ATC383-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC383-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00130-011 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 1 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. y Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S. (acumuladas), contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de la citada localidad, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Radicado n.\u00ba 2022-00130: <\/p>\n
1.1. Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada en el reivindicatorio iniciado por Proyectos Log\u00edsticos de Inversi\u00f3n S.A.S. contra Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S., Proyectos de Inversiones Din\u00e1micas S.A.S. y la aqu\u00ed gestora, en tanto que en el libelo la all\u00ed demandante no indic\u00f3 correctamente su direcci\u00f3n electr\u00f3nica, siendo ese es un requisito para dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n, pese a lo cual se admiti\u00f3. <\/p>\n
1.2. Por lo anterior, la aqu\u00ed solicitante recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el mencionado prove\u00eddo, exponiendo que se omiti\u00f3 la indicaci\u00f3n del correo de la persona jur\u00eddica reclamante, por lo que, en su criterio, no es suficiente con la direcci\u00f3n personal del representante legal, que fue la que en efecto se registr\u00f3. Sin embargo, esa defensa se resolvi\u00f3 de forma desfavorable, desconociendo una decisi\u00f3n del ad quem que, al pronunciarse sobre una nulidad en esa causa, reliev\u00f3 que \u00abson los correos electr\u00f3nicos que se mantienen registrados en la C\u00e1mara de Comercio por las sociedades Demandantes y Demandadas los que deben utilizarse para notificar a dichas personas jur\u00eddicas\u00bb. <\/p>\n
1.3. Adem\u00e1s, se dictaron las medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y de suspensi\u00f3n tanto (i) de la construcci\u00f3n de un proyecto deportivo que se realiza en ese predio, oficiando a la Alcald\u00eda de Puerto Colombia con ese prop\u00f3sito, como (ii) del permiso para el aprovechamiento forestal otorgado por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Atl\u00e1ntico; las que considera irregulares, por no tener \u00abel lleno de requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
1.4. En tal virtud, pidi\u00f3 que se dejen sin efectos las referidas determinaciones, as\u00ed como los oficios dirigidos a materializar las cautelas ordenadas. <\/p>\n
2. Radicado n.\u00ba 2022-00140: <\/p>\n
2.1. Por su parte, Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S. tambi\u00e9n reclam\u00f3 la salvaguarda de las enunciadas prerrogativas, porque, pese a las deficiencias descritas de id\u00e9ntica forma en el amparo que antecede, el despacho cognoscente admiti\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria, aun cuando \u00ab[se]\u201csubsan\u00f3\u201d la demanda, pero aportando el correo electr\u00f3nico albertoeussejimenez@gmail.com El cual No corresponde a la persona jur\u00eddica, es diferente del que aparece registrado para notificaciones legales y judiciales en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad demandante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Esto, aunado a que la sociedad aqu\u00ed convocante no fue enterada en debida forma del inicio de ese asunto, comoquiera que, si bien la notificaci\u00f3n se remiti\u00f3 a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica que figuraba en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, esta se encontraba desueta desde hac\u00eda un tiempo, por lo que present\u00f3 nulidad, desestimada por el a quo y ratificada por el ad quem con resoluci\u00f3n del 13 de septiembre de 2021, con lo que se le impidi\u00f3 \u00abejercer los mecanismos de defensa\u00bb. <\/p>\n
2.3. Con todo, refut\u00f3 que \u00abla suscrita no fue escuchada por tener en desuso el [e]-mail de la sociedad demandada, pero contrario sensu el demandante s[\u00ed] fue escuchado, se le admiti\u00f3 la demanda a pesar [de] que no aport[\u00f3] el correo electr[\u00f3]nico para notificaciones\u00bb, m\u00e1xime que, al desatar la arg\u00fcida nulidad, el tribunal subray\u00f3 que \u00abel presente asunto jur\u00eddicamente no corresponde a un litigio de personas naturales\u00bb, de modo que \u00absus aspectos deben resolverse de acuerdo a las reglas que corresponden al funcionamiento de esas sociedades y no analizar el mero comportamiento de las personas naturales que puedan tener su representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. En igual sentido que el radicado inicial, cuestion\u00f3 la expedici\u00f3n de las medidas cautelares ya descritas, dado el presunto detrimento patrimonial que con ellas se generar\u00eda; y formul\u00f3 el mismo petitum. <\/p>\n
3. Sometido el proceso constitucional a reparto, su conocimiento correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, quien, con auto de 28 de febrero de 2022, dispuso la acumulaci\u00f3n de los expedientes n.\u00ba 2022-00130 y 2022-00140, en atenci\u00f3n a la identidad de partes, causa y pretensiones entre ambas solicitudes. <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, con providencia de 1 de marzo de 2022, el colegiado declar\u00f3 la improcedencia del auxilio deprecado por las entidades censoras, porque \u00abse verifica que para efectos de notificaci\u00f3n personal a las referidas demandadas, la parte demandante remiti\u00f3 correo electr\u00f3nico se\u00f1aladas en la demanda, emiti\u00e9ndose auto del 10 de mayo de 2021, que cit\u00f3 a audiencia, pero antes de la fecha de la misma, todas las demandadas solicitaron la nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio, peticiones que fueron resueltas en diligencia del 28 de mayo del 2021, en el sentido de negar las deprecadas por las demandadas Proyectos De Inversiones Seguras S.A.S. y Proyectos De Inversiones Din\u00e1micas S.A.S., y conceder frente a Proyectos De Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S., a quien se tuvo como notificada por conducta concluyente de dicha providencia