STC2269-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2269-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00940-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 25 de mayo de 2021, que neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Francisco Garc\u00e9s S\u00e1nchez y Gladys C\u00e1rdenas Arenas, contra el Juzgado 53 Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2015-01097-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas en el marco del proceso referido. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El Juzgado 53 Penal del Circuito, con prove\u00eddo del 10 de octubre de 2018, conden\u00f3 a los promotores a una pena de 75 meses de prisi\u00f3n, tras hallarlos responsables de los delitos de estafa agravada y falsedad en documento privado. El Tribunal atacado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, mediante providencia del 10 de junio de 2019 redujo a 60 meses la pena impuesta. <\/p>\n
2.2. Los actores manifestaron que antes de que se profirieran dichas determinaciones, el Juzgado 78 Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1 D.C. los declar\u00f3 en contumacia. Posteriormente, la Fiscal\u00eda procedi\u00f3 a formularles imputaci\u00f3n por los delitos mencionados. <\/p>\n
2.3. Indicaron que en el transcurso del proceso no recibieron ninguna citaci\u00f3n o notificaci\u00f3n por parte del Juzgado, por ello, no pudieron asistir a las audiencias, toda vez que \u00abnunca fuimos enterados del procesamiento penal ante el funcionario de conocimiento y solo mucho tiempo despu\u00e9s supimos que varios despachos judiciales adelantaron el juzgamiento\u00bb. <\/p>\n
2.4. Mencionaron que en la etapa preliminar, en \u00abdiligencia de interrogatorio a indiciado\u00bb que se llev\u00f3 a cabo el 14 de octubre de 2010 en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, comparecieron en compa\u00f1\u00eda de su apoderada y en la misma dejaron consignados sus datos de personales. <\/p>\n
2.5. Resaltaron que desde la imputaci\u00f3n, su defensa estuvo a cargo de los abogados de la defensor\u00eda p\u00fablica con quienes nunca tuvieron contacto. Por lo que \u00absolo hacia el mes de enero del a\u00f1o 2020\u00bb se enteraron de las condenas impuestas en su contra. <\/p>\n
3. Pidieron, en s\u00edntesis, que se \u00abordene de inmediato declarar la NULIDAD de la actuaci\u00f3n procesal adelantada en contra de los suscritos\u2026 por el delito de ESTAFA AGRAVADA\u2026 a partir de la declaratoria de contumacia decretada a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda por el Juzgado 78 Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1, de fecha marzo 27 de 2014, inclusive\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e12, respecto a lo alegado por los quejosos en el presente amparo, inform\u00f3 que para la audiencia de lectura de la sentencia envi\u00f3 la comunicaci\u00f3n a Javier Francisco Garc\u00e9s S\u00e1nchez a la calle 90 No. 12\u201345, mientras que a Gladys C\u00e1rdenas se la remiti\u00f3 a la Carrera 50 No. 12 \u2013 45, oficios que seg\u00fan certificado de entrega de la empresa 472, fueron devueltos a la Secretar\u00eda de la Sala el 28 de junio de 2019. <\/p>\n
Sostuvo que la obligaci\u00f3n de estar pendiente del proceso es de los accionantes, por lo que \u00abno resulta v\u00e1lido afirmar ahora vulneraci\u00f3n alguna de derechos cuando sus defensores ejercieron su defensa t\u00e9cnica, garantiz\u00e1ndose con ello el desarrollo del proceso dentro del marco legal\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 27 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e13, destac\u00f3 que no es competente para pronunciarse sobre las pretensiones perseguidas por los quejosos. No obstante, indic\u00f3 que los mismos tienen \u00f3rdenes de captura vigentes que a la fecha no se han materializado. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 130 seccional de Bogot\u00e14 memor\u00f3 sus actuaciones y, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Juzgado 78 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas refiri\u00f3 que no cuenta con los elementos necesarios que le permitan realizar pronunciamientos. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 123 Judicial II Penal, se\u00f1al\u00f3 que los accionantes siempre estuvieron representados por un defensor que ejerci\u00f3 en debida forma su mandato. <\/p>\n
6. La defensora publica5, afirm\u00f3 que \u00abEl Juzgado 78 Penal Municipal de garant\u00edas declar\u00f3 en contumacia a la se\u00f1ora GLADYS CARDENAS ARENAS el d\u00eda 24 de marzo de 2014 al considerar su renuencia a la comparecencia de la audiencia de imputaci\u00f3n. La defensa t\u00e9cnica se ejerci\u00f3 en la etapa de juzgamiento conforme a los par\u00e1metros establecidos en la ley\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, neg\u00f3 por improcedente el amparo. Para ello, consider\u00f3 que carece del presupuesto de inmediatez. Igualmente expres\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n censurada no puede calificarse como violatoria del derecho a la defensa con sustento exclusivo en la inconformidad de los actores en los resultados obtenidos y, en ese orden, no es factible atribuirles a estos, ni a las autoridades involucradas en el proceso ordinario, ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n conculcatoria de aquella garant\u00eda, pues resulta claro que en todo momento les fue respetada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los promotores insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, en el desarrollo del proceso penal de radicado 2015-01097-00. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
De acuerdo con las probanzas obrantes en el expediente, la Sala concluye la improcedencia del ruego invocado, por cuanto no se atiende el requisito de inmediatez, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profirieron las determinaciones recriminadas -el 10 de octubre de 2018 y 10 de junio de 2019- mediante las cuales se conden\u00f3 a los actores6, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -el 10 de mayo de 2021-. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido las decisiones objeto de reproche. <\/p>\n
Lo anterior resulta relevante, porque pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. Por tanto, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de los peticionarios. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio aludido. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-26. Anexo ACCI\u00d3N DE TUTELA (JAVIER FRANCISCO GARC\u00c9S S\u00c1NCHEZ y GLADYS C\u00c1RDENAS ARENAS) (2).pdf. Carpeta 1 116762REPARTO <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3 Anexo RTATRIBUNAL.pdf. Carpeta 2 116762AVOCA <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-2. Anexo RTAJUZGADO27.pdf. Carpeta 2 116762AVOCA <\/p>\n
4\u0002 Folio 1. Anexo RTAFISCALIA.pdf. Carpeta 2 116762AVOCA <\/p>\n
6\u0002 Enterados de las mismas en el mes de enero de 2020. <\/p>\n
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