STC2250-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2250-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02787-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de enero de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida la Inmobiliaria Royal Ltda contra el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso que adelanta contra Inversiones Aseve Ltda en Liquidaci\u00f3n, con radicado 2014-00006. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, \u00abadelant[ar] las etapas procesales sustanciales dentro del proceso y proceda a fijar fecha de audiencia inicial (\u2026) y contin\u00fae con el desarrollo del proceso teniendo en cuenta el principio de celeridad\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que el citado Despacho no ha impulsado el citado decurso, porque luego que se adelantara hasta la admisi\u00f3n del llamamiento en garant\u00eda el 19 de junio de 2015, el expediente fue enviado a descongesti\u00f3n, de donde regres\u00f3 el 11 de diciembre de 2020, para ser remitido el 4 de mayo de 2021 al Juzgado Primero Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, de donde retorn\u00f3 el 30 de septiembre del mismo a\u00f1o a la autoridad judicial primigenia, sin que a la fecha \u00abel juzgado transitorio asignado, ni el despacho actual han adelantado las etapas procesales correspondientes\u00bb, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) Alfredo Fern\u00e1ndez Sarmiento, quien dijo ser apoderado judicial de la accionante dentro del proceso cuestionado, corrobor\u00f3 que a pesar de las solicitudes de impulso se ha presentado una demora en la gesti\u00f3n del decurso, por lo cual coadyuv\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
b.) El titular del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta capital hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el proceso cuestionado, dentro de las que resalt\u00f3, que el 17 de junio de 2019 se declararon infundadas las excepciones previas formuladas por la demandada y el 30 de julio del mismo a\u00f1o el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, de donde regres\u00f3 sin digitalizar en el mes de septiembre de 2021, \u00abpor lo que en virtud del Plan Digitalizaci\u00f3n de la Rama Judicial y una vez fue asignado turno, el expediente fue enviado a digitalizaci\u00f3n el 11 de octubre de 2021, regresando digitalizado el pasado 2 de diciembre de 2021\u00bb, por lo que una vez culmine la vacancia judicial se proceder\u00e1 con el ingreso del legajo al Despacho y se proferir\u00e1 el auto que en derecho corresponda. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo invocado porque seg\u00fan extrajo del informe presentado por el estrado accionado, \u00e9ste \u00abdurante el tiempo ya indicado en precedencia, no tuvo el control material del proceso y ha sido solo a partir del 2 de diciembre del a\u00f1o inmediatamente anterior que ha podido retomar de manera efectiva su conocimiento, por lo que no se estructura la mora invocada. No obstante, la Sala considera pertinente instarlo para que proceda a la mayor brevedad a adoptar las decisiones a que haya lugar para llevar a t\u00e9rmino el litigio, dada la evidente tardanza, se insiste, no imputable al accionado, ocurrida hasta el momento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la sociedad actora, haciendo \u00e9nfasis en la tardanza que ha tenido la administraci\u00f3n de justicia en general, para dar tr\u00e1mite al proceso del ep\u00edgrafe, a pesar de los m\u00faltiples requerimientos al respecto elevados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de la Inmobiliaria Royal Ltda recae, puntualmente, en la supuesta tardanza del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en definir el proceso verbal que promovi\u00f3 contra Aseve Ltda en Liquidaci\u00f3n, pues en su criterio, pese a las solicitudes de impulso procesal que ha presentado, el tr\u00e1mite ha tenido dilaciones injustificadas. <\/p>\n
3. Sobre la tem\u00e1tica, ha insistido la Corte en distintas oportunidades, mutatis mutandis, que \u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb1, de manera que \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC438-2021). <\/p>\n
4. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, surge patente la improcedencia del amparo reclamado, en raz\u00f3n a que la autoridad judicial criticada no ha incurrido en la mora judicial que se le endilga, la cual tiene lugar cuando la actuaci\u00f3n del juzgador desconoce los plazos legales, y, carece de un motivo probado y razonable para excusar su tardanza, evento en el que se vulneran las garant\u00edas esenciales al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, ello bajo el entendido que el expediente del asunto verbal aqu\u00ed revisado, retorn\u00f3 de descongesti\u00f3n en el mes de septiembre de 2021 y fue enviado a digitalizaci\u00f3n en el mes de octubre siguiente, de donde regres\u00f3 el 2 de diciembre siguiente, momento desde el cual qued\u00f3 a disposici\u00f3n de la sede judicial para continuar con el tr\u00e1mite correspondiente, m\u00e1xime cuando tal y como lo inform\u00f3 el Juez criticado a esta Corte, por autos del 22 de febrero de los corrientes, notificados \u00aben el Estado No. 12 del d\u00eda de hoy 23\/02\/2022\u00bb, en aras de darle celeridad a la actuaci\u00f3n, resolvi\u00f3 sobre la solicitud de p\u00e9rdida de competencia de que trata el art\u00edculo 121 del C.G. del P. elevada por el apoderado de la parte actora, aqu\u00ed tutelante, y, abrir la etapa probatoria, decretando distintos medios de convencimiento, respectivamente, por lo que, en \u00faltimas, el objetivo fundamental de esta acci\u00f3n especial\u00edsima, se logr\u00f3. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como la actividad reclamada por Inmobiliaria Royal Ltda a la autoridad judicial endilgada, realmente se materializ\u00f3 con posterioridad al fallo constitucional de primera instancia, se impone ratificar el mismo pero por carencia actual de objeto, pues ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC8023-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-1227 de 2001. <\/p>\n
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