AC998-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC998-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-03-003-2017-00325-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de las demandas presentadas por Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Limitada \u2013Prosegur Ltda.- y Cooperativa de Transportes Velotax Limitada \u2013Velotax Ltda.- para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que, separadamente, interpusieron frente a la sentencia del 30 de abril de 2021, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso declarativo que promovi\u00f3 la primera de las compa\u00f1\u00edas mencionadas contra la segunda; tr\u00e1mite en el que dispuso la vinculaci\u00f3n necesaria de la sociedad Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Se inst\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n declarar la existencia del contrato mediante el cual Velotax Ltda. asumi\u00f3 la \u00abtotalidad del pasivo\u00bb de la firma Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n; asimismo, se reconociera la existencia de la obligaci\u00f3n por valor de \u00ab$531\u2019396.581\u00bb en cabeza de la demandada y se ordenara el pago \u00abtotal y satisfactorio\u00bb de aquella a favor de la demandante, m\u00e1s la \u00abindexaci\u00f3n\u00bb y los intereses \u00abbancarios de mora\u00bb liquidados desde su exigibilidad hasta su reembolso. [Folio 73, Archivo Digital: 01Cuaderno1]. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
Como breviario f\u00e1ctico de la demanda, bien puede se\u00f1alarse: <\/p>\n
1. A consecuencia del trato comercial que Prosegur Ltda. y Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n sostuvieron entre marzo de 2014 y mayo de 2015, \u00e9sta le adeudaba a la primera el importe de \u00ab$531\u2019396.581\u00bb, representados en sendas facturas emitidas por concepto de \u00abprestaci\u00f3n de servicios de vigilancia privada\u00bb y, tras varias comunicaciones para obtener la cancelaci\u00f3n de ese monto, la deudora jam\u00e1s se hizo \u00abresponsable del pago\u00bb. <\/p>\n
2. El 1\u00ba de julio de 2015 Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n y Velotax Ltda. celebraron un convenio denominado \u00abacuerdo mutuo y voluntario para la terminaci\u00f3n bilateral del contrato de conducci\u00f3n de mercanc\u00edas suscrito el 7 de octubre de 2013\u00bb, en cuya virtud, tras finiquitar la relaci\u00f3n mercantil que entre ellas exist\u00eda de tiempo atr\u00e1s, la primera cedi\u00f3 su \u00abcartera\u00bb a favor de la segunda y, a su vez, esta \u00faltima asumi\u00f3 los \u00abpasivos\u00bb de aquella \u00aba la fecha de suscripci\u00f3n del (\u2026) acuerdo\u00bb y relacionados en el \u00abanexo 2\u00bb. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico remitido el 12 de agosto siguiente, Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n le notific\u00f3 a la promotora que el cr\u00e9dito que le adeudaba ahora se encontraba a cargo de la accionada, por tal raz\u00f3n, Prosegur Ltda., elabor\u00f3 la \u00abfactura de venta No. SC-44553\u00bb por el importe total debido, la cual remiti\u00f3 mediante servicio postal a las instalaciones de la nueva deudora. <\/p>\n
4. El d\u00eda 21 de agosto de 2015, el documento aludido fue entregado a la empresa inculpada y desde dicha data se han efectuado sinn\u00fameros de requerimientos a \u00e9sta para obtener la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a que se hizo responsable, sin conseguir respuesta favorable. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tras haberse subsanado oportunamente la postulaci\u00f3n inicial, esta fue admitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, el 22 de febrero de 2018. [Folio 80, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
2. Una vez enterada la compa\u00f1\u00eda perseguida, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el precitado prove\u00eddo, con sustento en que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para resistir los pedimentos de la suplicante, empero, en auto de 22 de mayo siguiente se mantuvo. <\/p>\n
Posteriormente, la encausada se opuso a las s\u00faplicas del libelo; rechaz\u00f3 nuevamente su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite, aduciendo que nunca \u00abexisti\u00f3 acuerdo de voluntades\u00bb entre ella y la sociedad gestora, pues la obligaci\u00f3n objeto de reclamo tiene origen en \u00abservicios de vigilancia\u00bb prestados a favor de Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n, por lo tanto es a \u00e9sta a quien se debe llamar a juicio; y excepcion\u00f3 \u00abinexistencia de obligaciones que se pretenden a cargo de Velotax; falta de causa para demandar; improcedencia de declaratoria de existencia e incumplimiento del contrato y pago de las obligaciones a cargo de Velotax y a favor de Prosegur; el contrato firmado el 1\u00ba de julio de 2015 entre Puntual Log\u00edstica S.A.S. y Velotax, que se llam\u00f3 contrato de acuerdo mutuo y voluntario para la terminaci\u00f3n bilateral del contrato de conducci\u00f3n de mercanc\u00edas suscrito el 7 de octubre de 2013, el cual se solicita se declare su existencia e incumplimiento, feneci\u00f3 y perdi\u00f3 efectos desde el 15 de septiembre de 2016 con ocasi\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n celebrado entre las partes; falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por activa y por pasiva; cobro de lo no debido; [y] prescripci\u00f3n\u00bb. [Folios 110 a 112, \u00cddem]. <\/p>\n
3. En audiencia de 23 de septiembre de 2019 el juzgador de primer grado neg\u00f3 los ruegos de la peticionaria, decisi\u00f3n que fue apelada por \u00e9sta. [Folio 313, Ibidem]. <\/p>\n
4. En sede de segunda instancia la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 decret\u00f3 la nulidad de la anterior determinaci\u00f3n, al estimar que la demanda debi\u00f3 tambi\u00e9n dirigirse en contra de la firma Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n, ante la innegable participaci\u00f3n de \u00e9sta en el contrato objeto de controversia y el \u00abv\u00ednculo jur\u00eddico\u00bb que pudiese existir entre aquella y los extremos de la litis. [Archivo Digital: 04Cuaderno3TribunalSuperiorIbagu\u00e9]. <\/p>\n
6. La querellante instaur\u00f3 el mecanismo de alzada frente a la decisi\u00f3n en menci\u00f3n y aunque el Tribunal la revoc\u00f3 para reconocer que entre Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n y Velotax Ltda. hubo \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb, en virtud de la cual esta \u00faltima se arrog\u00f3 el pago de la obligaci\u00f3n que aquella deb\u00eda a la pleiteante, neg\u00f3 el reembolso de la misma. [Archivo Digital: 37.Sentencia]. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1. En los p\u00e1rrafos liminares de las consideraciones el Tribunal destac\u00f3 los rasgos peculiares de la \u00abcesi\u00f3n de deuda a t\u00edtulo singular o por acto entre vivos\u00bb, ya sea por v\u00eda de novaci\u00f3n o de \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb y luego de invocar varios pronunciamientos jurisprudenciales a\u00f1ejos sobre esas modalidades, indag\u00f3, entonces: (i) si \u00abpor cuenta de la negociaci\u00f3n realizada el 1\u00ba de julio de 2015 entre Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. y Puntual Log\u00edstica S.A.S. hoy en liquidaci\u00f3n, la primera asumi\u00f3 la deuda que ten\u00eda la segunda a favor de la actora por concepto de vigilancia privada\u00bb; (ii) en caso afirmativo, \u00absi aquello se dio por la senda de la novaci\u00f3n o por conducto de una asunci\u00f3n de deuda\u00bb; y (iii) si existi\u00f3 \u00abaceptaci\u00f3n por parte de la sociedad acreedora\u00bb de ese negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Para despejar esas inquietudes, el juzgador comenz\u00f3 por fijar su mirada en el acuerdo de 1\u00ba de julio de 2015 y tras reproducir el contenido literal del \u00abinciso 2\u00ba del par\u00e1grafo 1\u00ba de la cl\u00e1usula cuarta\u00bb, hall\u00f3 acreditado, en primer lugar, que en ese compromiso se concert\u00f3 la \u00abterminaci\u00f3n del contrato de transporte de carga y encomienda\u00bb celebrado el 7 de octubre de 2013; y en segundo t\u00e9rmino, que Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n traslad\u00f3 a Velotax Ltda. \u00abalgunos activos (cartera por cobrar) y pasivos (obligaciones por pagar) que para aquella \u00e9poca ten\u00eda la cedente frente a terceros y los cuales estaban relacionados en un documento adjunto denominado \u00abanexo 2\u00bb. <\/p>\n
3. Acto seguido, se percat\u00f3 que en el expediente no reposaba el \u00abanexo 2\u00bb y record\u00f3 que en uso de sus facultades oficiosas hab\u00eda exigido su aportaci\u00f3n a la encausada, quien lo alleg\u00f3 oportunamente y al auscultar su contenido descubri\u00f3 que all\u00ed solamente se encontraban enlistadas las deudas laborales de la cedente, lo que \u00aben principio despuntar\u00eda en que lo reclamado por Prosegur Vigilancia y Seguridad privada Ltda. no hizo parte de la mentada transmisi\u00f3n de pasivos\u00bb. <\/p>\n
Pero no se detuvo all\u00ed. Consider\u00f3 que a la luz de la \u00abteor\u00eda de respeto al acto propio\u00bb, hubo una serie de conductas cometidas por Velotax Ltda. que revelaban c\u00f3mo se hab\u00eda hecho cargo a \u00abcubrir el pasivo por servicio de seguridad privada que ten\u00eda Puntual Log\u00edstica S.A.S. con la demandante\u00bb. Al respecto, tuvo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El oficio suscrito \u00abpor la representante legal de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. y el representante legal de Puntual Log\u00edstica S.A.S. (Irma Patricia Cajiao Valencia y Jorge Enrique Berr\u00edo Trujillo)\u00bb dirigido a la demandante y con referencia \u00abNotificaci\u00f3n Cesi\u00f3n Obligaci\u00f3n o Cr\u00e9dito\u00bb, en cuyo contenido se le inform\u00f3 que \u00aba partir de la fecha la obligaci\u00f3n y\/o cr\u00e9dito que tiene usted para con o a favor de PUNTUAL LOG\u00cdSTICA S.A.S., queda en cabeza de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA., debiendo cancelar y\/o cobrar dicha obligaci\u00f3n a esta \u00faltima\u00bb y, adem\u00e1s, se le comunic\u00f3 que \u00abuna vez recibida la presente debe comunicarse con el departamento de contabilidad de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA (Tel. 3146179623, Contador Sr. Edwin Guzm\u00e1n) a fin de realizar el respectivo acuerdo de pago y conciliar la cuenta\u00bb, pieza aportada por la interesada al \u00abdescorrer traslado del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto admisorio y que no fue cuestionada dentro de la oportunidad debida\u00bb. <\/p>\n
Para el fallador esa probanza condujo a que la reclamante emitiera una factura por el valor total de la deuda con destino a la antagonista, enviara el \u00abaviso de cobro prejudicial\u00bb a las instalaciones de \u00e9sta el 4 de noviembre de 2015 y obtuviera respuesta a una petici\u00f3n formulada por Interia S.A.S. (mandataria de Prosegur Ltda.), seg\u00fan la cual Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que \u00ablas facturas pendientes de pago no quedaron inmersas dentro del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n \u2018porque se suscribi\u00f3 un acuerdo con la Cooperativa de Transporte Velotax donde esta \u00faltima se hacen (sic) cargo del total de la cartera\u2019, haciendo alusi\u00f3n expresa al precitado oficio conjunto\u00bb. <\/p>\n
