ATC421-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC421-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02610-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Salazar Vente contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Fiscal\u00eda 173 Seccional de El Cerrito y el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Palmira, si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, equidad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se\u00f1al\u00f3 que en su contra se adelanta el proceso penal con radicado 2021-00139 por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb, en el cual, el 31 de marzo de 2021 se llevaron a cabo las audiencias de legalizaci\u00f3n de captura y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n ante el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Palmira, y, no le fue impuesta medida de aseguramiento. <\/p>\n
El 27 de mayo de 2021, la Fiscal\u00eda 173 Seccional de El Cerrito, radic\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n contra el aqu\u00ed accionante ante el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Palmira. <\/p>\n
Sostuvo que a trav\u00e9s de su abogado solici\u00f3 al ente acusador la celebraci\u00f3n de un preacuerdo con el fin de obtener la rebaja del 50% de la sanci\u00f3n, sin embargo, no ha sido posible, pues seg\u00fan le dio a conocer esa autoridad, la rebaja por aceptaci\u00f3n de cargos en casos de flagrancia es de \u00bc parte del beneficio consagrado en el canon 351 de la Ley 906 de 2004, de conformidad a lo estipulado en el art\u00edculo 57 de la Ley 1453 de 2011. <\/p>\n
Adujo que seg\u00fan lo manifestado por el Fiscal encargado, los Jueces del Distrito Judicial de Buga, no est\u00e1n concediendo el beneficio de la rebaja del 50% debido a las directrices impartidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, situaci\u00f3n lesiva de sus garant\u00edas superiores, pues se est\u00e1 desconociendo el precedente constitucional. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo suplicado, tras argumentar que la acci\u00f3n de tutela no es viable para interferir en la facultad discrecional que la ley le ha conferido a la Fiscal\u00eda para llevar a cabo la celebraci\u00f3n de preacuerdos con el imputado o acusado para terminar de forma anticipada el proceso, ya que dicha funci\u00f3n de negociar es potestativa del ente acusador. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 \u00abaunque el actor estima que la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga tambi\u00e9n lesiona sus derechos al establecer en sus sentencias [no especifica cu\u00e1les] que la rebaja, en virtud de la captura en flagrancia, no es del 50% de la pena, sino de \u00bc parte, lo cierto es que de la respuesta proporcionada por esa Corporaci\u00f3n, se conoce que no ha emitido ning\u00fan tipo de decisi\u00f3n en el caso concreto del quejoso, adem\u00e1s, lo aportado al expediente constitucional no acredita que aquel haya sido discriminado por la colegiatura citada, en relaci\u00f3n con otras personas. <\/p>\n
En otras palabras, hasta el momento ese tribunal no ha intervenido dentro del asunto que dio origen a la controversia planteada por el accionante, por tanto, no se le puede atribuir ning\u00fan tipo de violaci\u00f3n iusfundamental\u00bb. <\/p>\n
3. Esa determinaci\u00f3n fue impugnada por el accionante, por lo cual las diligencias fueron remitidas a esta Sala para lo pertinente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aunque literalmente el amparo constitucional lo dirigi\u00f3 Orlando Salazar Vente contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, de las pruebas allegadas y de los informes emitidos por los involucrados, se establece, sin duda, que la Corporaci\u00f3n accionada no ha tenido injerencia alguna en el proceso penal adelantado contra por el accionante, por tanto, el reparo encauzado respecto del Tribunal mencionado, resulta meramente aparente, cuesti\u00f3n sobre la cual esta Sala ha indicado que \u00ab(\u2026) no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC de 24 de julio de 2007, Rad. No. 00156-01, y ATC de 17 de agosto de 2011, exp. No. 2011-00430-01). <\/p>\n
2. Cumple precisar al efecto, que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir de la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, para que de esa manera, inapropiadamente, se var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, como los hechos del escrito de tutela en realidad involucran es a la Fiscal\u00eda Seccional 173 de El Cerrito, autoridad que, seg\u00fan afirm\u00f3 el quejoso le ha manifestado la imposibilidad de suscribir un preacuerdo para obtener el 50% de rebaja de la pena, el juez constitucional de primer grado, carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333 de 20211 que, se sabe, asign\u00f3 esa potestad, en primera instancia, al superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen los accionados. <\/p>\n
Esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha destacado, que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n
4. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es necesario declararla a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, por lo se ordenar\u00e1 remitir el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, para su conocimiento. <\/p>\n
5. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que, <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (CSJ ATC886-2020). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo proferido el 13 de enero de 2022, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con el fin de que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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