ATC380-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC380-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00084-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que Yaneth Alicia Acevedo Zapata formul\u00f3 contra del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio – Aburr\u00e1 Sur y el se\u00f1or Luis Guillermo Rodr\u00edguez D\u00b4Alleman [como amigable componedor] si no fuese porque se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el \u00abAcuerdo Compositivo\u00bb elaborado por el se\u00f1or Rodr\u00edguez D\u00b4Alleman, en el tr\u00e1mite que de tal linaje iniciaron Iv\u00e1n Dar\u00edo Guti\u00e9rrez Toro y Ana Milena Villa ante la C\u00e1mara de Comercio accionada, radicado n\u00b0 AC-001 de 2021. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 lo acaecido dentro del mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos mencionado, y aleg\u00f3 que la determinaci\u00f3n cuestionada cuenta con \u00abvarias contradicciones\u00bb que configuran una v\u00eda de hecho que transgrede el derecho fundamental cuya protecci\u00f3n reclama, m\u00e1xime si se toma en cuenta que se trata de un asunto de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb frente al cual, no proceden recursos. <\/p>\n
Pretende, concretamente, \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n final proferida por el [\u2026] amigable componedor [\u2026] Ordenar [\u2026] que dentro de un t\u00e9rmino [espec\u00edfico se] profiera [\u2026] una nueva decisi\u00f3n que resuelva la controversia planteada y en derecho, teniendo en cuenta los lineamientos que considere [\u2026] la sentencia de tutela [\u2026] en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en sentencia de 7 de marzo de 2022, neg\u00f3 el amparo por improcedente, al concluir que \u00abla decisi\u00f3n proferida el 29 de noviembre de 2021 [es decir, la cuestionada] se aprecia razonada y sin visos de arbitrariedad o capricho\u00bb. <\/p>\n
3. Inconforme, la accionante impugn\u00f3 el fallo insistiendo en sus reclamaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien es cierto, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, esta no es ajena a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, puesto que, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, adem\u00e1s de los factores de competencia preventivo y territorial que establece el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 1\u00ba del Decreto 1983 de 20171 contempla el factor \u00abfuncional\u00bb, determinando con este el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales, dependiendo de aspectos tales como, el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo afirmado en el escrito de tutela, advierte la Corte la falta de competencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n constitucional, tras advertir la Sala que la pretensi\u00f3n puntual de la accionante se ci\u00f1e, exclusivamente, a censurar el acuerdo elaborado por el amigable componedor designado por la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, en virtud de la solicitud realizada por los contratantes mencionados. <\/p>\n
Para determinar si contaba con la facultad que se echa de menos, el Tribunal constitucional se\u00f1al\u00f3 el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, y acentu\u00f3 que la pasiva es una \u00abautoridad administrativa\u00bb que, en esta oportunidad, fue denunciada como \u00abresponsable de [una] afectaci\u00f3n de derechos\u00bb fundamentales. <\/p>\n
El canon normativo en comento determina que, \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb, por lo que debe entenderse que la mencionada Corporaci\u00f3n asumi\u00f3, de manera equivocada, que tanto el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio Aburr\u00e1 Sur, como el se\u00f1or Luis Guillermo Rodr\u00edguez D\u00b4Alleman [en su calidad de amigable componedor] constituyen en s\u00ed, una autoridad administrativa que cumple funciones jurisdiccionales, conforme al canon 116 referido. <\/p>\n
Ha de tenerse en cuenta, que las C\u00e1maras de Comercio no pueden ser consideradas -\u00fanicamente- \u00abautoridades administrativas\u00bb, y menos a\u00fan, aseverar que siempre cumplen \u00abfunciones jurisdiccionales\u00bb, ya que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 78 del C\u00f3digo de Comercio, estas son, en principio, \u00abinstituciones de orden legal con personer\u00eda jur\u00eddica, creadas por el Gobierno Nacional, de oficio o a petici\u00f3n de los comerciantes del territorio donde hayan de operar.\u00bb, las que, si bien es cierto, en ocasiones ejercen funciones p\u00fablicas, tales como, entre muchas otras: (i) llevar el registro mercantil [Art. 86, C. de Co.]; (ii) inscribir y registrar personas jur\u00eddicas sin fin lucrativo y de ciertos actos de \u00e9stas [Decreto Ley 2150 de 1995, Art. 40 a 45] o (iii) registrar proponentes para la contrataci\u00f3n de las entidades estatales [Ley 80 de 1993] tal ejercicio no cambia per se su naturaleza. <\/p>\n
