STC2277-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2277-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02361-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que deneg\u00f3 el amparo reclamado en nombre de The Epica House S.A.S. contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Fabio Hern\u00e1n Quiroz Sossa, quien dijo actuar como representante legal de The Epica House S.A.S., demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad, trabajo y m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados en el proceso de extinci\u00f3n de dominio y control de legalidad de radicado 08001312000120190006300. <\/p>\n
2. De las pruebas aportadas al plenario se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Luego de que la Fiscal\u00eda Veintiuno Delegada de la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 solicitara \u00abla asignaci\u00f3n para adelantar tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio a unos hostales en la ciudad de Cartagena, toda vez que son destinados para el turismo sexual\u00bb, el 30 de noviembre de 20181 impuso la medida cautelar de \u00abEMBARGO Y SECUESTRO a TODOS los bienes objeto de este tr\u00e1mite (\u2026) Para los establecimientos de comercio y la sociedad THE EPICA HOUSE S.A.S., ADICIONALMENTE SE IMPONE LA MEDIDA CAUTELAR DE TOMA DE POSESI\u00d3N DE BIENES Y HABERES DE LOS MISMOS\u00bb. <\/p>\n
2.2. La diligencia de secuestro se adelant\u00f3 el 6 de diciembre de 20182. <\/p>\n
2.3. El apoderado judicial de The Epica House S.A.S. solicit\u00f3 someter a control de legalidad formal y material dichas medidas cautelares, para que el juzgado competente declarara su ilegalidad y, en consecuencia, su levantamiento. <\/p>\n
2.4. De esa solicitud conoci\u00f3 en primera instancia el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Barranquilla, el cual, por auto del 6 de diciembre de 2019, declar\u00f3 la legalidad de las medidas3. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho del Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 26 de abril de 20214. <\/p>\n
3. El accionante sostuvo que en las providencias que decidieron la solicitud de control de legalidad sobre la sociedad The Epica House S.A.S. y su establecimiento de comercio se incurri\u00f3 \u00aben defecto material o sustantivo, error f\u00e1ctico y falta de motivaci\u00f3n\u00bb, dado que \u00ablos elementos materiales de prueba que sustentan la resoluci\u00f3n de imposici\u00f3n de las medidas cautelares, no tienen la capacidad de dar cuenta del uso de los bienes para los punibles de est\u00edmulo a la prostituci\u00f3n (\u2026) y demanda de explotaci\u00f3n sexual de menores (\u2026) hechos il\u00edcitos que sustentan la causal de extinci\u00f3n de dominio invocada\u00bb; adem\u00e1s, \u00ablos hechos que sustentan la declaraci\u00f3n de legalidad de las medidas cautelares impuestas, no son los mismos hechos objeto de la resoluci\u00f3n de imposici\u00f3n de medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en el presente caso, determinar la probabilidad de configuraci\u00f3n de la causal quinta de extinci\u00f3n de dominio implicaba analizar si la prueba allegada daba cuenta, en grado de probabilidad, de los elementos objetivos de la tipicidad, pues no existe evidencia \u00abque acredite que por lo menos un menor de edad (\u2026) hubiese sido v\u00edctima de conductas tipificadas en el cap\u00edtulo Cuarto del IV del c\u00f3digo penal, en las que tuviese relaci\u00f3n, participaci\u00f3n o conocimiento la sociedad The \u00c9pica House S.A.S. o el establecimiento de comercio The \u00c9pica House\u00bb, o que demuestre que a ese establecimiento entraron menores de edad, para tener relaciones sexuales a cambio de dinero. <\/p>\n
4. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abDeclarar la nulidad de los Fallos control de legalidad de las medidas cautelares emitidos el 06 de diciembre de 2019 (\u2026) y el Fallo de segunda instancia (\u2026) aprobado mediante acta 024 del 26 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la providencia acusada \u00abconsult\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares que decret\u00f3 la Fiscal\u00eda Delegada sobre la mencionada sociedad y su establecimiento de comercio, respetando el debido proceso que desarrolla los principios del Estado Social y constitucional de Derecho\u00bb y agreg\u00f3 que se pretende usar la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia. <\/p>\n
2. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Barranquilla indic\u00f3 que el ruego constitucional no cumpl\u00eda con el principio de inmediatez y que, en el auto controvertido, se valor\u00f3 el material probatorio existente al momento de imponer la medida \u00abya que no debe olvidarse que en temas de control de legalidad, no es dable realizar un estudio de fondo respecto de la configuraci\u00f3n de las causales endilgadas por el ente acusador, sino aspectos muy puntuales que deben acreditarse para la imposici\u00f3n de las medidas de cautela\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Veintiuno Delegada de la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de Bogot\u00e1 dijo que orden\u00f3 las medidas cautelares controvertidas, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 88 de la Ley 1708 de 2014, modificada por la 1849 de 2017, por lo que el bien fue dejado a disposici\u00f3n de la Sociedad de Activos Especiales, \u00abtoda vez que debe continuar realizando su actividad econ\u00f3mica y a su vez debe ser entregado al Depositario Provisional\u00bb. <\/p>\n
4. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. se\u00f1al\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, esa entidad \u00abcumple un rol de mero administrador\u00bb, lo que deviene en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, tras considerar que los accionados explicaron, \u00abcon suficiencia\u00bb, que exist\u00edan elementos \u00abpara establecer que los bienes hab\u00edan sido utilizados para la comisi\u00f3n de actividades il\u00edcitas relacionadas con los delitos tipificados en los art\u00edculos 217 y 217 A del C\u00f3digo Penal\u00bb, al tiempo que concluy\u00f3 que, \u00abComoquiera que la parte accionante insiste en los reclamos que en su momento presentaron en la solicitud de control de legalidad y en el recurso de apelaci\u00f3n, se evidencia que el sustento de la presente acci\u00f3n de tutela es la diferencia de criterios con el de las autoridades judiciales accionadas\u00bb, discrepancia que no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 Fabio Hern\u00e1n Quiroz Sosa, quien argument\u00f3 que \u00abla declaraci\u00f3n de legalidad de las medidas se realiza por hechos completamente diversos a los contenidos en la resoluci\u00f3n de imposici\u00f3n de medidas cautelares (falta de congruencia) (\u2026)\u00bb, pues las conductas prohibidas por el art\u00edculo 219 de la Ley 599 de 2000 son diferentes a las que prev\u00e9n los art\u00edculos 217 y 217 del C.P., y la narraci\u00f3n f\u00e1ctica efectuada por la Fiscal\u00eda no contempla los supuestos de hecho del art\u00edculo 219. Destac\u00f3 que el fallo de primera instancia no explic\u00f3 por qu\u00e9 no existieron los errores o defectos por \u00e9l aducidos en la demanda de tutela. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados a favor de The Epica House S.A.S., que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las providencias emitidas el 6 de diciembre de 2019 y el 26 de abril de 2021, a trav\u00e9s de las cuales los accionados avalaron la legalidad de las medidas cautelares decretadas por la Fiscal\u00eda 21 Especializada Delegada de la Unidad Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 en contra de aquella sociedad y su establecimiento de comercio, pues, en su opini\u00f3n, no se valoraron adecuadamente los hechos ni el material probatorio, a lo cual se sum\u00f3 que tales providencias eran incongruentes. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala advierte que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, tal como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
2.1. En efecto, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa para promover acciones de tutela, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa…\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
2.2. Por su parte, la Corte Constitucional tiene decantado que las personas jur\u00eddicas tambi\u00e9n son titulares de algunos derechos fundamentales, los cuales pueden ser desconocidos por las autoridades o por particulares, lo que hace viable el escenario de la tutela para la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas, en forma independiente de quienes la integran y en su representaci\u00f3n. En esos t\u00e9rminos, en la sentencia SU 439 de 2017 clarific\u00f3 las pautas a seguir para la identificaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la persona jur\u00eddica en la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed: <\/p>\n
(ii) La solicitud de amparo por parte de las personas jur\u00eddicas debe hacerse, prima facie, por medio de sus representantes legales. Tambi\u00e9n se permitir\u00eda que se actuara a trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial, y, extraordinariamente, en virtud de una agencia oficiosa\u2026 <\/p>\n
(iv) La persona jur\u00eddica est\u00e1 en capacidad de velar por la protecci\u00f3n de sus propios derechos, es decir, se descarta que sus socios act\u00faen para la salvaguarda de sus intereses\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3. Aplicadas las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la improcedencia de la salvaguarda, por falta de legitimaci\u00f3n del se\u00f1or Fabio Hern\u00e1n Quiroz Sosa, en tanto no aport\u00f3 con la tutela el certificado vigente de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar. <\/p>\n
Al respecto, en asuntos con algunos contornos similares al ac\u00e1 debatido, la Sala ha establecido la inviabilidad de la acci\u00f3n constitucional: <\/p>\n
\u00ab\u2026por la falta de legitimaci\u00f3n del abogado (\u2026), al no haber aportado el certificado vigente de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar, para acreditar que la persona que otorg\u00f3 el poder estaba facultada para tal efecto\u2026 <\/p>\n
\u2018\u2026no obra en el plenario prueba de la existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica de que trata el presente asunto, ni tampoco se pueden verificar las facultades y limitaciones de la persona que otorga el poder especial, por cuanto la autorizaci\u00f3n dada mediante la escritrua p\u00fablica referida no fue allegada con la tutela, lo cual evidencia una falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2026 <\/p>\n
Respecto de la necesidad de probar la existencia y representacion de las personas jur\u00eddicas para el otorgamiento de poderes, la Corte Constitucional ha expresado: <\/p>\n
\u2018es razonable exigir prueba de que quien otorga el poder al nuevo abogado es quien la persona jur\u00eddica invisti\u00f3 de poder general para representar sus inereses. Por tanto el certificado legal que inicialmente se aport\u00f3 al proceso pierde validez para probar que quien dice ser representante legal, realmente lo es\u2026\u2019 (Sentencia T-328-02)\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que no se vislumbra constancia de la representaci\u00f3n del accionante respecto de la empresa titular de los derechos que se reclaman, es inviable estudiar de fondo el ruego impetrado\u2019 (CST STC2039-2021, expediente 2020-00525-01)\u00bb (STC13279-2021, expediente 2021-03483-00) (Se destaca). <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares, recientemente, esta Sala consider\u00f3 improcedente la petici\u00f3n de amparo, pues \u00ablos certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de estas sociedades adjuntados datan del 2017, lo cual impide tener certeza de que quienes otorgaron los poderes en representaci\u00f3n de estas empresas est\u00e9n facultados para ello\u00bb (STC797-2022, expediente 2022-00003-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente asunto, como se indic\u00f3, el tutelante no aport\u00f3 un certificado actual que acredite la condici\u00f3n en la que concurri\u00f3 a esta instancia, para defender los derechos de la sociedad The Epica House. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala confirmar\u00e1 la sentencia atacada, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, pero por las razones referidas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 287 del documento \u00abCUADERNO FISCAL\u00cdA No. 2 2018-00041(1).pdf\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 559 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Documento \u00abfallo de primera instancia.pdf\u00bb de la carpeta \u00ab1 120629REPARTO\u00bb del expediente de tutela. <\/p>\n
4\u0002 Notificada por estado electr\u00f3nico del 11 de mayo de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
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