ATC307-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC307-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01926-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida a trav\u00e9s de apoderado judicial por Magda Lorena Belalc\u00e1zar Revelo, contra la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Plena del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, as\u00ed como Javier Eduardo Ospino Guzm\u00e1n y Jorge Ortiz \u00c1ngel, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con los actos administrativos por los cuales se resuelven las solicitudes de traslado para ocupar la vacante del Juzgado Veinte Penal Municipal con funciones de conocimiento de Barranquilla y aqu\u00e9l que confirma dicha determinaci\u00f3n en sede horizontal. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se invaliden dichas determinaciones y, en su lugar, se \u00abordene al Tribunal Superior de Barranquilla que proceda a resolver las solicitudes de traslado de acuerdo con lo probado por los aspirantes y con fundamento en la integridad de par\u00e1metros objetivos que as\u00ed lo habilitan\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de lo pretendido y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial la tutelante, que contando con el concepto favorable de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, ella, en calidad de Juez Penal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas ambulante de Pasto, Nari\u00f1o, as\u00ed como Javier Eduardo Ospino Guzm\u00e1n (Juez Primero Promiscuo Municipal de Malambo, Atl\u00e1ntico) y Jorge Ortiz \u00c1ngel (Juez Segundo Penal Municipal de Soledad, Atl\u00e1ntico), solicitaron ser trasladados al Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, solicitudes que fueron desatadas por la Sala Plena del Tribunal Superior de esa capital, mediante Resoluci\u00f3n No. 4042 de 26 de agosto de 2021, design\u00e1ndose en dicho cargo al abogado Ospino Guzm\u00e1n. <\/p>\n
Comenta que si bien atac\u00f3 esa determinaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, la misma se mantuvo inc\u00f3lume mediante acto administrativo pronunciado el 7 de octubre postrero, sin analizarse de manera alguna los argumentos expuestos acerca de la falta de motivaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 sobre el antedicho traslado, adem\u00e1s de pasar por alto los criterios que debieron tenerse en cuenta para tal decisi\u00f3n, expuestos por la Corte Constitucional en la C-295 de 2002, atinentes a la acreditaci\u00f3n de estudios, publicaciones y calificaci\u00f3n de servicios, por lo que, \u00ab[e]n otras palabras, hasta este momento no son claras las razones por las cuales objetivamente la hoja de vida del aspirante al que se acepta la petici\u00f3n de traslado es mejor que la de los dem\u00e1s. \u00bfCu\u00e1l fue el peso otorgado a los dem\u00e1s factores acreditados? \u00bfcu\u00e1l fue el valor integral de ellos?, lo \u00fanico que se eval\u00faa es la experiencia (general) y se guarda silencio frente a todo lo dem\u00e1s, y ello hace evidente la violaci\u00f3n de los derechos que se invocan\u00bb, circunstancias todas las anteriores por la que estima que el amparo inquirido debe ser estimado, pues lo cierto es que aunque existen otros mecanismos para conjurar la problem\u00e1tica ahora suscitada por esta v\u00eda excepcional, lo cierto es que acude a la misma como mecanismo transitorio para evitar la materializaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, \u00absoluci\u00f3n que en ninguna forma podr\u00eda ofrecer la v\u00eda judicial ordinaria, la cual se pronunciar\u00eda mucho tiempo despu\u00e9s que dicho funcionario tome posesi\u00f3n del cargo\u00bb, trayendo a colaci\u00f3n la sentencia STC1943 de 24 de febrero de 2020, en la que, seg\u00fan sus dichos, en un caso similar al suyo, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil accedi\u00f3 a la salvaguarda rogada. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en fallo adiado 23 de noviembre de 2021, neg\u00f3 la protecci\u00f3n instada, tras considerar que \u00abpara efectos de discutir la legalidad de actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, existen mecanismos de defensa judicial ordinario, en concreto, la acci\u00f3n de nulidad y\/o nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n
Luego, la autoridad llamada a solucionar el problema planteado por la gestora es el juez de lo contencioso administrativo, quien previa demanda, podr\u00e1 decretar la nulidad de la resoluci\u00f3n en la que orden\u00f3 el traslado en menci\u00f3n y as\u00ed restablecer el derecho, [c]on la posibilidad de solicitar, como medida cautelar, la suspensi\u00f3n del mismo, actuaci\u00f3n regulada en el art\u00edculo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y que en virtud del art\u00edculo 233 ej\u00fasdem se puede resolver incluso desde la admisi\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n indic\u00f3 que \u00ab[e]n el presente asunto, no se advierte alguna situaci\u00f3n extraordinaria que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria del juez de tutela, en la medida que, finalmente, la discusi\u00f3n propuesta por MAGDA LORENA BELALCAZAR REVELO, se enmarca en la inconformidad con que, el Tribunal Superior de Barranquilla, haya elegido entre las tres solicitudes de traslado que exist\u00edan para ocupar el cargo de Juez 20 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, la elevada por Javier Eduardo Ospina Guzm\u00e1n -juez 1\u00ba Promiscuo Municipal de Malambo-. <\/p>\n