3.2. Adicional a ello, si la empresa accionada ten\u00eda la plena convicci\u00f3n de que no era la llamada a responder por dicho pasivo, \u00ablo l\u00f3gico hubiera sido que rehusara la factura contentiva del total de la deuda una vez fue recibida en sus instalaciones\u00bb, empero, no aconteci\u00f3 as\u00ed porque \u00abentre uno y otro momento pasaron m\u00e1s de 9 meses (recibida el 21 de agosto de 2015 y rechazada mediante oficio de 14 de mayo de 2016)\u00bb. <\/p>\n
3.3. De otro lado, tuvo como indicio en contra de la convocada, el hecho de que en el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de \u00e9sta, al indag\u00e1rsele por el contenido del \u00abanexo 2\u00bb del contrato demandado, haya asegurado que all\u00ed figuraban \u00abdeudas por impuestos, con empleados, seguridad social \u2018y con muchos proveedores\u2019\u00bb, y aunque tambi\u00e9n afirm\u00f3 que entre estos \u00faltimos no aparec\u00eda la compa\u00f1\u00eda interesada, luego \u00abmanifest\u00f3 que las empresas empezaron a hablar \u2018que Puntual para el tema de seguridad hab\u00eda contratado a Prosegur\u2019\u00bb, de ah\u00ed que, resultara \u00abcurioso que cuando este Tribunal inst\u00f3 a Velotax Ltda. para que allegara el susodicho anexo se hubiera tra\u00eddo uno en el que solo se reportan deudas laborales (salarios pendientes de cancelarse por un total de $75\u2019959.786), en franca contradicci\u00f3n con lo que ya se hab\u00eda reconocido en el interrogatorio\u00bb. <\/p>\n
3.4. Tampoco escap\u00f3 de la vista del ad-quem, que la \u00abGerente de Velotax Ltda.\u00bb ten\u00eda el aval del Consejo de Administraci\u00f3n de la sociedad para celebrar el convenio demandado, pues en Acta No. 704 de 20 de junio de 2015 ese \u00f3rgano social la autoriz\u00f3, no solo para dar por culminado el lazo comercial con Puntual Log\u00edstica S.A.S., sino tambi\u00e9n con el fin de hacerse cargo de \u00abalgunas relaciones jur\u00eddicas entabladas [por aquella] con terceros (cesi\u00f3n de cuentas por pagar y cesi\u00f3n de cuentas por cobrar)\u00bb, es m\u00e1s, esa facultad se extendi\u00f3, incluso, \u00aba los dem\u00e1s actos estrechamente relacionados con esa operaci\u00f3n, como son entre otros las comunicaciones de cesi\u00f3n remitidas a los directamente afectados\u00bb. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, la \u00abvenia del consejo de administraci\u00f3n no incluy\u00f3 restricciones, sobre todo en lo atinente al recibo de deudas, pues lo propuesto y aprobado por unanimidad fue que \u2018VELOTAX asumes (sic) unos pasivos de PUNTUAL, de aproximadamente cinco mil millones de pesos ($5.000\u2019000.000)\u2019, t\u00e9rminos generales que daban un margen de maniobrabilidad a la gerente y que legitima lo realizado por ella en nombre de la empresa, en punto espec\u00edfico a sustituir a Puntual Log\u00edstica S.A.S. en la deuda que ten\u00eda con Prosegur Ltda. con todo y que \u00e9sta no figure dentro del \u2018anexo 2\u2019 aportado\u00bb. <\/p>\n
4. De manera, que \u00abresulta inadmisible la postura de la cooperativa de rehusar el d\u00e9bito que se le achaca, se itera, cuando fue ella misma quien motiv\u00f3 esa convicci\u00f3n, de ah\u00ed que se tenga como que s\u00ed asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n en el libelo genitor\u00bb. <\/p>\n
5. A vuelta de afirmar que la empresa enjuiciada se arrog\u00f3 la obligaci\u00f3n motivo de las pretensiones, procedi\u00f3 el juzgador a establecer que esa traslaci\u00f3n del pasivo se dio por conducto de una \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb, pues la intenci\u00f3n de los negociantes (Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n y Velotax Ltda.) \u00abno fue la de sofocar la obligaci\u00f3n original para dar principio a una nueva, sino la sustituci\u00f3n del obligado dentro del marco de la relaci\u00f3n jur\u00eddica ya existente\u00bb. <\/p>\n
6. Y para dar respuesta al \u00faltimo interrogante, ponder\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda acreedora \u2013aqu\u00ed petente- acept\u00f3 expresamente aquella negociaci\u00f3n al emitir la \u00abfactura No. 44553 por valor de $531.396.581\u00bb y el oficio suscrito por la \u00abjefe de cartera de Prosegur Ltda. Mar\u00eda Paola Jim\u00e9nez C\u00e1rcamo\u00bb, seg\u00fan el cual, \u00abde acuerdo a lo negociado con la Gerencia de Velotax en la que se hacen responsables del pago de la deuda que tiene en la actualidad Puntual Log\u00edstica con Prosegur, remitimos factura SC-44553 consolidada por los servicios prestados de vigilancia correspondiente al periodo marzo de 2014 a mayo de 2015\u00bb, documentos recibidos en las instalaciones de la firma querellada el 21 de agosto de 2015, por lo que, \u00abse tiene por desvirtuado lo arg\u00fcido por la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. respecto a que las acreencias a favor de Prosegur Ltda. quedaron al margen de la pluricitada transferencia de pasivos\u00bb. <\/p>\n
7. Teniendo definido ese panorama, pas\u00f3 a ocuparse de la defensa planteada por la contradictora, sustentada en que \u00abcualquier reclamaci\u00f3n derivada del contrato de transporte de carga y encomienda de 7 de octubre de 2013 y su terminaci\u00f3n de consuno el 1 de julio de 2015, qued\u00f3 zanjada con la transacci\u00f3n celebrada en el mes de septiembre de 2016\u00bb. <\/p>\n
Empez\u00f3 por traer a colaci\u00f3n, precisamente, el mentado acuerdo, cuyo objeto fue finiquitar el proceso ejecutivo adelantado por Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n frente a Velotax Ltda. (Rad. 2016-00223), para obtener el pago de la suma de \u00ab$2.500\u2019000.000\u00bb, plasmada en la cl\u00e1usula octava denominada \u00abPACTO DE COMPENSACI\u00d3N CONTRACTUAL ENTRE LAS PARTES\u00bb del convenio ahora demandado; convenci\u00f3n que \u00abcumpli\u00f3 con su cometido, pues el estrado de conocimiento la acogi\u00f3 y puso fin al compulsivo mediante auto de 6 de octubre de 2016\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, igualmente, que en el numeral 15 de dicho compromiso de transacci\u00f3n las prenombradas compa\u00f1\u00edas acordaron que, una vez satisfecha esa negociaci\u00f3n, \u00abse declaraban a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del contrato de transporte de carga suscrito el 7 de octubre de 2013 y su respectivo OTRO S\u00cd, al igual que del acuerdo de mutuo y voluntario para la terminaci\u00f3n bilateral del contrato de conducci\u00f3n de mercanc\u00edas, suscrito el 1 de julio de 2015\u00bb. <\/p>\n
No obstante, esa cl\u00e1usula deb\u00eda entenderse \u00abexclusivamente\u00bb con relaci\u00f3n a las diferencias que pudieran surgir en la \u00abejecuci\u00f3n y finalizaci\u00f3n de tal relaci\u00f3n comercial entre Velotax Ltda. y Puntual Log\u00edstica S.A.S. y solo entre ellos\u00bb, no as\u00ed respecto de \u00abcuestiones que no fueron blanco de negociaci\u00f3n y menos con afectaci\u00f3n de terceros que no intervinieron en la misma\u00bb. <\/p>\n
Y para ahondar en esa tem\u00e1tica, acudi\u00f3 a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, echando mano de la jurisprudencia de esta Sala sobre el principio de la relatividad de los contratos, no sin antes, referirse a la invalidez de los acuerdos de transacci\u00f3n sobre derechos ajenos (art\u00edculo 2475 Ib\u00eddem) y a los efectos exclusivos que se generan para los negociantes en esa clase de pactos (art\u00edculo 2484 \u00cddem) \u00absalvo, por su puesto, lo que se comunique a quienes sean deudores solidarios o de prestaci\u00f3n indivisible\u00bb; todo lo anterior para resaltar, que: <\/p>\n
\u00absi la asunci\u00f3n de deuda fue noticiada a la sociedad acreedora en agosto de 2015 y \u00e9sta desde entonces la acept\u00f3, no hab\u00eda forma que Puntual Log\u00edstica S.A.S. actuara desde una posici\u00f3n que ya no ten\u00eda (deudora), ni mucho menos que Velotax Ltda., como asumiente y sustituta, entendiera que el derecho econ\u00f3mico de Prosegur Ltda. quedaba inmerso en la transacci\u00f3n del 15 de septiembre de 2016, pues, se itera, en ella no particip\u00f3, aunado a que tampoco tiene la condici\u00f3n de deudora solidaria o de prestaci\u00f3n indivisible con alguna de las transantes\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones, aunque Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n expidi\u00f3 a favor de la contrincante un \u00abpaz y salvo\u00bb respecto de las prestaciones contenidas en el acuerdo demandado, lo cierto es que esa manifestaci\u00f3n \u00abest\u00e1 bastante lejos de tener alguna repercusi\u00f3n extintiva y\/o de cosa juzgada sobre la acreencia que reclama Prosegur Ltda.\u00bb. <\/p>\n
8. Sin embargo, en lo concerniente al pago de la obligaci\u00f3n objeto de las pretensiones, hizo ver el Tribunal que con tal finalidad \u00abla acreedora gir\u00f3 un t\u00edtulo valor a cargo de su nueva deudora Velotax Ltda. y el mismo, como se evidenci\u00f3 dentro de este debate, qued\u00f3 t\u00e1citamente aceptado en los t\u00e9rminos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por las leyes 1231 de 2008 (Art. 2\u00ba) y 1676 de 2013 (Art. 86)\u00bb. Por manera que, al haberse hecho uso de un \u00abdocumento de esta categor\u00eda para instrumentar la deuda, aunado a la posibilidad de acudir a una acci\u00f3n cambiaria para su descargue, impide acceder a las pretensiones condenatorias de la demanda que dio origen a este proceso\u00bb. <\/p>\n
9. Culmin\u00f3 advirtiendo, que lo hasta aqu\u00ed argumentado era suficiente para tener por fracasadas las defensas meritorias invocadas por la adversaria, eso s\u00ed, con relaci\u00f3n a la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb estim\u00f3 que no se configuraba, toda vez que \u00abentre la celebraci\u00f3n del acto jur\u00eddico bilateral en el que qued\u00f3 inmersa la asunci\u00f3n de deuda (1 de julio de 2015), instante desde el que pod\u00eda accionarse, y hasta el momento en que se present\u00f3 la demanda (29 de mayo de 2017), teniendo en cuenta lo regulado en el art\u00edculo 94 del C.G.P., no se consum\u00f3 el lapso de 10 a\u00f1os de que trata el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, en congruencia con el art\u00edculo 2535 del mismo compendio\u00bb. <\/p>\n
II. LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado, Prosegur Ltda. y Velotax Ltda. formularon, de forma separada, recurso de casaci\u00f3n y para su sustentaci\u00f3n allegaron los escritos que en este prove\u00eddo se examinan. <\/p>\n
A. La demanda de casaci\u00f3n de Prosegur Ltda. <\/p>\n
Enunci\u00f3 cinco (5) cargos; el primero por no estar la sentencia acusada en consonancia con los \u00abhechos y las pretensiones de la demanda, ni con las excepciones propuestas por el demandado o las que el juez deb\u00eda reconocer de oficio\u00bb (n\u00fam. 3\u00ba art. 336 C.G.P); el segundo por infracci\u00f3n recta de una \u00abnorma jur\u00eddica sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba \u00cddem); el tercero y el cuarto por \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u00bb, derivado de errores de hecho y de derecho, respectivamente (n\u00fam. 2\u00ba Ib\u00eddem); y el quinto por contener el fallo confutado \u00abdecisiones que hicieron m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico\u00bb. La casacionista los desenvolvi\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Bajo la egida de la causal tercera de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la providencia de segundo grado de no estar en correspondencia con los hechos, las aspiraciones de la postulaci\u00f3n inicial y las excepciones propuestas por la rival. <\/p>\n
