SC504-2022 (2018-01450-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC504-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-01450-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte sobre la solicitud de exequatur promovida por Andr\u00e9s Restrepo Jim\u00e9nez y Diana Luc\u00eda Mendoza Guti\u00e9rrez, respecto de la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2015, por el Tribunal de Menores de Trieste de la Rep\u00fablica de Italia. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Los demandantes, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicitaron homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se accedi\u00f3 a la adopci\u00f3n de M\u00f3nica Liliana Mendoza por parte de Andr\u00e9s Restrepo Jim\u00e9nez. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Diana Luc\u00eda Mendoza, de nacionalidad colombiana, residiendo en Udine, rep\u00fablica de Italia, dio a luz a la ni\u00f1a M\u00f3nica Liliana Mendoza el 21 de abril de 2012. <\/p>\n
2. La citada mujer contrajo matrimonio con Andr\u00e9s Restrepo Jim\u00e9nez, tambi\u00e9n colombiano, uni\u00f3n que fue registrada en el Consulado General de Colombia en Mil\u00e1n. <\/p>\n
3. El 23 de septiembre de 2015, previa solicitud del consorte, el Tribunal de Menores de Trieste de la Rep\u00fablica de Italia decret\u00f3 en su favor la adopci\u00f3n de la menor, a quien le asignaron los apellidos Restrepo Mendoza, decisi\u00f3n que no fue recurrida y cobr\u00f3 ejecutoria el 26 de noviembre siguiente. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur <\/p>\n
1. El 28 de noviembre de 2018, se admiti\u00f3 la demanda, orden\u00e1ndose el traslado de rigor al Ministerio P\u00fablico (folio 39, ib.). <\/p>\n
2. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia indic\u00f3: \u201ci) Que hay la identidad de circunstancias en las que se permite la adopci\u00f3n de persona determinada, entre la legislaci\u00f3n italiana y colombiana, concretamente que sea uno de los c\u00f3nyuges quien adopte a la prole de otro c\u00f3nyuge, m\u00e1xime cuando el juez de conocimiento constata la viabilidad del acto jur\u00eddico, dados los lazos efectivos y familiares establecidos entre el padrastro y su entenada; ii) que se verifica en la sentencia objeto de exequatur que hubo pronunciamiento detallado sobre las razones que motivan la asignaci\u00f3n de los apellidos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u201cno hay contradicci\u00f3n normativa de las legislaciones que impidan la homologaci\u00f3n que se reclama, pues como qued\u00f3 anotado en l\u00edneas precedentes, existe legitimaci\u00f3n del adoptante para adoptar a la hija de su c\u00f3nyuge, sin que existan limitaciones por razones de edad y, de otra parte, se re\u00fanen los dem\u00e1s requisitos formales que exige la Ley 1098 de 2008 \u2013 C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u201d (folios 41 a 44, ib.). <\/p>\n
3. En la debida oportunidad fueron admitidas las pruebas presentadas con la demanda, y se orden\u00f3 librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia e Italia existen convenios internacionales vigentes sobre la reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses; as\u00ed como al C\u00f3nsul de nuestro pa\u00eds en Roma (Italia) para que enviara con destino al proceso, copia total o parcial, de la Ley vigente en dicho lugar en materia de adopci\u00f3n (folio 46, ib.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se dispuso de manera oficiosa que por secretar\u00eda se verificara si a prop\u00f3sito de otros tr\u00e1mites de exequatur, se obtuvo informaci\u00f3n de las normas de Italia que regulen la adopci\u00f3n en dicho Estado (folio 46, ib.). <\/p>\n
4. La Coordinadora del Grupo Interno de Tratados de la Canciller\u00eda de Colombia inform\u00f3 que \u201cuna vez revisado el archivo del Grupo Interno de Tratados de la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales de este Ministerio, no se encontr\u00f3 instrumento sobre reciprocidad en el reconocimiento de sentencias, en los que la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica de Italia sean Estados Parte\u201d (fl. 58, ib.). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado del proceso, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb, precepto que es aplicable a los tr\u00e1mites de exequatur, por lo que, si en curso de la actuaci\u00f3n, se encuentra que no existen medios de convicci\u00f3n pendientes de pr\u00e1ctica, deber\u00e1 proferirse el correspondiente fallo, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 ejusdem, que prescribe: \u00abvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
As\u00ed ocurre en el presente asunto, pues ning\u00fan instrumento de cognici\u00f3n falta por recaudarse, configur\u00e1ndose la comentada causal de pronunciamiento antelado de la decisi\u00f3n, escrito y fuera de audiencia. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de perfiles semejantes, esta Sala destac\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ, SC4714-2020, 7 dic.). <\/p>\n
2. Establecido lo anterior, cumple recordar que el exequatur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados; su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de formalidades legales que, entre otras cosas, impiden contrariar la soberan\u00eda nacional. <\/p>\n
