SC506-2022 (2015-00095-02)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC506-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b063001-31-003-0001-2015-00095-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes, respecto de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 27 de abril de 2018, en el proceso ordinario que promovieron Ana Mar\u00eda, Clara In\u00e9s y Luz Angela Hoyos Pont\u00f3n, Lina Mar\u00eda y Carlos Andr\u00e9s Casta\u00f1o Hoyos este en su nombre y en representaci\u00f3n del menor Andr\u00e9s Felipe Casta\u00f1o Hern\u00e1ndez contra la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera, propietaria del establecimiento de comercio denominado Parque Nacional del Caf\u00e9 y Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores pidieron de la jurisdicci\u00f3n declarar la responsabilidad civil de las convocadas, en raz\u00f3n de las lesiones sufridas por Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n, al hacer uso de la atracci\u00f3n mec\u00e1nica \u201cMonta\u00f1a Rusa\u201d, ubicada en el establecimiento de comercio Parque Nacional del Caf\u00e9 y se les condene al pago de los perjuicios extrapatrimoniales en el orden de morales y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y los materiales, que estim\u00f3 por lucro cesante en \u00ablas sumas de dinero que resulten de la aplicaci\u00f3n de las siguientes pautas, las cuales a la fecha de presentaci\u00f3n de la presente demanda ascienden a la cantidad de QUINIENTOS VEINTIS\u00c9IS MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($526.113.690,99 M\/cte.)\u00bb . <\/p>\n
2. En respaldo narraron, en s\u00edntesis, los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1. Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n, nacida el 22 de noviembre de 1957, labor\u00f3 como docente del Magisterio, al servicio de la instituci\u00f3n educativa \u201cEl Caimo\u201d y para la fecha de los hechos, esto es, el 1\u00b0 de noviembre de 2012 devengaba un salario mensual de $2.236.261. <\/p>\n
2.2. El 1\u00b0 de noviembre de 2012 Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n, ingres\u00f3 a las instalaciones del Parque Nacional del Caf\u00e9, con el fin de cumplir una jornada pedag\u00f3gica de la instituci\u00f3n educativa con un grupo de 30 ni\u00f1os, haciendo el ingreso \u00aba eso de las 9:30 horas de la ma\u00f1ana, en un veh\u00edculo tipo chiva que fue el utilizado para realizar el desplazamiento del grupo\u00bb. <\/p>\n
2.3. Aseguraron que, en su labor de acompa\u00f1amiento a los menores que disfrutaban de las atracciones del parque de diversiones, procedi\u00f3 a abordar la conocida como \u201cMonta\u00f1a Rusa\u201d, \u00abla cual inici\u00f3 el recorrido de manera normal, pero una vez iniciado el descenso le produjo una fuerte sacudida que le ocasion\u00f3 un intenso dolor en la espalda el cual se increment\u00f3 durante el resto del recorrido en dicha atracci\u00f3n\u00bb, siendo tan fuerte el dolor al bajarse que \u00abse vio obligada a sentarse y suspender el recorrido, auxili\u00e1ndose de sus acompa\u00f1antes en el cuidado de los ni\u00f1os estudiantes\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sostuvieron que \u00abUna vez en tierra, la demandante solicit\u00f3 el auxilio de la persona encargada del control de la atracci\u00f3n mec\u00e1nica, pero la misma fue infructuosa, habida cuenta que (por medio de radio – comunicaci\u00f3n) intent\u00f3 tener contacto con la dependencia de enfermer\u00eda, pero nadie acudi\u00f3 al auxilio de la lesionada, por el contrario, le toc\u00f3 valerse de sus propios medios para poder llegar al telef\u00e9rico y as\u00ed lograr evacuar la parte baja del parque, donde se encontraba, para llegar a la parte alta donde por fin le proporcionaron una silla de ruedas para su desplazamiento y, como \u00fanica atenci\u00f3n le brindaron un acetaminof\u00e9n y un masaje en la espalda por parte de una auxiliar de enfermer\u00eda\u00bb, sin que tampoco contar\u00e1n con una ambulancia para su traslado a un centro m\u00e9dico, por lo que su esposo contrat\u00f3 \u00abun veh\u00edculo de servicio p\u00fablico taxi, para que la trasladara a la Cl\u00ednica del Caf\u00e9 de Armenia, Quind\u00edo, sitio en el cual le diagnosticaron una fractura en la columna vertebral, procediendo a dejarla hospitalizada\u00bb y tras varios estudios \u00abse concluy\u00f3 que presentaba fractura a nivel de cuerpo vertebral L 1 con aplastamiento de la v\u00e9rtebra. Reporte RM: reporta reducci\u00f3n del espacio intersomatico L5, 81 L4, L5-L5, 81; protuci\u00f3n posterior y bilateral del disco que contacta y reduce saco dural, discreta ectasia dural asociada a lipoma de fondo de saco, padecimiento que le fue manejado con corse (sic) TLSO\u00bb. <\/p>\n
2.5. Refirieron que \u00ab[C]omo consecuencia de las lesiones indicadas, la lesionada tambi\u00e9n debi\u00f3 acudir al servicio de psiquiatr\u00eda en el cual se indic\u00f3 que padec\u00eda un cuadro depresivo recurrente, el cual a\u00fan se encuentra en tratamiento\u00bb; adem\u00e1s, \u00abse le dictamin\u00f3 una p\u00e9rdida de la capacidad laboral equivalente al 85% con fecha de estructuraci\u00f3n el 1 de noviembre de 2012\u00bb. <\/p>\n
2.6. Relataron la pr\u00e1ctica de una prueba anticipada, en la cual se obtuvieron algunos documentos, se recepcionaron testimonios e, incluso, el interrogatorio de parte del representante legal de la fundaci\u00f3n convocada, mencionando las resultas de dichas diligencias. <\/p>\n
2.7. Expusieron que la responsabilidad civil extracontractual de la Fundaci\u00f3n llamada a juicio est\u00e1 amparada mediante contrato de seguros con la aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. <\/p>\n
2.8. Adujeron que las lesiones que presenta Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n le est\u00e1n generando \u00aba ella y a sus seres queridos, perjuicios del orden patrimonial y extrapatrimonial en la modalidad de perjuicios morales y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n (Alteraci\u00f3n en las Condiciones de Existencia), los cuales no tienen ni la obligaci\u00f3n, ni el deber de soportar, motivo por el cual deben ser indemnizados\u00bb. <\/p>\n
2.9. Indicaron que presentaron reclamaci\u00f3n ante la aseguradora, \u00abla cual, pasado un mes de presentada, no ha realizado el pago de la indemnizaci\u00f3n, ni ha presentado objeci\u00f3n ser\u00eda y fundada\u00bb. <\/p>\n
3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, quien lo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite por auto del 7 de mayo de 2015, ordenando el enteramiento de las entidades convocadas, acto que se surti\u00f3 a cabalidad (fls. 190-191 Cd 1 Parte I). <\/p>\n
4. Puestos a juicio, los citados se pronunciaron en diversa forma respecto de los hechos alegados en la demanda, en ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n y defensa formularon las excepciones de m\u00e9rito que estimaron pertinentes para la protecci\u00f3n de sus intereses y objetaron el juramento estimatorio contenido en el libelo. <\/p>\n
5. Adicionalmente, la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera llam\u00f3 en garant\u00eda a la compa\u00f1\u00eda Seguros Generales Suramericana, el cual fue admitido el 7 de septiembre de 2015 (Cd Llamamiento en garant\u00eda). <\/p>\n
6. El Juzgador a quo dirimi\u00f3 la primera instancia con sentencia de 10 de mayo de 2017, en la cual desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda, absolvi\u00f3 a la Aseguradora y conden\u00f3 en costas a los demandantes (fl 586 Cd 1 Parte II).. <\/p>\n
7. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en prove\u00eddo de 27 de abril de 2018, al desatar la alzada formulada por los reclamantes, dispuso revocar parcialmente la decisi\u00f3n para, en su lugar, declarar la responsabilidad civil de la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera y condenarla al pago en favor de los actores de los perjuicios inmateriales por concepto de da\u00f1o moral y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, en la forma que all\u00ed se detalla, desestim\u00f3 las restantes pretensiones; Igualmente, absolvi\u00f3 a Seguros Generales Suramericana, tanto de los pedimentos de la demanda como del llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
8. Inconformes con lo as\u00ed dispuesto el extremo activo interpuso recurso de casaci\u00f3n, que al satisfacer las exigencias formales para su concesi\u00f3n fue admitido a tr\u00e1mite por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Comienza el tribunal por precisar la ausencia de protesta en torno a que el asunto se debe dilucidar a trav\u00e9s del prisma de la responsabilidad civil contractual y, tras el examen de los supuestos de la ley 1225 de 2008, que regula el funcionamiento y operaci\u00f3n de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento y la Resoluci\u00f3n 0958 de 2010, expedida por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, as\u00ed como el material probatorio incorporado oportunamente a la litis, hall\u00f3 establecida de un lado, la responsabilidad civil de la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera y, por otro, la inexistencia de una causa extra\u00f1a con entidad suficiente para exonerarla de la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios que por culpa se le causaron a los actores. <\/p>\n
