STC2262-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2262-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00562-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2\u00b0) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rita Cecilia del Carmen D\u00edaz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Fusagasug\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, y las partes e intervinientes en los procesos No. 2015-00747-00 y No. 2017-00386-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abal PATRIMONIO ECON\u00d3MICO\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales accionadas al no resolver la solicitud de prejudicialidad que present\u00f3 con la contestaci\u00f3n de la demanda, con el fin de evitar que se profieran sentencias contradictorias que afecten el principio de la cosa juzgada. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido relat\u00f3, que promovi\u00f3 acci\u00f3n de simulaci\u00f3n en contra de su nieta Diana Alejandra Laverde Garavito, cuya pretensi\u00f3n est\u00e1 encaminada a invalidar la compraventa suscrita sobre el predio \u00abLa Guaca 1\u00bb ubicado en Fusagasug\u00e1, tr\u00e1mite radicado con el No. 2015-00747-00 y del que conoce el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogot\u00e1, despacho que en audiencia celebrada el 20 de octubre de 2021 indic\u00f3 el sentido de la sentencia a su favor. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, de otra parte, Diana Alejandra Laverde Garavito present\u00f3 en su contra proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas en calidad de guardadora de Mar\u00eda Jos\u00e9 Garavito D\u00edaz, sobre unos bienes que son los mismos del litigio de simulaci\u00f3n, tr\u00e1mite radicado con el No. 2017-00386-00, del que conoce el Juzgado Primero de Familia de Fusagasug\u00e1, y en el que, una vez notificada, su apoderado contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 entre otras excepciones la de prejudicialidad, y solicit\u00f3 \u00abse abstenga de proferir sentencia hasta tanto se encuentre en firme lo decidido en la demanda de SIMULACI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que no obstante lo anterior, el Juzgado profiri\u00f3 sentencia en la que neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandante y el Tribunal Superior de Cundinamarca en fallo de 12 de agosto de 2019 la revoc\u00f3 y en su lugar le orden\u00f3 \u00abrendir cuentas comprobadas de su gesti\u00f3n como guardadora de la interdicta MAR\u00cdA JOSE GARAVITO D\u00cdAZ\u00bb, dentro del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 376 y 118 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Complement\u00f3 que como el expediente fue devuelto al Juzgado de Familia de manera casi inmediata el 14 de agosto de 2019, solo pudo tener conocimiento del contenido de la sentencia de segunda instancia el 20 de octubre de ese a\u00f1o, cuando se emiti\u00f3 el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, y el 2 de diciembre de 2019 su mandatario judicial present\u00f3 escrito de \u00abrendici\u00f3n de cuentas dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado\u00bb. <\/p>\n
Considera que, los accionados vulneraron de manera grave e injusta el debido proceso, al no haber decretado la prejudicialidad propuesta con la contestaci\u00f3n de la demanda, pues debieron abstenerse de dictar sentencia, hasta tanto no se \u00abencontrar\u00e1 en firme lo decidido en la demanda de simulaci\u00f3n\u00bb, porque lo que all\u00ed se decida incide necesariamente en este pleito, hechos con los que se afecta el principio de la cosa juzgada y la efectividad de las providencias judiciales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez Dieciocho Civil Municipal de Bogot\u00e1 en calidad de vinculado, manifest\u00f3 que el asunto verbal No. 2015-000747 se adelant\u00f3 con transparencia e imparcialidad, habiendo garantizado el derecho al debido proceso, y sin evidenciar ning\u00fan tipo de vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales de la solicitante. <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasug\u00e1, se limit\u00f3 a remitir el link del expediente. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En lo que ac\u00e1 interesa, examinado el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas No. 2017-00386-01, observa la Sala que el Tribunal accionado en sentencia de 12 de agosto de 2019, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Fusagasug\u00e1 tras considerar que la se\u00f1ora Rita Cecilia del Carmen D\u00edaz estaba obligada a rendir cuentas, porque fue designada por el Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1 en providencia de 11 de septiembre de 2009 como guardadora principal de su hija Mar\u00eda Jos\u00e9 Garavito D\u00edaz, decisi\u00f3n confirmada en sede de consulta el 3 de mayo de 2010. <\/p>\n
As\u00ed mismo en el fallo de 12 de agosto de 2019 se afirm\u00f3, que las excepciones propuestas por la demandada no ten\u00edan la virtualidad para enervar la pretensi\u00f3n, pues si la obligaci\u00f3n de rendir cuentas encuentra sustento en la ley, no puede excusarse de esa carga con base en la aprobaci\u00f3n de un inventario que present\u00f3, el que nunca fue discutido, ni actualizado, por lo que dispuso, revocar la sentencia apelada, para en su lugar ordenar a la se\u00f1ora D\u00edaz \u00abrendir cuentas comprobadas de la gesti\u00f3n como guardadora de la interdicta, desde el 30 de abril de 2009 hasta el 18 de agosto de 2017, cuando fue presentada la demanda, y le concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas, como lo establecen los art\u00edculos 379 y 118 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Fusagasug\u00e1 el 23 de agosto de 2019 dict\u00f3 auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior (fl. 403 c.3). <\/p>\n
El apoderado judicial de la peticionaria el 3 de diciembre de 2019, present\u00f3 escrito en el cual rindi\u00f3 cuentas de la gesti\u00f3n (fl. 386- c.1). <\/p>\n