Emprendi\u00f3 la alegaci\u00f3n afirmando que, si bien el Tribunal dio un \u00abplanteamiento acertado respecto de las declaraciones solicitadas en la demanda, y la defensa que realiz\u00f3 la parte demandada\u00bb, neg\u00f3 de tajo las condenas pedidas, \u00aboptando por una posici\u00f3n que nada ten\u00eda que ver con el tipo de proceso que se adelant\u00f3 y desarroll\u00f3 en las dos instancias\u00bb. <\/p>\n
1. Luego de duplicar literalmente las circunstancias f\u00e1cticas expuestas en el libelo y los anhelos del mismo, resalt\u00f3 que esos \u00edtems son \u00abpropios de un proceso VERBAL\u00bb y de ninguna manera se orientaron a obtener la \u00abejecuci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, porque si as\u00ed fuera, los pedimentos hubieran sido encaminados \u00abdirectamente al reconocimiento de la factura como t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n
La anterior advertencia, la realiz\u00f3 para poner de manifiesto que la controversia se plante\u00f3 en torno a una \u00abmuy debatida existencia de una obligaci\u00f3n en cabeza de la [demandada] como cesionario de PUNTUAL LOG\u00cdSTICA S.A.S.\u00bb. Tan discutida era la existencia de ese cr\u00e9dito, que el Tribunal hizo uso de sus facultades oficiosas en dos oportunidades hasta lograr demostrar que aquel estaba en cabeza de la accionada, por lo que \u00abera tan evidente que no est\u00e1bamos frente a un t\u00edtulo valor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como solamente se pueden \u00abejecutar obligaciones CLARAS, expresas y exigibles\u00bb, la ausencia de claridad de la prestaci\u00f3n fue \u00abel asunto central del proceso\u00bb y a esa conclusi\u00f3n habr\u00eda llegado el ad-quem \u00absi (\u2026) hubiese verificado\u00bb que el \u00abdocumento denominado factura (\u2026) no cumpl\u00eda con los requisitos del t\u00edtulo valor\u00bb regulados en el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, por eso es que \u00abno era factible iniciar proceso ejecutivo a la luz del art\u00edculo 422 del C.G.P.\u00bb, es m\u00e1s, \u00abProsegur ya hab\u00eda intentado ejecutar\u00bb, pero el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el mandamiento de pago respecto de ese instrumento cambiario. <\/p>\n
2. De otra parte, la determinaci\u00f3n atacada tampoco est\u00e1 acorde con las defensas elevadas por la convocada, si en cuenta se tiene que \u00e9sta jam\u00e1s aleg\u00f3 la \u00abexistencia de un t\u00edtulo valor, ni que el proceso pertinente fuera un ejecutivo\u00bb, contrariamente, sus reparos se enfocaron en que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n por pasiva; que no exist\u00eda obligaci\u00f3n alguna entre las partes; que la interesada no suscribi\u00f3 como cesionario \u00abning\u00fan acuerdo o contrato donde se deriven obligaciones a favor de esta\u00bb; que la accionada tampoco \u00abhab\u00eda realizado ning\u00fan endoso como generador de obligaciones\u00bb; que no hab\u00eda comunicaci\u00f3n alguna entre la demandante y la demandada; que \u00abjam\u00e1s hubo aceptaci\u00f3n de la FACTURA SC-4453\u00bb; y que la suplicante hab\u00eda entablado demanda ejecutiva en contra de la contrincante, la cual \u00abno pudo llevarse a fallo alguno, pues el Juzgado de conocimiento, es decir el Juzgado 1 Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, NEG\u00d3 EL MANDAMIENTO EJECUTIVO y as\u00ed fue, precisamente por la inexistencia de un t\u00edtulo ejecutivo id\u00f3neo para demandar de conformidad con la falta de obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible\u00bb. <\/p>\n
3. Adicionalmente, la resoluci\u00f3n rebatida \u00abno se ajusta ni procede dentro de las excepciones de oficio que puede reconocer el juez\u00bb. En ese sentido, el colegiado \u00aberr\u00f3 gravemente\u00bb al abstenerse de \u00abcondenar al pago de lo adeudado\u00bb, declarando probado un medio exceptivo \u00abeminentemente procesal\u00bb como lo era \u00abel tipo de proceso elegido por el Demandante\u00bb. <\/p>\n
En rigor, \u00abno exist\u00eda t\u00edtulo ejecutivo alguno\u00bb, por eso es que el sentenciador no pod\u00eda acudir al argumento seg\u00fan el cual la demandante contaba con la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n cambiaria. Es que \u00abni siquiera se tom\u00f3 el tiempo para analizar verdaderamente cada uno de los requisitos formales para que exista t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, pues la factura \u00abSC-4453\u00bb carec\u00eda del \u00abpleno de los requisitos\u00bb y, adem\u00e1s, no era di\u00e1fano sobre qui\u00e9n reca\u00eda la obligaci\u00f3n que la respaldaba, lo cual qued\u00f3 dilucidado luego del \u00abmonumental trabajo probatorio de oficio\u00bb realizado en sede de alzada. <\/p>\n
4. En suma, adujo la opugnante, \u00abes completamente inaceptable que se hubiera negado la pretensi\u00f3n de condena por no haber acudido a un supuesto proceso ejecutivo -que por ninguna parte cab\u00eda-, cuando precisamente el Tribunal concluy\u00f3 que esa era una posibilidad, mas no la \u00fanica v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Al amparo de la primera causal de casaci\u00f3n, se denuncia la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 773 de la ley mercantil, por \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 la censura que el precepto normativo referido no ven\u00eda al caso, porque \u00abni de la demanda (hechos y pretensiones), ni de la contestaci\u00f3n de la demanda (incluyendo el recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio), ni de las excepciones presentadas, es decir que ninguna de las partes, en ning\u00fan momento\u00bb, se discuti\u00f3 que el cr\u00e9dito motivo de disputa \u00abnaciera de una factura\u00bb. <\/p>\n
Tan \u00abirrelevante\u00bb para el caso era la presencia del t\u00edtulo valor memorado que nunca se adujo como \u00abfuente de la obligaci\u00f3n\u00bb demandada, pues lo que siempre se discuti\u00f3 fue que la empresa instada hab\u00eda asumido una deuda adquirida por Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n a favor de la compa\u00f1\u00eda actora, por ende, la primera \u00abestaba obligada a pagarla\u00bb, no m\u00e1s. De suerte que, de \u00abno haber sido por la aplicaci\u00f3n de dicho art\u00edculo\u00bb el juez plural \u00abhubiese condenado al pago, como consecuencia de la obligaci\u00f3n que en efecto encontr\u00f3 probada y as\u00ed lo declar\u00f3\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Aqu\u00ed se endilg\u00f3 al pronunciamiento de segundo grado violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio, por \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb, como consecuencia de \u00aberror de hecho derivado de la errada valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
Una vez calc\u00f3 el mandato supuestamente infringido, aleg\u00f3 que el juzgador \u00abda por hecho demostrado, sin estarlo\u00bb, que exist\u00eda una \u00abobligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb respaldada en un \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb, situaci\u00f3n que llevaba a concluir que para la satisfacci\u00f3n de la prestaci\u00f3n deb\u00eda adelantarse un proceso ejecutivo, sin embargo, no cay\u00f3 en cuenta que \u00absolo hasta la segunda instancia y luego del descubrimiento probatorio de oficio (\u2026) surgi\u00f3 la claridad de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
1. Desarroll\u00e1ndolo, apunt\u00f3 la impugnante que el sentenciador incurri\u00f3 la equivocaci\u00f3n denunciada al pretermitir, de un lado, la \u00abconfesi\u00f3n realizada por la pasiva en el escrito de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb y, de otro, el \u00abpantallazo\u00bb de \u00abconsulta de procesos de la rama judicial\u00bb visible a folios 319 y 320 del cuaderno principal, medios demostrativos, seg\u00fan los cuales, acreditaban que en \u00e9poca anterior la aqu\u00ed activante intent\u00f3 sin \u00e9xito el \u00abcobro de la factura (\u2026) por la v\u00eda ejecutiva\u00bb. <\/p>\n
2. Tambi\u00e9n incurri\u00f3 el ad-quem en yerro de facto al tergiversar \u00abel alcance, valor probatorio y efectos de la factura [SC-44553]\u00bb, dado que no la valor\u00f3 adecuadamente, \u00aben ning\u00fan momento se tom\u00f3 el tiempo de validar si verdaderamente (\u2026) cumpl\u00eda con todos los requisitos para configurar t\u00edtulo valor\u00bb. De haberse realizado una correcta apreciaci\u00f3n de esa probanza, afirm\u00f3 la recurrente, se hubiese concluido que \u00abNO configuraba t\u00edtulo ejecutivo\u00bb; en primer lugar, porque adolec\u00eda de claridad al no tenerse certidumbre acerca del \u00abobligado a pagar las sumas de dinero\u00bb que garantizaba; y, en segundo t\u00e9rmino, tampoco era exigible, pues ese instrumento cambiario se cre\u00f3 para \u00abrecoger las facturas que [la interesada] le libr\u00f3 a PUNTUAL LOG\u00cdSTICA S.A.S. y que \u00e9sta no cancel\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. Remat\u00f3 la censora su exposici\u00f3n argumentando, que los desaciertos f\u00e1cticos del fallador condujeron a que se considerara que la \u00abfactura configuraba un t\u00edtulo ejecutivo y que por tanto aplicara, sin que hubiera lugar a ello, el art. 773\u00bb y que el camino para obtener la soluci\u00f3n de la deuda era \u00abuna acci\u00f3n ejecutiva\u00bb, aun cuando \u00abdentro del proceso se demostr\u00f3, no solo que no exist\u00eda t\u00edtulo ejecutivo, sino que de hecho ya el demandante hab\u00eda intentado sin \u00e9xito un proceso ejecutivo contra la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA.\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Por este se acus\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta \u00abpor indebida aplicaci\u00f3n\u00bb del mismo texto rese\u00f1ado en el cargo precedente, al haber cometido el Tribunal un \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de normas probatorias\u00bb. <\/p>\n
Luego de copiar los art\u00edculos 169 (prueba de oficio y a petici\u00f3n de parte), 170 (decreto y pr\u00e1ctica de prueba de oficio) y 193 (confesi\u00f3n por apoderado judicial) del C\u00f3digo General del Proceso, la casacionista manifest\u00f3 que el desafuero del sentenciador se present\u00f3 en dos eventos. <\/p>\n
1. El primero, porque omiti\u00f3 ponderar la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb del apoderado judicial de la convocada al contestar la demanda [folio 203, cuaderno principal], seg\u00fan la cual, \u00abPROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA., a trav\u00e9s de apoderado judicial, ya hab\u00eda intentado ejecutar a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA., y que ese juzgado que conoci\u00f3 el caso, neg\u00f3 el mandamiento de pago, dejando como \u00fanica v\u00eda de acceso a la justicia, la de proceso verbal declarativo\u00bb. De modo que, de haberle dado valor probatorio a la \u00abconfesi\u00f3n del apoderado judicial de la [enjuiciada] en la contestaci\u00f3n, el Tribunal habr\u00eda advertido y concluido que no hab\u00eda lugar alguno a una acci\u00f3n ejecutiva, pues esa v\u00eda ya se hab\u00eda agotado sin resultado alguno\u00bb. <\/p>\n