De cara al lucro cesante reclamado refiri\u00f3 el ad quem que, (Minuto 0.58.34) \u00ab[O]bran a folios 431 y 432 del expediente oficio emitido por Fiduprevisora S.A. en la que se relacionan pagos realizados a la promotora por concepto de mesada pensional de invalidez por valor de $2.238.995 entre 31 de agosto de 2014 y el 31 de enero 2016 y se alude a que dicha prestaci\u00f3n le fue reconocida mediante resoluci\u00f3n 1542 de 20 de mayo de 2014\u00bb de estos extrajo, que (Minuto 0.59.02) \u00abcomo se advierte la parte actora pretende el pago del lucro cesante, tomando \u00fanicamente como base el monto de su salario como docente, sin embargo de los testimonios, las historias y las incapacidades m\u00e9dicas expedida por Cosmitet Limitada, durante el interregno comprendido entre el 1\u00b0 de noviembre de 2012 y el 4 de marzo de 2013 (folios 29-30 cuaderno 1) se desprende, que luego del accidente ella no volvi\u00f3 a trabajar, porque se encontraba con incapacidad laboral hasta cuando fue pensionada por invalidez, es decir que, contrario a lo afirmado por ella, no dej\u00f3 de recibir la totalidad de sus salarios, porque desde la fecha del accidente hasta ahora ha venido percibiendo ingresos, inicialmente por las incapacidades y luego por la pensi\u00f3n de invalidez de origen laboral, de donde se infiere que no puede pretender como lucro cesante el total de los salarios, ya que durante las incapacidades debi\u00f3 recibir un monto a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, valor que se desconoce, pues no se sabe si se emitieron como enfermedades de origen com\u00fan o laboral como finalmente fue determinado, en cuyo caso el detrimento econ\u00f3mico solo ser\u00eda por el porcentaje faltante hasta cuando fue pensionada, pues al ser de origen laboral la pensi\u00f3n debi\u00f3 reconocerse con el 100% de lo percibido y si ello no fue as\u00ed debi\u00f3 ser alegado en el libelo demandatorio y probado en el proceso, lo cual no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que (Minuto 1.00.45) \u00ab[E]n efecto, en los hechos de la demanda nada se dicen respecto al monto percibido por incapacidades, ni por la pensi\u00f3n de invalidez, como tampoco se especifica cu\u00e1l es el porcentaje o conceptos dejados de recibir, ni su cuant\u00eda, pues lo \u00fanico que se aleg\u00f3 como base de la pretensi\u00f3n, es que devengaba como salario la suma mensual de $2.236.261 y que seg\u00fan dice ha dejado de devengar desde que sufri\u00f3 el accidente, lo cual ha sido desvirtuado con las pruebas que obran expediente, que dan cuenta que ha recibido sumas de dinero por mesadas pensionales, sin que se haya acreditado el monto total percibido por estos conceptos, que permita determinar si hay alguna diferencia, con lo que hubiera recibido como salario, a fin de establecer si tiene o no derecho a la indemnizaci\u00f3n por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y de ser as\u00ed poder fijar su quantum; carga que no cumpli\u00f3 la actora, por cu\u00e1nto no acredit\u00f3 dicho detrimento patrimonial, ya que el expediente qued\u00f3 hu\u00e9rfano de medios de convicci\u00f3n que permitan establecerlo, pues como ya se advirti\u00f3 no s\u00e9 demostr\u00f3 que los ingresos que ven\u00eda persiguiendo por concepto de su relaci\u00f3n laboral se hayan visto afectados en su totalidad con la conducta da\u00f1osa, como se dice en la demanda, en la que no se aleg\u00f3 ning\u00fan otro supuesto f\u00e1ctico que sirviera de base a dicha pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Amparado en esto eximi\u00f3 de tal condena a la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera, aduciendo (Minuto 1.02.21) \u00abno haberse acreditado el perjuicio reclamado, pues como bien se sabe se trata de reparar el da\u00f1o causado y solo el da\u00f1o, en raz\u00f3n a que el resarcimiento es compensatorio y no fuente de enriquecimiento\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 el estudio con los perjuicios inmateriales, diciendo que (Minuto 1.04.12) \u00abno cabe duda respecto al da\u00f1o moral causado a Ana Mar\u00eda en raz\u00f3n de la fractura sufrida, ya que ella debi\u00f3 recibir tratamiento terap\u00e9utico, tanto f\u00edsico como psicol\u00f3gico, para recuperarse de la mejor manera posible\u00bb, al igual que su esposo e hijos, para lo cual eval\u00faa las declaraciones obtenidas en el curso de la instancia, desestima la ocurrencia de tal afectaci\u00f3n en lo que hace a las hermanas Clara In\u00e9s y Luz Angela Hoyos Pont\u00f3n, motivo por el cual reconoci\u00f3 a aquellos perjuicios por da\u00f1o moral y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y los neg\u00f3 respecto de estas \u00faltimas. <\/p>\n
Finalmente, se adentr\u00f3 al estudio de la responsabilidad de la Aseguradora frente a lo cual ultim\u00f3, que el amparo por ella contratado con la Fundaci\u00f3n refer\u00eda a la responsabilidad extracontractual y que la definida en este asunto es de origen contractual, lo que condujo a exonerarla de todo cargo, tanto de las pretensiones de la demanda como del llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon cinco (5) cargos de los cuales, mediante auto AC2590-2021 de 30 de junio, fueron inadmitidos cuatro (4), impulsando a tr\u00e1mite, \u00fanicamente, el primer reproche, planteado por la senda de la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abcon el fin de obtener la revocatoria del numeral tercero \u00abAbsolver a la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera de las dem\u00e1s pretensiones de la demanda.\u00bb del literal primero de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, Quind\u00edo\u00bb. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusa la decisi\u00f3n de violaci\u00f3n directa del siguiente abanico de disposiciones: por falta de aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo 2\u00b0 del art\u00edculo 7 de la ley 1225 de 2008, por aplicaci\u00f3n err\u00f3nea o indebida de los art\u00edculos 128, 127, 129, 22 y 23 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, art\u00edculos 2\u00b0 literales a) y e), el 4\u00b0, el 7\u00b0, el 8\u00b0 y el 34 del Decreto 1295 de 1994, los art\u00edculos 1524 del C\u00f3digo Civil y 831 del C\u00f3digo de Comercio art\u00edculos 1630, 1631, 1632, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 y 1671 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
La aludida transgresi\u00f3n ocurre -dice el casacionista- porque \u00abno se cumpli\u00f3 con el deber de reparar los perjuicios sufridos por Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n en forma \u00edntegra\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, que la infracci\u00f3n se genera \u00aben la medida que dicha norma impone al causante del da\u00f1o por incumplimiento de sus obligaciones -en el presente caso derivadas de la ley y del contrato celebrado entre las partes- el deber de reparar los perjuicios; y, en trat\u00e1ndose la reparaci\u00f3n de perjuicios por lucro cesante en sus modalidades de consolidado y futuro necesariamente se debe acudir a lo ordenado por el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, y el inciso final del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, que indican que la reparaci\u00f3n debe ser en forma \u00edntegra, as\u00ed como tambi\u00e9n a lo establecido en los art\u00edculos 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, que regulan lo relacionado espec\u00edficamente con el lucro cesante\u00bb. <\/p>\n
En lo medular, adujo que el quebranto se produce al haber negado el tribunal el reconocimiento del lucro cesante consolidado y futuro \u00abal amparo del argumento que, cuando a Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n se le paga una (s) incapacidad (es) laboral (es) derivada de un accidente de trabajo y una pensi\u00f3n de invalidez derivada de un accidente laboral, se le est\u00e1 pagando un salario, lo cual no es m\u00e1s que la muestra de la violaci\u00f3n de las normas citadas, por aplicaci\u00f3n err\u00f3nea o indebida de los art\u00edculos 128, 127, 129, 22 y 23 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, comoquiera que de acuerdo con las anteriores normas, el salario es una contraprestaci\u00f3n derivada de la relaci\u00f3n laboral que una persona tiene con su empleador; v\u00ednculo que para poder existir, requiere necesariamente, adem\u00e1s del salario, una prestaci\u00f3n personal del servicio por parte del trabajador y bajo subordinaci\u00f3n o dependencia; aspectos que no son requeridos para el pago de una incapacidad laboral y menos a\u00fan para el pago de la pensi\u00f3n e invalidez, toda vez que \u00e9stos pagos provienen de lo regulado en los tambi\u00e9n aplicados indebida o err\u00f3neamente art\u00edculos 2\u00b0 literales a y e, el 4\u00b0, el 7\u00b0, el 8\u00b0 y el 34 del Decreto 1295 de 1994, que establecen que tanto el subsidio por incapacidad temporal, como la pensi\u00f3n de invalidez, son prestaciones econ\u00f3micas que se le reconocen al trabajador afiliado a la entidad que le reconoce la prestaci\u00f3n, que sufra un accidente laboral, la cual es perteneciente al sistema de seguridad social, es decir, no se requiere ni la prestaci\u00f3n personal de un servicio, ni la subordinaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no se recibe salario\u00bb. <\/p>\n
