00f3n proveniente de autoridad alguna que brinde la certeza requerida sobre este aspecto\u00bb (AC7244, 25 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-02791-00), posibilidades estas que no fueron consideradas y demostradas por el demandante en el presente caso. <\/p>\n
2.2. La copia del proceso de divorcio no evidencia la ejecutoria de la decisi\u00f3n, muestra las actuaciones adelantadas en el decurso del juicio. La constancia expedida por el tribunal que indica que el caso n.\u00b0 17 CVD16357 se encuentra archivado desde el 13 de noviembre de 2017 no suple, ni satisface la exigencia legal prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso, pues de ella no se desprende la firmeza de la sentencia, en otras palabras, que no era susceptible de recursos, o que si\u00e9ndolo, venci\u00f3 el t\u00e9rmino para su formulaci\u00f3n sin que se hubieren interpuesto, o que formulados los mismos, la providencia que los resolvi\u00f3 se encuentra igualmente ejecutoriada. <\/p>\n
De lo anterior se sigue que la referida nota de archivo no revela el cumplimiento del presupuesto extra\u00f1ado, el cual se logra demostrando la ejecutoria de la decisi\u00f3n de manera clara y concreta, pero no como lo busca el accionante a partir de una deducci\u00f3n obtenida de una circunstancia que, en rigor, no indica el car\u00e1cter firme de la providencia (\u2026)\u00bb (CSJ AC3366-2020, 7 dic., rad. 2020-01493-00). <\/p>\n
2.2. Aun de tener por acreditado el memorado presupuesto para la admisi\u00f3n del libelo, la Corte tropieza con otro obst\u00e1culo que impide dar v\u00eda libre a esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
A voces del numeral 2\u00ba del canon 606 adjetivo, un veredicto que se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento, no podr\u00e1 surtir efectos en nuestro territorio. Ha de recordarse que esta Corporaci\u00f3n ha entendido por orden p\u00fablico \u00ab(\u2026) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de salvaguardarlo\u00bb, siendo su protecci\u00f3n \u00ab(\u2026) un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbaci\u00f3n que significar\u00eda la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de un juez (\u2026) extranjero que socava la organizaci\u00f3n social colombiana. De ah\u00ed que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequ\u00e1tur se reclama no contrar\u00eda el orden p\u00fablico nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles\u00bb (CSJ AC3559-2021, 18 ago, rad. 2021-02780-00). <\/p>\n
Confrontada la providencia materia de homologaci\u00f3n con las premisas legales que regulan la instituci\u00f3n jur\u00eddica del divorcio en nuestro pa\u00eds, es evidente que el motivo que dio lugar a la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo marital entre Mar\u00eda Victoria Libreros Tamayo y Hernando Conde Fiesco, esto es, su separaci\u00f3n por espacio de un a\u00f1o, no se enmarca en ninguna de las causales previstas por el legislador patrio para esos efectos, pues, como bien lo reconoci\u00f3 la libelista, el ordinal 8\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, prev\u00e9 una separaci\u00f3n de hecho por m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, lapso superior al tomado en consideraci\u00f3n por el Tribunal for\u00e1neo en el pronunciamiento que nos ocupa. <\/p>\n
Aunque la reclamante asegure que no cohabita con Conde Fiesco desde el 1\u00ba de mayo de 2016, ha de tener en cuenta que, de acuerdo con la documentaci\u00f3n aportada, ese ese l\u00edmite temporal no fue discutido en el proceso que dio origen al fallo materia del exequatur. N\u00f3tese, al respecto, que la demanda fue presentada el 27 de marzo de 2018 (Folios 25 a 27, archivo digital: 03. Demanda de exequ\u00e1tur) y la sentencia fue proferida el 5 de agosto del mismo a\u00f1o, lo cual significar\u00eda que, seg\u00fan lo demostrado, la separaci\u00f3n perdur\u00f3 diecis\u00e9is meses y ocho d\u00edas, contados desde el a\u00f1o anterior a la interposici\u00f3n de la demanda hasta el d\u00eda de la emisi\u00f3n del fallo, tiempo inferior al requerido por nuestra legislaci\u00f3n para acceder a la pretensi\u00f3n de divorcio de una pareja. <\/p>\n
Es necesario recalcar que ninguno de los documentos oficiales tra\u00eddos a este tr\u00e1mite por la demandante, dan cuenta de que el rompimiento de la comunidad de vida se produjo en la fecha ahora se\u00f1alada en su escrito genitor, siendo inviable homologar una sentencia extranjera tomando hechos o consideraciones ajenas a ella, como aqu\u00ed se pretende. <\/p>\n
Al resolver un asunto semejante, la Sala rechaz\u00f3 la demanda de exequatur, porque \u00ab(\u2026) la homologaci\u00f3n pretendida no cumple con el anterior requisito, por cuanto el divorcio se decret\u00f3 bajo el fundamento de \u00abque el demandante tiene derecho a un divorcio absoluto basado en la separaci\u00f3n de un a\u00f1o\u00bb1. Aunado a que en el escrito inicial se consign\u00f3 que \u00abse decret\u00f3 el divorcio de los citados c\u00f3nyuges, por haber vivido separados por m\u00e1s de un a\u00f1o, sin tener la intenci\u00f3n de reanudar la relaci\u00f3n matrimonial, [\u2026] de acuerdo a las leyes general de dicho Estado\u00bb. Lo anterior, sin hacer manifestaci\u00f3n alguna frente a otras causales que soportaran la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo2. <\/p>\n
Por el contrario, la legislaci\u00f3n colombiana no habilita el rompimiento unilateral de la relaci\u00f3n por la sola circunstancia que haya transcurrido un per\u00edodo m\u00ednimo de un a\u00f1o. Ello es as\u00ed, por cuanto el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil3, autoriza el divorcio si \u00abLa separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos a\u00f1os\u00bb, exigencia que no se materializa en la providencia que se pretende homologar. <\/p>\n
