STC2266-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2266-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02765-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de enero de 2022 por la Sala Civil de Decisi\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Giraldo Ingenier\u00eda S.A.S. contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Coordinaci\u00f3n Grupo de Admisiones. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 25 de febrero del 2021, la parte actora present\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades solicitud de inicio de tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de emergencia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8 del Decreto 560 de 2020. <\/p>\n
2.2. Mediante auto del 16 de marzo del 2021, la autoridad accionada requiri\u00f3 al promotor para completar la informaci\u00f3n correspondiente en un plazo de 10 d\u00edas h\u00e1biles1. Requerimiento que, a juicio del promotor, \u00abfue atendido de manera cabal, puntual y completa por el suscrito el d\u00eda 05 de abril de 2021, asign\u00e1ndose el No. de Radicado 2021-01-243009\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 03 de mayo del 2021, en prove\u00eddo 2021-01-265682, la Coordinadora del Grupo de Admisiones rechaz\u00f3 la solicitud comoquiera que \u00abno cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 560 de 2020, para dar inicio a la negociaci\u00f3n de emergencia de un acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
2.4. Inconforme, el apoderado judicial de la demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la mentada providencia3. <\/p>\n
2.5. Sin embargo, el 08 de noviembre del 2021, el Despacho resolvi\u00f3 desestimar el recurso de reposici\u00f3n presentado4. <\/p>\n
2.6. El gestor considera que tal determinaci\u00f3n lesiona sus garant\u00edas fundamentales. En primer lugar, evidenci\u00f3 que en el auto inadmisorio no les fue solicitado el inventario de activos y pasivos debidamente suscrito por el representante legal y contador de Giraldo Ingenier\u00eda S.A.S. Advirti\u00f3 que rechazar \u00abla solicitud de tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de emergencia por esta simple formalidad y en grave detrimento de la actividad financiera y econ\u00f3mica de mi mandante representa una medida desproporciona\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que, en todo caso, el art\u00edculo 37 de la Ley 222 de 1995 \u00fanicamente refiere a los estados financieros y no al inventario de activos y pasivos. <\/p>\n
En lo concerniente a las falencias del proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y de determinaci\u00f3n de derechos de voto, advirti\u00f3 que \u00abno existen incongruencias en la informaci\u00f3n aportada. Desde la presentaci\u00f3n de la solicitud de inicio de tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de emergencia informamos que Giraldo Ingenier\u00eda S.A.S, de acuerdo a su objeto social, se asocia con terceros con el fin de licitar ante entidades del estado\u00bb. Aclar\u00f3 que parte de los pasivos registrados dentro de los estados financieros consolidados con corte a enero de 2021 \u00abcorresponden a pasivos registrados por parte de estas figuras jur\u00eddicas [consorcios y uniones temporales], de acuerdo al porcentaje de participaci\u00f3n que fue informado dentro del listado detallado de activos y pasivos. Por esta raz\u00f3n, dentro del \u201cPROYECTO DE CALIFICACI\u00d3N Y GRADUACI\u00d3N DE CR\u00c9DITOS\u201d y del \u201cPROYECTO DE DETERMINACI\u00d3N DE DERECHOS DE VOTO\u201d NO est\u00e1 incluido el pasivo de los consorcios y\/o uniones temporales, toda vez que estos no recaen directamente en cabeza de Giraldo Ingenieria S.A.S. como tal, y no tienen peligro inminente de pago con sus acreedores\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que tal informaci\u00f3n fue debidamente allegada al Despacho, y la cual se ve reflejada en el Inventario de Activos y Pasivos. No obstante, \u00aba pesar de haber explicado lo pertinente, el juez de conocimiento, contrariando la normatividad, pretend\u00eda que se incluyeran en el proceso de reorganizaci\u00f3n la totalidad de las deudas comprendidas en los Estados Financieros consolidados, aun cuando varias de ellas no est\u00e1n en cabeza de Giraldo Ingenieria S.A.S., dado que estas en realidad pertenecen a los dem\u00e1s consorciados\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se revoque \u00abel auto No. 2021-01-265682 de fecha 03 de mayo de 2021, proferido por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES \u2013 COORDINACI\u00d3N GRUPO DE ADMISIONES dentro de la Solicitud de Inicio de Tr\u00e1mite de Negociaci\u00f3n de Emergencia No. 111152, por medio del cual fue rechazada, para que en su lugar se d\u00e9 inicio al tr\u00e1mite respectivo, seg\u00fan las voces del Decreto 560 de 2020\u00bb, as\u00ed como aquel que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n del 08 de noviembre del 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor \u00abpues ha seguido el procedimiento dispuesto en el Decreto 560 de 2020, la Ley 1116 de 2006 y dem\u00e1s normas que lo modifican o adicionan\u00bb. As\u00ed mismo, a\u00f1adi\u00f3 que la \u00abdecisi\u00f3n adoptada es razonable, por estar basada en una interpretaci\u00f3n completa y sistem\u00e1tica del ordenamiento jur\u00eddico, y las conclusiones a las que arrib\u00f3 la autoridad jurisdiccional no vulneraron las garant\u00edas de orden constitucional invocadas por el extremo actor\u00bb. <\/p>\n