Expuso, que \u00aben caso que el Tribunal hubiese aplicado en debida forma claro est\u00e1, las normas anteriormente indicadas, no expresar\u00eda como argumentos de la decisi\u00f3n, que, cuando a Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n se le paga una (s) incapacidad (es) laboral (es) derivada de un accidente de trabajo se le est\u00e1 pagando un salario. Por el contrario, entender\u00eda y as\u00ed lo declarar\u00eda, que la causa jur\u00eddica de la que proviene el pago de las incapacidades y la pensi\u00f3n de invalidez, es diferente a la responsabilidad civil y, por lo tanto, no existir\u00eda incompatibilidad entre la indemnizaci\u00f3n del lucro cesante derivado de la responsabilidad civil y el pago de las incapacidades y la pensi\u00f3n de invalidez que provienen del sistema de seguridad social\u00bb. \u00abDe la misma forma, tambi\u00e9n concluir\u00eda que no se estar\u00eda utilizando el da\u00f1o sufrido por ella, como una fuente de enriquecimiento\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n anot\u00f3, que tambi\u00e9n \u00abse genera la violaci\u00f3n de la norma sustancial, al incurrir en aplicaci\u00f3n indebida o err\u00f3nea de la ley, esto es, los art\u00edculos 1524 del C\u00f3digo Civil y 831 del C\u00f3digo de Comercio, comoquiera que para negar el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n por concepto de lucro cesante en sus dos modalidades, esto es, consolidado y futuro, a favor de Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n, como uno de los componentes de la reparaci\u00f3n integral a la que aspira, determin\u00f3 que si se le conced\u00eda a la demandante la indemnizaci\u00f3n reclamada, se permitir\u00eda que ella utilizara el da\u00f1o sufrido como fuente de enriquecimiento, el cual se materializar\u00eda al recibir adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n, el pago de las incapacidades laborales generadas en raz\u00f3n [a] las lesiones sufridas en el accidente que origin\u00f3 la demanda y la mesada pensional que le fue reconocida por la invalidez\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3, que \u00ab[L]a aplicaci\u00f3n de las normas en cita por parte del Tribunal en el presente caso, como se dijo, es err\u00f3nea o indebida, comoquiera que no se trata de un asunto al que se le pueda aplicar dichas normas, toda vez que, como se argument\u00f3 anteriormente, al provenir de causa jur\u00eddica distinta lo pagado por concepto de incapacidad laboral y pensi\u00f3n de invalidez -que como se dijo, proviene del sistema de seguridad social-, y lo que debe recibir por concepto de indemnizaci\u00f3n derivada de la responsabilidad civil contractual, es l\u00edcito, raz\u00f3n por la cual no se presentan los elementos constitutivos del enriquecimiento. Consecuencia de lo cual, le debe ser reconocida la indemnizaci\u00f3n que se reclama. <\/p>\n
Expres\u00f3, que la negativa a reconocer el lucro cesante consolidado y futuro, bajo el argumento de que la afectada recibi\u00f3 el pago de las incapacidades y actualmente percibe la pensi\u00f3n de invalidez \u00abtransgrede la norma sustancial tambi\u00e9n, al incurrir el Tribunal en aplicaci\u00f3n indebida o err\u00f3nea de la ley, esto es, los art\u00edculos 1630, 1631, 1632, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 y 1671 del C\u00f3digo Civil, pues ello \u00absignifica que la entidad que pag\u00f3 las incapacidades y la que est\u00e1 pagando la pensi\u00f3n de invalidez, est\u00e1 haciendo lo que en t\u00e9rminos jur\u00eddicos se denomina pago por persona distinta del deudor o pago hecho por un tercero y en consecuencia existe la posibilidad de darse la subrogaci\u00f3n, lo cual, no est\u00e1 ocurriendo en raz\u00f3n a que la entidad que pag\u00f3 las incapacidades y la que est\u00e1 pagando la pensi\u00f3n de invalidez, son pertenecientes al sistema de seguridad social y la obligaci\u00f3n que est\u00e1n cumpliendo se deriva de las normas de seguridad social de la afiliaci\u00f3n de Ana Mar\u00eda a dichas entidades, raz\u00f3n por la cual, est\u00e1n es cumpliendo con unas obligaciones que le son propias, no de un tercero, por lo tanto, tampoco podr\u00eda estudiarse el tema a la luz de las normas que regulan el pago hecho por un tercero ni de la subrogaci\u00f3n, comoquiera que los derechos de Ana Mar\u00eda respecto de la fundaci\u00f3n no pasan a ser de las entidades que le cancelan su pensi\u00f3n de invalidez y las incapacidades; por el contrario, ning\u00fan derecho les asiste a \u00e9stas en relaci\u00f3n con la fundaci\u00f3n responsable civilmente de los da\u00f1os ocasionados a Ana Mar\u00eda, raz\u00f3n suficiente para manifestar que, no se dan los presupuestos exigidos por las normas del pago hecho por un tercero, ni del pago con subrogaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.- Ha sido reiterativa esta Colegiatura al se\u00f1alar, que la violaci\u00f3n directa \u00fanicamente se produce cuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que deb\u00eda sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la selecci\u00f3n normativa yerra en la interpretaci\u00f3n que de ellas hace, d\u00e1ndoles un alcance no previsto por el legislador o desconociendo el que si tienen, por lo que cuando se impulse la acusaci\u00f3n por este sendero, el censor en la sustentaci\u00f3n tiene la carga argumentativa de demostrar los falsos juicios que de ellas hizo el sentenciador. <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha sido criterio reiterativo de la Sala, que \u00abcuando la denuncia se orienta por esta v\u00eda, presupone que el acusador viene aceptando plenamente las conclusiones f\u00e1cticas deducidas por el Tribunal\u00bb (CSJ AC4048-2017 del 27 de jun., Rad. 2014-00173-01), am\u00e9n que la esencia de esta senda es de ser una cuesti\u00f3n de pleno derecho, lo que implica su total prescindencia de la cuesti\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Quiere decir lo anotado, que en los eventos en que la censura descansa en la transgresi\u00f3n de la norma sustancial recta v\u00eda se requiere, a m\u00e1s de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, que el impugnador demuestre qu\u00e9 textos legales sustanciales resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados, sin que para ello baste indicar los preceptos que se dice violados en alguna de las modalidades referidas, sino que es perentorio acreditar que el juzgador realiz\u00f3 un juicio reglamentario completamente equivocado y alejado de lo que las normas reconocen, mandan o proh\u00edben, en la medida que esta causal \u00abSe trata de una pifia eminentemente jur\u00eddica, ajena a los hechos del caso o a la valoraci\u00f3n probatoria, que se configura en la determinaci\u00f3n de la premisa mayor del silogismo jur\u00eddico, esto es, en la proposici\u00f3n normativa que ha de servir para efectuar el proceso de subsunci\u00f3n de la plataforma material\u00bb (CSJ SC 2930-2021, Rad.2012-00542-01). <\/p>\n
3.- En el presente asunto, se acusa al Tribunal de violar, de manera directa, los art\u00edculos se\u00f1alados l\u00edneas precedentes, en cuanto que los inaplic\u00f3, aplic\u00f3 o interpret\u00f3 o indebidamente, lo cual condujo a la negativa del lucro cesante reclamado en beneficio de Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n. <\/p>\n
La censura se perfil\u00f3 a demostrar, exclusivamente, que como consecuencia de la falta e indebida aplicaci\u00f3n de las normas denunciadas el tribunal neg\u00f3 la reparaci\u00f3n integral, a que ten\u00eda derecho la actora a causa de las lesiones sufridas en el establecimiento Parque Nacional del Caf\u00e9 de propiedad de la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera, pues desestim\u00f3 el reconocimiento de los perjuicios materiales que por lucro cesante consolidado y futuro se deprecaron en la demanda. <\/p>\n
3.1.- Es pacifico que el debate qued\u00f3 radicado en el \u00e1mbito de la responsabilidad contractual, siendo entonces preciso anotar, que atendiendo el hecho de que estas acciones se derivan de la inejecuci\u00f3n o ejecuci\u00f3n incompleta, tard\u00eda o defectuosa de un imperativo contractual habr\u00e1 de tenerse presente que por la fuerza vinculante que tiene para las partes el pacto negocial -salvo prohibici\u00f3n legal- estas, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, tienen la potestad de estipular las consecuencias pecuniarias ante la ocurrencia de tales supuestos, acordando a modo de sanci\u00f3n o reparaci\u00f3n una cantidad determinada superior o inferior al monto real del da\u00f1o, inclusive, eximirse de toda responsabilidad pecuniaria. <\/p>\n
En ausencia de tales estipulaciones o de existir prohibici\u00f3n legal, en torno a la responsabilidad en s\u00ed misma considerada, podr\u00e1 el afectado concurrir a la reclamaci\u00f3n de los perjuicios que pudiera haber sufrido, para lo cual habr\u00e1 de tenerse en consideraci\u00f3n que es concepto inveterado de la responsabilidad civil, el deber de reparaci\u00f3n que surge de la causaci\u00f3n del da\u00f1o producido a una persona en su integridad f\u00edsica, moral o en su patrimonio; entendi\u00e9ndose por \u201cDA\u00d1O\u201d, seg\u00fan la doctrina especializadas, \u00abtodo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, cr\u00e9dito, afectos, creencias, etc. El da\u00f1o supone la destrucci\u00f3n o disminuci\u00f3n, por insignificante que sea de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo1. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que es \u00abla vulneraci\u00f3n de un inter\u00e9s tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n humana, que repercute en una lesi\u00f3n a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacci\u00f3n a manera de reparaci\u00f3n o, al menos, de satisfacci\u00f3n o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparici\u00f3n del agravio\u00bb2, siendo entonces el perjuicio -propiamente dicho- la consecuencia derivada del da\u00f1o que es menester reparar. <\/p>\n
Como se advierte, la responsabilidad tiene como finalidad esencial el resarcimiento por el menoscabo causado a una persona, por lo que se impone que este sea cierto, es decir, real efectivo no eventual o hipot\u00e9tico, de tal suerte que de no haberse presentado el afectado estar\u00eda en mejor situaci\u00f3n; lo que apareja que no hay responsabilidad civil si no hay da\u00f1o, habida cuenta que la finalidad de aquella es reparar este, por lo que debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al da\u00f1o sufrido, pues cualquier indemnizaci\u00f3n que lo supere constituir\u00e1 un enriquecimiento sin causa de la v\u00edctima, salvo pacto de las partes cuando de responsabilidad contractual se trata. <\/p>\n
