{"id":61875,"date":"2024-05-20T20:59:26","date_gmt":"2024-05-20T20:59:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/atc423-2022\/"},"modified":"2024-05-20T20:59:26","modified_gmt":"2024-05-20T20:59:26","slug":"atc423-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/atc423-2022\/","title":{"rendered":"ATC423 2022"},"content":{"rendered":"<p>ATC423-2022<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c1LVARO &nbsp;FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>ATC423-2022 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00054-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- &nbsp;<\/p>\n<p>Corresponder\u00eda &nbsp;decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el &nbsp;7 de marzo de 2022 por la Sala &nbsp;Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, &nbsp;dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon &nbsp;Jairo Fl\u00f3rez \u00c1ngel contra &nbsp;el Juzgado &nbsp;Primero de Familia de la misma ciudad, la Unidad de Administraci\u00f3n &nbsp;de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, &nbsp;tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado &nbsp;Sexto de Familia de la capital Tolimense, &nbsp;si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera &nbsp;instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo &nbsp;actuado, como pasa a examinarse. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El &nbsp;promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de &nbsp;sus derechos fundamentales al \u00abm\u00e9rito\u00bb, &nbsp;a la \u00abcarrera\u00bb &nbsp;y a la igualdad, que consider\u00f3 conculcados por las autoridades &nbsp;jurisdiccionales convocadas, con los actos administrativos por los &nbsp;cuales se resuelven las solicitudes de traslado para ocupar la &nbsp;vacante de asistente social grado 1 en el Juzgado Primero de Familia &nbsp;de Ibagu\u00e9 y aqu\u00e9l que confirma dicha determinaci\u00f3n &nbsp;en sede horizontal. &nbsp;<\/p>\n<p>Solicita entonces, &nbsp;de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que se &nbsp;invaliden dichas determinaciones y, en su lugar, se ordene al \u00abJuez &nbsp;Primero de Familia de Ibague (sic) &nbsp;Tolima, &nbsp;que, dentro del t\u00e9rmino legal al presente fallo, proceda, &nbsp;atendiendo los criterios objetivos fijados en el Acuerdo PSAA10- 6837 &nbsp;del 17 de marzo de .2013, proferido por la Sala Administrativa del &nbsp;Consejo Superior de la Judicatura, hoy suplido por el Acuerdo &nbsp;PCSJA17-10754 del 18 de septiembre de 2017, proceda a emitir una &nbsp;nueva decisi\u00f3n frente a la solicitud de traslado elevada por &nbsp;el accionante, teniendo en cuenta las razones o motivaciones &nbsp;objetivas sobre la solicitud, las cuales se deben enmarcar dentro las &nbsp;disposiciones legales, normativas y jurisprudenciales que regulan el &nbsp;caso en concreto; as\u00ed como el concepto favorable de traslado y &nbsp;proceder al nombramiento en propiedad en el cargo de Asistente Social &nbsp;Grado 01\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En &nbsp;apoyo de lo pretendido adujo, en suma, que pese a contar con el &nbsp;concepto favorable de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera &nbsp;Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, seccional Tolima, la &nbsp;autoridad judicial convocada no acept\u00f3 su traslado, &nbsp;pretextando \u00fanicamente \u00abrequisitos &nbsp;subjetivos\u00bb, &nbsp;decisi\u00f3n que adicionalmente se mantuvo inc\u00f3lume en &nbsp;reposici\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n 003 de 14 de febrero &nbsp;actual. &nbsp;<\/p>\n<p>Al respecto, &nbsp;explic\u00f3 que la Resoluci\u00f3n 015 de 9 de noviembre de &nbsp;2021, con la que se defini\u00f3 su situaci\u00f3n, no repar\u00f3 &nbsp;en que cuenta con los requisitos para ocupar el cargo en mientes, sin &nbsp;que para el caso en contrario, fuera suficiente con ponderar las &nbsp;calidades de quien ocupaba esa plaza en provisionalidad y mucho menos &nbsp;la calificaci\u00f3n de servicios del aspirante, al ser un &nbsp;requisito derogado en la actualidad, pues tal situaci\u00f3n, dijo, &nbsp;\u00abno &nbsp;puede ser oponible a quien, cumpliendo los requisitos de la Ley 270 &nbsp;de 1996, modificada por la Ley 771 de 2002, solicita el traslado a &nbsp;ese cargo por carrera\u00bb, &nbsp;m\u00e1xime si se reparaba en su consolidada experiencia en la Rama &nbsp;Judicial, situaci\u00f3n que no fue advertida por el juez &nbsp;querellado, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n &nbsp;del juez de tutela en su favor. