ATC351-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC351-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., Diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de febrero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Antonio Amador Pacheco contra la Alcald\u00eda Distrital y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la Comuna 1A del Distrito, ambos de Cartagena de Indias D.T. y C., tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del asunto policivo a que alude el escrito introductorio, si no fuera porque se observa que en el decurso de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, conforme pasa a examinarse seguidamente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y a la \u00abposesi\u00f3n en conexidad con la propiedad privada\u00bb, que consider\u00f3 quebrantadas por las autoridades administrativas en el desarrollo de la querella que en su contra promovi\u00f3 la Sociedad Aeroportuaria de la Costa, definida mediante resoluciones n.\u00ba 071 de 2019 y 6453 de 2021. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se \u00abordene la suspensi\u00f3n inmediata de la diligencia de demolici\u00f3n y restituci\u00f3n del bien inmueble ubicado en el barrio Crespo, a realizarse el 2 de febrero de 2022 a partir de las 08:30 am, hasta tanto su despacho tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo relat\u00f3, en s\u00edntesis, que la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. \u2013SACSA, present\u00f3 en contra suya una querella policiva \u00aby sin prueba alguna\u00bb asegur\u00f3 que este ocupaba \u00abespacio p\u00fablico aleda\u00f1o a las instalaciones del aeropuerto Rafael N\u00fa\u00f1ez\u00bb, la cual finaliz\u00f3 con resoluci\u00f3n del 5 de diciembre de 2019 proferida por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la Comuna 1 A de la capital del Bol\u00edvar, a trav\u00e9s de la cual le orden\u00f3 \u00abla restituci\u00f3n del espacio p\u00fablico ubicado en el Barrio Crespo, sin nomenclatura o referencia catastral, ubicado al final de la carrera 9A N.\u00ba35-26 y del Barrio Militar de Crespo\u00bb y, consecuencialmente, dispuso la demolici\u00f3n de la construcci\u00f3n all\u00ed adelantada y le impuso multa equivalente a 30 s.m.l.m.v. <\/p>\n
Dijo que, inconforme, se alz\u00f3 sin \u00e9xito contra esa determinaci\u00f3n, pues el 9 de noviembre de 2021 la Alcald\u00eda Distrital de Cartagena mediante resoluci\u00f3n n.\u00ba 6453 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n, \u00absin valorar entre otros el CONTRATO DE VENTA y la Escritura P\u00fablica No. 1524 de fecha 24 de agosto de 1954, es decir, le rest\u00f3 importancia a lo alegado por el vocero judicial del se\u00f1or OMAR en el Recurso de Apelaci\u00f3n\u00bb. Adicionalmente, inform\u00f3 que la autoridad policiva lo enter\u00f3 de la demolici\u00f3n de ese predio que se llevar\u00eda a cabo el 2 de febrero de los corrientes, desconociendo la posesi\u00f3n que respecto de este detentaba incluso en cabeza de su se\u00f1or padre por un periodo superior a 50 a\u00f1os. <\/p>\n
En ese orden, y tras explicar la tradici\u00f3n del predio, pidi\u00f3 en su favor la intervenci\u00f3n del juez de tutela en aras de restablecer el ordenamiento jur\u00eddico que consider\u00f3 quebrantado con las anteriores determinaciones. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n del ep\u00edgrafe correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas Laborales de Cartagena, quien mediante decisi\u00f3n del 28 de enero actual decidi\u00f3 no asumir el conocimiento del asunto, pretextando que los inspectores de polic\u00eda, excepcionalmente, ejercen funciones jurisdiccionales, citando para el efecto decisi\u00f3n de la Corte Constitucional de la que se destaca, en efecto, que \u00abcuando se trata de procesos policivos para amparar la posesi\u00f3n, la tenencia, o una servidumbre, las autoridades de polic\u00eda ejercen funci\u00f3n jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales\u201d\u00bb (T. 176\/2019) y, remiti\u00f3 el asunto al Tribunal Superior de esa urbe. <\/p>\n
4. Recibido el asunto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, luego de agotar el tr\u00e1mite respectivo y de circunscribir el problema jur\u00eddico planteado por la accionante, \u00fanicamente, a la \u00abResoluci\u00f3n proferida el 9 de noviembre de 2021 por la Secretar\u00eda del Interior y Convivencia de la ALCALD\u00cdA DISTRITAL DE CARTAGENA, pues fue la que en \u00faltimas defini\u00f3 el asunto objeto de la controversia\u00bb <\/p>\n