en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abrespecto de la accionante en la tutela inicial, aprecia la Sala que si bien interpuso reposici\u00f3n contra el auto admisorio, argumentando que la sociedad demandante indic\u00f3 en el libelo como direcci\u00f3n de notificaciones judiciales, un correo electr\u00f3nico diferente al publicado en su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para la \u00e9poca en que se present\u00f3 la demanda, medio de impugnaci\u00f3n que le fue resuelto desfavorablemente en auto del 8 de febrero del 2022, lo cierto es que frente al punto no se ha agotado la excepci\u00f3n previa por ineptitud de la demanda, establecida en el art\u00edculo 100 numeral 5 del C.G.P., a efectos de ventilar tal argumento, mecanismo que permite que en el t\u00e9rmino de traslado el promotor del proceso subsane los defectos anotados en el medio exceptivo, lo que torna su petici\u00f3n de amparo en improcedente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo atinente a la nulidad, refiri\u00f3 que \u00ablas sociedades a las que se les neg\u00f3, esto es, Proyectos De Inversiones Seguras S.A.S. y Proyectos De Inversiones Din\u00e1micas S.A.S., interpusieron apelaci\u00f3n en contra de la providencia en menci\u00f3n, confirmado por esta Corporaci\u00f3n en auto del 13 de septiembre del 2021. Se resalta que la accionante Sociedad Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S., se abstuvo de interponer reposici\u00f3n contra del auto admisorio y de la misma forma plantear la excepci\u00f3n previa antes se\u00f1alada, en las oportunidades procesales correspondientes, a pesar de haber sido notificada de la demanda, en los t\u00e9rminos expuestos, por lo que no le es dable entonces acudir al mecanismo preferente para ventilar situaciones que debieron exponerse al interior del proceso g\u00e9nesis, y en las oportunidades procesales correspondientes\u00bb. <\/p>\n
5. Proyectos de Inversiones Estrat\u00e9gicas S.A.S. y Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S. recurrieron la citada resoluci\u00f3n en impugnaci\u00f3n, defensas concedidas con prove\u00eddo del 10 de marzo de 2022 ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC, A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1.\u00ba del Decreto 333 de 2021 predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o la calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso, se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4.\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en el sub-lite. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, encuentra la Corte que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, comoquiera que los cuestionamientos se extienden, entre otras, a la decisi\u00f3n proferida por ese colegiado como ad quem en el reivindicatorio, en tanto que, ciertamente, las sociedades convocantes refutan la totalidad de actuaciones surtidas en ese asunto y, espec\u00edficamente, el prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2021, a trav\u00e9s del cual se ratific\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la nulidad formulada por varias de las all\u00ed demandadas, dentro de las cuales se encuentra Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S2. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva y teniendo en consideraci\u00f3n el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra una autoridad judicial radica en el respectivo superior funcional, de acuerdo con la previsi\u00f3n del numeral 5 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1 del Decreto 333 de 2021, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb Se resalta. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita, deviene di\u00e1fano que el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda adelantarlo al tribunal, sino a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, por las razones que anteceden. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la hom\u00f3loga Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para asumir en primera instancia la tramitaci\u00f3n de este amparo; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a reparto de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
De esa forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que, al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin, conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el resguardo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (v. gr., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo3, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19924\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 1 de marzo de 2022, en el proceso de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n, para que se realice el respectivo reparto y se asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Este radicado se acumul\u00f3 con el n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00140, proveniente del mismo colegiado, mediante auto de 28 de febrero de 2022, en tanto que \u00abse trat[a] de acciones de tutela que persigan la protecci\u00f3n del mismo derecho fundamental, como consecuencia de una misma actuaci\u00f3n realizada por una autoridad\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 N\u00f3tese que, espec\u00edficamente en el segundo l\u00edbelo (radicado n.\u00ba 2022-00140), Proyectos de Inversiones Seguras S.A.S. se duele de que, al neg\u00e1rsele la nulidad \u2013que, se itera, fue conocida en sede de apelaci\u00f3n por el tribunal\u2013, se le haya impedido \u00abejercer los mecanismos de defensa\u00bb. Adem\u00e1s, all\u00ed sostuvo que \u00abla suscrita no fue escuchada por tener en desuso el [e]-mail de la sociedad demandada [conforme se indic\u00f3 en las rese\u00f1adas determinaciones], pero contrario sensu el demandante s[\u00ed] fue escuchado, se le admiti\u00f3 la demanda a pesar [de] que no aport[\u00f3] el correo electr[\u00f3]nico para notificaciones\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
4\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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