En Colombia, la labor de verificar dicho acatamiento, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, le ha sido asignada por virtud de la Constituci\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y el que profiri\u00f3 el fallo existan tratados que revistan de valor en ese territorio las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y, en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
No obstante, ante la ausencia de tales convenios, debe proceder a cotejar la legislaci\u00f3n de ambas naciones a fin de determinar si consagran disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u00ab(\u2026) debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u00bb (CSJ SC20806-2017, 12 dic., rad. 3-00, reiterada en CSJ SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00 y CSJ SC3618-2021, 9 sep., rad. 2017-02990-00). <\/p>\n
Adicional al requisito de reciprocidad, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds, es imperioso que se acredite la concurrencia de los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro Quinto del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 sujetarse a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 eiusdem, y la providencia cuyo reconocimiento se persigue, deber\u00e1 cumplir con las formalidades dispuestas en el art\u00edculo 606 del mismo ordenamiento, entre ellas, la de no oponerse \u00aba leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb (n\u00fam. 2\u00ba, ib.). <\/p>\n
3. El caso que se analiza involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en Italia, pa\u00eds frente al cual inform\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores que \u201cno se encontr\u00f3 instrumento sobre reciprocidad en el reconocimiento de sentencias de los que la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica Italiana sean Estados Parte\u201d (folio 58, C. Corte), afirmaci\u00f3n que evidencia la inexistencia de tratados bilaterales entre las dos naciones sobre la materia. <\/p>\n
Y, aunque dentro de la documental recaudada en virtud de la prueba de oficio decretada el 8 de octubre de 2021, se alleg\u00f3 copia del \u201cCONVENIO RELATIVO A LA PROTECCI\u00d3N DEL NI\u00d1O Y A LA COOPERACI\u00d3N EN MATERIA DE ADOPCI\u00d3N INTERNACIONAL\u201d, celebrado en la Haya el 29 de mayo de 1993 y aprobado en Colombia el 25 de enero de 1996 con la expedici\u00f3n de la Ley 265 (fls. 155 a 173), lo cierto es que los hechos puestos a consideraci\u00f3n de esta Sala no se enmarcan en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de aquel. <\/p>\n
Lo anterior, porque seg\u00fan lo dispone su art\u00edculo 2\u00ba, procede \u201c(\u2026) cuando un ni\u00f1o con residencia habitual en un Estado contratante (\u201cel Estado de origen\u201d) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado Contratante (\u201cel Estado de recepci\u00f3n\u201d), bien despu\u00e9s de su adopci\u00f3n en el Estado de origen por c\u00f3nyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepci\u00f3n, bien con la finalidad de realizar tal adopci\u00f3n en el Estado de recepci\u00f3n o en el Estado de origen\u201d, siempre que exista el aval de las autoridades centrales de ambos Estados, calidades que no se re\u00fanen en el caso que se analiza. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed, porque la infante adoptada naci\u00f3 en Italia, lo cual implica, que su estancia en dicho pa\u00eds no obedece propiamente al tr\u00e1mite que se examina; tampoco se advierte la intenci\u00f3n y raz\u00f3n de desplazamiento a que alude la norma citada; todo lo contrario, tanto la madre como el adoptante de la menor afirmaron contar con \u201cpermiso de quedarse\u201d en la Rep\u00fablica de Italia; y, adem\u00e1s, no se advierte acreditada la participaci\u00f3n de alguna autoridad central de las naciones involucradas. <\/p>\n
Esta Colegiatura, en un caso de similares caracter\u00edsticas al de marras, descart\u00f3 la aplicaci\u00f3n del prenombrado convenio, al considerar que \u201c(\u2026) las dos adoptadas se encontraban en Italia desde antes del tr\u00e1mite y fallo respectivos; su viaje all\u00ed respondi\u00f3 a circunstancias diferentes a la adopci\u00f3n propiamente dicha; el adoptante, previo a adquirir esa condici\u00f3n, convivi\u00f3 y formaliz\u00f3 v\u00ednculo matrimonial con la progenitora de las prohijadas; y no tuvo participaci\u00f3n alguna la autoridad central de uno y otro pa\u00eds\u201d (CSJ SC 21 oct. 2010, rad. 2008-01649-00). <\/p>\n
Posteriormente, al analizar un nuevo caso, destac\u00f3 que los alcances de aquel acuerdo \u201cse dan bajo dos supuestos concurrentes, esto es, que el desplazamiento del menor del lugar de origen al de recepci\u00f3n debe tener como objetivo que se materialice la adopci\u00f3n y que en tal actuaci\u00f3n participen las entidades de cada pa\u00eds encargadas del tema, para garantizar que los procedimientos se surtan conforme a la normatividad internacional\u201d y, como all\u00ed \u201cno se adujo que la adopci\u00f3n fuera el motivo que gener\u00f3 la salida del pa\u00eds del peticionario, quien para ese entonces era menor de edad, ni obra medio de convicci\u00f3n que permita inferirlo. Adem\u00e1s, no existi\u00f3 injerencia para el efecto de alguna \u00abautoridad central\u00bb relacionada con ese aspecto\u201d, desestim\u00f3 su aplicaci\u00f3n, como aqu\u00ed sucede, por razones concordantes, establecidas en l\u00edneas precedentes (CSJ SC15751-2014, 14 nov., rad. 2013-02780-00). <\/p>\n
