STC2280-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2280-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de octubre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Antonio Ram\u00f3n, Milena Jannet, Carmenza Luc\u00eda y Enrique Eduardo \u00c1vila Chassaigne, Dilia Beatriz Chassaigne de \u00c1vila y Martha Soraya Carvajalino Barros contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Especializado de Extinci\u00f3n de Domino de Bogot\u00e1 y a la Fiscal\u00eda Veintiuno Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de la misma ciudad. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, mediante apoderado, demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad y dignidad humana, entre otros, presuntamente conculcados en el proceso de extinci\u00f3n de dominio y en el control de legalidad adelantado bajo el radicado 2017-00446. <\/p>\n
2. De las intervenciones y pruebas aportadas al plenario se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 22 de julio de 2019, la Fiscal\u00eda Veintiuno adscrita a la Direcci\u00f3n de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 present\u00f3 una demanda de extinci\u00f3n del derecho de dominio contra los accionantes y Jorge Eduardo P\u00e9rez Bernier, invocando las causales 1, 5, 9 y 11 del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014. En la misma fecha decidi\u00f3 \u00abimponer medida cautelar de SUSPENSI\u00d3N DEL PODER DISPOSITIVO, EMBARGO, SECUESTRO, as\u00ed como la TOMA DE POSESI\u00d3N DE BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O UNIDADES DE EXPLOTACI\u00d3N ECON\u00d3MICA, de los bienes descritos e identificados en el cuerpo de esta orden\u00bb. <\/p>\n
2.2. Los accionantes solicitaron un control de legalidad sobre las medidas cautelares referidas, petici\u00f3n que fue negada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, por auto del 8 de julio de 2020, en el que resolvi\u00f3 declarar su legalidad. <\/p>\n
2.3. Apelada esa decisi\u00f3n, la Sala de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho del Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3 el 30 de junio de 2021. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo anterior, los tutelantes sostuvieron que, para el decreto de las medidas controvertidas, no se analiz\u00f3 su necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y finalidad, al tiempo que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y defecto sustantivo, pues se estableci\u00f3, sin respaldo probatorio, que los bienes sobre los que recayeron tales medidas fueron adquiridos a trav\u00e9s de actividades il\u00edcitas. Afirmaron que el proceso de extinci\u00f3n se inici\u00f3 en el 2016 y \u00ablas sociedades respecto de las cuales fueron adoptadas algunas de las medidas cautelares tienen existencia anterior en el tiempo, como sucede con \u00c1vila Ltda. creada en 1985 que se transform\u00f3 en \u00c1vila S.A.S. en 2015, la sociedad Internacional Hotel Alliance S.A.S. fue inscrita en el registro mercantil con matr\u00edcula que data del a\u00f1o 2012 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Alegaron la ausencia de da\u00f1o patrimonial contra el Estado, pues, con ocasi\u00f3n de las presuntas irregularidades ocurridas \u00aben la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del contrato 770 de 27 de noviembre de 2009 celebrado entre la Gobernaci\u00f3n de la Guajira y la Uni\u00f3n Temporal del Norte, cuyo objeto fue la ejecuci\u00f3n del plan de Infraestructura Educativa Departamental, Estudios T\u00e9cnicos, Dise\u00f1os, Construcciones y Mejoramientos de las Instituciones Educativas de la Guajira\u00bb, la Contralor\u00eda General de la Naci\u00f3n, por auto 00071 de 30 de enero de 2013, estableci\u00f3 que no proced\u00eda la imputaci\u00f3n de responsabilidad fiscal y archiv\u00f3 las diligencias. La misma suerte corri\u00f3 la investigaci\u00f3n por presuntos sobrecostos en la ejecuci\u00f3n de ese contrato, decisiones que fueron confirmadas, en grado de consulta, por el Contralor General de la Rep\u00fablica, con antelaci\u00f3n al decreto de las medidas cautelares acusadas, y que no fueron tenidas en cuenta en el control de legalidad ejercido sobre ellas. <\/p>\n