2. El segundo, debido a que \u00abincumpli\u00f3 con su deber de decretar de oficio, cualesquiera pruebas necesarias para esclarecer una verdadera ejecutabilidad del t\u00edtulo\u00bb, en ese sentido, le incumb\u00eda interrogar a los contendientes acerca de ese preciso aspecto, requerir soportes adicionales y, sobre todo, \u00absolicitar prueba trasladada del proceso ejecutivo fallido\u00bb, escenario en el que se neg\u00f3 el mandamiento de pago. Porque, de haber llevado a cabo el traslado de esa actuaci\u00f3n, muy seguramente, se habr\u00eda percatado de la inejecutabilidad de la factura de marras. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Por \u00faltimo, enjuici\u00f3 la labor del juez plural por \u00abcontener la sentencia decisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico\u00bb (n\u00fam. 4, art\u00edculo 336 C.G.P.). <\/p>\n
Explic\u00f3 la impugnante, que si bien el fallador de segundo grado revoc\u00f3 la providencia del a-quo para, en su lugar, declarar que la contraparte asumi\u00f3 la deuda adquirida por Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n a favor de la petente, dej\u00f3 a \u00e9sta en peor situaci\u00f3n, en comparaci\u00f3n a como se hallaba al culminar la primera instancia. N\u00f3tese que si bien en este \u00faltimo estadio se desestimaron las aspiraciones del pliego introductorio, luego, en sede de alzada, \u00abbajo un errado pretexto procesal cerr\u00f3 absolutamente cualquier camino para reclamar el derecho\u00bb, en la medida en que, la gu\u00edo a entablar un proceso ejecutivo para conseguir el reembolso del cr\u00e9dito, pese a que, de un lado, \u00abse intent\u00f3 uno sin \u00e9xito (por lo que habr\u00eda cosa juzgada)\u00bb y, de otra parte, el derecho se encuentra prescrito, pues \u00abla factura es de agosto de 2015\u00bb. <\/p>\n
Entonces, demostrado est\u00e1 que el ad-quem \u00abenvi\u00f3 al demandante a buscar una segunda acci\u00f3n la cual, a la luz de la realidad, ya no hay posibilidad de hacerlo\u00bb, aun cuando, el juez de primer grado hab\u00eda dejado abierta esa posibilidad al denegar los pedimentos por ausencia de prueba. <\/p>\n
B. La demanda de casaci\u00f3n de Velotax Ltda. <\/p>\n
Se elevaron cuatro (4) cargos; el primero, por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb (n\u00fam. 1\u00ba art. 336 C.G.P); el segundo y el tercero por la senda de la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba \u00cddem); y el cuarto \u00abpor considerar que no est\u00e1 la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda\u00bb (n\u00fam. 3\u00ba Ib\u00eddem). La censora los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
La recurrente aleg\u00f3 la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1494 y 1602 del C\u00f3digo Civil, cuyo quebrantamiento pregon\u00f3 por indebida aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Tras reproducir literalmente el primero de los mandatos referidos, en su despliegue aleg\u00f3 que la obligaci\u00f3n que hall\u00f3 acreditada el sentenciador proviene de un convenio suscrito entre Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n y Prosegur Ltda., en virtud del cual esta \u00faltima se comprometi\u00f3 a prestarle a la primera \u00ablos servicios de vigilancia privada en las modalidades fija sin arma, mediante el suministro de vigilantes, que custodiaran las instalaciones de [\u00e9sta]\u00bb; por modo que, Velotax Ltda. no intervino en esa negociaci\u00f3n, ni siquiera \u00abexpres\u00f3 su voluntad de hacerlo, luego no ha surgido obligaci\u00f3n a su cargo conforme lo indica el Art. 1494\u00bb, mucho menos \u00abha incurrido en delito que la obligue a responder de manera taxativa a favor de Prosegur\u00bb. <\/p>\n
La tesis del Tribunal da a entender, en forma desacertada y sin \u00abrespaldo sustancial\u00bb, que se present\u00f3 una \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb, emanada del acuerdo celebrado entre Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n y Velotax Ltda. el 1\u00ba de julio de 2015, no obstante, en ese negocio lo que se pact\u00f3 fue que esta \u00faltima se responsabilizaba de \u00abpagar las obligaciones de Puntual, pero s\u00f3lo las relacionadas con el contrato que a ellas las vincula o en su defecto las conciliadas por las partes\u00bb, no siendo dables las exigencias de la demandante, pues \u00abquien le puede reclamar el cumplimiento [de ese negocio] es PUNTUAL y no PROSEGUR, por cuanto no existe ninguna cesi\u00f3n de contrato de Puntual a Prosegur que pudiese obligar a la Cooperativa Velotax a responderle a [\u00e9sta]\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se aplic\u00f3 de manera errada el canon 1602 Ib\u00eddem, toda vez que la \u00abasunci\u00f3n de deuda (\u2026) no fue pactada ni materializada taxativamente en el contrato [demandado]\u00bb, es m\u00e1s \u00abla actora ni siquiera es mencionada en dicho contrato\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con miramiento en el segundo motivo del canon 336 Ib\u00eddem, censur\u00f3 la sentencia por la senda indirecta de haber infringido, igualmente, los preceptos referidos en la acusaci\u00f3n que precede, a cuenta de \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental\u00bb. <\/p>\n
Concret\u00f3 su acusaci\u00f3n la recurrente en que el juez plural otorg\u00f3 \u00abvalor probatorio al documento obrante a folio (187-C1)\u00bb denominado \u00abNotificaci\u00f3n Cesi\u00f3n Obligaci\u00f3n o Cr\u00e9dito\u00bb, siendo que esa pieza \u00abnunca hizo parte del acervo probatorio allegado legal y oportunamente a la actuaci\u00f3n, pero si sirvi\u00f3 como base probatoria para endilgar responsabilidad en cabeza de la Cooperativa Velotax Ltda. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En esa comunicaci\u00f3n, la enjuiciada le inform\u00f3 a la convocante que asum\u00eda la deuda que Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n ten\u00eda a favor de aquella, \u00ablo cual no es cierto y por lo tanto apartado de la realidad y conlleva a declarar una asunci\u00f3n de deuda teniendo como obligada a Velotax Ltda. conforme lo disponen los art\u00edculos 1494 y 1602, frente a la inexistente manifestaci\u00f3n de voluntad por parte de la Cooperativa Velotax\u00bb. <\/p>\n
La susodicha probanza se alleg\u00f3 extempor\u00e1neamente al dossier, pues la actora la aport\u00f3 como anexo al descorrer el \u00abtraslado de un recurso de reposici\u00f3n\u00bb, es m\u00e1s, en la audiencia inicial el juez de primera instancia solamente tuvo por incorporados los documentos adjuntos con el libelo inaugural y la \u00abcontestaci\u00f3n de excepciones\u00bb, en la que, dicho sea de paso, se anex\u00f3 aquel folio pero sin las firmas de sus creadores, valga decir, los representantes legales de las compa\u00f1\u00edas mencionadas. <\/p>\n
Tampoco se enmend\u00f3 su aportaci\u00f3n en sede de segunda instancia, pues, aunque la interesada lo proporcion\u00f3 cuando el Tribunal decret\u00f3 pruebas de oficio, esa corporaci\u00f3n neg\u00f3 su contradicci\u00f3n, tras advertir que ya obraba en la foliatura desde el umbral del pleito \u00aby desde entonces qued\u00f3 a disposici\u00f3n de las partes\u00bb. <\/p>\n
Entonces, el ad-quem incurri\u00f3 en la infracci\u00f3n denunciada al basar su pronunciamiento en un \u00abdocumento que no fue decretado como prueba ni trasladado a las partes\u00bb y que \u00abno tiene la facultad de constituir prueba plena o suficiente para acreditar los hechos de la demanda y en especial los relativos a la edificaci\u00f3n de una asunci\u00f3n de deuda\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Se atribuy\u00f3 la infracci\u00f3n en forma indirecta, \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida\u00bb, de los art\u00edculos 2\u00ba, 86 y 773, inciso 3\u00ba del C\u00f3digo de Comercio; 1494 y 1602, del C\u00f3digo Civil, a causa de \u00aberrores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
La casacionista achac\u00f3 al juzgador la distorsi\u00f3n de la pieza denominada \u00abCarta a Proveedores\u00bb, ya que dedujo que surgi\u00f3 como consecuencia del \u00abacuerdo mutuo para la terminaci\u00f3n del contrato de transporte de mercanc\u00edas\u00bb objeto del proceso, empero, en ese compromiso \u00abmediante clausula espec\u00edfica, se determin\u00f3 entre las partes, que la Cooperativa Velotax no asum\u00eda las obligaciones relacionadas con pasivos que no hicieran parte del contrato de transporte citado\u00bb, de ah\u00ed que, fue err\u00f3neo considerar \u00abtener por cedido a favor de Prosegur, la deuda existente, por concepto de seguridad y vigilancia, que se prest\u00f3 a las instalaciones de Puntual Ltda.\u00bb, m\u00e1xime cuando tuvo por vigente un \u00abcontrato fenecido y liquidado\u00bb y dio \u00abplena validez a un t\u00edtulo valor que naci\u00f3 sin fuente o relaci\u00f3n negocial entre Velotax Ltda. y Prosegur seguridad privada\u00bb. As\u00ed que, de \u00abno haber sido por tales falencias, otra hubiese sido la conclusi\u00f3n a la cual hubiere llegado el honorable tribunal en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con soporte en la causal prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 de la ley adjetiva, se acus\u00f3 el fallo de segunda instancia, por considerar que no est\u00e1 en consonancia con las \u00abpretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
A vuelta de transcribir las aspiraciones del escrito inaugural y la parte resolutiva de la providencia combatida, la casacionista aleg\u00f3, que la \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb nunca fue \u00absolicitada ni planteada\u00bb por la demandante, de ah\u00ed que, no exista correspondencia entre lo solicitado y lo decidido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017 de 7 de dic. Rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de nulidad). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (AC3599-2018, 27 ago., rad. 2015-00704, criterio reiterado en AC2396-2020, 28 sept., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ago 1999, Rad. 4979; CSJ SC; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
En cuanto al error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00ba 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete al recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En torno al tercer motivo de impugnaci\u00f3n extraordinaria, se ha dicho que la incongruencia constituye un quebranto de las formas esenciales del procedimiento, el cual se materializa cuando la sentencia decide sobre puntos ajenos a la controversia; deja de resolver los temas objeto de la litis; realiza una condena m\u00e1s all\u00e1 de lo pretendido; o no se pronuncia sobre alguna de las excepciones de m\u00e9rito, cuando es del caso hacerlo. <\/p>\n
El proceso civil contiene una relaci\u00f3n jur\u00eddico\u2013procesal en virtud de la cual la actividad de las partes y el campo de decisi\u00f3n del juez quedan vinculados a los t\u00e9rminos de la demanda y su contestaci\u00f3n. En efecto, tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
\u00ab(…) los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado trazan, en principio, los l\u00edmites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en \u00e9l, todo en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; de ese modo se podr\u00e1 establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas (CSJ SC, 6 Jul. 2005, rad. 5214; CSJ SC, 1\u00ba nov. 2006, rad. 2002-01309-01)\u00bb (CSJ SC11331-2015, 27 ago., rad, 2006-00119-01; reiterado en CSJ AC2115-2021, 2 jun., rad. 2013-00193-01). <\/p>\n