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La &nbsp;Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en fallo &nbsp;adiado 7 de marzo de 2022, neg\u00f3 la protecci\u00f3n instada, &nbsp;tras estimar que existe un \u00abmedio &nbsp;de defensa judicial id\u00f3neo para desatar la controversia, como &nbsp;lo es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante &nbsp;la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, al interior &nbsp;de la cual puede incluso solicitar la suspensi\u00f3n provisional &nbsp;de la decisi\u00f3n que considera arbitraria\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Como &nbsp;colof\u00f3n indic\u00f3 que &nbsp;\u00abtampoco &nbsp;se cumplen los requisitos para que se abriera paso por esta v\u00eda &nbsp;de manera excepcional el amparo pretendido respecto de la invalidez &nbsp;de los actos administrativos que se refutan lesivos de los derechos &nbsp;invocados, pues como se extrae de las razones en que fund\u00f3 el &nbsp;nominador su negativa, no es de aquellos eventos en que se echa de &nbsp;menos el sustento de la decisi\u00f3n\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En el presente &nbsp;asunto, Jhon Jairo Fl\u00f3rez \u00c1ngel \u2013quien en la &nbsp;actualidad se desempe\u00f1a como Asistente &nbsp;Social Grado 01 del Juzgado Sexto de Familia de Ibagu\u00e9\u2013 &nbsp;cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional, los &nbsp;actos administrativos a trav\u00e9s de los cuales, en su orden, se &nbsp;resolvi\u00f3 sobre la solicitud de traslado de aqu\u00e9l &nbsp;(Resoluci\u00f3n n.\u00ba 015 de 9 de noviembre de 2021), y se &nbsp;mantuvo esa decisi\u00f3n al desatar el recurso de reposici\u00f3n &nbsp;interpuesto contra la misma (Resoluci\u00f3n n.\u00ba 003 de 14 de &nbsp;febrero de 2022). &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;As\u00ed &nbsp;entonces, conforme al ordenamiento legal que rige la acci\u00f3n de &nbsp;tutela, y en especial de lo consagrado en el canon 1.\u00ba del &nbsp;Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo &nbsp;2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, el cual en su numeral 8.\u00ba, &nbsp;inciso 2.\u00b0, qued\u00f3 as\u00ed: \u00ab[c]uando &nbsp;se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o &nbsp;empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la &nbsp;jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a &nbsp;la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, &nbsp;y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios &nbsp;o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la &nbsp;jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento &nbsp;corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria (\u2026)\u00bb &nbsp;(negrita &nbsp;y l\u00ednea fuera de texto original), corresponde &nbsp;al Consejo de Estado, dirimir el presente conflicto excepcional, dada &nbsp;la calidad que ostenta la parte convocante. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Por lo &nbsp;expuesto, se establece palmariamente, que la salvaguarda debi\u00f3 &nbsp;ser conocida en primera instancia por &nbsp;el &nbsp;m\u00e1ximo &nbsp;Tribunal de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, &nbsp;mas no por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, &nbsp;circunstancia que implic\u00f3 la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite &nbsp;en la nulidad prevista en el inciso 1.\u00ba del art\u00edculo 138 &nbsp;del C\u00f3digo General del Proceso, norma aplicable a la acci\u00f3n &nbsp;de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4.\u00b0 del &nbsp;Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En &nbsp;consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la &nbsp;Colegiatura antedicha est\u00e1 viciado de nulidad por falta de &nbsp;competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso &nbsp;primero del canon 138 ib\u00eddem, aplicable a los procesos de &nbsp;tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4.\u00b0 del Decreto &nbsp;306 de 1992, motivo por el cual se invalidar\u00e1 lo actuado en la &nbsp;presente acci\u00f3n a partir de su auto admisorio, inclusive, y se &nbsp;dispondr\u00e1 el env\u00edo de las diligencias al Consejo de &nbsp;Estado, Sala Plena, autoridad que deber\u00e1 asumir el &nbsp;conocimiento en primera instancia de la queja constitucional. &nbsp;<\/p>\n<p>Al &nbsp;respecto esta Sala ha considerado que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abEl &nbsp;fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para &nbsp;tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a &nbsp;partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del &nbsp;Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u2018nula\u2019, la que se &nbsp;torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia &nbsp;por tal factor es \u2018improrrogable\u2019, tal como lo dispone el &nbsp;inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, &nbsp;por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 &nbsp;obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la &nbsp;cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de &nbsp;tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 &nbsp;de 1992\u00bb &nbsp;(Criterio &nbsp;expuesto entre otros CSJ ATC813-2021 y ATC307 &#8211; 2022). &nbsp;<\/p>\n<p>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Y &nbsp;en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, &nbsp;a &nbsp;partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, &nbsp;recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00abLa &nbsp;situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 &nbsp;del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos &nbsp;de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la &nbsp;acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo &nbsp;4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el &nbsp;cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil &nbsp;para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho &nbsp;tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias &nbsp;disposiciones. &nbsp;<\/p>\n<p>Bajo la \u00e9gida &nbsp;del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia &nbsp;del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis &nbsp;prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene &nbsp;ocasi\u00f3n de puntualizar: &nbsp;<\/p>\n<p>(\u2026) &nbsp;respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para &nbsp;declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de &nbsp;competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n &nbsp;de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) &nbsp;en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o &nbsp;corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se &nbsp;declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, &nbsp;puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de &nbsp;reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido &nbsp;Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 &nbsp;relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela &nbsp;y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces &nbsp;competentes\u2019. &nbsp;<\/p>\n<p>\u2018[Por lo &nbsp;tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige &nbsp;por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la &nbsp;competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al &nbsp;derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), &nbsp;el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de &nbsp;donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta &nbsp;de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la &nbsp;constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s &nbsp;urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la &nbsp;competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho &nbsp;constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de &nbsp;2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino &nbsp;conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o &nbsp;tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas &nbsp;propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte &nbsp;Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb &nbsp;(ib). &nbsp;<\/p>\n<p>Por lo expuesto, &nbsp;la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, &nbsp;RESUELVE: &nbsp;<\/p>\n<p>PRIMERO: &nbsp;DECLARAR &nbsp;la nulidad de todo lo actuado en la tutela de la referencia, a partir &nbsp;del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin &nbsp;perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del &nbsp;art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. &nbsp;<\/p>\n<p>SEGUNDO: &nbsp;ORDENAR, &nbsp;en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente digital al Consejo &nbsp;de Estado, Sala Plena, para que se imprima el tr\u00e1mite &nbsp;respectivo. &nbsp;<\/p>\n<p>TERCERO: &nbsp;COMUNICAR &nbsp;lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s &nbsp;expedito. &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA GONZ\u00c1LEZ &nbsp;NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>\u00c1LVARO &nbsp;FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA PATRICIA &nbsp;GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO WILSON &nbsp;QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS ALONSO &nbsp;RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO AUGUSTO &nbsp;TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ATC423-2022 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; \u00c1LVARO &nbsp;FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp; Magistrado &nbsp;ponente &nbsp; ATC423-2022 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00054-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- &nbsp; Corresponder\u00eda &nbsp;decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el &nbsp;7 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}