A\u00f1adieron que, en respaldo de las medidas, se invocaron las causales 1, 5, 9 y 11 del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014, sin fundamento probatorio para acreditar el v\u00ednculo probable con esas causales, como lo establece el art\u00edculo 88 de la misma ley, dado que no se concretaron o determinaron qu\u00e9 bienes ten\u00edan origen l\u00edcito, cu\u00e1l origen il\u00edcito y cu\u00e1les fueron \u00abmezclados material o jur\u00eddicamente, para ocultar los de il\u00edcita procedencia\u00bb; tampoco se determin\u00f3 su valor para efectos de la causal 11. <\/p>\n
A su vez, precisaron que las medidas impuestas los perjudicaron, porque fueron expuestos \u00abcomo personas que no desarrollan sus actividades en forma honesta y con cumplimiento de la ley\u00bb. <\/p>\n
4. Instaron, conforme a lo relatado, \u00abDEJAR SIN EFECTO las medidas cautelares decretadas (\u2026) mediante Resoluci\u00f3n de 22 de julio de 2019\u00bb y los autos que declararon y confirmaron su legalidad. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que en la providencia atacada \u00abse abordaron todos y cada uno de los aspectos planteados por el apelante\u00bb, de modo que no se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 dijo que aval\u00f3 las medidas, porque \u00aberan necesarias, razonables [y] proporcionadas a fin de evitar la negociaci\u00f3n, extrav\u00edo, deterioro o destrucci\u00f3n de los bienes afectados, con sustento en las pruebas aportadas al proceso\u00bb. Sostuvo que el control de legalidad no es el escenario para demostrar que los bienes afectados no son de procedencia il\u00edcita, pues dicha circunstancia debe ser debatida en el juicio de extinci\u00f3n de dominio, que \u00abse adelanta ante el Juzgado Segundo de esta especialidad\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Veintiuno adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n de extinci\u00f3n \u00abes distinta y aut\u00f3noma de la penal; as\u00ed como de cualquiera otra, e independiente de toda declaratoria de responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
4. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. se\u00f1al\u00f3 que, en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, esa entidad \u00abcumple un rol de mero administrador\u00bb, por lo que no tiene legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, pues el auto controvertido \u00abcontiene una argumentaci\u00f3n razonable y suficiente, que soporta de manera adecuada la decisi\u00f3n de confirmar la declaratoria de legalidad de las medidas provisionales aludidas\u00bb. Consider\u00f3 que \u00abla censura formulada en el escrito de tutela no indica m\u00e1s que un simple desacuerdo con respecto a las consideraciones vertidas en la providencia atacada\u00bb, discrepancia que no habilita la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los gestores, quienes reiteraron los argumentos del escrito inicial y aseguraron que no existe \u00abfundamento para concluir que se produjo el supuesto enriquecimiento il\u00edcito \u2018por un valor superior a los 90.000.000 millones de pesos\u2019, con ocasi\u00f3n de haberse celebrado el contrato estatal ya mencionado\u00bb, dado que ese fue el valor inicial del contrato y, teniendo en cuenta que fue ejecutado \u00edntegramente, \u00abel valor del mismo no puede confundirse jam\u00e1s con un enriquecimiento il\u00edcito\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que no era cierto que todos los bienes de la familia \u00c1vila Chassaigne hubieran sido adquiridos con posterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato 770 de 2009 y que, si bien el control de legalidad de las medidas no es la oportunidad procesal para desvirtuar los elementos materiales probatorios, no es posible pasar por alto la ausencia de prueba de los elementos exigidos para decretar las medidas cautelares. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los tutelantes pretenden el amparo de los derechos fundamentales invocados, que estiman vulnerados con ocasi\u00f3n del auto emitido el 30 de junio de 2021 por el Tribunal accionado, que confirm\u00f3 el del 8 de julio de 2020, mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de Bogot\u00e1 declar\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares que decret\u00f3 la Fiscal\u00eda Veintiuno Delegada el 22 de julio de 2019, en raz\u00f3n a que la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 sin fundamento probatorio para acreditar el v\u00ednculo probable con las causales de extinci\u00f3n de dominio invocadas. <\/p>\n
