ATC259-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC259-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2022-00007-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n incoada por Geni Patricia Unigarro Ortega frente al fallo proferido el 10 de febrero de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del precepto 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
En efecto, surge evidente que Danna Sof\u00eda Pantoja Betancourt no fue notificada a fin de que pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, siendo evidente su inter\u00e9s directo en la salvaguarda, al figurar como demandada en el juicio en que se produjo la actuaci\u00f3n reprochada, esto es, la sentencia adversa a las pretensiones de la demandante, quien aqu\u00ed busca que tal determinaci\u00f3n se retrotraiga. <\/p>\n
N\u00f3tese que aunque la referida ciudadana, para cuando se inici\u00f3 el proceso criticado (a\u00f1o 2020), era menor de edad y, por tanto, all\u00ed fue representada por su progenitora, Mar\u00eda del Carmen Betancourt Rosero; igualmente es cierto que aqu\u00e9lla, al interponerse este ruego constitucional (enero de 2022), contaba con m\u00e1s de 18 a\u00f1os, como se advierte de las documentales que reposan en el plenario, en tanto que naci\u00f3 el 15 de diciembre de 2003; de donde, dada su mayor\u00eda de edad, su notificaci\u00f3n ac\u00e1 debi\u00f3 ser directa que no a trav\u00e9s de su madre. <\/p>\n
3. Entonces, se itera, el enteramiento echado de menos debe efectuarse de manera directa, sin que, en este caso espec\u00edfico, sea v\u00e1lida la comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de mandatarios judiciales y\/o de quien fuera la representante legal de la otrora menor de edad en el asunto criticado, pues cuando al fallador le resulte realmente imposible la notificaci\u00f3n personal, como \u00faltimo remedio, incluso, puede acudir al llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente lo ha expuesto esta Corte. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que esta Corporaci\u00f3n, en anterior oportunidad, sent\u00f3 que no se observaba el debido proceso en el tr\u00e1mite de tutela cuando se entera al apoderado judicial de la parte o interviniente, dado que: <\/p>\n
\u2026la Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes\u2026, sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado\u2026, quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto…, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00102-01) (CSJ ATC, 14 feb. 2013, rad. 2012-00973-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC750-2015, 19 feb. 2015, rad. 2014-00369-01). <\/p>\n
4. El precepto 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional, enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal… Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces… <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u201cpor edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u201d, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador… (CC A-018\/05). <\/p>\n
5. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Danna Sof\u00eda Pantoja Betancourt, comoquiera que al omitirla le fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendiera hacer valer. <\/p>\n
6. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Danna Sof\u00eda Pantoja Betancourt, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente al Tribunal de origen para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo atr\u00e1s considerado. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Aparte normativo incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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