<\/p>\n
La facultad jurisdiccional del fallador se encuentra demarcada, entre otras normas, por el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) la sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u2026 No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Eso s\u00ed, la inconsonancia, en principio, no puede invocarse sobre la base de haberse decidido de manera adversa a los intereses del actor o cuando el resultado del juicio no colma las expectativas del impugnante, siempre que la decisi\u00f3n recaiga sobre lo que ha sido materia del pleito, mucho menos, sirve a prop\u00f3sito de criticar la valoraci\u00f3n de los medios de prueba realizado por el juzgador. <\/p>\n
Sobre el punto, la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab[t]rat\u00e1ndose del numeral tercero del citado art\u00edculo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. De ah\u00ed que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisi\u00f3n tomada, pero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal\u00bb (CSJ AC4592-2018, criterio reiterado en AC6075-2021, 16 dic.). <\/p>\n
2.4. Otro yerro in procedendo es el previsto en el numeral cuarto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso relativo a contener la sentencia decisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la parte que impugn\u00f3, para cuya sustentaci\u00f3n deber\u00e1 el recurrente identificar la resoluci\u00f3n que como apelante \u00fanico le ha causado perjuicio, seg\u00fan la comparaci\u00f3n entre lo decidido por el a quo y el Tribunal. Como lo ha establecido la Corte: <\/p>\n
\u00abel embate respectivo debe estar dirigido a evidenciar la situaci\u00f3n m\u00e1s perjudicial surgida en la decisi\u00f3n de segundo grado con relaci\u00f3n a la del a-quo, lo que equivale decir que un cargo de esta naturaleza implica desarrollar la tarea de parangonar la determinaci\u00f3n del juzgado con la del ad-quem, tras lo cual habr\u00e1 de brillar, sin mayores elucubraciones, que la de \u00e9ste, en lo inherente a los derechos de ese apelante \u00fanico, le produjo un agravio en la medida en que, sin que debiera hacerlo, comprometi\u00f3 los intereses de esa parte m\u00e1s all\u00e1 de como aqu\u00e9l lo hizo. (CSJ. SC. Sep. 29 de 2005, rad. 76001-31-03-010-1995-7241-01; criterio reiterado en CSJ AC817-2020, 10 mar.) <\/p>\n
Aunado a ello, desde anta\u00f1o, la Sala ha delimitado unas precisas exigencias para el \u00e9xito de la acusaci\u00f3n cimentada bajo la egida de la no reformatio in pejus, a saber: <\/p>\n
\u00aba) vencimiento parcial de un litigante, b) apelaci\u00f3n de una sola de las partes, porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que el juez de segundo grado haya empeorado con su decisi\u00f3n la situaci\u00f3n del \u00fanico recurrente, y d) que la reforma no verse sobre puntos \u00edntimamente relacionados con lo que fue objeto de la apelaci\u00f3n.\u00bb (CSJ SC 165 de 2000, rad. 5405; reiterada en SC de 5 jul. 2011, rad. 2000-00183-01 y SC5106-2021, 15 dic., entre otras). <\/p>\n
En tiempos m\u00e1s recientes, la Corte destac\u00f3 que el agravio ocasionado por el desconocimiento de esta causal se encuentra en la parte resolutiva del fallo, por lo que resulta intrascendente auscultar sus motivaciones, so pretexto de invocar esta clase de dislate. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho que es aquella secci\u00f3n de la providencia \u00ab\u2018donde debe buscarse el desbordamiento de la limitaci\u00f3n que impide al juzgador hacer m\u00e1s gravosa la condici\u00f3n del \u00fanico apelante, y no en su parte expositiva (\u2026)\u2019 y \u2018(\u2026) si en dicho pronunciamiento se confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n de primer grado, es decir, se mantuvo por el ad-quem lo all\u00ed resuelto, sin variaci\u00f3n, no hay manera de afirmar que hizo m\u00e1s dif\u00edcil, para el apelante, la situaci\u00f3n establecida por el sentenciador de primera instancia, circunstancia que obvia y necesariamente excluye una acusaci\u00f3n por esa causa\u2019.\u00bb (CSJ SC de 4 may. 2005, rad. 2000-00052-01; SC de 14 dic. 2006, rad. 2000-00194-01; SC12024 de 2015, rad. 2009-00387-01 y SC5106-2021, 15 dic. entre otras). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, desde el p\u00f3rtico se advierte que las acusaciones planteadas en las demandas de casaci\u00f3n que aqu\u00ed se examinan no satisfacen los requisitos legales que jurisprudencial y legamente se tienen establecidos y por ello, ser\u00e1n inadmitidas. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, se abordar\u00e1 la calificaci\u00f3n de los cargos primero del escrito de Prosegur Ltda. y cuarto del memorial de Velotax Ltda., pues encadenados van esos reparos, en tanto que, ambos atribuyen falta de consonancia entre lo resuelto por el Tribunal y los hechos, las pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas. <\/p>\n
3.1.1. Para la parte demandante, la sentencia combatida no est\u00e1 en correspondencia con los hechos y las pretensiones del escrito inaugural porque el eje central de la controversia no giraba en torno a la \u00abejecuci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo\u00bb ni el \u00abreconocimiento de la factura como t\u00edtulo valor\u00bb, sino a la ausencia de claridad de la obligaci\u00f3n adquirida por Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n y que asumi\u00f3 Velotax Ltda. a favor de la demandante, conclusi\u00f3n a la que habr\u00eda llegado el juzgador \u00absi (\u2026) hubiese verificado\u00bb que el \u00abdocumento denominado factura (\u2026) no cumpl\u00eda con los requisitos del t\u00edtulo valor\u00bb regulados en el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio y que \u00abProsegur ya hab\u00eda intentado ejecutar\u00bb sin \u00e9xito ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Adicionalmente, el fallo confutado no guarda simetr\u00eda con las defensas propuestas, puesto que la convocada nunca aleg\u00f3 la \u00abexistencia de un t\u00edtulo valor, ni que el proceso pertinente fuera un ejecutivo\u00bb. Tampoco, le era permitido considerar que la accionante contaba con la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n cambiaria, cuando \u00abni siquiera se tom\u00f3 el tiempo para analizar verdaderamente cada uno de los requisitos formales para que exista t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
3.1.1.1. Bien mirada esa acusaci\u00f3n, pronto se advierte una falencia obvia en su planteamiento que contradice lo dispuesto en el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 de la ley adjetiva, puesto que la recurrente realiz\u00f3 alegaciones propias de la causal segunda de casaci\u00f3n, al protestar la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal respecto del t\u00edtulo con el cual la convocante instrumentaliz\u00f3 la obligaci\u00f3n reclamada, cuya declaraci\u00f3n de existencia fue objeto del pleito. N\u00f3tese que la censura extraordinaria recrimin\u00f3 no haberse \u00abverificado\u00bb si la factura emitida por la activante a cargo de la accionada, satisfac\u00eda o no los requisitos formales de esa clase de instrumentos, previstos en el art\u00edculo 774 de la ley mercantil. <\/p>\n
De tajo, la casacionista desconoci\u00f3 el aut\u00e9ntico prop\u00f3sito del motivo alegado, el cual se erige sobre la base objetiva de comparar el escrito inagural y las excepciones formuladas frente a lo decidido por el juzgador; contrariamente, en su arremetida se dedic\u00f3 a cuestionar aspectos probatorios del litigio, dirigiendo toda su argumentaci\u00f3n a demostrar c\u00f3mo esos desatinos en la valoraci\u00f3n de los medios suasorios llevaron a un mal entendimiento de los extremos de la causa, olvidando que para ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 otra v\u00eda, la indirecta. <\/p>\n
De modo que, frustr\u00e1nea resulta la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, por entremezclar los motivos segundo y cuarto contemplados en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.1.1.2. Pero si lo anterior no fuera suficiente, en este caso se descarta la incongruencia denunciada, si en cuenta se tiene que de ninguna manera el ad-quem resolvi\u00f3 la contienda como si se tratase de un cobro compulsivo, como lo hace ver la interesada. <\/p>\n
En efecto, las pretensiones de Prosegur Ltda. se encauzaron a obtener la declaratoria de existencia del contrato mediante el cual la demandada se hizo cargo de la \u00abtotalidad del pasivo\u00bb de la firma Puntual Logistica S.A.S. en liquidaci\u00f3n; asimismo, que se reconociera que hab\u00eda una obligaci\u00f3n por valor de \u00ab$531\u2019396.581\u00bb en cabeza de la accionada a favor de la convocante y, en consecuencia, se ordenara su pago \u00abtotal y satisfactorio\u00bb a favor de esta \u00faltima, m\u00e1s la \u00abindexaci\u00f3n\u00bb y los intereses \u00abbancarios de mora\u00bb liquidados desde su exigibilidad hasta el reembolso efectivo. <\/p>\n
Por su parte, los medios exceptivos invocados por la antagonista se enfocaron a discutir su participaci\u00f3n en el pleito, su vinculaci\u00f3n en la relaci\u00f3n negocial aducida y a negar rotundamente la existencia de atadura obligacional alguna entre ella y la peticionaria. <\/p>\n
Con observancia en el marco propuesto por los litigantes, el Tribunal fue desenvolviendo sus argumentos alrededor de tres tem\u00e1ticas fundamentales: (i) si \u00abpor cuenta de la negociaci\u00f3n realizada el 1\u00ba de julio de 2015 entre Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. y Puntual Log\u00edstica S.A.S. hoy en liquidaci\u00f3n, la primera asumi\u00f3 la deuda que ten\u00eda la segunda a favor de la actora por concepto de vigilancia privada\u00bb; (ii) \u00absi aquello se dio por la senda de la novaci\u00f3n o por conducto de una asunci\u00f3n de deuda\u00bb; y (iii) si existi\u00f3 \u00abaceptaci\u00f3n por parte de la sociedad acreedora\u00bb de ese negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Enfocado en ese escenario de dudas, fue despejando una a una con miramiento en las pruebas obrantes en el plenario, hasta concluir que, efectivamente, era del caso declarar exaudible las aspiraciones de la demanda, en lo concerniente a la existencia de una obligaci\u00f3n en cabeza de Velotax Ltda. y a favor de Prosegur Ltda. por la figura de la \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb. Eso s\u00ed, respecto de la pretensi\u00f3n de pago, encontr\u00f3 acreditado que la accionante hab\u00eda emitido una factura a cargo de la demandada por el importe adeudado, el cual \u00abqued\u00f3 t\u00e1citamente aceptado en los t\u00e9rminos del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de comercio, modificado por las leyes 1231 de 2008 (Art.2\u00b0) y 1676 de 2013 (Art.86\u00ba)\u00bb, de donde coligi\u00f3 que al hacer uso de \u00abun documento de esta categor\u00eda\u00bb y la posibilidad de \u00abacudir a una acci\u00f3n cambiaria para su descargue\u00bb, no era procedente acceder a aquel pedimento. <\/p>\n
Pero la \u00faltima de aquellas inferencias, plenamente se acompas\u00f3 con el thema decidendum del proceso, ya que, la emisi\u00f3n del instrumento cambiario de marras fue un hecho que se debati\u00f3 en el trascurrir de las etapas del juicio, no en vano, se puso en conocimiento desde los hechos del libelo genitor, cuando la reclamante asegur\u00f3 que el sinn\u00famero de facturas contentivas de las deudas debidas por Puntual Log\u00edstica Ltda. en liquidaci\u00f3n \u00abfueron reemplazadas por la factura de venta No. 445553\u00bb, emitida a cargo de la nueva deudora [Doc. 99 Archivo Digital: 01Cuaderno1]. <\/p>\n