3.2.- Los perjuicios pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales, interesando para este caso los primeros, referidos a esa afectaci\u00f3n, lesi\u00f3n o agravio contra el \u201cpatrimonio\u201d, entendido este como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, econ\u00f3micamente evaluables, pertenecientes a una persona y que constituyen una universalidad jur\u00eddica, de tal manera que dicho deterioro es pasible de tasarse en dinero, como los gastos que hicieran la v\u00edctima o sus familiares por causa del hecho lesivo, o lo que por causa de \u00e9ste dejaron de recibir. <\/p>\n
En nuestro pa\u00eds, siguiendo la tradici\u00f3n escol\u00e1stica, el art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil clasifica los perjuicios en da\u00f1o emergente y lucro cesante y el art\u00edculo 1614 los define as\u00ed: \u00abEnti\u00e9ndase por da\u00f1o emergente el perjuicio o la p\u00e9rdida que proviene de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n. o cumpli\u00e9ndola imperfectamente, o retardar su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Significa esto, que \u00abel da\u00f1o patrimonial puede manifestarse de dos formas: a) como la p\u00e9rdida o disminuci\u00f3n de valores econ\u00f3micos ya existentes, es decir, un empobrecimiento del patrimonio (da\u00f1o emergente); o b) como la frustraci\u00f3n de ventajas econ\u00f3micas esperadas, es decir, la p\u00e9rdida de un enriquecimiento patrimonial previsto (lucro cesante). Ambos pueden configurarse en forma conjunta ante la ocurrencia del il\u00edcito (contractual o extracontractual), o bien separada e individualmente (vgr. da\u00f1o emergente sin lucro cesante\u00bb3. <\/p>\n
Es claro entonces, que la indemnizaci\u00f3n, a trav\u00e9s del cual se pretenda resarcir a la v\u00edctima, en t\u00e9rminos generales procura, dejar a \u00e9sta indemne, coloc\u00e1ndola en igual o similar situaci\u00f3n a la que se encontraba con anterioridad a la ocurrencia del hecho da\u00f1oso, por lo que en su cuantificaci\u00f3n se deber\u00e1 atender el principio de la reparaci\u00f3n integral, que no es otra cosa que reparar tout le dommage, mais rien que le dommage, esto es, indemnizar la totalidad de los da\u00f1os padecidos. <\/p>\n
Tal postulado est\u00e1 contenido en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual para efecto de la cuantificaci\u00f3n de perjuicios establece que \u00abdentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb. <\/p>\n
En igual direcci\u00f3n el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso establece, que \u00ab[E]n todo proceso jurisdiccional de da\u00f1os atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb. <\/p>\n
4.- En punto de ese lucro cesante que interesa al sub lite, trat\u00e1ndose de da\u00f1o a las personas, en no pocas veces est\u00e1 ligado a la productividad del individuo, debido a la disminuci\u00f3n de sus ingresos por la p\u00e9rdida del empleo, o variaci\u00f3n de las circunstancias personales como consecuencia del insuceso, por lo que esta Corte para efectos de esa tasaci\u00f3n ha tomado en consideraci\u00f3n la p\u00e9rdida de capacidad laboral que aquel enfrente y a partir de all\u00ed y los criterios actuariales que indican las normas antes citadas obtener la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
M\u00edrese, que en la sentencia SC5885-2016, al realizar dicha labor frente a una afectada que apenas estaba culminando su proceso de formaci\u00f3n universitaria, se estableci\u00f3, que: <\/p>\n
\u00abSi Diana Carolina [\u2026] para cuando adquiri\u00f3 la mayor\u00eda de edad [10 sep. 2001] y hasta el 20 de mayo de 2008 [fecha de su grado], se encontraba cursando en jornada diurna la carrera de \u201cBacteriolog\u00eda y Laboratorio Cl\u00ednico\u201d en la Universidad de Santander sede C\u00facuta, y depend\u00eda econ\u00f3micamente de los padres, como lo afirmaron los mismos demandantes en sus interrogatorios de parte [fls. 5-6, 10-11, 15-16 y 20-21 c-6]. No procede el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n en ese per\u00edodo, \u00abprimera \u00e9poca\u00bb, porque, am\u00e9n de la dependencia financiera de los progenitores, en tales condiciones no pod\u00eda desempe\u00f1arse en un empleo de tiempo completo, excepto los de media jornada o en actividades independientes, los cuales tampoco demostr\u00f3 haber desarrollado. <\/p>\n
Tales par\u00e1metros se advirtieron reiterados en sentencia SC4322-2020, al decir: <\/p>\n
\u00abLuz Marina [\u2026], quien ejerc\u00eda la profesi\u00f3n de abogada, devengaba en promedio mensualmente para el a\u00f1o 2003 la suma de $11\u2019605.606,12. En esa calenda sufri\u00f3 lesiones en su cuerpo producto del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 21 de octubre, lo que le gener\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 36,40%. Y contaba con una vida profesional activa probable de 17,043 a\u00f1os. Quiere decir que, dada la disminuci\u00f3n en la habilidad para trabajar, la actora tuvo una p\u00e9rdida econ\u00f3mica en concreto de $4\u2019224.440, que corresponde al 36.40% de la totalidad de lo probado como ingresos econ\u00f3micos mensuales\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente en prove\u00eddo SC3919-2021 se expuso, que: <\/p>\n
Por lo tanto, no es menester exigir al afectado que demuestre el desarrollo de un labor\u00edo redituable para acceder a su pretensi\u00f3n, basta con encontrar acreditada la p\u00e9rdida de su capacidad laboral -temporal o permanente-, salvo que su aspiraci\u00f3n sea una tasaci\u00f3n mayor, por cuanto: <\/p>\n
(I) Las reglas de la experiencia indican que una persona adulta, concluido el d\u00e9bito alimentario, realiza actividades redituables como mecanismo para garantizar su sustento personal; <\/p>\n
(II) Existe un da\u00f1o virtual cuando se tiene certeza sobre su ocurrencia futura, inferido del curso normal de los acontecimientos, el que es susceptible de ser reparado, aunque en la actualidad no se haya materializado; <\/p>\n
(III) El da\u00f1o virtual no es equiparable al hipot\u00e9tico, en tanto no depende del azar, sino que su ocurrencia est\u00e1 diferida al paso del tiempo en condiciones de normalidad; y <\/p>\n
(IV) La extensi\u00f3n del deber alimentario, por un hecho imputable a un tercero, debe comprometer la responsabilidad de este \u00faltimo, siempre que se origine en una actuaci\u00f3n contraria al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Sigue de lo expuesto que, del curso normal de los acontecimientos, era predecible que Gabriela [\u2026] ingresara a la vida laboral y, por tanto, cesara el d\u00e9bito de alimentos a cargo de sus progenitores, situaci\u00f3n que se vio truncada por las afectaciones neurol\u00f3gicas que padece, siendo deber de la EPS y la IPS accionadas el pago de los perjuicios ocasionados, equivalentes a lo que obtendr\u00eda m\u00ednimamente la menor demandante al laborar y subsistir con su trabajo\u00bb. <\/p>\n
Tales pronunciamientos, a no dudar, explicitan que el reconocimiento de perjuicios por lucro cesante, por da\u00f1os a la persona, est\u00e1 subordinada a la capacidad de estas de obtener los ingresos que de ordinario percib\u00eda, o que, por el orden natural de las cosas, podr\u00eda haber obtenido de no haber mediado la ocurrencia del hecho da\u00f1ino. <\/p>\n
5.- Ahora bien, es lo cierto que el criterio fundamental de la reparaci\u00f3n civil es la indemnidad de la v\u00edctima y no el enriquecimiento sin causa, pero existen circunstancias que dificultan alcanzar dicho cometido, amen que resultan problem\u00e1ticas al momento de realizar la cuantificaci\u00f3n del resarcimiento, especialmente, cuando en ese ejercicio de tratar de restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la comisi\u00f3n del hecho da\u00f1oso concurren varios sujetos a esa reparaci\u00f3n, dando lugar a lo que la doctrina llama acumulaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Este fen\u00f3meno acumulativo se presenta, entre muchos eventos, cuando la v\u00edctima ha tomado un seguro, sea de los llamados de da\u00f1os o de personas, ora cuando a consecuencia de un accidente de trabajo provocado por un tercero el sistema de riesgos profesionales asume el pago de una pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Dicho asunto ha sido, desde anta\u00f1o, motivo de amplios debates y diversas posturas doctrinales y jurisprudenciales, es as\u00ed, que en relaci\u00f3n con el \u00faltimo supuesto se ha cuestionado si pese a la indemnizaci\u00f3n que perciben en forma de renta o de otra manera estar\u00edan habilitados para reclamar perjuicios al autor del da\u00f1o, a lo que se ha dicho: <\/p>\n
\u00abResulta evidente que si el da\u00f1o padecido supera a la indemnizaci\u00f3n recibida, la v\u00edctima conserva, al menos por el excedente, una acci\u00f3n contra el tercero responsable; por ejemplo, el soldado herido durante la guerra en un accidente ferroviario, puede demandar desde luego al transportista reparaci\u00f3n de toda aquella parte del perjuicio que no se halle cubierta por su pensi\u00f3n militar. <\/p>\n
La soluci\u00f3n se ha admitido un\u00e1nime siempre. Se encuentra consagrada legislativamente por diferentes textos, sobre todo por aquellos que rigen a los asegurados sociales o a las v\u00edctimas de accidentes del trabajo. En lo que concierne a estos \u00faltimos, el art\u00edculo 68 p\u00e1rrafo 5\u00b0 de la ley del 30 de octubre de 1946 prev\u00e9 expresamente el caso en que las rentas atribuidas por la ley sean inferiores a la reparaci\u00f3n de igual naturaleza debida a la v\u00edctima o a sus derecho- habientes por el tercero responsable. Puntualiza que el suplemento puede ser otorgado en forma de capital y que, si lo es en forma de rentas suplementarias, estas deben ser constituidas por el deudor mediante una entrega de capital a la Caja Nacional de Retiros para la vejez\u00bb4. <\/p>\n