Respecto al estado de inventarios de activos y pasivos con corte a 31 de enero del 2021, evidenci\u00f3 que \u00abel mismo no est\u00e1 debidamente certificado, dado que no cuenta con la firma del representante legal ni del contador de la sociedad. Por lo anterior no cumple con el requisito establecido en el art\u00edculo 13 numeral 3 la Ley 1116 de 2006, en el cual se advierte que: \u201cUn estado de inventario de activos y pasivos con corte a la misma fecha indicada en el numeral anterior, debidamente certificado, suscrito por contador p\u00fablico o revisor fiscal, seg\u00fan sea el caso\u00bb. Aunado a ello, advirti\u00f3 que tal requisito s\u00ed fue solicitado en el auto del 16 de marzo del a\u00f1o anterior. <\/p>\n
A su turno, en lo que toca con el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y de determinaci\u00f3n de derechos de voto, manifest\u00f3 que \u00abel proyecto presentado no se prepar\u00f3 en los t\u00e9rminos previstos en el T\u00edtulo XL del Libro Cuarto del C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas legales que lo modifican y adicionan. As\u00ed mismo en el proyecto de determinaci\u00f3n de los derechos de voto no se tuvo en cuenta los art\u00edculos 24, 25 y 31 de la Ley 1116 de 2006, tal y como se mencion\u00f3 en el auto de rechazo\u00bb. Asever\u00f3 que tal situaci\u00f3n no tiene relaci\u00f3n con lo esbozado por el recurrente, \u00abpor cuanto en la solicitud No. 111152 presentada a trav\u00e9s de MI, se certific\u00f3 que la negociaci\u00f3n de emergencia del acuerdo de reorganizaci\u00f3n se adelantar\u00eda con todos los acreedores, pero en el proyecto presentado solo se mencion\u00f3 a los acreedores de quinta clase. Es decir, el Despacho no est\u00e1 confundiendo la figura de licitar con terceros ante entidades p\u00fablicas como pretende hacerlo ver el deudor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil de Decisi\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo. <\/p>\n
Para el efecto, al revisar la providencia cuestionada, afirm\u00f3 que \u00abla misma no es producto del capricho o la arbitrariedad del operador judicial, como tampoco lo es de una valoraci\u00f3n irrazonable de las normas, la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica presentada o las pruebas obrantes en el plenario\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abse observa que el juez concursal tom\u00f3 su decisi\u00f3n, de la interpretaci\u00f3n de las normas (autonom\u00eda judicial) y de la documental aportada por el interesado, que no luce arbitraria ni manifiestamente contraria a los postulados constitucionales, ello teniendo en cuenta, que el operador judicial sustent\u00f3 razonablemente la postura por la cual consideraba que no se satisfac\u00eda la totalidad de los requisitos para dar inicio a la solicitud de negociaci\u00f3n de emergencia\u00bb. <\/p>\n
En efecto, para el Despacho, contrario a lo sostenido por el accionante, \u00abel sustento para la exigencia del certificado del estado de inventario de activos y pasivos con la firma del representante legal y el contador de la sociedad encuentra fundamento en el art\u00edculo 13 numeral 3 de la Ley 1116 de 2006, tal y como qued\u00f3 consignado en el prove\u00eddo inadmisorio y cuyo cumplimiento no se acredit\u00f3 por parte del interesado, y solo vino a presentarse con el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto de rechazo de la solicitud, luego no se configura una decisi\u00f3n contradictoria ni mucho menos que configure un exceso ritual manifiesto, pues la determinaci\u00f3n tiene correspondencia con la falta de cumplimiento del requisito dentro de los t\u00e9rminos de ley\u00bb. <\/p>\n