El 11 de noviembre de 2020 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Fusagasug\u00e1 resolvi\u00f3 declarar sin valor y efecto, la providencia que dispuso correr traslado de las cuentas, porque fueron presentadas de manera extempor\u00e1nea por la se\u00f1ora Rita Cecilia del Carmen D\u00edaz, y le orden\u00f3 realizar el pago de las sumas indicadas en la demanda por concepto de unos bienes muebles, c\u00e1nones de arrendamiento y mesadas pensionales, decisi\u00f3n que se encuentra en firme porque contra la misma ninguna manifestaci\u00f3n present\u00f3 el abogado de la demandada aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2. En el caso en concreto, de la lectura de los fundamentos de hecho expuestos en el escrito de tutela, se advierte que la petici\u00f3n de amparo est\u00e1 orientada a desconocer la providencia de 12 de agosto de 2019, que profiri\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, cuando resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra el fallo de primer grado en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, porque en sentir de la se\u00f1ora Rita Cecilia debi\u00f3 decretar la \u00abexcepci\u00f3n de prejudicialidad\u00bb formulada por su apoderado judicial. <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, la acci\u00f3n resulta improcedente porque no cumple con el presupuesto de la inmediatez, como quiera que, el cuestionamiento que hace la accionante Rita Cecilia del Carmen D\u00edaz a la citada decisi\u00f3n resulta extempor\u00e1nea, si se tiene en cuenta que la misma qued\u00f3 ejecutoriada el 23 de agosto de 2019 cuando se emiti\u00f3 el prove\u00eddo de obedecimiento a lo resuelto por el superior, y la acci\u00f3n constitucional fue radicada inicialmente en el Tribunal Superior mencionado el 2 de diciembre de 2021. <\/p>\n
Entonces, la interesada acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional, luego de vencidos los seis (6) meses que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonables para promover la acci\u00f3n de tutela, sin que de manera alguna justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
Referente a lo anterior, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC703-2020). <\/p>\n
Igualmente de manera reiterada, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara al se\u00f1alar que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra sujeta al cumplimiento del requisito de inmediatez, y al respecto ha dicho que la solicitud de amparo debe invocarse en un plazo razonable y oportuno, en procura del principio de seguridad jur\u00eddica, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el t\u00e9rmino prudencial de interposici\u00f3n de la tutela implica: \u201ccierta proximidad y consecuencia de los hechos que se dicen violatorios de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su raz\u00f3n de ser como mecanismo excepcional y expedito de protecci\u00f3n, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirt\u00faa la inminencia y necesidad de protecci\u00f3n constitucional\u00bb. (Sentencia 961 de 1999, reiterada en SU-439 de 2017). <\/p>\n
Tambi\u00e9n expres\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(i) si el ejercicio inoportuno de la acci\u00f3n implica una eventual violaci\u00f3n de los derechos de terceros; (ii) cu\u00e1nto tiempo trascurri\u00f3 entre la expedici\u00f3n de una sentencia de unificaci\u00f3n novedosa de esta Corte sobre una materia discutida y la presentaci\u00f3n del amparo; (iii) cu\u00e1nto tiempo pas\u00f3 entre el momento en el cual surgi\u00f3 el fundamento de la acci\u00f3n de tutela y la interposici\u00f3n de esta \u00faltima; o (iv) cu\u00e1l ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que est\u00e1 por resolverse\u00bb (SU 407-2013). <\/p>\n
En el caso en estudio, la accionante no acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional desde el mismo momento en que conoci\u00f3 la decisi\u00f3n, por tanto, dicha tardanza descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Corresponde precisar que contario a lo manifestado por la peticionaria, luego de examinar el expediente, se observ\u00f3 que la excepci\u00f3n propuesta por su abogado en el asunto que motiv\u00f3 la tutela fue la denominada: \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n de rendir cuentas, si no hay bienes entregados en administraci\u00f3n, que cuentas debe rendir mi clientes, no puede existir obligaci\u00f3n sin causa, si o se inventariaron los bienes al momento de posesionarse mi cliente y dicho inventario fue aprobado por el juez y el tribunal en consulta, se deduce que no se entregaron bienes, por lo tanto no hay causa, por lo tanto la obligaci\u00f3n es inexistente\u00bb (f. 276 c. 1), sin que en ning\u00fan de sus apartes haya invocado la \u00abprejudicialidad\u00bb, que afirma no fue reconocida por la funcionaria cuestionada. <\/p>\n
Finalmente, tambi\u00e9n observa la Sala que el auto de 11 de noviembre de 2020 por el cual el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Fusagasug\u00e1 resolvi\u00f3 declarar sin valor y efecto, la providencia que dispuso correr traslado de las cuentas, porque fueron presentadas de manera extempor\u00e1nea por la se\u00f1ora Rita Cecilia del Carmen D\u00edaz, se encuentra en firme porque contra la misma ninguna manifestaci\u00f3n present\u00f3 el abogado de la demandada aqu\u00ed accionante, lo que igualmente descarta el buen suceso de este camino, pues, como lo ha reiterado la Corte, dado el car\u00e1cter residual y especial de la acci\u00f3n de tutela, no ha sido instituida para reemplazar los recursos contemplados por el legislador para definir las protestas de quienes participan en un proceso, por lo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible promover acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente con el fin de remediar aquellas fallas que dieron lugar al decaimiento del medio de impugnaci\u00f3n aludido, pues como es sabido, el ejercicio de la presente acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional\u00bb (STC11698-2021 y STC1172-2022, entre muchas). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Rita Cecilia del Carmen D\u00edaz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Fusagasug\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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