En sentido similar se ha expuesto, que <\/p>\n
\u00ab[T]rat\u00e1ndose de accidente de trabajo, la situaci\u00f3n es muy diversa. Como las prestaciones que el obrero o empleado accidentado o su familia pueden exigir del patr\u00f3n o de la compa\u00f1\u00eda en que \u00e9ste asegur\u00f3 el riesgo profesional de sus obreros o empleados tienen por objeto la reparaci\u00f3n del da\u00f1o inferido por el accionante -se trata de un seguro de responsabilidad y, por lo mismo, de un seguro de da\u00f1os […], el c\u00famulo entre las prestaciones que deba el patr\u00f3n y las que deba la compa\u00f1\u00eda aseguradora es inadmisible, siempre que lo que pague esta \u00faltima comprenda la totalidad de las indemnizaciones, rentas, o pensiones que en derecho correspondan; la existencia de este seguro libera al patr\u00f3n de toda responsabilidad (art. 295 C. del T.). Se ha fallado, por eso, que a la indemnizaci\u00f3n que es de cargo del patr\u00f3n sirven de abono las cantidades que la compa\u00f1\u00eda aseguradora haya pagado o deba pagar al accidentado. <\/p>\n
Tampoco se puede acumular la indemnizaci\u00f3n que la v\u00edctima tenga derecho a exigir del tercero causante del accidente de conformidad al derecho com\u00fan con la que es de cargo del patr\u00f3n seg\u00fan el C. del T.: aqu\u00e9lla libera a \u00e9ste hasta concurrencia de su valor (art. 260 C. del T.) La v\u00edctima del accidente, o los que tengan derecho a la indemnizaci\u00f3n podr\u00e1n, pues, dirigirse contra uno u otro; pero si el tercero causante del accidente los indemniza en totalidad, nada podr\u00e1n reclamar del patr\u00f3n\u00bb5. <\/p>\n
Esta Corte en sentencia de 22 de octubre de 1998 al examinar lo concerniente a dicha acumulaci\u00f3n y sus alcances indic\u00f3: <\/p>\n
\u00absi el seguro social dispusiese de una acci\u00f3n subrogatoria especial contra el responsable del da\u00f1o del trabajador, la acumulaci\u00f3n de indemnizaciones no ser\u00eda posible puesto que el responsable se ver\u00eda avocado a indemnizar dos veces el mismo da\u00f1o. En consecuencia, cada vez que la seguridad social indemnice a la v\u00edctima por los da\u00f1os sufridos, ser\u00e1 preciso averiguar si la legislaci\u00f3n especial establece o no el derecho de subrogaci\u00f3n, porque lo dispuesto por el C\u00f3digo de Comercio en materia de seguros, no es aplicable, por lo menos en el r\u00e9gimen actual, a los sistemas de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
Luego analiz\u00f3 las normas reglamentarias de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, vigentes para la \u00e9poca \u2013 D.3170 de 1964 art. 83 y D. 1771 de 1994 art. 12 – de las cuales entendi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00aba) El inciso primero legitima directamente al Instituto para pretender del tercero responsable del da\u00f1o causado al trabajador beneficiario, el pago de la \u00abindemnizaci\u00f3n com\u00fan\u00bb plena, es decir, por toda clase de perjuicios derivados del hecho culposo imputado al demandado, quedando a su favor \u00abel monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente\u00bb y \u00abdebiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere\u00bb. <\/p>\n
b) De conformidad con el inciso 2o. esa legitimaci\u00f3n qu\u00e9 la primera parte de la norma confiere al Instituto, \u00abno es \u00f3bice para que la v\u00edctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes en derecho com\u00fan para obtener la indemnizaci\u00f3n total y ordinaria por perjuicios\u00bb, caso en el cual del monto resarcitorio debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto\u2026. <\/p>\n
Otra interpretaci\u00f3n distinta a la propuesta por la Corte, aparejar\u00eda una de dos consecuencias negativas que en manera alguna pueden propiciarse, cuales son tornar la indemnizaci\u00f3n en fuente de lucro porque se pudiera dar lugar a un doble pago, si la v\u00edctima no se entendiera obligada a restituir el valor de los dineros recibidos del Instituto con car\u00e1cter indemnizatorio, o liberar as\u00ed sea parcialmente y sin raz\u00f3n jur\u00eddica atendible, al victimario del deber de resarcimiento integral a su cargo, si se concluyera que el afectado no puede pretender sino el pago de lo no recibido del Instituto, pues lo cierto es que la norma en estricto sentido no establece la posibilidad de subrogaci\u00f3n por la que se ven\u00eda averiguando. <\/p>\n
De otro lado, resulta importante advertir que actualmente rige el decreto 1771 del 3 de agosto de 1994, que expresamente consagra en el art\u00edculo 12 la susodicha subrogaci\u00f3n que no aparec\u00eda prevista con claridad en el decreto 3170 de 1964. Dice as\u00ed el art\u00edculo 12 del decreto vigente: \u00absubrogaci\u00f3n. La entidad administradora de riesgos profesionales podr\u00e1 repetir, con sujeci\u00f3n a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeci\u00f3n en todo caso al l\u00edmite de responsabilidad del tercero\u00bb. Por lo dem\u00e1s, el inciso 2o. del art\u00edculo 12 del decreto 1771, de 1994, reconoce para la v\u00edctima la legitimaci\u00f3n establecida por el inciso 2o. del art\u00edculo 83 del decreto 3170 de 1964, cuando expresa: \u00abLo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la v\u00edctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnizaci\u00f3n total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deber\u00e1 descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales\u00bb. Norma esta que por contener un texto id\u00e9ntico al precedente, exige interpretaci\u00f3n similar a la anteriormente propuesta, m\u00e1s si se tiene en cuenta que ni \u00e9sta, ni el art\u00edculo 83 del acuerdo 155 de 1963, regulan un sistema asegurativo de la responsabilidad en que pueda incurrir ese tercero a quien le es imputable el da\u00f1o, raz\u00f3n por la cual carece de fundamento su pretensi\u00f3n destinada a obtener que la prestaciones econ\u00f3micas pagadas por el Seguro Social le sean descontadas del valor de la indemnizaci\u00f3n ordinaria por perjuicios que deba asumir de acuerdo con la ley\u00bb. <\/p>\n
Y para efecto de materializar su decisi\u00f3n estim\u00f3 necesario clarificar la sentencia impugnada \u00aben el sentido de indicar que como de lo que se trata es de evitar un doble pago indemnizatorio, la orden de suspender el pago de la pensi\u00f3n de invalidez s\u00f3lo puede cumplirse cuando el demandante efectivamente haya recibido el pago de la condena dineraria que a los demandados impuso la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que igualmente pone de presente que, aun cuando se pueda demandar al tercero causante del da\u00f1o, cuando la v\u00edctima recibe una pensi\u00f3n de invalidez \u00e9sta no puede acumular en su patrimonio las dos indemnizaciones sin incurrir en un doble cobro, pues aqu\u00ed se le impone la restituci\u00f3n que pudiera corresponder al sistema de Riesgos Profesionales. <\/p>\n
es, entonces, otro de los criterios que permitir\u00eda dilucidar el dilema de la concurrencia de las indemnizaciones. Sin embargo, aunque tal tesis resulte eficaz frente a algunos casos, no es una raz\u00f3n que pueda esgrimirse de modo generalizado, pues ya se explic\u00f3 que en los seguros de da\u00f1os es imposible la acumulaci\u00f3n de indemnizaciones aunque ellas provengan de distintas fuentes representadas en varios contratos. <\/p>\n
Finalmente, ante la insuficiencia de cada uno de esos enfoques para erigirse a s\u00ed mismo en par\u00e1metro absoluto para la determinaci\u00f3n de la concurrencia de indemnizaciones, ha tomado fuerza la explicaci\u00f3n de que, simplemente, es la facultad de subrogaci\u00f3n la pauta que debe seguirse para resolver la dificultad; de tal suerte que si la ley concede ese derecho al tercero que paga la indemnizaci\u00f3n, la v\u00edctima no podr\u00e1 acumular las prestaciones, en tanto que si el primero carece de esa atribuci\u00f3n, entonces nada impedir\u00e1 que la segunda obtenga doble retribuci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
A partir de la figura de la subrogaci\u00f3n se puede concluir que la acumulaci\u00f3n de indemnizaciones es inadmisible cuando el solvens dispone de una acci\u00f3n personal para reclamar al verdadero deudor lo que ha pagado en lugar suyo; m\u00e1s en tal caso no se trata propiamente de \u201cvarias indemnizaciones\u201d, sino que es la misma prestaci\u00f3n la que el tercero paga y por la que se sucede a t\u00edtulo singular en los derechos o cr\u00e9ditos del deudor. <\/p>\n
Pero el problema sigue latente cuando lo que se paga no es la misma prestaci\u00f3n, sino obligaciones que tienen distinto origen y respecto de las cuales no existe la posibilidad de subrogarse; sin que la ausencia de esa facultad permita colegir a priori que el c\u00famulo sea admisible. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, si ninguno de los criterios que se han esbozado comporta, por s\u00ed solo, el patr\u00f3n para establecer la admisibilidad de la concurrencia de las prestaciones, ello tan solo es posible porque debido a la gran multiplicidad de hechos causantes de responsabilidad civil; de fuentes o t\u00edtulos de los que ella emana; de los caracteres distintivos de esas prestaciones; y de los efectos a que dan lugar las obligaciones de ese tipo, se torna insostenible la fijaci\u00f3n de un \u00fanico fundamento conceptual que englobe todas esas situaciones; de suerte que no ser\u00e1 posible establecer a priori y con prescindencia de las particularidades de cada caso concreto, si se admite, y en qu\u00e9 medida, el c\u00famulo de indemnizaciones. <\/p>\n