Al Respecto, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de acentuar: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a las funciones que les compete ejercer a tales instituciones, por virtud de la asignaci\u00f3n que les hizo el legislador extraordinario, les corresponde principalmente llevar el registro mercantil y certificar sobre actos y documentos en \u00e9l inscritos, funci\u00f3n propia de la administraci\u00f3n, pero que como lo ha precisado esta corporaci\u00f3n, no cambia su naturaleza jur\u00eddica privada en p\u00fablica, manteniendo de todas maneras su naturaleza corporativa, gremial y privada2, y corresponde a la figura de la descentralizaci\u00f3n por colaboraci\u00f3n, autorizada mediante los art\u00edculos 1\u00ba., 2\u00ba., 123, 209, 210 y 365 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Tal como reiteradamente lo ha explicado la Corte Constitucional3, en la descentralizaci\u00f3n por colaboraci\u00f3n, un determinado tipo de entidad privada, nacida de la libre iniciativa de los particulares, y que inicialmente se constituye para cumplir prop\u00f3sitos que s\u00f3lo interesan a \u00e9stos, en raz\u00f3n del conocimiento y la experiencia por ella acumulados, es investida por ley de determinadas funciones p\u00fablicas, bajo la consideraci\u00f3n de que su cumplimiento resulta m\u00e1s eficiente en cabeza suya que en cabeza de una entidad estatal. En cada caso de asignaci\u00f3n de tales funciones, la misma ley regula de manera cuidadosa todos los aspectos relacionados con el car\u00e1cter p\u00fablico de la funci\u00f3n encomendada4. <\/p>\n
[\u2026] el desempe\u00f1o de funciones administrativas por particulares, es una posibilidad reconocida y avalada constitucional y legalmente, y respecto de la atribuci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 210 de la Carta opera por ministerio de la ley y, en el caso de las personas jur\u00eddicas, no implica mutaci\u00f3n en la naturaleza de la entidad a la que se le atribuye la funci\u00f3n, que conserva inalterada su condici\u00f3n de sujeto privado sometido al r\u00e9gimen de derecho privado en lo atinente a la organizaci\u00f3n y desarrollo de las actividades anejas a su espec\u00edfica finalidad5.\u00bb6 <\/p>\n
Aunado a lo anterior y a prop\u00f3sito del caso en concreto, ya desde la Sentencia de 6 de febrero de 19987, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, del Consejo de Estado [Radicado n\u00b0114778] hab\u00eda precisado, que: \u00abla amigable composici\u00f3n es: \u201cuna transacci\u00f3n lograda a trav\u00e9s de terceros con facultades para comprometer contractualmente a las partes\u201d\u00bb, con base en lo cual, la doctrina nacional ha entendido que: \u00ablas actuaciones realizadas por los amigables componedores no corresponden a una manifestaci\u00f3n del ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional del Estado, pues al tenor de lo expuesto en el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, dicha funci\u00f3n se limita a las figuras procesales de la conciliaci\u00f3n, el arbitramento y los jurados en conciencia. Por el contrario, la amigable composici\u00f3n corresponde a una modalidad de negocio contractual cuyo origen deviene de las instituciones de derecho sustancial, en especial, del derecho de los contratos.\u00bb9. <\/p>\n
4. As\u00ed, contrario a lo informado en el fallo de tutela impugnado, la actividad cumplida por las C\u00e1maras de Comercio al efectuar el encargo derivado del acuerdo de las partes contratantes, cuando de amigables composiciones se refiere, \u00abse enmarca dentro de su \u00f3rbita de actividad particular\u00bb [CC A-257\/96] cuyas caracter\u00edsticas principales han sido plasmadas por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-017 de 2005, de la cual se logra inferir, claramente, la diferencia que existe entre estas y, vr. gr. los laudos arbitrales y las conciliaciones. <\/p>\n
En dicha decisi\u00f3n se plante\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa amigable composici\u00f3n es una instituci\u00f3n del derecho sustancial, y concretamente del derecho de los contratos, como tambi\u00e9n lo es la transacci\u00f3n (C.C. art. 2469)10 [\u2026]. <\/p>\n
– Los amigables componedores no ejercen funci\u00f3n jurisdiccional; [\u2026]. <\/p>\n
– Tanto la amigable composici\u00f3n como la transacci\u00f3n se manifiestan a trav\u00e9s del desarrollo de un tr\u00e1mite contractual, y por lo mismo, no tienen consecuencias de car\u00e1cter procesal, sino que se deja al criterio de las partes la fijaci\u00f3n de la -sic- actuaciones a seguir. [\u2026]. <\/p>\n
– Finalmente, si bien la transacci\u00f3n y la amigable composici\u00f3n comparten similitudes en cuanto a su origen contractual; su principal distinci\u00f3n radica en que mientras la primera supone la superaci\u00f3n del conflicto a trav\u00e9s de un arreglo exclusivamente negociado por la -sic- partes; en la segunda, tanto la f\u00f3rmula de soluci\u00f3n como las actuaciones para llegar a ella, se delegan en un tercero.\u00bb11 [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