Ahora, la actora aduce que existi\u00f3 una falta de motivaci\u00f3n del acto administrativo y sobre esa base, estima viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela, como ha ocurrido en otros eventos, para lo cual, cita la sentencia STC1943-2020, 24 feb. 2020, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Pues bien, una lectura contextualizada de la demanda de tutela, los actos administrativos cuestionados y las intervenciones de las partes accionadas, permiten que, m\u00e1s all\u00e1 de la falta de motivaci\u00f3n que alega la accionante, lo cierto es que, termin\u00f3 admitiendo que el criterio que tuvo en cuenta el Tribunal demandado para inclinar la balanza hacia la concesi\u00f3n del traslado del juez Javier Eduardo Ospino Guzm\u00e1n, fue la experiencia laboral de 24 a\u00f1os que dicho funcionario acredit\u00f3. <\/p>\n
Presupuesto que, estima, no era suficiente, pues debieron analizarse otros aspectos, pues, en estricto sentido, a diferencia del juez elegido, ella registra m\u00e1s experiencia en el \u00e1rea penal, tiene m\u00e1s estudios adicionales de los exigidos para el cargo y ha llevado a cabo otras actividades como publicaciones. <\/p>\n
Es decir, como pas\u00f3 de verse, no se est\u00e1 frente a alguno de los casos de evidente vulneraci\u00f3n que hagan viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela, sino lo que se pretende es que, se lleve a cabo el an\u00e1lisis que corresponde a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, frente al criterio sentado por la Sala Plena del Tribunal Superior en los actos administrativos atacados. De otra parte, en relaci\u00f3n con la sentencia STC1943- 2020, 24 feb. 2020, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, basta se\u00f1alar que, la situaci\u00f3n all\u00ed ventilada difiere de la actual, en la medida que en dicho asunto, era un \u00fanico juez quien solicit\u00f3 el traslado y el acto administrativo que defini\u00f3 la postulaci\u00f3n \u00fanicamente se\u00f1alaba que \u201cpor mayor\u00eda de votos\u201d no aceptaban la solicitud de traslado. <\/p>\n
En la actual, fueron 3 jueces los que concurrieron a la solicitud de traslado para un mismo cargo y la Sala Plena del Tribunal Superior de Barranquilla eligi\u00f3 a uno de ellos, fundado en la mayor experiencia laboral acreditada y es frente a ese criterio de valoraci\u00f3n que la hoy accionante dirige sus reparos, por considerar que exist\u00edan otros, que le daban m\u00e1s derecho de acceder al traslado. <\/p>\n
Finalmente, tampoco se configuran los presupuestos de inminencia, urgencia, gravedad y necesidad del perjuicio irremediable, pues, ninguna situaci\u00f3n, adem\u00e1s de ver frustrada la posibilidad de traslado para ejercer el cargo de juez en la ciudad de Barranquilla menciona la actora. Sumado a que, la decisi\u00f3n del Tribunal accionado no afect\u00f3 el derecho de carrera judicial que tiene la actora como juez penal municipal con funciones de control de garant\u00edas Ambulante de Pasto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, Magda Lorena Belalc\u00e1zar Revelo -quien en la actualidad funge como Juez Penal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas ambulante de Pasto, Nari\u00f1o- cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional, los actos administrativos a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, se resolvi\u00f3 sobre la solicitud de traslado de aquella y de otros dos postulantes (Resoluci\u00f3n de Sala Plena Ordinaria No. 4042 de 26 de agosto de 2021) y, se mantuvo esa decisi\u00f3n al desatar el recurso de reposici\u00f3n contra la misma interpuesto (Resoluci\u00f3n de Sala Plena Ordinaria No. 4061 de 7 de octubre siguiente. <\/p>\n
2. As\u00ed entonces, conforme al ordenamiento legal que rige la acci\u00f3n de tutela, y en especial, de lo previsto en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, el cual en su numeral 8\u00ba, inciso 2\u00b0, qued\u00f3 as\u00ed: \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria (\u2026)\u00bb (sub l\u00ednea fuera de texto original), corresponde entonces al Consejo de Estado, dirimir la presente conflicto excepcional, dada la calidad de la parte accionante. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, se establece palmariamente, que la salvaguarda debi\u00f3 ser conocida en primera instancia por el m\u00e1ximo Tribunal de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, mas no por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Colegiatura antedicha, est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, motivo por el cual se invalidar\u00e1 lo actuado en la presente acci\u00f3n a partir de su auto admisorio, inclusive, y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente al Consejo de Estado, Sala Plena, autoridad que deber\u00e1 asumir el conocimiento en primera instancia de la queja constitucional. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (Criterio expuesto entre otros CSJ ATC813-2021 y ATC683 – 2021). <\/p>\n
5. Y en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ib). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente digital al Consejo de Estado, Sala Plena, para que se imprima el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC307-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente ATC307-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01926-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61829"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61829\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}