ATC391-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC391-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00086-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 4 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por David Mejuto Mella y Myriam Yadira Gonz\u00e1lez Rueda contra Maritza Su\u00e1rez Qui\u00f1ones, Sa\u00fal Hern\u00e1ndez Quintero, Jennyfer Lisseth Ram\u00edrez Su\u00e1rez y Vanessa Su\u00e1rez Hern\u00e1ndez, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en nombre propio, acuden al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vivienda digna, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las personas convocadas. <\/p>\n
Relataron en s\u00edntesis que Sa\u00fal Hern\u00e1ndez Quintero y Maritza Su\u00e1rez Qui\u00f1ones ingresaron a un inmueble de su propiedad de manera irregular y para lograr que lo desocuparan los convocaron a una audiencia de conciliaci\u00f3n, interpusieron denuncia penal e iniciaron demanda civil \u00abdeclarativo verbal de resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa\u00bb que avoc\u00f3 el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga (radicado 2021-00149). <\/p>\n
Destacaron que, el juzgado civil fij\u00f3 audiencia inicial para el 2 de agosto de 2022, pero aducen que es un t\u00e9rmino \u00abmuy lejano\u00bb y que, adem\u00e1s, el proceso contar\u00e1 con otras audiencias, por lo que consideran que no cuentan con otro mecanismo para reclamar sus derechos como n\u00facleo familiar. <\/p>\n
En consecuencia, piden, \u00ab(\u2026) ordenar a los accionados Maritza Su\u00e1rez Qui\u00f1ones, Sa\u00fal Hern\u00e1ndez Quintero, Jennyfer Lisseth Ram\u00edrez Su\u00e1rez y Vanessa Su\u00e1rez Hern\u00e1ndez, y dem\u00e1s personas que pernocten de manera ilegal y\/o irregular en el inmueble que [\u2026] desalojen el apartamento 1302 que hace parte del Conjunto Residencial Club House III Propiedad Horizontal (\u2026) ordenar a los accionados [\u2026] restituir provisionalmente el inmueble como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n a los derechos fundamentales de mis menores hijos y hasta el fallo de primera instancia para as\u00ed evitar un perjuicio irremediable debido a mi situaci\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026) en el evento de negarse las peticiones anteriores, ruego al juez de tutela [\u2026] y mientras se emite el fallo de primera instancia en el proceso ordinario, ordenar a los accionados [\u2026] consignar en la cuenta de ahorros [\u2026] la suma de $1\u2019300.000., para pagar el arriendo de un inmueble de similares caracter\u00edsticas y as\u00ed tener un techo donde hospedarnos frente al retorno a Colombia (\u2026) de manera subsidiaria y en la medida de lo posible [\u2026] informarle de la presente situaci\u00f3n al Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga [\u2026] reprogramar la diligencia lo m\u00e1s pronto posible, dado que la accionada no dio respuesta a la demanda y no tiene intenci\u00f3n de entregar el inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues, \u00abla disquisici\u00f3n planteada ciertamente deriva del contrato de promesa de compraventa celebrado el 21 de febrero de 2019 por los accionantes [\u2026] con Maritza Su\u00e1rez Qui\u00f1ones en calidad de promitente compradora sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 300-308189 de la ORIP de Bucaramanga, no siendo este el escenario procesal para el efecto, pues tal controversia debe ser ventilada y dirimida por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, bien para exigir el cumplimiento del contrato ora para deprecar su resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El anterior fallo lo impugnaron los quejosos reiterando las alegaciones del escrito inicial y refutando el criterio con el que tribunal neg\u00f3 por improcedente el resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, mientras que el Decreto 333 de 2021 regula el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan se prev\u00e9 en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la vinculaci\u00f3n aparente. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, observa la Sala la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, comoquiera que se suscit\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente respecto del despacho con categor\u00eda de circuito mencionado en la demanda \u2013 S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga \u2013 que con vista en el estatuto legal lo hab\u00eda facultado para conocer del resguardo en las condiciones en que lo hizo. <\/p>\n
Ciertamente, cuando la tutela se dirige contra una autoridad judicial, las reglas de reparto contenidas en el numeral 5, art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) determinan sobre la competencia del amparo en primer grado que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
Ahora, el numeral 1 de la normativa precitada, indica que, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n al juzgado del circuito, su actuaci\u00f3n no constituy\u00f3 el cimiento de la demanda constitucional, pues como viene de indicarse, el ataque apunt\u00f3 concretamente al presunto proceder irregular y \u00abde mala fe\u00bb de los particulares convocados, evidenci\u00e1ndose que la vinculaci\u00f3n del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga en este caso result\u00f3 apenas aparente. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha venido sosteniendo que: \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC4127-2016, 30 jun. 2016, rad. 00275-01 y ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01). <\/p>\n
3. Definici\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
En esas condiciones, al tenor de las reglas consagradas en el Decreto 333 de 2021, la competencia para conocer del presente resguardo constitucional en primera instancia, dado que se dirige contra particulares, corresponde a los Juzgados Municipales. <\/p>\n
4. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga para conocer en primera instancia este auxilio y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente, se reitera, a los Juzgados Municipales (reparto) de ese Distrito Judicial. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por la colegiatura a-quo, proferido el 4 de marzo de 2022, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin atendiendo la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
5. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
Esta Sala en cuanto a esa potestad, en pret\u00e9ritas oportunidades ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895-2016, 17 nov. 2016, rad. 02149-01 y ATC8631-2016, 14 dic. 2016, rad. 00374-01). <\/p>\n
6. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que, \u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01, entre otros). Negrillas fuera del texto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 4 de marzo de 2022 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados con categor\u00eda municipal de Bucaramanga \u2013 reparto \u2013 para que asuman el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama u otro medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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