As\u00ed, es claro que, en esta ocasi\u00f3n, la accionada exhibe una calidad particular, todo lo cual se concluye de la precisa definici\u00f3n y las caracter\u00edsticas de la amigable composici\u00f3n de la que se viene hablando, as\u00ed como de la misma ley que actualmente la gobierna. <\/p>\n
De otra parte, conforme a lo establecido en los art\u00edculos 59, 60 y 61 de la Ley 1563 de 2012: <\/p>\n
[DEFICI\u00d3N] \u00abLa amigable composici\u00f3n es un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos, por medio del cual, dos o m\u00e1s particulares, un particular y una o m\u00e1s entidades p\u00fablicas, o varias entidades p\u00fablicas, o quien desempe\u00f1e funciones administrativas, delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre disposici\u00f3n. El amigable componedor podr\u00e1 ser singular o plural. La amigable composici\u00f3n podr\u00e1 acordarse mediante cl\u00e1usula contractual o contrato independiente.\u00bb <\/p>\n
[EFECTOS] \u00abEl amigable componedor obrar\u00e1 como mandatario de las partes y, en su decisi\u00f3n, podr\u00e1 precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones. La decisi\u00f3n del amigable componedor producir\u00e1 los efectos legales propios de la transacci\u00f3n. Salvo convenci\u00f3n en contrario, la decisi\u00f3n del amigable componedor estar\u00e1 fundamentada en la equidad, sin perjuicio de que el amigable componedor haga uso de reglas de derecho, si as\u00ed lo estima conveniente.\u00bb <\/p>\n
[DESIGNACI\u00d3N Y PROCEDIMIENTO] \u00abSalvo convenci\u00f3n en contrario, el amigable componedor no tendr\u00e1 que ser abogado. Las partes podr\u00e1n determinar libremente el n\u00famero de amigables componedores. A falta de tal acuerdo, el amigable componedor ser\u00e1 \u00fanico. Las partes podr\u00e1n nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero su designaci\u00f3n. El tercero delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una persona natural o jur\u00eddica. A falta de acuerdo previo entre las partes, se entender\u00e1 que se ha delegado la designaci\u00f3n a un, centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada escogido a prevenci\u00f3n por la parte convocante. El procedimiento de la amigable composici\u00f3n podr\u00e1 ser fijado por las partes directamente, o por referencia a un reglamento de amigable composici\u00f3n de un centro de arbitraje, siempre que se respeten los derechos de las partes a la igualdad y a la contradicci\u00f3n de argumentos y pruebas. A falta de acuerdo entre las partes, se entender\u00e1n acordadas las reglas de procedimiento del centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevenci\u00f3n por la parte convocante. De no existir un centro de arbitraje en el domicilio de la parte convocada, la parte convocante podr\u00e1 escoger cualquier centro de arbitraje del pa\u00eds para la designaci\u00f3n y el procedimiento a seguir a falta de acuerdo expreso\u00bb. <\/p>\n
Acorde a los citados apartes normativos, dicha instituci\u00f3n no es m\u00e1s que un m\u00e9todo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos, particularizado porque: (i) es un procedimiento eminentemente contractual; (ii) los amigables componedores, por principio, no ejercen funci\u00f3n estatal judicial y solo son representantes o mandatarios de las partes contratantes; (iii) se desarrolla en la forma acordada aut\u00f3nomamente por estos, aunque puede seguir las reglas de los centros de arbitraje autorizados; (iv) es un mecanismo de autocomposici\u00f3n y, (v) concluye en un acuerdo o convenci\u00f3n que tiene los efectos de una transacci\u00f3n. <\/p>\n
Ese car\u00e1cter contractual permite advertir cierta libertad en los contratantes para pactar lo que estimen conveniente en cuanto a la forma como ha de adelantarse en cada caso, pues, este aspecto no est\u00e1 regulado por la ley. Sin embargo, la circunstancia de que se establezca en el correspondiente contrato que la decisi\u00f3n que tomen deba serlo por mayor\u00eda, en manera alguna implica que la decisi\u00f3n adquiera car\u00e1cter judicial, \u00abdado que los amigables componedores obligan contractualmente a las partes porque act\u00faan por mandato de \u00e9stas, y no con la fuerza procesal de [una] sentencia\u00bb12 <\/p>\n
5. Para la Sala, entonces, la actividad ejercida tanto por el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio – Aburr\u00e1 Sur, como por el se\u00f1or Luis Guillermo Rodr\u00edguez D\u00b4Alleman [en su calidad de amigable componedor] \u2013en este caso- al efectuar el encargo derivado del acuerdo de las partes contratantes, se enmarca dentro de su \u00f3rbita de actividad particular, y no puede obtener el car\u00e1cter de funci\u00f3n p\u00fablica, ya que, se insiste, ella se enmarca dentro del \u00e1mbito contractual y exterioriza la estipulaci\u00f3n derivada de la autonom\u00eda de la voluntad de las partes del convenio. <\/p>\n
