ATC357-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ATC357-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 81001-22-08-000-2022-00004-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 3 de febrero de los corrientes por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin Javier Fresneda Acero en su condici\u00f3n de Defensor de Familia del Centro Zonal Arauca, en favor del menor XXX, contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, si no fuera porque se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa a verse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Revisado el tr\u00e1mite adelantado en primera instancia, se observa que el Agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al Juzgado Primero de Familia de Arauca, no fue vinculado ni notificado del inicio de la presente acci\u00f3n, a efectos de que pudiera ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, as\u00ed como garantizar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del menor involucrado, m\u00e1xime cuando aqu\u00ed la discusi\u00f3n recae en el proceso de cuidado y custodia personal del ni\u00f1o CMGM, donde se est\u00e1 cuestionando concretamente, la decisi\u00f3n de la autoridad convocada de haber concedido la custodia provisional de \u00e9ste a la se\u00f1ora G\u00e9nesis Vanessa Salazar Pedraza, pues en criterio del Defensor de Familia accionante en representaci\u00f3n del menor, lo decidido desconoci\u00f3 lo determinado dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
2. Y es que en lo que corresponde a la Procuradur\u00eda, se advierte la obligatoriedad de su vinculaci\u00f3n, con fundamento en lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, a saber: <\/p>\n
Art\u00edculo 95, par\u00e1grafo, inciso 2\u00ba \u00ab[l]os procuradores judiciales de familia obrar\u00e1n en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y podr\u00e1n impugnar las decisiones que se adopten\u00bb. <\/p>\n
Art\u00edculo 211 \u00ab[l]a Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ejercer\u00e1 las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa del Menor y la familia, que a partir de esta ley se denominar\u00e1 la Procuradur\u00eda Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a trav\u00e9s de las procuradur\u00edas judiciales ejercer\u00e1 las funciones de vigilancia superior, de prevenci\u00f3n, control de gesti\u00f3n y de intervenci\u00f3n ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley\u00bb. <\/p>\n
3. De este modo, y en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el canon 16 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que las actuaciones que se surten dentro del rito excepcional deben ser comunicadas a todos aquellos sujetos de manera directa o indirecta, se vean involucrados en la controversia suscitada, con el fin de garantizarles la protecci\u00f3n de sus intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que se adopte, es que se hace necesaria la vinculaci\u00f3n que se echa de menos, m\u00e1s a\u00fan cuando ni siquiera fue ordenada en el auto admisorio de la demanda de amparo. <\/p>\n
4. Al respecto, la Corte Constitucional, ha indicado que \u00ab\u2018el juez constitucional, como director del proceso, est\u00e1 obligado a -entre otras cargas-, integrar debidamente el contradictorio, vinculando al tr\u00e1mite a aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019. <\/p>\n
En cuanto a la integraci\u00f3n del contradictorio en sede de tutela, la jurisprudencia constitucional se\u00f1ala que es un deber del juez de primera instancia, puesto que de esa manera garantiza a la parte interesada la posibilidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n y defensa durante el desarrollo de la tutela, vinculando a los interesados, es decir, a todas las personas \u2018que puedan estar comprometidas en la afectaci\u00f3n iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 superior, puedan intervenir en el tr\u00e1mite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso del arsenal defensivo que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico\u2019\u00bb (C.C. SU116-2018, citado en AC1825-2021). <\/p>\n
5. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada notificaci\u00f3n, toda vez que se impidi\u00f3 a la aludida autoridad intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendan hacer valer en defensa de las garant\u00edas esenciales del menor involucrado en el decurso cuestionado. <\/p>\n
6. En consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la vinculaci\u00f3n del Agente del Ministerio P\u00fablico adscrito al Juzgado Primero de Familia de Arauca, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Devu\u00e9lvase el expediente a la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Arauca para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
3. Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
4. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Firmado electr\u00f3nicamente <\/p>\n
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