ATC347-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC347-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00030-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por Hilda Lozano Cardozo frente a la sentencia de 15 de febrero pasado, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela que ella impuls\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo de Familia de El L\u00edbano, si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas esenciales \u00abal trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al m\u00ednimo vital(\u2026) y a la vida en condiciones dignas\u00bb, presuntamente conculcadas por la dependencia jurisdiccional requerida. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo haber elevado \u00absolicitud de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada\u00bb en su favor, ante el despacho fustigado, en el marco del proceso de designaci\u00f3n en comento, a fin de que se la mantuviera en el puesto arriba aludido, ejercido por ella en provisionalidad desde el 28 de junio de 1996 y, asimismo, en atenci\u00f3n a que es \u00abmadre cabeza de familia\u00bb, tiene la calidad de \u00abpre pensionada\u00bb y est\u00e1 gestionando una \u00abcalificaci\u00f3n por p\u00e9rdida de capacidad\u00bb. <\/p>\n
Adujo que con resoluci\u00f3n n.\u00b0 10 de 22 de diciembre de 2021 el juzgador de conocimiento resolvi\u00f3 acceder a lo all\u00ed pedido, pero simult\u00e1neamente dio continuidad al nombramiento en propiedad. Pronunciamiento ratificado a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n n.\u00b0 02 de 26 de enero de la anualidad que transcurre, en sede de reposici\u00f3n suya, siendo adem\u00e1s rechazada la apelaci\u00f3n subsidiaria, por inviable. <\/p>\n
Reproch\u00f3, entonces, que se la quiera desvincular del cargo aludido, pese a que fue avalada la \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb que invocara en sus memoriales. Circunstancia de donde dijo estar inmensa en un estado de \u00abamenaza de vulneraci\u00f3n directa, concreta y particular\u00bb. <\/p>\n
3. El Tribunal a-quo acab\u00f3 por admitir el libelo supralegal y, en paralelo, desestimar la medida provisional suplicada. <\/p>\n
Luego de surtido el debate de rigor, rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, en tanto que \u00abno se torna arbitraria (\u2026) la determinaci\u00f3n del juez accionado en el sentido de proveer la vacante definitiva del cargo de oficial mayor de su despacho\u00bb, m\u00e1xime si fue soportada en los lineamientos de la carrera judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 la convocante, con persistencia en su reproche y resaltando una aparente nulidad por falta de \u00abcompetencia\u00bb en el decurso, acorde al art\u00edculo 1\u00b0 (num. 8\u00b0 – inciso 2\u00b0) del decreto 333 de 2021. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de la Corte para decidir, en impugnaci\u00f3n, el presente asunto, pues como lo ense\u00f1a el numeral 8\u00b0 (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00b0 del decreto 333 de 2021): las \u00abacciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb ser\u00e1n conocidas, en primer grado, por \u00abla jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo…\u00bb (\u00c9nfasis). <\/p>\n
2. Bajo el labrado contexto, el veredicto dimanado por el a-quo en este rito est\u00e1 viciado de nulidad, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992, pues la atribuci\u00f3n para dirimir la demanda, como se vio, le corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, representada en el Tribunal Administrativo del Tolima, si de relieve se pone la calidad de empleada judicial de la justicia ordinaria por parte de la aqu\u00ed accionante (oficial mayor al servicio del juzgado accionado) y, asimismo, la calidad del extremo pasivo (despacho del circuito en la especialidad promiscuo de familia). <\/p>\n
En un debate con cierta simetr\u00eda, esta magistratura previno: <\/p>\n
(\u2026)[Se o]bserva (\u2026) la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que, en la demanda de amparo, la actora esgrime su condici\u00f3n de empleada de la Rama Judicial perteneciente a la \u00abjurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb [al servicio del Centro de Servicios de Ejecuci\u00f3n de Penas, dirigido por un juez coordinador], situaci\u00f3n que se enmarca en la regla de competencia aplicable a este asunto, prevista en el (\u2026) inciso 2\u00b0, numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 2021)\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y respecto de la invalidaci\u00f3n sub examine, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u2026 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396 de 2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684, ATC1686 y ATC2521, todos de ese mismo a\u00f1o). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017 (asimilables al nuevo decreto 333 de 2021), se ha tenido precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb (CSJ ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
4. Por lo consignado, se adoptar\u00e1n las medidas necesarias para enderezar el decurso iusfundamental de marras. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil-Familia, en el plenario de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, remitir de inmediato el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Notificar lo aqu\u00ed definido a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y eficaz, libr\u00e1ndose las comunicaciones concernientes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
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