2. Teniendo en cuenta que el asunto puesto a consideraci\u00f3n de la Sala se zanj\u00f3 definitivamente mediante auto del 30 de junio de 2021, proferido por la Sala de Decisi\u00f3n Penal de Extinci\u00f3n del Derecho del Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, ser\u00e1 esta la providencia sobre la cual se realice el respectivo an\u00e1lisis. <\/p>\n
En la citada decisi\u00f3n, el Tribunal hizo un recuento de los presupuestos f\u00e1cticos que dieron origen al asunto, refiriendo que \u00abla Gobernaci\u00f3n de La Guajira concedi\u00f3 a la uni\u00f3n temporal -en adelante U.N.- conformada por H & H Arquitectura S.A.S. (40%) y \u00c1vila Ltda. -hoy \u00c1vila S.A.S.- (60%), de la cual era representante legal Carmenza Luc\u00eda \u00c1vila Chassaigne, el contrato 770 del 27 de noviembre de 2009, cuyo prop\u00f3sito consisti\u00f3 en la \u2018ejecuci\u00f3n del plan de infraestructura educativa departamental (\u2026)\u2019\u00bb, al tiempo que destac\u00f3 que el pliego de condiciones \u00abfue publicado antes de recibir las observaciones de los oferentes, cuyas propuestas, excepto la de los aqu\u00ed implicados, fueron extraviadas\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, el Tribunal cit\u00f3 que, en la etapa de selecci\u00f3n, las mencionadas empresas \u00abacreditaron su experiencia con documentos que, en algunos casos refer\u00edan a convenios objeto de investigaci\u00f3n disciplinaria, y en otros, no pudo ser verificada la informaci\u00f3n entregada\u00bb, a lo cual se sum\u00f3 que H & H Arquitectura S.A.S., en 2011, \u00abentr\u00f3 en tr\u00e1mite de insolvencia, por tanto, cedi\u00f3 su participaci\u00f3n en el contrato a Equipluss S.A.S., sin la autorizaci\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u00bb. Indic\u00f3 que se aprobaron m\u00e1s de siete modificaciones y adiciones sobre el \u00abprop\u00f3sito contractual (\u2026) restablecimiento del equilibro de la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica, aumento del plazo, y el pago de $24.090\u2019012.853 adicionales -con cargo a acuerdos interadministrativos y las regal\u00edas de carb\u00f3n y gas que recibe la regi\u00f3n-\u00bb. Y se\u00f1al\u00f3 que el proyecto se ejecut\u00f3 \u00aben 38 meses, por 25 empresas subcontratadas, a cambio de un precio menor al pactado en la licitaci\u00f3n. 10 de ellas no recibieron la remuneraci\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Luego de retomar las actuaciones surtidas en relaci\u00f3n con el control de legalidad sobre las medidas cautelares decretadas por la Fiscal\u00eda el 22 de julio de 2019, el Tribunal demandado, invocando el art\u00edculo 111 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, asegur\u00f3 que la finalidad del control formal y material sobre aqu\u00e9llas no es otra que la de equilibrar los instrumentos de defensa con las atribuciones del ente acusador en la fase inicial, puesto que \u00abla imposici\u00f3n de grav\u00e1menes a las prerrogativas reales debe propender por la tutela judicial efectiva del patrimonio presuntamente derivado de actos criminales o en contra de la moral social, en caso de que se emita sentencia ordenando el despojo, esto es, atender las finalidades de \u2018evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distra\u00eddos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extrav\u00edo o destrucci\u00f3n; o con el prop\u00f3sito de cesar su uso o destinaci\u00f3n il\u00edcita\u2019 -articulo 87-\u00bb y, en tal sentido, sostuvo que correspond\u00eda al solicitante del control de legalidad \u00abdemostrar objetivamente la concurrencia de uno o varios de los eventos que dar\u00edan lugar al levantamiento de las cautelas, taxativamente descritos en el art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, estableci\u00f3 que la queja propuesta radicaba en que \u00abla Fiscal\u00eda grav\u00f3 los derechos patrimoniales de los aqu\u00ed perjudicados, sin (i) la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n que conllevan a la deducci\u00f3n de un probable v\u00ednculo entre los activos gravados y algunas de las circunstancias de extinci\u00f3n aducidas -1, 5, 9 y 11 del art. 16 \u00eddem- y (ii) un an\u00e1lisis de