Y no se diga que la evocada instituci\u00f3n se asemeja en algo al arbitraje de que tambi\u00e9n trata la Ley 1563 ut supra referida, pues es claro que existen notorias diferencias que impiden, de cualquier manera, entender que la determinaci\u00f3n cuestionada es una especie de laudo arbitral o sentencia emitida en cumplimiento de esa tarea jurisdiccional mencionada en p\u00e1rrafos precedentes, sobre los cuales -contrario sensu- s\u00ed existe un Superior funcional [anulaci\u00f3n] al que, por virtud de lo normado en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, le corresponde conocer este tipo de juicios en primera instancia. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, cuando la tutela se dirige contra \u00abcualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares\u00bb, como los son, tanto la referida oficina, como el amigable componedor por ella designado, las reglas de reparto contenidas en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, adscriben competencia del amparo en primer grado en los jueces municipales, comoquiera que el numeral 1\u00b0 de dicho canon establece que estas \u00abser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb (subraya la Sala), en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se puntualiza que se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 \u00eddem. <\/p>\n
La Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01, citado entre otros en STC6613-2021). <\/p>\n
7. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primer grado y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a los juzgados con categor\u00eda municipal de Medell\u00edn- reparto-, para que asuman el conocimiento de esta acci\u00f3n, tal como lo ha ordenado esta Corte en casos similares (CSJ, ATC1024-2019, ATC1935-2019 y ATC843-2019). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del fallo de 7 de marzo de 2022 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
SEGUNDO: REMITIR el expediente constitucional al reparto de los Juzgados Municipales de Medell\u00edn, para que se resuelva en primer grado. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Que modific\u00f3 el precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Sentencia C-144 de 1993, reiterada en Sentencia C-166 de 1995 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Ver sobre este tema, entre otras, las sentencias C-226 de 1994 (M. P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero), C-308 de 1994 (M. P. Antonio Barrera Carbonell), C-492 de 1996 (M. P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez), C-1508 de 2000 (M. P. Jairo Charry Rivas), C-543 de 2001 (M. P. \u00c1lvaro Tafur Galvis), C-1150 de 2003 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet), adem\u00e1s de las ya citadas sentencias C-166 y C-167 de 1995. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia T-690 de 2007 <\/p>\n
5\u0002 Ver Sentencia C-166 de 1995 <\/p>\n
6\u0002 Cfr. Sentencia C-909 de 2007 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
7\u0002 Citada profusamente en la Sentencia SU 091 de 2000 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
8\u0002 Consejero Ponente: Daniel Suarez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. P\u00e1g. 325 Mecanismos Alternativos de Soluci\u00f3n de Conflictos LEYER \/ D\u00e9cima Novena Edici\u00f3n \/ Escudero Alzate Mar\u00eda Cristina \/ Bogot\u00e1, D.C. Colombia \/ 2013. Y sigue diciendo: \u00abEsta figura se clasifica dentro de la tipolog\u00eda de los actos jur\u00eddicos complejos, pues comprende la intervenci\u00f39n de dos o m\u00e1s pronunciamientos para integrar un solo actos sustancias. Por una parte, requiere el pacto o convenio mediante el cual las partes delegan en un tercero la soluci\u00f3n de un conflicto (contrato de composici\u00f3n); y por la otra, el resultado de la gesti\u00f3n asignada y adelantada por el amigable componedor, por lo general a t\u00edtulo de mandato, se plasma en un documento final equivalente a un negocio jur\u00eddico contractual mediante el cual las partes asumen compromisos voluntarios que se tornan definitivos, inmutables y vinculantes entre ellas\u00bb Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 El citado art\u00edculo del C\u00f3digo Civil define a la transacci\u00f3n como \u201cun contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual\u201d. <\/p>\n
11\u0002 Cfr. Sentencia T-017 de 2005 Corte Constitucional. <\/p>\n
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ATC380-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente ATC380-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00084-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61854","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61854"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61854\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61854"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}