No hay que buscar, por tanto, m\u00e1s all\u00e1 de las circunstancias espec\u00edficas que cada caso plantee, un concepto gen\u00e9rico que englobe eventos que no comparten los mismos fundamentos f\u00e1cticos ni jur\u00eddicos, pues semejante empresa antes que resolver las dificultades las multiplica, tal como ha quedado demostrado con el develamiento de las anomal\u00edas o inconsistencias que se encuentran presentes en cada uno de los enfoques te\u00f3ricos que se han explicado. <\/p>\n
Y es que no podr\u00eda ser de otro modo, pues si as\u00ed no fuese, sencillamente, el estudio y aplicaci\u00f3n del derecho de da\u00f1os no entra\u00f1ar\u00eda mayores dificultades y carecer\u00eda de la riqueza que le es inherente. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De manera que atendiendo a las particularidades de cada circunstancia, la Corte ha graduado el alcance de la indemnizaci\u00f3n a tono con el verdadero da\u00f1o sufrido por la v\u00edctima; con la causa que lo produjo; con el t\u00edtulo o t\u00edtulos de los que emana el deber de resarcir; con la naturaleza de las prestaciones que se originan a partir de un hecho da\u00f1oso; o con el principio de no enriquecimiento injusto para ninguna de las partes. <\/p>\n
Habr\u00e1 eventos en los que uno solo de esos criterios bastar\u00e1 para dilucidar la cuesti\u00f3n; mientras que en otros, dada su complejidad, ser\u00e1 necesario acudir a varios de ellos a la vez. <\/p>\n
\u2026, nada se opone a la acumulaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que se reclama en este proceso con la pensi\u00f3n de sobreviviente que recibe la demandante como beneficiaria del occiso, toda vez que esta prestaci\u00f3n deriva de un t\u00edtulo aut\u00f3nomo y distinto de la obligaci\u00f3n indemnizatoria que est\u00e1 a cargo del tercero responsable del da\u00f1o; y su concurrencia no podr\u00eda implicar jam\u00e1s un enriquecimiento sin causa para la actora porque la prestaci\u00f3n pensional no guarda en realidad ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n con los perjuicios que deben ser resarcidos, por lo que no podr\u00eda sostenerse que es una compensaci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
\u2026\u2026 <\/p>\n
De hecho, ni siquiera ambos tipos de prestaci\u00f3n tienen los mismos destinatarios, aunque a menudo \u00e9stos suelan coincidir, porque puede darse el caso de que el afiliado muera sin dejar beneficiarios en el sistema de seguridad social y, no obstante, haya personas legitimadas para reclamar la indemnizaci\u00f3n civil. O, por el contrario, que no existan perjudicados civiles y, sin embargo, se otorgue la pensi\u00f3n de sobreviviente a quien objetivamente tenga ese derecho. Por lo dem\u00e1s, cualquier persona que resulte lesionada con la muerte de otra puede pedir el resarcimiento de esos perjuicios, en tanto los pruebe; mientras que la pensi\u00f3n solo puede ser recibida por quienes est\u00e9n taxativamente cobijados por la ley, en estricto orden y proporci\u00f3n, siempre que cumplan los requisitos legales y por el tiempo que la norma determine, independientemente de que la muerte les reporte un perjuicio patrimonial. <\/p>\n
Resulta claro, entonces, que el pago de una pensi\u00f3n de sobreviviente se calcula sobre los presupuestos del propio sistema y no atiende a la verificaci\u00f3n de un da\u00f1o, ni al monto del mismo, ni a la imputaci\u00f3n de responsabilidad civil a un tercero, ni tiene por finalidad compensar la ayuda econ\u00f3mica que se dej\u00f3 de recibir de manos del difunto. Todo lo cual indica, sin ambages de ninguna especie, que al no tener esa prestaci\u00f3n relaci\u00f3n alguna con los perjuicios que han de ser resarcidos, mal podr\u00eda significar una fuente de ganancias o enriquecimiento sin causa. (Rad. 2002-00101-01). <\/p>\n
Los postulados anteriores se han replicado en tiempos m\u00e1s pr\u00f3ximos por esta Sala, abri\u00e9ndose paso el criterio de que las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social o de riesgos profesionales (pensi\u00f3n de vejez, de invalidez o sobreviviente) no tienen naturaleza indemnizatoria, dado que su origen deviene de los aportes realizados para dichos riesgos, sin atender la verificaci\u00f3n de un da\u00f1o o su cuant\u00eda, por lo que no devendr\u00eda per se incompatible el pago de la pensi\u00f3n de invalidez o sobreviviente con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a cargo de un tercero causante del da\u00f1o sufrido por el empleado, precis\u00e1ndose \u00abque bien distintas son las acciones para reclamar indemnizaci\u00f3n y prestaciones sociales en asuntos laborales, de las civiles para demandar resarcimiento de perjuicios, por corresponder a fuentes diferentes; en aquella, lo ser\u00e1 el contrato de trabajo y\/o las leyes laborales que regulan el sistema de seguridad social, seg\u00fan el caso, y en esta, el da\u00f1o infringido a la v\u00edctima, que puede o no venir precedida de una relaci\u00f3n jur\u00eddica preexistente\u00bb. SC2498-2018 de 3 de jul. Rad. 2006-00272-01. Ver tambi\u00e9n las sentencias SC17494-2014, SC295-2021). <\/p>\n
Como se ve, no existe una postura absoluta, ni doctrinal ni jurisprudencialmente, en cuanto a la posibilidad de aquella acumulaci\u00f3n, por lo cual, los juzgadores en cada caso concreto deber\u00e1n valorar no solo la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n y los elementos demostrativos que se incorporen al proceso para acreditar la ocurrencia de los perjuicios reclamados, sino examinar la diversidad de fuentes de las prestaciones, posibilidad de subrogaci\u00f3n y dem\u00e1s aspectos identificados en los pronunciamientos rese\u00f1ados para establecer si en el caso particular aquella resulta o no posible, teniendo en cuenta, de todas formas, que el causante del da\u00f1o per se no puede deducir de la indemnizaci\u00f3n que se le pudiera imponer los valores que el perjudicado haya recibido de una tercera persona o entidad, en tanto la v\u00edctima estar\u00e1 compelida a probar la ocurrencia del perjuicio que reclama. <\/p>\n
Esto cobra relevancia cuando de responsabilidad contractual se trata, habida cuenta que en este tipo de acciones, en lo medular, lo que se sanciona es el incumplimiento o cumplimiento retardado o defectuoso de los deberes negociales, cuyas consecuencias son susceptibles de preestablecer por las partes en el ejercicio de su autonom\u00eda de la voluntad y en ausencia de tal pacto ser\u00e1 necesario que cuando se solicite lucro cesante este tenga relaci\u00f3n directa con las pautas convencionales desatendidas, de suerte que ser\u00e1n indemnizables las p\u00e9rdidas irrogadas a los intereses del acreedor protegidos por el contrato, por lo que el reclamante no estar\u00e1 exento de demostrar los beneficios concretos, ciertos que deb\u00eda percibir y dej\u00f3 de hacerlo si no hubieran acaecido aquellos supuestos. <\/p>\n
6. El reproche fundamental de la censura examinada estriba en el no reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios materiales que a t\u00edtulo del lucro cesante aseguran se causaron a Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n, por la lesi\u00f3n que sufri\u00f3 al hacer uso de la atracci\u00f3n mec\u00e1nica denominada \u201cMonta\u00f1a Rusa\u201d, ubicada en el Parque Nacional del Caf\u00e9, de propiedad de la Fundaci\u00f3n llamada a juicio. <\/p>\n
7. En el tr\u00e1mite del litigio quedaron probados, en relaci\u00f3n con el tema que se examina, los siguientes hechos: <\/p>\n
7.1. Seg\u00fan su registro civil de nacimiento, Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n naci\u00f3 el 22 de noviembre de 1957, por lo que para el 1\u00b0 de noviembre de 2012 estaba pr\u00f3xima a cumplir los 55 a\u00f1os (fl. 14 Cd 1). <\/p>\n
7.2. Que en esa \u00e9poca -y desde el 15 de febrero de 1996- se encontraba vinculada laboralmente a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Municipal de Armenia como docente, a trav\u00e9s de la instituci\u00f3n educativa \u201cEl Caimo\u201d, devengando para el a\u00f1o 2012 una asignaci\u00f3n salarial de $2.236.261 (fl. 21-22 Cd 1). <\/p>\n
7.3. Que el 1\u00b0 de noviembre de 2012 acudi\u00f3 al Parque Nacional del Caf\u00e9 con un grupo de estudiantes del establecimiento educativo \u201cEl Caimo\u201d, para cumplir una actividad pedag\u00f3gica, en donde al subir a la atracci\u00f3n \u201cMonta\u00f1a Rusa\u201d sufri\u00f3 lesi\u00f3n de consideraci\u00f3n en su columna, que motiv\u00f3 que el Rector de la instituci\u00f3n emitiera reporte de accidente de trabajo a la EPS Cosmitet- Quind\u00edo (fl. 27 Cd 1 parte I). <\/p>\n
7.4. Luego de ser atendida cl\u00ednicamente, se le expidieron incapacidades por accidente laboral, por un periodo de 124 d\u00edas, desde 1 de noviembre de 2012 hasta el 4 de marzo de 2013 (fls. 28-32 Cd 1). <\/p>\n
7.5. El d\u00eda 27 de febrero de 2014 Cosmitec – Quind\u00edo le hizo entrega a la actora del \u00abDictamen de Calificaci\u00f3n de la P\u00e9rdida de Capacidad Laboral\u00bb, dando cuenta de un porcentaje de p\u00e9rdida del 85%. (fls. 53-55 Cd 1 parte I), mientras que la profesional Mar\u00eda Cristina Cortes Isaza, especialista en salud ocupacional, dictamin\u00f3 el 29 de octubre de 2015 una disminuci\u00f3n del 96% (fls. 323-333 Cd 1 Parte II) y, a instancia del juzgador a quo, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Quind\u00edo para el 17 de noviembre de 2016 lo fij\u00f3 en el 38.80%, precisando dicha entidad, que \u00abla paciente presenta otras patolog\u00edas, pero como la consulta de la instituci\u00f3n judicial es sobre las secuelas que produjo el evento en el parque de recreaci\u00f3n, por lo tanto las patolog\u00edas que son ajenas al caso no ser\u00e1n tenidas en cuenta para ser calificadas en este dictamen por no hacer parte del proceso en discusi\u00f3n\u00bb (negrillas ajenas) (fls. 569-574 Cd 1 Parte III). <\/p>\n