4. Ante la falta de correspondencia diplom\u00e1tica entre Colombia e Italia frente a la homologaci\u00f3n de sentencias en temas civiles, deviene pertinente determinar si tiene lugar la consonancia legislativa que pueda abrir paso a la petici\u00f3n inicial. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito se observa en el legajo debidamente traducida la Ley No. 218 de 31 de mayo de 1995, proveniente de la Rep\u00fablica de Italia sobre el reconocimiento de sentencias for\u00e1neas (fls. 128 a 154), documento que habilita la efectividad de las providencias extranjeras en el territorio italiano, pues su art\u00edculo 64 enlista las exigencias para que las decisiones extranjeras sean reconocidas sin necesidad de procedimiento adicional: <\/p>\n
\u201ca) el juez que la pronunci\u00f3 pod\u00eda conocer de la causa seg\u00fan los principios de la competencia jurisdiccional propios del ordenamiento jur\u00eddico italiano; b) el acto introductorio del juicio fue puesto en conocimiento del demandado conforme a cuanto est\u00e1 previsto por la ley del lugar donde se llev\u00f3 a cabo el proceso y no fueron violados los derechos esenciales de la defensa; c) las partes se constituyeron en juicio de acuerdo con la ley del lugar donde se desarroll\u00f3 el proceso o la contumacia fue declarada de conformidad con dicha ley; d) la sentencia pas\u00f3 a cosa juzgada de acuerdo con la ley del lugar en la que fue pronunciada; e) la sentencia no es contraria a otra sentencia pronunciada por un juez italiano como cosa juzgada; f) no hay pendiente un proceso ante un juez italiano por el mismo objeto y entre las mismas partes, que se haya iniciado antes del proceso extranjero;[y] g) sus disposiciones no producen efectos contrarios al orden p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
Tales hip\u00f3tesis guardan armon\u00eda con las promulgadas por el art\u00edculo 606 de nuestro estatuto adjetivo, especialmente, aquella que propende por el respeto del orden p\u00fablico que, en el caso particular, no se observa cumplida, como enseguida se explica: <\/p>\n
Esta Corte ha sostenido que, aun cuando \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones (\u2026) [si] una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb <\/p>\n
Ello, porque actuar en contrav\u00eda de uno u otro, \u00ab(\u2026) implicar\u00eda aceptar la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico como \u2018un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos\u2019 que conducir\u00edan al \u2018absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su pa\u00eds\u2019\u00bb -se destaca- (CSJ SC, 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-00, reiterada en CSJ SC4714-2020, 7 dic., rad. 2017-01493-00 y CSJ SC3403-2021, 11 ago., rad. 2015-02029-00). <\/p>\n
En cumplimiento de aquella tarea se compararon la Ley Italiana No. 184 de 4 de mayo de 1983 (fls.228 a 299) y la 1098 de 2006 (colombiana), ambas regulatorias del proceso de adopci\u00f3n en una y otra naci\u00f3n, actividad que como resultado arroja una contradicci\u00f3n en cuanto al efecto de la decisi\u00f3n que declara la filiaci\u00f3n por la v\u00eda que se viene analizando. <\/p>\n
4.1. N\u00f3tese que, en la primera mencionada, el efecto de la sentencia no es definitivo, en tanto, permite su revocatoria ante distintas circunstancias: <\/p>\n
i) El art\u00edculo 51 la habilita \u201ccuando el adoptado mayor de catorce a\u00f1os haya atentado contra la vida de \u00e9l o de su c\u00f3nyuge, de sus descendientes o ascendientes, o sea culpable hacia ellos de un delito punible con pena restrictiva de la libertad personal inferior en el m\u00ednimo a tres a\u00f1os\u201d (fl. 287). <\/p>\n
ii) El canon 53 faculta al Ministerio P\u00fablico para solicitarla, cuando advierta \u201cviolaci\u00f3n de los deberes que incumben a las adoptantes\u201d (fl. 288); y, <\/p>\n
iii) El art\u00edculo 54 deja sin efectos la adopci\u00f3n, cuando la sentencia de revocatoria pasa a cosa juzgada (ib.). <\/p>\n
4.2. Contrario a lo predicado por aquellos preceptos, el art\u00edculo 61 de la referida ley nacional se\u00f1ala que \u201cla adopci\u00f3n es principalmente y por excelencia una medida de protecci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relaci\u00f3n paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza\u201d (se destac\u00f3), precepto que, sin m\u00e1s, imposibilita la homologaci\u00f3n pretendida, la que, como se ha insistido a lo largo de esta providencia, solo tiene lugar cuando acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa entre pa\u00edses, se compruebe, entre otras cosas, el respeto de las normas de orden p\u00fablico interno, lo cual, se itera, no ocurri\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
5. Bajo ese entendido, no queda alternativa diferente a resolver de forma negativa la solicitud de exequatur. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. NEGAR la homologaci\u00f3n de la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2015, por el Tribunal de Menores de Trieste de la Rep\u00fablica de Italia, por medio de la cual se accedi\u00f3 a la adopci\u00f3n de M\u00f3nica Liliana Mendoza por parte de Andr\u00e9s Restrepo Jim\u00e9nez. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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