ATC300-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC300-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2022-00012-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Superior del Distrito Judicial de Yopal el 4 de febrero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Patricia Manosalva Rojas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, m\u00ednimo vital, seguridad social, y al \u00abderecho de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al no garantizarle su permanencia en el cargo que ocupa en provisionalidad desde hace \u00ab4 a\u00f1os y 9 meses aproximadamente\u00bb. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel 01 de mayo de 2017 fui nombrada en provisionalidad para ejercer el cargo de Citador Grado 03 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito\u00bb, aunque, \u00abdesde el 01 de septiembre de 2004, he estado vinculada laboralmente con la Rama Judicial en forma ininterrumpida\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abtengo 55 a\u00f1os de edad, falt\u00e1ndome menos de dos (2) a\u00f1os para cumplir la edad exigida de 57 a\u00f1os, para solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, encontr\u00e1ndome en consecuencia en el r\u00e9gimen de PRE PENSI\u00d3N (\u2026) y como lo establece la Ley 790 de 2002 Art. 12\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abest\u00e1 bajo mi responsabilidad mi hija MAR\u00cdA CAMILA FLOREZ MONOSALBA, de 29 a\u00f1os de edad, quien es una persona en situaci\u00f3n de discapacidad mental y que le fue dictaminado una p\u00e9rdida del 55% de su capacidad laboral seg\u00fan dictamen expedido por COLPENSIONES\u00bb. Adiciono que \u00abtambi\u00e9n velo por la manutenci\u00f3n y educaci\u00f3n de mis hijos JUAN DIEGO y EMILIO JOSE FLOREZ MONOSALBA, quienes en la actualidad cursan carreras universitarias en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb y, que \u00abtengo obligaciones bancarias con distintas entidades financieras ente (sic) ellas con la Financiera Juriscoop y Davivienda donde tengo cr\u00e9dito hipotecario por la vivienda donde actualmente resido con mi familia\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el \u00ab3 de febrero de 2020, solicit\u00e9 a mi nominador JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL, \u00ababstenerse de incluir en el registro de legibles y\/o listado de juzgado para opcionar el cargo de citador grado tres del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal Casanare y\/o efectuar nombramiento de la lista de elegibles\u00bb por cuanto indicaba mi situaci\u00f3n de prepensionada que fue indicada numerales atr\u00e1s. Del mismo escrito fue remitido copia al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene al titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal \u00abreconocer a mi favor el estatus de prepensionada y se comunique lo anterior al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, para que suspenda el proceso de nombramiento de la convocatoria N\u00b0. 004 Acuerdo CSJBOYA17-699 y\/o en su defecto garantice mi derecho a la estabilidad laboral asign\u00e1ndome un cargo igual o similar al que actualmente desempe\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo, neg\u00f3 la tutela al considerar que la actora no detenta la calidad de \u00abprepensionada\u00bb y, para que proceda se requiere que el trabajador acredite que le faltan tres (3) a\u00f1os o menos para cumplir con el n\u00famero de semanas cotizadas para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, ya que \u00able faltan por cotizar aproximadamente 6 a\u00f1os\u00bb Por otro lado, en cuanto a la estabilidad reforzada por la condici\u00f3n de discapacidad de su hija, no se cumpli\u00f3 con el \u00abrequisito de dependencia econ\u00f3mica exclusiva\u00bb pues la tuteante \u00abse encuentra casada, con quien es el progenitor de los hijos y quien se desempe\u00f1a en la actualidad como funcionario judicial\u00bb. <\/p>\n
5. La querellante impugn\u00f3 el fallo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinada la demanda y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n, se encamina a censurar el Acuerdo CSJBOYA21-69 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare el 29 de octubre de 2021, \u00abpor medio del cual se conforma la lista de elegibles para la provisi\u00f3n del cargo de Citador del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal\u00bb, habida cuenta que se superaron las etapas del concurso de m\u00e9ritos convocado con Acuerdo CSJCUA17-699. <\/p>\n
Adicional al ataque enfilado contra la anterior corporaci\u00f3n por ofertar y conformar lista de elegibles para el cargo que ella ejerce en provisionalidad, tambi\u00e9n lo dirige contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, pretendiendo que el titular de este inaplique dicha disposici\u00f3n. <\/p>\n
Bajo tal perspectiva, para la definici\u00f3n del funcionario competente se hace necesario observar y hacer uso de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En efecto, del estudio de dichas normas, se evidencia que, inicialmente, el tribunal a-quo estar\u00eda llamado a conocer del asunto porque adem\u00e1s de ser el superior funcional del juzgado convocado, el reproche se dirige contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, evento regulado en el numeral 6\u00b0 de la disposici\u00f3n en cita, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. Resalta la Sala. <\/p>\n
No obstante, como seguidamente el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del mencionado precepto dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, como se trata de una empleada judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, debe ser el Tribunal Administrativo de Casanare quien dirima el auxilio. Se resalta y subraya. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al reparto del Tribunal Administrativo de Casanare. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC185-2021, 17 feb. 2021, rad. 000148-01, citado en ATC1699-2021, 11 nov. 2021, rad. 00698-01, entre otros muchos). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 4 de febrero de 2022 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda del Tribunal Administrativo de Casanare, para que, previo reparto, se habilite su conocimiento en primer grado. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al a-quo y a los interesados mediante medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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