A su turno, la conclusi\u00f3n \u00abrespecto del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y de determinaci\u00f3n de derechos de voto, pues la misma tiene sustento en lo normado por el C\u00f3digo Civil y los art\u00edculos 24, 25 y 31 de la Ley 1116 de 2006, a m\u00e1s que la solicitud de inicio de negociaci\u00f3n de emergencia se mencion\u00f3 que se adelantar\u00eda con todos los acreedores, lo cual implica todos los pasivos que tenga el concursado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien insisti\u00f3 en sus argumentos iniciales. Se\u00f1al\u00f3 que el hecho irremediable s\u00ed est\u00e1 acreditado pues \u00abdentro de la solicitud se soporta de manera suficiente la imposibilidad de pagar las deudas, motivo por el cual, de no acogernos al Tr\u00e1mite de Negociaci\u00f3n de Emergencia, la empresa no tendr\u00eda ninguna viabilidad econ\u00f3mica, llevando a su inminente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. Esto se traduce, sin duda, en un perjuicio irremediable que el juez constitucional de primera instancia desconoci\u00f3 por completo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor pretende que sean amparados sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, los cuales considera que le fueron vulnerados por la Superintendencia de Sociedades en el auto proferido el 08 de noviembre del 2021, mediante el cual se confirm\u00f3 el dictado el 03 de mayo anterior, y que rechaz\u00f3 la solicitud de negociaci\u00f3n de emergencia. <\/p>\n
2.- Revisada la providencia objeto de controversia, se considera que el auto rebatido no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era improcedente llevar a cabo la solicitud de inicio de tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de emergencia. <\/p>\n
Para ello, la Superintendencia de Sociedades se basa en dos argumentos principales para el rechazo, los cuales vienen con un soporte normativo que justifican el sentido del auto. La entidad accionada indic\u00f3 que \u00abno se encuentran acreditados todos los requisitos previstos en la ley 1116 de 2006 para proferir la providencia de apertura del proceso reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Su primer argumento se fundament\u00f3 en que la sociedad accionante no present\u00f3 debidamente el certificado el estado de inventario de activos y pasivos con corte a 31 de enero de 2021. Ciertamente, a juicio de la autoridad jurisdiccional, dicho documento \u00abno cuenta con la firma del representante legal ni del contador de la sociedad. Por lo anterior no cumple con el requisito establecido en el art\u00edculo 13 numeral 3 la Ley 1116 de 2006, en el cual se advierte que: \u201cUn estado de inventario de activos y pasivos con corte a la misma fecha indicada en el numeral anterior, debidamente certificado, suscrito por contador p\u00fablico o revisor fiscal, seg\u00fan sea el caso\u201d\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en lo pertinente al proyecto de clasificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y de determinaci\u00f3n de derechos de votos, sentenci\u00f3 que \u00abno se prepar\u00f3 en los t\u00e9rminos previstos en el T\u00edtulo XL del Libro Cuarto del C\u00f3digo Civil y dem\u00e1s normas legales que lo modifiquen y adicionen. As\u00ed mismo en el proyecto de determinaci\u00f3n de los derechos de voto no se tuvo en cuenta los art\u00edculos 24, 25 y 31 de la Ley 1116 de 2006, tal y como se mencion\u00f3 en el auto de rechazo\u00bb. En relaci\u00f3n con este \u00faltimo aspecto, la Superintendencia aclar\u00f3 que tal circunstancia \u00abno tiene relaci\u00f3n con lo esbozado por el recurrente, por cuanto en la solicitud No. 111152 presentada a trav\u00e9s de MI, se certific\u00f3 que la negociaci\u00f3n de emergencia del acuerdo de reorganizaci\u00f3n se adelantar\u00eda con todos los acreedores, pero en el proyecto presentado solo se mencion\u00f3 a los acreedores de quinta clase\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, expres\u00f3 que \u00abes preciso se\u00f1alar que la contabilidad del deudor es el insumo principal en un proceso de insolvencia. Por ende, la informaci\u00f3n que proporcione deber\u00e1 ser oportuna, transparente, completa y en beneficio de los interesados en el proceso de reorganizaci\u00f3n. Esto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios rectores del r\u00e9gimen de insolvencia, tales como universalidad, igualdad, eficiencia, informaci\u00f3n y negociabilidad\u00bb. <\/p>\n
3.- De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable y juiciosa de las probanzas, la normativa y jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
Por el contrario, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el colegiado accionado y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
4.- Bajo tales consideraciones, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5.- En ese orden de ideas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado que neg\u00f3 el amparo por las razones anteriormente esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 PDF \u00ab2021-01-082283\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00ab2021-01-265682\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina de la 88 a la 126 del documento \u00abD110012203000202102765010Al despacho2021121311453.pdf\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 PDF \u00ab2021-01-658503\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2266-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2266-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02765-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61916\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}