De igual manera, en las defensas formuladas por el extremo pasivo tambi\u00e9n se puso de manifiesto el rechazo de ese documento [fl. 205 Ib\u00eddem]; de ah\u00ed que, tanto esa cartular como las consecuencias que de ella encontr\u00f3 fundadas el sentenciador, no fueron ajenas al debate puesto a su conocimiento. <\/p>\n
3.1.2. Por esta misma senda Velotax Ltda. mostr\u00f3 su inconformidad con lo decidido, al alegar que la \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb fue un \u00edtem for\u00e1neo a la pol\u00e9mica litigiosa. Sin embargo, pareciera que la impugnante ignor\u00f3 que el derecho disputado en juicio fue la existencia de una obligaci\u00f3n adquirida por Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n que luego fue asumida por la demandada a favor de la demandante, cerco f\u00e1ctico a partir del cual el ad-quem comenz\u00f3 por averiguar, con circunspecci\u00f3n del material probatorio, la figura jur\u00eddica que m\u00e1s se adaptaba al caso, pasando por el estudio de la novaci\u00f3n hasta llegar a la \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb, o sea aquella en que ocurre \u00abla sustituci\u00f3n del obligado dentro del marco de la relaci\u00f3n jur\u00eddica ya existente\u00bb, en palabras del Tribunal. <\/p>\n
As\u00ed que, en este preciso evento, no se le puede achacar al colegiado un distanciamiento de las orillas de la disputa, m\u00e1s a\u00fan cuando de los sustentos f\u00e1cticos, de las pretensiones y las excepciones, infiri\u00f3 la procedencia de aquella figura jur\u00eddica, en cumplimiento de su deber constitucional de decidir de fondo el asunto planteado, adoptando una resoluci\u00f3n de m\u00e9rito. <\/p>\n
3.1.3. Bajo esa perspectiva, los cargos formulados por los contendientes al amparo del tercer motivo de casaci\u00f3n est\u00e1n llamados al fracaso, por lo que ser\u00e1n inadmitidos, pues en este preciso evento el error aducido no existe (n\u00fam. 2\u00ba art\u00edculo 347, C.G.P.). <\/p>\n
3.2. A continuaci\u00f3n, se abordar\u00e1 el estudio de admisibilidad respecto de los dem\u00e1s cargos contenidos en las demandas de casaci\u00f3n, empezando por los planteados por Prosegur Ltda. <\/p>\n
3.2.1. En la segunda reprimenda, se denunci\u00f3 por la v\u00eda directa la \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 773 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En su sustentaci\u00f3n la casacionista puso de presente que ni en la postulaci\u00f3n inicial ni en la oposici\u00f3n a \u00e9sta se debati\u00f3 que el cr\u00e9dito demandado \u00abnaciera de una factura\u00bb, tan inocua era esa tem\u00e1tica que ese instrumento jam\u00e1s sirvi\u00f3 como \u00abfuente de la obligaci\u00f3n\u00bb demandada, por eso es que, de no haberse acudido al precepto legal memorado, el sentenciador \u00abhubiese condenado al pago, como consecuencia de la obligaci\u00f3n que en efecto encontr\u00f3 probada y as\u00ed lo declar\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Puesta en esa dimensi\u00f3n la exposici\u00f3n del ataque, se aprecia que viene acompa\u00f1ado de un defecto t\u00e9cnico que impide su estudio de fondo. En efecto, se reclam\u00f3 que la pauta referida no estaba llamada a gobernar la contienda, porque ello no se arg\u00fc\u00eda del estudio del escrito inaugural y el memorial defensivo. No obstante, si como lo propone la casacionista, para hallar la indebida aplicaci\u00f3n del canon 773 de la ley mercantil hay que centrar la mirada en aquellas piezas procesales, el sendero adecuado para esa labor no es precisamente la v\u00eda directa, sino la contemplada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 de la codificaci\u00f3n procedimental, esto es la infracci\u00f3n indirecta. <\/p>\n
De modo que, la imputaci\u00f3n cae en la incertidumbre, ya que si lo pretendido con ella era desvelar un dislate in judicando a la hora de escoger el mandato aplicable al asunto, por lo menos, ha debido la denunciante dirigir la faena hacia un horizonte desprovisto de cualquier discusi\u00f3n en el campo f\u00e1ctico, sino, m\u00e1s bien, apuntar todo su arsenal a evidenciar por qu\u00e9 el canon 773 del C\u00f3digo de Comercio no era el id\u00f3neo para resolver el punto relativo a la condena dineraria reclamada en las pretensiones. <\/p>\n
3.2.2. En lo atinente a la tercera cr\u00edtica, tampoco colma las exigencias formales dispuestas en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, para impulsar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, porque en su arremetida la casacionista aleg\u00f3 la incursi\u00f3n del colegiado en \u00aberror de hecho derivado de la errada valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, acus\u00e1ndolo de dar \u00abpor (\u2026) demostrado, sin estarlo\u00bb la existencia una \u00abobligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb respaldada en un \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb, deducci\u00f3n que fue el resultado, de un lado, de pretermitir la \u00abconfesi\u00f3n realizada por la pasiva en el escrito de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb y el \u00abpantallazo\u00bb de \u00abconsulta de procesos de la rama judicial\u00bb, los cuales, demostraban que la demandante en \u00e9poca anterior intent\u00f3 sin \u00e9xito el \u00abcobro de la factura (\u2026) por la v\u00eda ejecutiva\u00bb; y de otra parte, por tergiversar \u00abel alcance, valor probatorio y efectos de la factura [SC-44553]\u00bb. <\/p>\n
Revelada como est\u00e1 la censura, se advierte que la misma luce desenfocada, toda vez que el fallador, ni por asomo, contempl\u00f3 siquiera encauzar sus razonamientos hacia la presencia o no de los atributos del \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb en la factura No. SC-44553. Si el Tribunal hizo menci\u00f3n de ese instrumento cambiario fue para considerar que, como la obligaci\u00f3n motivo de controversia estaba all\u00ed contenida, el camino pertinente para lograr su desembolso era la acci\u00f3n cambiaria, pero jam\u00e1s con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos sustanciales regulados en el art\u00edculo 422 de la ley adjetiva, como lo expone la censora, pues en ese caso estar\u00eda incursionando en tem\u00e1ticas ajenas a los extremos del litigio. <\/p>\n
A\u00fan obviando esa falta de simetr\u00eda del reparo, si se aceptara que el sentenciador pretermiti\u00f3 la \u00abconfesi\u00f3n realizada por la pasiva en el escrito de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb y el \u00abpantallazo\u00bb de \u00abconsulta de procesos de la rama judicial\u00bb, esos elementos suasorios poco o nada dicen acerca del supuesto tr\u00e1mite ejecutivo adelantado por la demandante para el cobro del t\u00edtulo valor memorado. <\/p>\n
Esto en raz\u00f3n a que en la mentada \u00abconfesi\u00f3n\u00bb el apoderado de la enjuiciada al responder el hecho octavo de la demanda expres\u00f3 que: \u00abLa demandante de manera indebida ha intentado que VELOTAX le pague unas facturas, frente a un contrato de prestaci\u00f3n donde ella no se oblig\u00f3, sino PUNTUAL LOG\u00cdSTICA S.A.S., e inclusive present\u00f3 demanda ejecutiva en contra de VELOTAX y le fue rechazada, caso concreto el adelantado ante el Juzgado 1 Civil del Circuito de Ibagu\u00e9\u00bb [folio 203, Archivo Digital: 01Cuaderno1]. N\u00f3tese que en este apartado solo se hace alusi\u00f3n, de modo general, a un cobro coercitivo por \u00abunas facturas\u00bb que tienen su origen en un \u00abcontrato de prestaci\u00f3n\u00bb, pero jam\u00e1s se refiere espec\u00edficamente a la factura No. SC-44553 o el radicado del proceso o las decisiones que all\u00ed se tomaron. <\/p>\n
Por otra parte, el \u00abpantallazo\u00bb de \u00abconsulta de procesos de la rama judicial\u00bb [folios 319 y 320, Archivo Digital: 01Cuaderno1] \u00fanicamente revela que hubo un tr\u00e1mite ejecutivo promovido entre las mismas partes, sin que de all\u00ed se pueda deducir que su objeto fue el cobro de la factura referida. <\/p>\n
En fin, aun cuando la corporaci\u00f3n hubiera emprendido el an\u00e1lisis de dichas probanzas, la conclusi\u00f3n a la que llegar\u00eda ser\u00eda la misma, esto es, que la interesada emiti\u00f3 el documento cartular de marras para instrumentar la deuda demandada y por tal raz\u00f3n, la convocada contaba con la posibilidad de instaurar la acci\u00f3n cambiaria. De modo que, intrascendente resulta el reclamo extraordinario. <\/p>\n
No puede pasarse por alto que el juicio que se someti\u00f3 a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n es un declarativo de condena, cuya esencia es obtener la declaratoria de existencia o inexistencia de un derecho o relaci\u00f3n jur\u00eddica y, como consecuencia de aquella, se imponga al enjuiciado una pena y a as\u00ed fue como direccion\u00f3 el juez plural su determinaci\u00f3n, al colegir que fue cabalmente acreditada la existencia de una acreencia por la suma de $531.396.581 que estaba a cargo de Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n y en virtud de un acuerdo que dicha sociedad celebr\u00f3 con Velotax Ltda. esta \u00faltima asumi\u00f3 mediante la figura de \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb, quedando as\u00ed obligada a su satisfacci\u00f3n frente a la acreedora Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda., abriendo paso a la reclamaci\u00f3n declarativa, sobre la existencia de la obligaci\u00f3n a cargo de la convocada. <\/p>\n
Ata\u00f1edero al pedimento condenatorio derivado de aquella declaraci\u00f3n, se infiri\u00f3 que por haberse instrumentado dicha obligaci\u00f3n en un t\u00edtulo valor era plausible procurar su recaudo mediante el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria, sin que estas afirmaciones aparejen per se una distorsi\u00f3n de los medios demostrativos que se incluyeron en esta acusaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 que pudieran o no haberse cumplido en aquel las formalidades que la ley mercantil exige. <\/p>\n
3.2.3. Respecto del cuarto reproche, la recurrente le imput\u00f3 al ad-quem un \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de normas probatorias\u00bb, en concreto, de los art\u00edculos 169 (prueba de oficio y a petici\u00f3n de parte), 170 (decreto y pr\u00e1ctica de prueba de oficio) y 193 (confesi\u00f3n por apoderado judicial) del C\u00f3digo General del Proceso; y lo edific\u00f3 sobre dos estadios; en primer lugar, porque no dio cr\u00e9dito a la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb del apoderado judicial de la convocada al contestar la demanda [folio 203, cuaderno principal], pues, de haberlo hecho, \u00abhabr\u00eda advertido y concluido que no hab\u00eda lugar alguno a una acci\u00f3n ejecutiva, pues esa v\u00eda ya se hab\u00eda agotado sin resultado alguno\u00bb; y, en segundo t\u00e9rmino, \u00abincumpli\u00f3 con su deber de decretar de oficio, cualesquiera pruebas necesarias para esclarecer una verdadera ejecutabilidad del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
Tal y como est\u00e1 planteada la embestida, no corre mejor suerte que las anteriores, puesto que, de nuevo, la suplicante incurri\u00f3 en desatinos formales a la hora de sustentarla, como pasa a verse. <\/p>\n
