ATC379-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC379-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00075-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que Jenny Arleth Rodr\u00edguez Carvajal formul\u00f3 contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad -ORIP- Zona Norte, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso verbal de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio radicado n\u00b0 2015-01023-00, si no fuera porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad. <\/p>\n
1. La interesada reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la oficina de registro accionada. <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, en Sentencia de 16 de julio de 2019, declar\u00f3 a su favor la prescripci\u00f3n adquisitiva del inmueble identificado con el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria n\u00b0 01N-114828, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 56 de la Ley 1579 de 2012, solicit\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, la inscripci\u00f3n de dicha providencia; sin embargo, mediante Resoluci\u00f3n de 19 de septiembre de 2019, la ORIP se abstuvo de hacerlo, bajo el argumento que \u00abEl inmueble no ha sido sometido [al] r\u00e9gimen de propiedad horizontal\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que present\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en contra del acto administrativo, no obstante, se mantuvo inc\u00f3lume, seg\u00fan Resoluci\u00f3n No. 00800 de 2 de febrero de 2021. <\/p>\n
Reproch\u00f3, concretamente, que en la \u00abnota devolutiva del 18 de septiembre de 2019 y la resoluci\u00f3n 00541 del 19 de noviembre de 2019, as\u00ed como respuesta al recurso de apelaci\u00f3n mediante resoluci\u00f3n 00800 del 02-02-2021, no se inform\u00f3 por parte de la Oficina de Registro e -sic-Instrumentos P\u00fablicos al se\u00f1or Juez Octavo para que se siguiera con el procedimiento dispuesto en el Art. 18 de Ley 1579 de 2012\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 que, \u00abSe ordene a la entidad accionada la inscripci\u00f3n de la sentencia Nro. 037 del 16 de julio de 2019 proferida por el juzgado octavo civil del circuito de oralidad de Medell\u00edn en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 01 N-114828. Como consecuencia del anterior registro, ordenar la apertura de un nuevo folio de matr\u00edcula inmobiliaria para el Inmueble de inter\u00e9s social adjudicado en la sentencia referida anteriormente. [\u2026] De ratificar su decisi\u00f3n se ordene a la entidad accionada cumplir con el procedimiento regulado en el Art. 18 de la ley 1579 de 2012, garantizando el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en sentencia de 3 de marzo de 2022 neg\u00f3 el amparo por improcedente, en consideraci\u00f3n a que la accionante no agot\u00f3 la totalidad de los medios de defensa a su favor, dado que, si bien es cierto, present\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en contra de los actos administrativos que denunci\u00f3 lesivos de sus derechos fundamentales, \u00abno acudi\u00f3 ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa a ejercer el medio de control respectivo\u00bb. <\/p>\n
3. Inconforme, la interesada impugn\u00f3 el fallo y nuevamente refut\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, en la que ech\u00f3 de menos el tr\u00e1mite regulado por el art\u00edculo 18 de la Ley 1579 de 2012. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, esta no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, puesto que, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, adem\u00e1s de los factores de competencia preventivo y territorial que establece el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 1\u00ba del Decreto 1983 de 20171 contempla el factor \u00abfuncional\u00bb, determinando con este el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales, dependiendo de aspectos tales como, el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo afirmado en el escrito de tutela, advierte la Corte la falta de competencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n constitucional, tras advertir la Sala que la pretensi\u00f3n puntual de la accionante se ci\u00f1e, exclusivamente, a censurar el proceder tanto de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, como de la Superintendencia de Notariado y Registro, al emitir sus respectivos actos administrativos [esto es, la nota devolutiva n\u00b0 2019-44090 de 18 de septiembre de 2019 y las Resoluciones n\u00b0 00541 00800 de 19 de noviembre de 2019 y 2 de febrero de 2021, respectivamente] a trav\u00e9s de los cuales, se mantuvo la decisi\u00f3n de no inscribir la sentencia precitada, sin que de all\u00ed se logre concluir, razonablemente, la injerencia del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
Surge as\u00ed una \u00abvinculaci\u00f3n aparente\u00bb en relaci\u00f3n con el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, pues como se pudo ver, la se\u00f1ora Jenny Arleth Rodr\u00edguez Carvajal [accionante] en momento alguno cuestion\u00f3 la conducta de esa autoridad, ya que tan solo hizo referencia tangencial a la sentencia que emiti\u00f3 en el proceso verbal que por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio all\u00ed se adelant\u00f3 [n\u00b0 05001-31-03-008-2015-01023-00] y nunca refiri\u00f3, ni siquiera de manera accidental, ni as\u00ed se puede interpretar, que frente a tal autoridad judicial se encuentre necesario realizar alg\u00fan ordenamiento o censura, porque no fue el autor de los actos administrativos reprochados. <\/p>\n
Acerca de la vinculaci\u00f3n aparente, esta Corte ha reiterado, que \u00abno puede asumirse [que] por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado entre otros en ATC989-2019, 4 jul. 2019, rad. 00068-01 y Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2020-00099-01 de 4 de junio de 2020). <\/p>\n
3. Ahora, cuando la acci\u00f3n de tutela se dirige contra cualquier \u00aborganismo o entidad p\u00fablica del orden nacional\u00bb, como lo es la Superintendencia de Notariado y Registro, las reglas de reparto contenidas en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, adscriben el conocimiento del amparo en los jueces del circuito, comoquiera que el numeral 2\u00b0 de dicho canon establece que estas \u00abser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva, la situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb (subraya la Sala), en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se puntualiza que se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 \u00eddem. <\/p>\n
La Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01, citado entre otros en STC6613-2021). <\/p>\n
5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primer grado y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a los juzgados con categor\u00eda de circuito de Medell\u00edn- reparto-, para que asuman el conocimiento de esta acci\u00f3n, tal como lo ha ordenado esta Corte en casos similares (CSJ, ATC1024-2019, ATC1935-2019 y ATC843-2019). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 3 de marzo de 2022, dentro de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
SEGUNDO: REMITIR el expediente al reparto de los Juzgados del Circuito de Medell\u00edn, para que se resuelva en primer grado la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
ARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Que modific\u00f3 el precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
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