5. Impugnada la sentencia por el promotor, fue remitida a esta Corte para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De lo anteriormente relatado, y comoquiera que esta Corporaci\u00f3n ha indicado que son los cargos esbozados en el escrito de tutela los que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n constitucional, se colige que la tutela se dirigi\u00f3 contra la Alcald\u00eda Distrital y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la Comuna 1A ambos de la ciudad de Cartagena, para cuestionar, en \u00faltimas, la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 6453 de 9 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de la cual se orden\u00f3 restituir un espacio p\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Delimitado lo anterior, advierte esta Sala que en el presente tr\u00e1mite no est\u00e1 en discusi\u00f3n una decisi\u00f3n policiva proferida en ejercicio de funciones jurisdiccionales, como lo entendi\u00f3 el juez remitente, sino que se est\u00e1 en presencia de una determinaci\u00f3n netamente administrativa; ello, en la medida en que no se est\u00e1 dirimiendo imparcialmente un conflicto suscitado entre dos particulares con intereses opuestos, sino, en estricto sentido, imponi\u00e9ndose una medida de polic\u00eda como resultado de un tr\u00e1mite para la restituci\u00f3n de un bien p\u00fablico, tem\u00e1tica sobre la que la Corte Constitucional ha precisado invariablemente que: <\/p>\n
\u00abLa jurisprudencia de esta Corte y del Consejo de Estado han establecido que las decisiones adoptadas en juicios civiles de polic\u00eda tienen naturaleza jurisdiccional, no administrativa, por lo cual est\u00e1n sustra\u00eddas del control de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. Al respecto la jurisprudencia de \u00e9sta Corte ha establecido de manera reiterada \u201cque cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesi\u00f3n, la tenencia o una servidumbre, las autoridades de polic\u00eda ejercen funci\u00f3n jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales\u201d. Esta exclusi\u00f3n fue reiterada en el art\u00edculo 105 la Ley 1437 de 2011 \u201cpor la cual se expide el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, los precedentes de este Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado tambi\u00e9n han precisado que las decisiones que se tomen en el curso de un proceso policivo que se adelanta para solicitar la restituci\u00f3n de un bien fiscal o de un bien de uso p\u00fablico, no son decisiones de car\u00e1cter jurisdiccional, sino de car\u00e1cter administrativo que pueden ser controvertidas en la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso- Administrativo. Al respecto el Consejo de Estado ha se\u00f1alado que en esos casos \u201cno hay conflicto entre dos partes que sea dirimido por la autoridad policiva, como bien puede suceder en los amparos posesorios\u201d (negrillas extra texto) (T 637 \u2013 2013 citado en T 544 – 2016). <\/p>\n
3. Vale precisar que, aunque el juez constitucional vincul\u00f3 a estas diligencias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, lo cierto es que el reclamo no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna de esa entidad, m\u00e1xime cuando ni de los hechos ni la pretensi\u00f3n de la salvaguarda se advierta cuestionamiento alguno frente a determinaciones adoptadas por esa autoridad, y por lo tanto, dicha determinaci\u00f3n deviene en aparente. <\/p>\n
4. Ante ese panorama, y como qued\u00f3 claro que la resoluci\u00f3n atacada comporta un acto de car\u00e1cter administrativo y no jurisdiccional como se advirti\u00f3, era imperioso acudir a las reglas del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 20211, para radicar la competencia, el cual consagra que la acci\u00f3n de tutela que se interponga contra \u00abcualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb, y no por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, por ser precisamente, la circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite en la nulidad insaneable prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. Al respecto esta Sala ha considerado de tiempo atr\u00e1s, que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC105-2022). <\/p>\n
6. En consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado en la presente acci\u00f3n de tutela a partir de su auto admisorio y se dispondr\u00e1 el env\u00edo del expediente al Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas Laborales de Cartagena (quien previamente rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n), para que asuma su conocimiento en primera instancia, no sin antes recordar que en torno a la facultad para decretar nulidades a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, lo precisado por esta Sala en anterior oportunidad: <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC215-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas Laborales de Cartagena, a quien primigeniamente le fue repartido el asunto, para que habilite su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abPor el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
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