Primeramente, la rega\u00f1ina no guarda simetr\u00eda con el fallo combatido, habida cuenta que, m\u00e1s all\u00e1 de la valoraci\u00f3n que debi\u00f3 hacerse de todas y cada una de las pruebas incorporadas al legajo, no se advierte alusi\u00f3n alguna en cuanto al valor probatorio de la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb del mandatario judicial de la enjuiciada que permita establecer que el juzgador le hubiera restado eficacia demostrativa desde la arista objetiva de la prueba, ya que como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte el error de derecho presupone \u00abcomo es apenas natural entender, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 al constatar la existencia material de los medios en el proceso, tampoco al fijar su contenido objetivo. De ah\u00ed, el recurrente, al estructurar el error de derecho, debe hacerlo sobre la base de aceptar tales t\u00f3picos, esto es, que la prueba, al decir de la Corte, \u201c(\u2026) fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ SC de 24 de mayo de 2017, Exp. 2006-00234). <\/p>\n
En ese orden, es claro que lo cuestionado en la censura es la apreciaci\u00f3n desde el contenido subjetivo que se diera a la mencionada declaraci\u00f3n, lo cual no se acompasa con el sendero seleccionado. <\/p>\n
En lo que hace al otro motivo de reproche contenido en este cargo, referido la omisi\u00f3n en el decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas de oficio es preciso memorar que esta Corte, ata\u00f1edero de esa facultad – deber a cargo de los jueces ha considerado, que: <\/p>\n
\u00ab[E]xceptuando aquellos eventos donde la pr\u00e1ctica de determinada prueba \u00e9sta prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aqu\u00e9l sigue gozando de una discreta autonom\u00eda en la instrucci\u00f3n del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho. Ello, porque hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitaci\u00f3n y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles. Bajo esas consideraciones, para que a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n pueda acusarse eficazmente una sentencia de haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, m\u00e1s concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable su existencia o que de ella se tenga conocimiento en el expediente y que su falta de evacuaci\u00f3n no sea imputable a manifiesta negligencia de la parte a cuyo cargo se halla\u2026\u00bb (resalta la Sala, CSJ SC5676-2018; criterio reiterado en SC4232-2021, 23 sep.). <\/p>\n
Y recientemente puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abla falta de prueba de un hecho relevante en un proceso y que conduce a la desestimaci\u00f3n de alguna de las pretensiones de la demanda en la sentencia censurada por v\u00eda de casaci\u00f3n, no es posible adjudicarla, siempre, a un error de derecho en materia probatoria por parte del respectivo juzgador, pues, lo tiene decantado la Corte, que tal desatino se descarta, por ejemplo, en hip\u00f3tesis en las que el desgre\u00f1o de la parte interesada o su falta de inter\u00e9s en la pr\u00e1ctica de un determinado medio suasorio, es el que provoca el estado de incertidumbre f\u00e1ctica y la consecuente soluci\u00f3n del caso con las reglas de la carga de la prueba; o tambi\u00e9n en eventos, donde el contenido de la prueba que se dice debi\u00f3 haberse decretado ex officio no existe en el expediente o tampoco est\u00e1 insinuado\u00bb (subraya la Corte, CSJ SC4232-2021, 23 sep.). <\/p>\n
Con apoyo en lo anterior, se advierte que la querella no podr\u00eda tener \u00e9xito en caso de que la Corte abordara el estudio de fondo de la misma. Lo antedicho, porque la activante no solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba por la que ahora se duele [folios 74 y 75, cuaderno principal], aunado a ello, si bien la convocada pidi\u00f3 se oficiara \u00abal Juzgado 1 Civil del Circuito de Ibagu\u00e9\u00bb con el prop\u00f3sito de que \u00abremitiera copia de la demanda y el auto de rechazo, dentro del proceso ejecutivo No. 2016-00125, adelantado por PROSEGUR contra VELOTAX\u00bb, posteriormente en la audiencia inicial \u00abrenunci[\u00f3]\u00bb a su recaudo debido a su falta de \u00abutilidad e inconducencia\u00bb, manifestaci\u00f3n que no mereci\u00f3 importancia alguna para la petente, quien expres\u00f3 estar \u00abde acuerdo con la petici\u00f3n del apoderado de la parte demandada\u00bb, seg\u00fan se aprecia en el audio de esa diligencia [min. 1:59:15 al 2:00:10 Archivo Digital: VerbalExistenciaEIncumplimientoContrato(Aud Inicial)]. <\/p>\n
En esas condiciones, no puede imput\u00e1rsele un yerro de derecho al Tribunal por haber omitido el decreto de la prueba trasladada de marras, cuando fue la falta de inter\u00e9s de la demandante en su recolecci\u00f3n lo que llev\u00f3 a que no se allegara al proceso, desaprovechando las oportunidades para ello, de un lado, porque no fue solicitada en el escrito de apertura y, de otra parte, cuando la contraparte renunci\u00f3 a aquella, exterioriz\u00f3 su conformidad con tal proceder, sin elevar ninguna oposici\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, de descarta el error atribuido al juez plural, por tal raz\u00f3n la acusaci\u00f3n no puede ser admitida a voces de lo establecido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Resulta oportuno recordar que, con insistencia, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado en cuanto a la demostraci\u00f3n del cargo cuando la acusaci\u00f3n se apuntala en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso que a riesgo de su inadmisi\u00f3n la sustentaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abno s\u00f3lo se refiere a la comprobaci\u00f3n del error denunciado, sino a la fundada expresi\u00f3n de su influencia en la decisi\u00f3n combatida, porque si la sentencia ingresa al recurso de casaci\u00f3n escoltada por las presunciones de legalidad y acierto, en la tarea de acreditar los yerros no es suficiente que el interesado haga conocer su desacuerdo con la decisi\u00f3n, sino que necesariamente debe indicar las equivocaciones en que incurri\u00f3 el sentenciador, individualizando las apreciaciones erradas y se\u00f1alando de manera precisa en qu\u00e9 consiste la desviaci\u00f3n, formalidad esta que, como se tiene dicho, no se lograr\u00eda \u2018con el simple expediente de repudiar el resultado del proceso, porque esto \u00faltimo es, sencillamente, alegar, m\u00e1s nunca demostrar, como es de rigor\u2019\u00bb (CSJ AC de 18 de nov. de 1999. Exp. C. 7803, reiterada AC8426-2017, Rad. 2011-00086-01). (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
3.2.4. En lo tocante con la quinta y \u00faltima queja, la promotora del recurso extraordinario adujo que la providencia cuestionada agrav\u00f3 su situaci\u00f3n, pese a que fue apelante \u00fanica, puesto que, si bien reconoci\u00f3 en cabeza de la demandada la obligaci\u00f3n objeto de las pretensiones, neg\u00f3 lo referente al pago, con sustento en que deb\u00eda promover un proceso ejecutivo al margen, sin caer en cuenta en que ya se hab\u00eda intentado instaurar un tr\u00e1mite similar y que ese derecho personal hoy d\u00eda est\u00e1 prescrito. <\/p>\n
Como cimiento de la reprimenda, la replicante critic\u00f3 al colegiado por no apreciar que en el pasado intent\u00f3 recaudar el cr\u00e9dito adeudado por la accionada a trav\u00e9s de un pleito coercitivo y, adicionalmente, que el instrumento cartular memorado prescribi\u00f3, pues \u00abla factura es de agosto de 2015\u00bb. En rigor, el embate est\u00e1 construido sobre una base netamente probatoria, olvidando que en trat\u00e1ndose de reparos por la senda de la causal cuarta, es vedado recriminar la valoraci\u00f3n realizada por el juzgador respecto de los elementos demostrativos, de ah\u00ed que, no sea procedente abordar el an\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Con todo, el error procesal reclamado en esta censura es inexistente. Como se recuerda, el a-quo desestim\u00f3 totalmente las pretensiones de la demanda porque consider\u00f3 que no estaba acreditado que el pasivo reclamado estuviera dentro de las deudas trasladadas por la compa\u00f1\u00eda Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n a cargo la enjuiciada. <\/p>\n
A su turno, el Tribunal en su fallo revoc\u00f3 parcialmente esa determinaci\u00f3n, para, en su lugar declarar que \u00abhubo una asunci\u00f3n de deuda\u00bb, en virtud de la cual la accionada \u00abse hizo cargo del pago de la obligaci\u00f3n\u00bb que Puntual Log\u00edstica S.A.S. en liquidaci\u00f3n \u00abten\u00eda con Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda. por valor de $531\u2019396.581\u00bb, no obstante, neg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones el libelo incoativo, concretamente, la referida al pago de dicho pasivo. <\/p>\n
Con miramiento en lo anterior, de plano se demuestra la sinraz\u00f3n de la recurrente, ya que, como en l\u00edneas atr\u00e1s se dijo, para el triunfo de un reparo de esta estirpe en sede casacional, son presupuestos esenciales, entre otros: el \u00abvencimiento parcial de un litigante\u00bb y que \u00abel juez de segundo grado haya empeorado con su decisi\u00f3n la situaci\u00f3n del \u00fanico recurrente\u00bb, exigencias que no se hayan presente en el sub-examine, si en cuenta se tiene, de un lado, que la sentencia de primer grado fue totalmente desestimatoria de las pretensiones de la interesada y, de otra parte, no desmejor\u00f3 su posici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que accedi\u00f3 parcialmente a sus s\u00faplicas, situaci\u00f3n favorable en la que no se hallaba con antelaci\u00f3n a la formulaci\u00f3n de la alzada, al margen de la negativa frente al petitum condenatorio. <\/p>\n
3.3. Enseguida la Sala emprender\u00e1 el estudio de los restantes embates formulados por la compa\u00f1\u00eda Velotax Ltda. <\/p>\n
3.3.1. En el primer y segundo embates, la gestora inculp\u00f3 al Tribunal por la transgresi\u00f3n directa e indirecta de los art\u00edculos 1494 y 1602 del C\u00f3digo Civil, por indebida aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, las normas en comento no ostentan el car\u00e1cter de sustanciales, esto es, que no contienen una \u00abprescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas (G.J. CLI, p\u00e1g.254)\u00bb (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 2000-24058-01 y en CSJ AC4549-2021). <\/p>\n
Sobre dicha tem\u00e1tica, esta Sala ha sostenido, que: <\/p>\n
\u00abel 1494 Ib\u00eddem se limita a enunciar las fuentes de las obligaciones, sin atribuir un derecho subjetivo (CSJ AC 4 abr. 2013, rad. 2005-00243-01, reiterado en CSJ AC195-2018); el 1495 es definitorio del contrato o la convenci\u00f3n (CSJ AC2897-2019); el 1498 clasifica al acuerdo de voluntades entre conmutativo y aleatorio; y el 1602 consagra un principio general en torno a la fuerza que tiene la voluntad dispositiva, pacta sunt servanda (CSJ AC877-2019 y AC2117-2020, entre otros), por lo que tales disposiciones jur\u00eddicas resultan insuficientes para estructurar un cargo por violaci\u00f3n de la ley sustancial\u00bb (CSJ AC6075-2021, 16 dic.) <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, faltar\u00eda uno de los presupuestos fundamentales para realizar el examen de los reparos formulados, esto es, la invocaci\u00f3n de la infracci\u00f3n de normas de car\u00e1cter sustancial que fueron base esencial de la sentencia combativa o que habiendo debido serlo, haya sido transgredida, tal y como lo establece el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 de la ley adjetiva. <\/p>\n