ponderaci\u00f3n de los l\u00edmites a la propiedad\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, aclar\u00f3, en primer lugar, que en materia de extinci\u00f3n del derecho de dominio el sistema legal faculta al ente acusador para disponer la suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre los bienes cuestionados, siempre que existan \u00abelementos de juicio suficientes\u00bb para considerar, en grado de probabilidad, la concurrencia de cualquier causal contemplada en el art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2014 y se verifique si las limitaciones \u00ab(i) persiguen un objetivo legalmente imperioso -razonabilidad-; (ii) son indispensables al no existir alternativa razonable menos limitativa para el derecho real -necesidad-, y (iii) si el beneficio que se busca obtener es superior que el da\u00f1o que causa -proporcionalidad-\u00bb. <\/p>\n
Enseguida trajo a colaci\u00f3n el informe de Polic\u00eda Judicial PEED 9-97802 del 20 de abril de 2017, citado en la decisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, en el que \u00abse solicit(\u00f3) investigar \u2026 los bienes muebles e inmuebles del (sic) Jorge Eduardo P\u00e9rez Bernier, (ex Gobernador de La Guajira), quien fuera acusado [\u2026] por las presuntas conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n, por irregularidades en el Contrato No. 770 de 2009, que ata\u00f1e igualmente, a varios integrantes de la familia \u00c1vila Chassaigne\u00bb, reflexionando al respecto que, \u00abpese a los escasos detalles circunstanciales del modo en que los afectados se apropiaron del peculio p\u00fablico, introduce el contexto en que los medios de convicci\u00f3n acreditan \u2018con buen grado de certeza\u2019, el v\u00ednculo entre su patrimonio y las circunstancias que devienen en su p\u00e9rdida\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que los informes del investigador de campo del 7 y el 19 de octubre de 2016 dieron cuenta de las inspecciones a las obras y analizaron las etapas del tr\u00e1mite de adjudicaci\u00f3n, con lo cual \u00abse ofrece factible la incursi\u00f3n en anticipos y sobrecostos de $727.931.696 por cantidades de obra y $16.443.530.015 por diferencia de precios, no usadas para pagar a \u2018los proveedores\u2019, sino apropiadas en pos de enriquecer el capital de particulares, especialmente la parentela \u00c1vila Chassaigne, pues la discrepancia entre lo cobrado y lo gastado -$90.153.620.019- termin\u00f3 en las arcas de sus empresas que, a la par con Ingen&ar Ltda. -de la cual al parecer es socio Iv\u00e1n Manuel Garrido Vence, esposo de Carmenza \u00c1vila Chassaigne- constituyen, los mayores beneficiarios de estos pagos, $13.120.370.955, $3.583.052.599 y $3.583.052.599 respectivamente\u00bb, circunstancia reforzada con las declaraciones de \u00c1lvaro Jos\u00e9 \u00c1vila Dur\u00e1n y Martha Soraya Carvajalino Barros, quienes aseguraron que algunos proveedores prefer\u00edan la contraprestaci\u00f3n de sus servicios en efectivo, raz\u00f3n por la cual la citada se\u00f1ora, \u00aba modo de \u2018favor\u2019\u00bb, cobr\u00f3 los cheques, \u00abMientras que, Fernando Hugo Garantiva Brugez, gerente de una empresa de construcci\u00f3n subcontratada, en declaraci\u00f3n jurada ante polic\u00eda judicial, se\u00f1al\u00f3 que nunca recibi\u00f3 el pago correspondiente\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal adujo que, con fundamento en las entrevistas rendidas por Javier Jos\u00e9 y Manuel Luis Ballesteros Chassaigne, \u00ab-primos en primer grado de consanguinidad de los hermanos \u00c1vila Chassaigne-, surge probable, como se rese\u00f1\u00f3 en la resoluci\u00f3n de cautelas, que \u2018el poder\u00edo econ\u00f3mico\u2019 de la familia perjudicada haya aumentado a causa del desfalco estatal, por dem\u00e1s, invertido desde 2010 en la adquisici\u00f3n de los predios donde operan los hoteles \u2018Taroa\u2019 y \u2018Gimaura\u2019 y \u2018muchas tierras\u2019 en el Valle del Cauca y La Guajira\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, adem\u00e1s, que el v\u00ednculo entre los activos y los punibles realizados por sus propietarios \u00abse advierte patente en la breve descripci\u00f3n de los elementos suasorios recaudados\u00bb, en conjunto con la gr\u00e1fica denominada \u00abBienes objeto de demanda de extinci\u00f3n de