7.6. Obra tambi\u00e9n certificaci\u00f3n expedida por la Fiduprevisora S.A. seg\u00fan la cual, a Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n 1542 de 20 de mayo de 2014 le fue reconocida pensi\u00f3n de invalidez, que para esa calenda ascend\u00eda a $2.238.995 y para el 2015 a $ 2.320.942. <\/p>\n
8. El promotor de esta impugnaci\u00f3n extraordinaria, por razones obvias, no formula reparo alguno en relaci\u00f3n con los mentados hechos probados, limitando su disentimiento a la negativa del perjuicio patrimonial ya referido, discrepando de los argumentos expuestos por el colegiado, con lo que estima inaplicadas las disposiciones referidas a la reparaci\u00f3n integral e indebidamente aplicadas las normas laborales acusadas. <\/p>\n
8.1. En el escrito que dio inicio a este juicio, se solicit\u00f3 declarar que la demandada \u00abes civil contractual y patrimonialmente responsable\u2026, y, en consecuencia es civil, contractual, y patrimonialmente responsable de los da\u00f1os y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que le ha causado y habr\u00e1 de seguir causando a la, demandante ANA MAR\u00cdA HOYOS PONT\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Como pretensiones de condena pidieron se impusiera a la Fundaci\u00f3n el pago en favor de Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n, a t\u00edtulo de lucro cesante, de la suma de $526.113.690, indicando que se deber\u00edan tener en consideraci\u00f3n para su cuantificaci\u00f3n su expectativa de vida y como base la cantidad de $2.236.261 \u00abque es el valor del salario mensual, que la lesionada devengaba para la fecha de ocurrencia de los hechos, a la suma resultante se le aplicar\u00e1 el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral que le fue dictaminado, esto es, el cual (sic) equivalente al 85%, raz\u00f3n por la cual, se liquidar\u00e1 sobre el 100% de la p\u00e9rdida de capacidad laboral, en raz\u00f3n de lo establecido en el art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993, la cual indica que una persona que tenga m\u00e1s del 50% de p\u00e9rdida de capacidad laboral se considera inv\u00e1lida, por lo tanto, la base de liquidaci\u00f3n ser\u00e1 DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($2.236.261.OO M,\/cte); a esa suma se le aumentar\u00e1 el 25% equivalente a las prestaciones sociales, es decir, la base para la liquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante, es de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIS\u00c9IS PESOS ($2.795.326,00 M\/cte) mensuales, sobre la cual se ha de liquidar la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb. Se procedi\u00f3 a continuaci\u00f3n a exponer la forma como tales valores se deber\u00edan actualizar, detallando dichos guarismos en el juramento estimatorio, en donde escinde los valores en $67.765.320.55 por lucro cesante consolidado y $458.348.369.00 por lucro cesante futuro, exponiendo como uno y otro deber\u00e1n ir variando con el tiempo incrementando el primero y disminuyendo el segundo. <\/p>\n
Similares reclamaciones se hicieron de forma subsidiaria, pero por la senda de la responsabilidad extracontractual. <\/p>\n
8.1.1. Sirvieron de apoy\u00f3 a tales pedimentos, a m\u00e1s de los hechos generales sobre la edad, ocupaci\u00f3n, condici\u00f3n familiar, ocurrencia del siniestro, dimensi\u00f3n de la afectaci\u00f3n y la culpa de la demandada, que a \u00abAna Mar\u00eda le dictamin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral equivalente al 85%, con fecha de estructuraci\u00f3n el 1 de noviembre de 2012\u00bb. <\/p>\n
Ata\u00f1edero a la afectaci\u00f3n sufrida indic\u00f3, que \u00abLas lesiones que presenta ANA MAR\u00cdA HOYOS PONT\u00d3N, le est\u00e1n generando a ella y a sus seres queridos, perjuicios del orden patrimonial y extrapatrimonial en la modalidad de perjuicios morales y da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n (Alteraci\u00f3n en las Condiciones de Existencia), los cuales no tienen ni la obligaci\u00f3n, ni el deber de soportar, motivo por el cual deben ser indemnizados\u00bb. <\/p>\n
El mandatario judicial se extendi\u00f3 en el an\u00e1lisis de las actividades peligrosas, la culpa en estas y la responsabilidad que de ellas puede generarse, al igual que sobre el compromiso de las aseguradoras, para lo cual memor\u00f3 variados pronunciamientos de esta Corte y del Consejo de Estado, relacionados con dicha tem\u00e1tica. <\/p>\n
Respecto del lucro cesante expres\u00f3, que \u00absobre el presente tema sobra cualquier clase de comentario, toda vez que su liquidaci\u00f3n es de car\u00e1cter objetivo, derivado de los c\u00e1lculos matem\u00e1ticos mencionados en el ac\u00e1pite respectivo, y, teniendo en cuenta el ingreso mensual de la lesionada\u00bb. <\/p>\n
8.2. El tribunal en su determinaci\u00f3n se ocup\u00f3 de rese\u00f1ar la inferencia del juez de primer grado, concerniente a que entre Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n y la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera, propietaria del establecimiento el Parque Nacional del Caf\u00e9 \u00abexisti\u00f3 un contrato gratuito para entretenimiento y por ello zanj\u00f3 el litigio teniendo en cuenta la responsabilidad civil contractual, sin reparo entre los contratantes sobre la validez del pacto o el tipo de responsabilidad\u00bb, examin\u00f3 los elementos demostrativos arrimados al juicio, estableci\u00f3 que se acreditaron adecuadamente los elementos para imputar a la Fundaci\u00f3n convocada la responsabilidad civil instada, al estimar que se desatendieron los deberes que para la seguridad de los usuarios y visitantes se le imponen a quienes manejan parques de diversiones, atracciones mec\u00e1nicas o dispositivos de entretenimiento seg\u00fan la ley 1225 de 2008 y su decreto reglamentario 0958 de 2010. <\/p>\n
Acorde con tal conclusi\u00f3n, el juzgador se ocup\u00f3 del estudio de los perjuicios que se causaron a consecuencia de la lesi\u00f3n sufrida por la actora Ana Mar\u00eda Hoyos al hacer uso de la atracci\u00f3n mec\u00e1nica, y que estar\u00edan a cargo de la demandada. <\/p>\n
Comenz\u00f3 su estudio con los perjuicios materiales lucro cesante, memorando el alcance de dicha pretensi\u00f3n y el fundamento f\u00e1ctico en que la misma se soport\u00f3; analiz\u00f3 la certificaci\u00f3n expedida por la Fiduprevisora S.A. en la que se relacionaron los pagos que se ven\u00edan haciendo a la actora por concepto de pensi\u00f3n de invalidez, para se\u00f1alar que (Minuto 0.59.02) \u00abcomo se advierte, la parte actora pretende el pago del lucro cesante, tomando \u00fanicamente como base el monto de su salario como docente, sin embargo de los testimonios, las historias y las incapacidades m\u00e9dicas expedida por Cosmitet Limitada durante el interregno comprendido entre el 1\u00b0 de noviembre de 2012 y el 4 de marzo de 2013 folios 29-30 cuaderno 1 se desprende que luego del accidente ella no volvi\u00f3 a trabajar, porque se encontraba con incapacidad laboral, hasta cu\u00e1ndo fue pensionada por invalidez, es decir que contrario a lo afirmado por ella no dej\u00f3 de recibir la totalidad de sus salarios porque desde la fecha del accidente hasta ahora ha venido percibiendo ingresos; inicialmente, por las incapacidades y luego por la pensi\u00f3n de invalidez de origen laboral, de donde se infiere que no puede pretender como lucro cesante el total de los salarios, ya que durante las incapacidades debi\u00f3 recibir un monto a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, valor que se desconoce, pues no se sabe si se emitieron como enfermedades de origen com\u00fan o laboral como finalmente fue determinado, en cuyo caso el detrimento econ\u00f3mico solo ser\u00eda por el porcentaje faltante hasta cu\u00e1ndo fue pensionada pues al ser de origen laboral la pensi\u00f3n debi\u00f3 reconocerse con el 100% de lo percibido y si ello no fue as\u00ed debi\u00f3 ser alegado en el libelo demandatorio y probado en el proceso, lo cual no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 diciendo, que (Minuto 1.00.45) \u00ab[E]n efecto en los hechos de la demanda nada se dice respecto al monto percibido por incapacidades, ni por la pensi\u00f3n de invalidez, como tampoco se especifica cu\u00e1l es el porcentaje o conceptos dejados de recibir, ni su cuant\u00eda, pues lo \u00fanico que se aleg\u00f3 como base de la pretensi\u00f3n es que devengaba como salario la suma mensual de $2.236.261 y que seg\u00fan dice ha dejado de devengar desde que sufri\u00f3 el accidente, lo cual ha sido desvirtuado con las pruebas que obran expediente, que dan cuenta que ha recibido sumas de dinero por mesadas pensionales, sin que se haya acreditado el monto total percibido por estos conceptos que permita determinar si hay alguna diferencia, con lo cual con lo que hubiera recibido como salario, a fin de establecer si tiene o no derecho a la indemnizaci\u00f3n por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y de ser as\u00ed poder fijar su quantum; carga que no cumpli\u00f3 la actora, por cu\u00e1nto no acredit\u00f3 dicho detrimento patrimonial, ya que el expediente qued\u00f3 hu\u00e9rfano de medios de convicci\u00f3n que permitan establecerlo, pues como ya se advirti\u00f3 no s\u00e9 demostr\u00f3 que los ingresos que ven\u00eda persiguiendo por concepto de su relaci\u00f3n laboral se hayan visto afectados en su totalidad con la conducta da\u00f1osa, como se dice en la demanda, en la que no se aleg\u00f3 ning\u00fan otro supuesto f\u00e1ctico que sirviera de base a dicha pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Coligi\u00f3 as\u00ed, que (Minuto 1.02.21) \u00ab[E]n consecuencia, no es dable imponer condena por este concepto, por no haberse acreditado el perjuicio reclamado, pues como bien se sabe se trata de reparar el da\u00f1o causado y solo el da\u00f1o, en raz\u00f3n a que el resarcimiento es compensatorio y no fuente de enriquecimiento, por lo que se ha de absolver la fundaci\u00f3n demandada del pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro\u00bb. <\/p>\n