Pero aun descartando dicha desatenci\u00f3n, las acometidas no pueden ser admitidas en esta sede, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
3.3.2. En lo tocante con la primera querella, la censora aleg\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial (n\u00fam. 1\u00ba art. 336, C.G.P.), pues, en su opini\u00f3n, el ad-quem encontr\u00f3 demostrado sin \u00abrespaldo sustancial\u00bb, una \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb, a partir de la valoraci\u00f3n que realiz\u00f3 del contrato celebrado entre Puntual Log\u00edstica S.A.S. en Liquidaci\u00f3n y Velotax Ltda. el 1\u00ba de julio de 2015, empero, afirm\u00f3 la recurrente, en dicho acuerdo lo que se acord\u00f3 fue que esta \u00faltima se hac\u00eda cargo de aquellas prestaciones \u00abrelacionadas con el contrato que a ellas las vincula o en su defecto las conciliadas por las partes\u00bb, por ende, \u00abquien le puede reclamar el cumplimiento [de ese negocio] es PUNTUAL y no PROSEGUR, por cuanto no existe ninguna cesi\u00f3n de contrato de Puntual a Prosegur que pudiese obligar a la Cooperativa Velotax a responderle a [\u00e9sta]\u00bb. En esa medida, no hay atadura legal que la ligue a la demandante. <\/p>\n
Vista as\u00ed esa reprimenda, surge di\u00e1fano que el disgusto de la censora est\u00e1 fincado en el entendimiento que el Tribunal dio a las estipulaciones del negocio jur\u00eddico demandado, con lo que se incursion\u00f3 en el terreno probatorio, propio de la violaci\u00f3n indirecta. <\/p>\n
Sobre dicha tem\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ablos defectos de interpretaci\u00f3n de los contratos estructuran siempre un error de hecho, al decir que \u201cen los eventos en que surja un conflicto a prop\u00f3sito de la comprensi\u00f3n que ha de d\u00e1rsele a un contrato, a su cumplimiento o incumplimiento, la valoraci\u00f3n que haga el sentenciador es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que el legislador conf\u00eda a su discreta autonom\u00eda, de donde se desprende que el juicio que al respecto edifique es susceptible de echarse a pique\u2026en la medida en que brille al ojo que el alcance que le otorg\u00f3\u2026es absolutamente diferente del que ciertamente surge de su propio contenido\u201d\u00bb (resalta la Sala, CSJ SC 162 de 11 de jul. de 2005, Exp. 7725, reiterada el 21 de feb. de 2012, Exp. 2004-00649-01 y el 23 de oct. de 2013, Ref. 2007-00215-01; y recientemente en CSJ SC4139-2021, 27 oct. Rad. 2015-00164-01). <\/p>\n
Lo reiter\u00f3 en tiempos posteriores diciendo, que <\/p>\n
\u00aben lo que hace a la interpretaci\u00f3n de los contratos, los juzgadores de instancia gozan de discreta autonom\u00eda, de suerte que la conclusi\u00f3n a la que arriben no es susceptible de modificarse en casaci\u00f3n, salvo cuando de modo evidente quede demostrado que el sentenciador ad quem incurri\u00f3 en un error de hecho, \u201ccomo cuando supone estipulaciones que no existen, o niega o ignora las que existen o sacrifica su sentido con deducciones absurdas por opuestas a la l\u00f3gica elemental o al sentido com\u00fan\u201d (G.J. CXXXII CSJ SC del 21 de nov. de 1989, reproducida en sentencias del 7 de oct. de 1976, del 28 de ago. de 1928, y en G.J. SC del 22 de abr. de 1987 (G.J. CLIII, p\u00e1g. 154\u00bb (SC6823-2015 de 1\u00b0 de jun. Rad. 2008-00353-01; reiterado en CSJ SC4139-2021, 27 oct. Rad. 2015-00164-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el primer cargo la impugnante entremezcl\u00f3 las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 de la ley adjetiva, pues cuestion\u00f3 la valoraci\u00f3n que hizo el sentenciador del compromiso demandado, mediante la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, con lo cual, se desconoce la regla prevista el literal a) del numeral 2\u00ba del canon 344 \u00eddem, valga decir, \u00abTrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
3.3.3. El segundo cargo viene perfilado por la causal segunda de casaci\u00f3n, por la v\u00eda indirecta, denunciando la violaci\u00f3n de la ley sustancial a causa de \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental\u00bb. <\/p>\n
Pese a que la enunciaci\u00f3n de la protesta se efectu\u00f3 bajo la premisa de una pifia f\u00e1ctica, en el desarrollo de aquella se acus\u00f3 al colegiado de haber otorgado \u00abvalor probatorio al documento obrante a folio (187-C1)\u00bb denominado \u00abNotificaci\u00f3n Cesi\u00f3n Obligaci\u00f3n o Cr\u00e9dito\u00bb, muy a pesar de que, en opini\u00f3n de la recurrente, esa pieza se alleg\u00f3 extempor\u00e1neamente, por lo tanto, \u00abnunca hizo parte del acervo probatorio allegado legal y oportunamente a la actuaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. Al rompe, se observa que la casacionista realiz\u00f3 una mixtura de errores, al invocar una equivocaci\u00f3n de facto con sustento en alegaciones propias de un yerro de derecho, pues f\u00e1cil se advierte que su real intenci\u00f3n fue atacar la decisi\u00f3n de segundo grado, por haberse fundado en una probanza que carec\u00eda de m\u00e9rito demostrativo, por no haberse allegado oportunamente al juicio. <\/p>\n
Empero, si la Corte entendiera que fue una desatenci\u00f3n desprevenida de la impugnante a la hora de plantear la andanada y que, en verdad, su enfado est\u00e1 fincado en un desacierto de iure, tampoco ser\u00eda admisible en este escenario excepcional, comoquiera que desatendi\u00f3 la expresa exigencia contenida en el citado art\u00edculo 344, al no citar la norma probatoria que, producto del error, trasgredi\u00f3 el ad-quem por apreciar un documento que no fue allegado dentro de las oportunidades probatorias. <\/p>\n
Dicha omisi\u00f3n apareja, que no existe un par\u00e1metro objetivo a partir del cual se pueda realizar el examen de legalidad del fallo confutado, con miras a establecer si el juzgador inobserv\u00f3 la disciplina probatoria en la aducci\u00f3n de los elementos suasorios, mucho menos, puede la Corte reemplazar al casacionista y realizar esa encomiable labor de invocar el mandato obviado por aqu\u00e9l, porque de emprender tan delicada empresa, se desconocer\u00eda una de las caracter\u00edsticas esenciales de este medio extraordinario, valga decir, su dispositividad. <\/p>\n
Agr\u00e9guese a lo dicho. La inadvertencia denunciada en la forma como lo hace la proponente carece de trascendencia, debido a que se intent\u00f3 reprender al fallador por tener en cuenta en el haz probatorio, el folio llamado \u00abNotificaci\u00f3n Cesi\u00f3n Obligaci\u00f3n o Cr\u00e9dito\u00bb, no obstante, esa supuesta falencia, para nada incide en la determinaci\u00f3n combatida, ya que, para decidir el fondo de la controversia, se fundament\u00f3 en otros elementos demostrativos adicionales para acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, con el prop\u00f3sito de establecer que Velotax Ltda. asumi\u00f3 el pasivo \u00abpor servicio de seguridad privada que ten\u00eda Puntual Log\u00edstica S.A.S. con la demandante\u00bb, apreci\u00f3 una serie de conductas realizadas por aquella, como no haber rehusado inmediatamente la factura contentiva de la totalidad de la obligaci\u00f3n reclamada, el conocimiento que ten\u00eda respecto de la existencia de la deuda en menci\u00f3n, seg\u00fan lo aseverado por su representante legal en el interrogatorio de parte y la facultad otorgada por el Consejo de Administraci\u00f3n a la gerente para asumir \u00abunos pasivos de PUNTUAL, de aproximadamente cinco mil millones de pesos ($5.000\u2019000.000)\u2019\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, de ultimarse que la corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en el error denunciado, de todos modos, los pilares del prove\u00eddo que llevaron a declarar la existencia de la prestaci\u00f3n solicitada en la demanda, a\u00fan se mantendr\u00edan erguidos, con la evaluaci\u00f3n de las dem\u00e1s probanzas que apoyaron su conclusi\u00f3n. <\/p>\n
3.3.4. Finalmente, en la tercera disconformidad dijo el opugnante que se distorsion\u00f3 el documento denominado \u00abCarta a Proveedores\u00bb, al discurrir que se origin\u00f3 a causa del convenio motivo del juicio, sin apreciar que \u00abmediante clausula espec\u00edfica, se determin\u00f3 entre las partes, que la Cooperativa Velotax no asum\u00eda las obligaciones relacionadas con pasivos que no hicieran parte del contrato de transporte citado\u00bb, por consiguiente, err\u00f3 el sentenciador al tener por \u00abcedido a favor de Prosegur, la deuda existente, por concepto de seguridad y vigilancia, que se prest\u00f3 a las instalaciones de Puntual Ltda.\u00bb. Pero, adem\u00e1s, dicho compromiso se encontraba \u00abfenecido y liquidado\u00bb, lo cual le restaba \u00abplena validez a un t\u00edtulo valor que naci\u00f3 sin fuente o relaci\u00f3n negocial entre Velotax Ltda. y Prosegur Seguridad Privada\u00bb. <\/p>\n
Interpretando este ataque, se nota que la casacionista, en su af\u00e1n de poner de manifiesto el supuesto yerro, olvid\u00f3 arropar su queja con el sustento suficiente para hacer ver los desatinos del Tribunal, pues en la labor de minar la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto del fallo combatido, debi\u00f3 siquiera traer a colaci\u00f3n el texto del documento que supuestamente se desfigur\u00f3 en la tarea intelectiva del juzgador, se\u00f1alando con exactitud y precisi\u00f3n lo que de \u00e9l se desprend\u00eda y su ubicaci\u00f3n en el legajo, a fin poner de manifiesto, como lo sostiene, que no proviene del acuerdo demandado. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, si la censura estaba orientada a derruir la apreciaci\u00f3n del acuerdo motivo de las pretensiones, ha debido, por lo menos, trascribir el contenido literal de la cl\u00e1usula que, a su juicio, fue indebidamente interpretada y confrontarla con el an\u00e1lisis que concibi\u00f3 el fallador, a fin de poner en evidencia el desatino cometido. En esa misi\u00f3n a la impugnadora le incumb\u00eda demostrar que de la lectura de aquel negocio no se derivaba la \u00abasunci\u00f3n de deuda\u00bb a que hizo referencia el fallo confutado, empero, lo que en verdad se advierte en el reparo, no es m\u00e1s que la postura subjetiva de la suplicante en casaci\u00f3n y la exposici\u00f3n de una inconformidad propia de un alegato de instancia. <\/p>\n
4. Tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
5. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las acusaciones y, por ende, de las s\u00faplicas planteadas por los contendientes en sede extraordinaria. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR las demandas presentadas por Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Limitada y Cooperativa de Transportes Velotax Limitada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria que estas interpusieron contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC998-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC998-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-03-003-2017-00325-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de las demandas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61809","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61809"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61809\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}