En el punto, es de resaltar que, en el evento de concederse el exequ\u00e1tur del fallo propuesto, se \u00absocavar\u00eda el orden p\u00fablico, no solo porque la providencia est\u00e1 fundada en un motivo de ning\u00fan modo reconocido en el derecho patrio, sino tambi\u00e9n porque se habilitar\u00eda, sin m\u00e1s, el mero paso injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo lo cual atenta contra la instituci\u00f3n de la familia, concebida por la norma superior como el n\u00facleo fundamental de la sociedad, y contra la protecci\u00f3n integral que, a partir de hacer taxativas las causales de divorcio, el Estado se propone garantizar (art. 42, C. P.), para darle estabilidad\u00bb (CSJ AC-4768, 25 ago. 2015, rad. 2015-01124-00, reiterada en CSJ AC487-2021, 22 feb. 2021, rad. 2020-01485-00, reiterada en CSJ AC5491-2021, 23 nov., rad. 2020-02508-00). <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, la Corte encuentra las siguientes falencias que, en todo caso, impedir\u00edan la admisi\u00f3n del petitum: <\/p>\n
3.1. No se se\u00f1al\u00f3 el domicilio ni la direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica del demandado, acorde con lo establecido en el inciso primero del art\u00edculo 607, en concordancia con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2. No se alleg\u00f3 la prueba del registro oficial de la profesional que llev\u00f3 a cabo las traducciones adosadas a la demanda, como lo ordena el inciso 2\u00ba del precepto atr\u00e1s citado. <\/p>\n
Sobre el tema, es pertinente recordar que cuanto en asuntos judiciales se imponga la aportaci\u00f3n de documentos en idioma extranjero, es forzoso adjuntar su traducci\u00f3n, pero \u00e9sta debe ser realizada por \u00abun int\u00e9rprete oficial, entendi\u00e9ndose por este, no cualquier profesional entrenado o capacitado en la lengua for\u00e1nea, sino aqu\u00e9l que, en Colombia, est\u00e9 licenciado por el Ministerio de Justicia o haya aprobado los ex\u00e1menes previstos por una universidad con facultad de idiomas autorizada por el ICFES (\u2026)\u00bb (CSJ AC2442-2021, 18 jun., rad. 2021-01595-00), todo para que, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba. <\/p>\n
Adicionalmente, es necesario puntualizar que la evidencia de la licencia para ejercer como traductor oficial en Colombia, en este caso, es la copia de la Resoluci\u00f3n expedida por la autoridad nacional competente, como en m\u00faltiples ocasiones lo ha recabado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY es que, sobre los m\u00faltiples int\u00e9rpretes que han intervenido: i) no se alleg\u00f3 el certificado de idoneidad 507 de 2018 expedido por la Universidad Nacional de Colombia, que acredita como traductor oficial a Santiago Quiroz Pardo, ii) no se alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n 3275 de 1994 del Ministerio de Justicia donde se acredita como interprete oficial a Jos\u00e9 Martha Mar\u00eda Hubertina Alleleijn, y iii) no se da cuenta que Mariselle R.E. Berm\u00fadez y Elvira Villegas Selma hayan sido reconocidas como traductora oficial o que cumpla los requisitos de capacitaci\u00f3n se\u00f1alados en las normas patrias para fungir en tal calidad\u00bb (CSJ AC4445-2021, 27 sep., rad. 2021-02716-00). <\/p>\n
Lo que significa, que no basta aducir la condici\u00f3n de traductor oficial, sino que es perentorio que al trabajo por \u00e9l realizado, se adjunte la documentaci\u00f3n id\u00f3nea que la demuestre, carga que tampoco se satisfizo. <\/p>\n
3.3. No se adjunt\u00f3 evidencia sobre la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u201cdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u201d (n\u00fam. 10 art\u00edculo 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el art\u00edculo 177 ibidem, \u201c[l]a copia total o parcial de la ley extranjera deber\u00e1 expedirse por la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia o solicitarse al c\u00f3nsul colombiano en ese pa\u00eds\u201d o \u201c[t]ambi\u00e9n podr\u00e1 adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed\u201d y \u201c[c]uando se trate de ley extranjera no escrita, podr\u00e1 probarse con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen o mediante dictamen pericial en los t\u00e9rminos del inciso precedente\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que al juez le est\u00e9 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas que pudieron haberse obtenido por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n, como lo impone el canon 173 ejusdem. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que \u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado4, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 jul, rad. 2021-02087-00, reiterada en CSJ AC4445-2021, 27 sep., rad. 2021-02716-00) <\/p>\n
4. Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. No hay lugar a devoluci\u00f3n de anexos por haber sido allegados en medio digital. <\/p>\n
TERCERO. Se reconoce personer\u00eda a la abogada Gloria Nancy Bueno Rinc\u00f3n, para actuar en representaci\u00f3n de la demandante Mar\u00eda Victoria Libreros Tamayo, en los t\u00e9rminos y para los fines del mandato conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Folio 19 del archivo PDF \u00ab03. Exequatur\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 2 a 8 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Modificado por la Ley 1\u00aa de 1976 y, a su vez por la Ley 25 de 1992, numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC995-2022 (2022-00564-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC995-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00564-00 Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) I. ANTECEDENTES 1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequatur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos, en la Rep\u00fablica […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61807"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61807\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}