ATC434-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC434-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00103-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 3 de marzo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de las acciones de tutela acumuladas (radicaciones 2022-00103 y 2022-00132) promovidas por Francisco Javier P\u00e1ez Roa, Carolina Yudith Alfonzo Celis, Maryuri Esther Casique Gastelbondo, Luis Eduardo Duarte \u00c1lmerida, Andr\u00e9s Rafael Rojas Villarroel, Yeibana Carolina S\u00e1nchez Dur\u00e1n, Aldemar Polo Oquendo, Jhoselyn de Jes\u00fas Jinete Pert\u00faz y \u00c1ngelo Josu\u00e9 Di Sebastiano Parra contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, salud, dignidad humana, \u00abpersonalidad jur\u00eddica\u00bb, \u00abnacionalidad\u00bb y \u00abparticipaci\u00f3n ciudadana\u00bb, que dicen vulnerados por las autoridades accionadas, por lo que solicitaron revocar las resoluciones a trav\u00e9s de las cuales, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, anul\u00f3 sus c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la decisi\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante resoluciones 14453, 14419, 14466, 14505, 14445, 14988 y 14877 de noviembre 25 de 2021, los directores nacionales de Registro Civil y de Identificaci\u00f3n de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, anularon las c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda de los accionantes. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que no fueron vinculados a la actuaci\u00f3n administrativa que culmin\u00f3 con las resoluciones antes mencionadas, as\u00ed como tampoco fueron debidamente notificados de dichos actos. <\/p>\n
3. La primera de las acciones presentadas, esto es, la que formul\u00f3 Francisco Javier P\u00e1ez Roa, correspondi\u00f3 por reparto, inicialmente, al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad, autoridad que, con auto de 9 de febrero de 2022, rehus\u00f3 su conocimiento al considerar que \u00abel numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1\u2026 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 del\u2026 2021, establece que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Registrador Nacional del Estado Civil, se repartir\u00e1n para su conocimiento en primera instancia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb. <\/p>\n
4. Recibidas las diligencias por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, las admiti\u00f3 a tr\u00e1mite con prove\u00eddo del 11 de febrero de 2021 y, posteriormente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 21 de febrero siguiente, avoc\u00f3 conocimiento, por tratarse de una \u00abtutela masiva\u00bb, del amparo que formularon Carolina Yudith Alfonzo Celis, Maryuri Esther Casique Gastelbondo, Luis Eduardo Duarte \u00c1lmerida, Andr\u00e9s Rafael Rojas Villarroel, Yeibana Carolina S\u00e1nchez Dur\u00e1n, Aldemar Polo Oquendo, Jhoselyn de Jes\u00fas Jinete Pert\u00faz y \u00c1ngelo Josu\u00e9 Di Sebastiano Parra. <\/p>\n
5. Cumplido lo anterior, el prenotado Tribunal, con fallo de tutela de 3 de marzo de la anualidad que avanza, neg\u00f3 el amparo reclamado, por cuanto \u00ablas diligencias de notificaciones adelantadas por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil se ajustan a lo establecido en el Decreto 1260 de 1970 y los art\u00edculos 66, 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011\u00bb y, adicionalmente, porque \u00abla acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en raz\u00f3n a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al accionante la carga razonable de acudir previamente\u2026 ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativa\u00bb. <\/p>\n
6. La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por Carolina Yudith Alfonzo Celis, Maryuri Esther Casique Gastelbondo, Luis Eduardo Duarte \u00c1lmerida, Andr\u00e9s Rafael Rojas Villarroel, Yeibana Carolina S\u00e1nchez Dur\u00e1n, Aldemar Polo Oquendo, Jhoselyn De Jes\u00fas Jinete Pert\u00faz y \u00c1ngelo Josu\u00e9 Di Sebastiano Parra, quienes reiteraron sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa que culmin\u00f3 con las resoluciones que anularon sus c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Ello en la medida en que el decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. (numeral 2\u00ba), establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe involucra, exclusivamente, actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, organismo que, seg\u00fan los promotores, vulner\u00f3 sus garant\u00edas esenciales al anular sus c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda, sin convocarlos debidamente al tr\u00e1mite administrativo y, adem\u00e1s, porque no los notific\u00f3 de las resoluciones a trav\u00e9s de las cuales se dispuso tal anulaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, se vislumbra, que no hab\u00eda lugar a aplicar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del referido decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021), conforme al cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del\u2026 Registrador Nacional del Estado Civil\u2026 ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb; comoquiera que es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de la investidura del funcionario mencionado a espacio, esto es, del Registrador Nacional del Estado Civil, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01), sino m\u00e1s bien a la instituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo ese contexto, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica del \u00f3rgano convocado, como una entidad del orden nacional, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer del resguardo ha de recaer, en primera instancia, en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad, al que le fue repartida inicialmente, acorde con la citada regla contenida en numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
Ahora bien, comoquiera que la primera de las tutelas aqu\u00ed acumuladas, esto es, la que promovi\u00f3 Francisco Javier P\u00e1ez Roa, fue asignada al conocimiento del prenombrado juzgado del circuito, considera la Sala que dicho sede judicial habr\u00e1 tambi\u00e9n de tramitar el resguardo que, posteriormente, incoaron Carolina Yudith Alfonzo Celis, Maryuri Esther Casique Gastelbondo, Luis Eduardo Duarte \u00c1lmerida, Andr\u00e9s Rafael Rojas Villarroel, Yeibana Carolina S\u00e1nchez Dur\u00e1n, Aldemar Polo Oquendo, Jhoselyn de Jes\u00fas Jinete Pert\u00faz y \u00c1ngelo Josu\u00e9 Di Sebastiano Parra. <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Concerniente a la potestad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de los presentes reclamos tutelares al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad, por ser la autoridad competente para resolverlo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado 3 de marzo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en apego a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena enviar de inmediato el expediente al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n.\u00b0 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
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