8.3. De acuerdo con lo anotado, es claro que el tribunal abord\u00f3 el caso desde la arista de la responsabilidad contractual y, en cuanto al lucro cesante puntualiz\u00f3, que \u00abla parte actora pretende el pago del lucro cesante, tomando \u00fanicamente como base el monto de su salario como docente\u00bb y atendiendo el alcance reparatorio de estos dedujo, que si la base esencial de lucro cesante que pudo sufrir la perjudicada estaba relacionado \u00fanicamente con su ingreso laboral, no hab\u00eda lugar a ordenar su pago, por cuanto le fueron canceladas las incapacidades por el accidente laboral y luego la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Desde esta perspectiva no se otean los desatinos jur\u00eddicos que se imputan al juzgador, habida cuenta que no se advierte que el colegiado inaplicara las normas que se refieren al derecho a la reparaci\u00f3n integral de los perjuicios, o hiciera actuar impropiamente las restantes disposiciones denunciadas, o atribuido efectos distintos a los que emanan de ellas s\u00f3lo que, atendiendo los supuestos f\u00e1cticos de la demanda y el material demostrativo arrimado al juicio, no encontr\u00f3 acreditada la afectaci\u00f3n de los ingresos que \u00e9sta percib\u00eda por su ocupaci\u00f3n docente o cualquier otra actividad laboral que hubieran resultado mermados por causa del incidente y por esa v\u00eda justificar a plenitud que se impusiera el pago de ese concepto a la demandada. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, que el tribunal insisti\u00f3 en la carga que tiene el reclamante de perjuicios, de probar en el juicio cu\u00e1l fue el menoscabo en su patrimonio, y esa ausencia de prueba del detrimento sufrido fue la que determin\u00f3 su negativa. <\/p>\n
Y es que la causaci\u00f3n del menoscabo por lucro cesante, al igual que cualquier afectaci\u00f3n patrimonial del demandante, debe ser probado en las instancias, sin que pueda confundirse, como al parecer lo entiende la censura, el concepto de responsabilidad objetiva, derivada de ciertas actividades, que se contrapone al de culpa probada y que ata\u00f1en exclusivamente a la demostraci\u00f3n de la responsabilidad, con la ocurrencia misma de los perjuicios que pudieran ocasionarse, los cuales en cualquier evento se deben probar; m\u00e1s all\u00e1 que, cumplida esta carga, en su cuantificaci\u00f3n se utilicen par\u00e1metros objetivos como son los \u00abcriterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb dispuestos en los art\u00edculos 16 de la ley 446 de 1998 y 283 del C\u00f3digo General del Proceso, y en el sub lite el tribunal tal pedido lo estim\u00f3 hu\u00e9rfano de prueba. <\/p>\n
9. Valga la oportunidad para recordar, que los fundamentos de hecho de la demanda no lo constituyen la cita o transcripci\u00f3n de algunos precedentes doctrinales o jurisprudenciales relacionados con la tem\u00e1tica sometida a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, sino las precisas afirmaciones respecto de situaciones concretas que por su propia naturaleza son aptas y adecuadas para generar el efecto jur\u00eddico que se procura obtener con la sentencia pedida, pues son estos los que vendr\u00e1n a conformar el tema de la prueba, cuya carga demostrativa recae en quien lo alega, sin perjuicio de la iniciativa oficiosa que se reconoce a los juzgadores. <\/p>\n
Y ocurre que, en este particular caso, el tribunal al evaluar la procedencia del lucro cesante reclamado lo que estableci\u00f3 fue, que \u00aben los hechos de la demanda nada se dice respecto al monto percibido por incapacidades, ni por la pensi\u00f3n de invalidez, como tampoco se especifica cu\u00e1l es el porcentaje o conceptos dejados de recibir, ni su cuant\u00eda, pues lo \u00fanico que se aleg\u00f3 con base como base (sic) de la pretensi\u00f3n es que devengaba como salario la suma mensual de $2.236.261 y que seg\u00fan dice ha dejado de devengar desde que sufri\u00f3 el accidente\u00bb, y que dicha atestaci\u00f3n result\u00f3 infirmada por las pruebas que demostraban que percibi\u00f3 el valor de incapacidades que por accidente laboral le fueron otorgadas y posteriormente las mesadas pensionales al haberse reconocido la pensi\u00f3n de invalidez, en parte alguna se\u00f1al\u00f3 como se indica en la acusaci\u00f3n que \u00abcuando a Ana Mar\u00eda Hoyos Pont\u00f3n se le paga una (s) incapacidad (es) laboral (es) derivada de un accidente de trabajo y una pensi\u00f3n de invalidez derivada de una accidente laboral, se le est\u00e1 pagando un salario\u00bb. <\/p>\n
En este orden de cosas, en la providencia confutada no se advierte que se negaran los perjuicios materiales por lucro cesante por falta de aplicaci\u00f3n de las normas referidas al derecho a la reparaci\u00f3n integral o se hicieron operar las que de suyo eran ajenas a la contienda, sino que el juzgador bas\u00f3 su determinaci\u00f3n al hallar deficiencias en la causa petendi y falta de cumplimiento de la carga probatoria de la actora, aspectos que se alejan por completo de la esencia de la causal primera de casaci\u00f3n, para adentrarse en los terrenos de la prueba, que de estimarse desacertados deb\u00edan cuestionarse al amparo de la causal segunda, sea por errores de hecho o de derecho. <\/p>\n
S\u00edguese entonces, que lo realmente existente es una disparidad de criterios entre el opugnante y el tribunal sobre la causaci\u00f3n del lucro cesante reclamado en la demanda, lo cual no es motivo suficiente para el quiebre de las sentencias en casaci\u00f3n, dada la presunci\u00f3n de legalidad y acierto conque estas arriman a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Es oportuno recordar que esta Colegiatura ha sido reiterativa al se\u00f1alar que al sustentar el recurso de casaci\u00f3n <\/p>\n
\u00abel recurrente debe plantear una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999)\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01, reiterada SC3907-2021 de 8 de sept. Rad. 2011-00181-01). <\/p>\n
Tal carga argumentativa no se satisfizo por el impugnante, pues su cr\u00edtica se direccion\u00f3 a una indebida selecci\u00f3n normativa del colegiado que de no haber ocurrido conllevar\u00eda al reconocimiento del lucro cesante en favor de la actora. Sin embargo, no se ve c\u00f3mo esa cr\u00edtica pudiera confrontarse con el fundamento principal de la sentencia de segunda instancia, que aun cuando encontr\u00f3 acreditados los elementos estructurales para imputar a la Fundaci\u00f3n Parque de la Cultura Cafetera responsabilidad civil por el desacato a sus obligaciones contractuales, haci\u00e9ndola titular de la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios padecidos por la afectada -imponiendo las correlativas condenas por perjuicios inmateriales- razon\u00f3 que ni las manifestaciones de la demanda, ni las pruebas resultaron suficientes para establecer la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n patrimonial a t\u00edtulo de lucro cesante que le produjo a Ana Mar\u00eda Hoyos la lesi\u00f3n sufrida en el parque de atracciones de propiedad de la convocada, de donde se sigue que la fundamentaci\u00f3n del embate inicial no tiene la entidad suficiente para derruir el razonamiento del tribunal. <\/p>\n
10. Consecuente con lo discurrido el cargo no prospera. <\/p>\n
11. Finalmente, ante el fracaso de la s\u00faplica extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, se condenar\u00e1 en costas a la recurrente. Se fijar\u00e1n en esta misma providencia las agencias en derecho correspondientes, y para su cuantificaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta que la impugnaci\u00f3n extraordinaria fue replicada por la parte contraria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, actuando en nombre de la Rep\u00fablica, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el 27 de abril de 2018, en el proceso ordinario arriba referenciado, por las razones indicadas en precedencia. <\/p>\n
Se condena en costas al extremo recurrente en casaci\u00f3n. Incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
Cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
IMPEDIDO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rodr\u00edguez Arturo Alessandri De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil Chileno. Editorial Jur\u00eddica de Chile. Reimpresi\u00f3n Primera Edici\u00f3n. p\u00e1g. 153 <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC 6 de abril de 2001, rad. 5502, reiterado SC4703-2021 de 22 de octubre Rad. 2001-01048-01 <\/p>\n
3\u0002 Trigo Represas F\u00e9lix A. Benavente Mar\u00eda I. Reparaci\u00f3n de da\u00f1os a la persona Tomo I Parte General Da\u00f1o Emergente Lucro Cesante, P\u00e9rdida de Chance, Da\u00f1o Moral Editorial Thomson Reuters La Ley, Primera Edici\u00f3n 2014, p\u00e1g. 230 <\/p>\n
4\u0002 Maseaud Henri y Le\u00f3n y Tunc Andr\u00e9. Tratado Te\u00f3rico y Pr\u00e1ctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual Tomo I Volumen I Ediciones Jur\u00eddicas Europa.- Am\u00e9rica 1977. P\u00e1g.348. <\/p>\n
<\/p>\n
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SC506-2022 (2015-00095-02) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente SC506-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b063001-31-003-0001-2015-00095-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes, respecto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}