dominio\u00bb, en la que se detallan las caracter\u00edsticas de esos bienes y los datos relevantes de adquisici\u00f3n de los activos y empresas, pues ello permite inferir, \u00abseg\u00fan la fecha de compra, si la Fiscal\u00eda basa su pretensi\u00f3n en la obtenci\u00f3n de los derechos reales con dinero irregular -causal 1\u00aa-, caso de los inmuebles comprados posteriormente al pago de anticipo del contrato estatal adjudicado a la parentela \u00c1vila Chassaigne; o, respecto de los que teniendo origen l\u00edcito, si fueron destinados a la comisi\u00f3n de actos punibles -causal 5\u00aa- o corresponden al valor de los haberes espurios que no han sido localizados o identificados -causales 9\u00aa y 11\u00aa-\u00bb. <\/p>\n
Y, si bien el Colegiado convocado consider\u00f3 que en la decisi\u00f3n de imposici\u00f3n de las medidas cautelares falt\u00f3 establecer con mayor rigor la relaci\u00f3n de cada activo con las conductas il\u00edcitas que cometieron sus propietarios, afirm\u00f3 que \u00abel debate probatorio se concreta en establecer el est\u00e1ndar de conocimiento al que alude el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014 -probabilidad-, es decir, la capacidad preliminar para sostener el acaecimiento de la causal extintiva como una alternativa admisible que, se itera, en el sub examine el instructor m\u00ednimamente satisfizo\u00bb, pues la admisi\u00f3n de la demanda de extinci\u00f3n del dominio es la oportunidad que tiene la autoridad judicial competente, si a bien lo tiene, para requerir \u00abal titular de la investigaci\u00f3n definir los aspectos faltantes para completar las exigencias del precepto 132 \u00eddem\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, el Tribunal resalt\u00f3 que la imposici\u00f3n de las medidas cautelares sobre el patrimonio de los investigados obedeci\u00f3 a \u00abla premura e indispensabilidad de aprehender el capital perseguido, en orden a conservar su estado actual hasta tanto el juez de conocimiento profiera sentencia definitiva\u00bb, dada la posibilidad de que los propietarios, ante la amenaza de perder sus bienes, dispongan de estos. <\/p>\n
Del mismo modo, encontr\u00f3 \u00abimperativa\u00bb la medida de aprehensi\u00f3n de los bienes y la entrega de forma temporal de su gesti\u00f3n a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., \u00abpara impedir la ocupaci\u00f3n ilegal de los restantes predios, seg\u00fan las actas de esa diligencia, hallados en abandono, usados para desechar escombros, transitar e incluso habitados por comunidades ind\u00edgenas\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abrestringir la disposici\u00f3n de las pertenencias registradas a nombre de aquellos, a todas luces resulta ajustado no solo de cara a la posible cifra de la cual se apropiaron, sino adem\u00e1s porque independientemente de su origen fueron utilizados para ejecutar los punibles u ocultar las ganancias mediante su mezcla\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, independientemente de que la postura sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas consideradas, las actuaciones surtidas y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
En tal sentido, el Colegiado accionado relacion\u00f3 los medios de prueba que tuvo en cuenta la Fiscal\u00eda para inferir, en grado de probabilidad, la existencia de las causales de extinci\u00f3n de dominio citadas y, aunque los tutelantes alegaron la ausencia de pruebas, lo cierto es que los elementos aportados fueron apreciados para definir lo relativo al control de legalidad y, frente a lo reclamado por los tutelantes, el Tribunal advirti\u00f3 que ser\u00e1 en el proceso respectivo que se haga el an\u00e1lisis del fondo del asunto, con la garant\u00eda del derecho de contradicci\u00f3n de los afectados. <\/p>\n
3.2. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. Mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2280-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2280-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61929","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61929","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61929"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61929\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61929"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}