STC2281-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2281-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2021-01272-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de enero de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Pedro Gonzpalez contra el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, la Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 y Mar\u00eda Montero1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el proceso objeto de an\u00e1lisis, al Defensor de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos a esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado en el proceso de imposici\u00f3n de medida de protecci\u00f3n (radicado 461\/2021) y posterior apelaci\u00f3n (radicado 11001311002720210037100). <\/p>\n
2. De las pruebas aportadas al plenario se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 4 de mayo de 2021, la se\u00f1ora Mar\u00eda Montero acudi\u00f3 a la Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Bogot\u00e1 y denunci\u00f3 hechos de violencia sicol\u00f3gica por parte del se\u00f1or Pedro Gonz\u00e1lez hacia su hijo de un a\u00f1o, ocurridos el 3 de mayo anterior en desarrollo de una audiencia de conciliaci\u00f3n para fijar cuota de alimentos. <\/p>\n
2.2. En providencia de la misma fecha se dispuso admitir y avocar conocimiento de la medida de protecci\u00f3n, tramitada, bajo el radicado 461\/2021, en contra de Pedro Gonz\u00e1lez. Como acci\u00f3n provisional de protecci\u00f3n se orden\u00f3 a este, entre otros, \u00abque se abstenga de ejercer todo acto de violencia, agresi\u00f3n, maltrato, acoso, amenaza, persecuci\u00f3n, utilizaci\u00f3n de armas de fuego y\/o cortopunzantes y\/o cualquier otra forma de agresi\u00f3n f\u00edsica, verbal o sicol\u00f3gica, maltrato f\u00edsico en contra DEL (A) NI\u00d1O(A) (\u2026), y dem\u00e1s miembros de su familia. Qued\u00e1ndole prohibido maltratarlos o intimidarlos, en cualquier lugar donde se encuentren, bien sea lugar p\u00fablico o privado\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 21 de mayo de 2021 se adelant\u00f3 la audiencia para decidir la solicitud de medida de protecci\u00f3n, en la que se resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR NO PROBADOS los hechos de violencia intrafamiliar denunciados por Mar\u00eda Montero en contra de Pedro Gonz\u00e1lez siendo v\u00edctima el NNA\u00bb, levantar las medidas ordenadas en el auto admisorio y archivar el proceso. <\/p>\n
2.4. Apelada la decisi\u00f3n, el 9 de septiembre de 2021, el Juzgado revoc\u00f3 el auto del 21 de mayo de ese mismo a\u00f1o, proferido por la Comisar\u00eda de Familia, e impuso \u00abmedida de protecci\u00f3n a favor del ni\u00f1o (\u2026) contra Pedro Gonz\u00e1lez a quien se conmina para que se abstenga de toda agresi\u00f3n verbal, f\u00edsica o psicol\u00f3gica contra su hijo menor, y se le proh\u00edbe adem\u00e1s involucrarlo en los conflictos que pueda tener con la se\u00f1ora Mar\u00eda Montero, so pena de hacerse acreedor de las sanciones que ley 294 de 1996 modificada por la ley 575 de 2000 contempla en su art\u00edculo 7\u00bb. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con los hechos descritos, el accionante sostuvo que la se\u00f1ora Montero \u00abviol\u00f3 el protocolo de audiencia en vista de que se encontraba grabando un audio a escondidas\u00bb, cuando esto era prohibido, lo que configura una prueba \u00abilegal\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abNo existe ninguna agresi\u00f3n verbal contra el menor, la se\u00f1ora Mar\u00eda Montero, se est\u00e1 inventando cosas que no son ciertas\u00bb, que la decisi\u00f3n del Juzgado \u00abno tuvo en cuenta la carga de la prueba de que habla el art\u00edculo 167 C.G.P.\u00bb, que es hu\u00e9rfana de argumentos y dio credibilidad a un audio en el que no se evidencia violencia alguna, pues, como lo demuestra la valoraci\u00f3n de medicina legal en la denuncia por maltrato intrafamiliar, \u00abel menor no ha sido maltratado en ninguna ocasi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, ordenar al Juzgado accionado que \u00abadecue su fallo conforme a los lineamentos legales, valoraci\u00f3n en debida forma del material probatorio obrante dentro del proceso, revocando la decisi\u00f3n tomada y haciendo una sentencia con mejores argumentos que confirme la de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 dijo que emiti\u00f3 el auto del 9 de septiembre de 2021, \u00abcomo quiera que las probanzas acreditaron comportamiento lesivo contra su hijo NNA (\u2026) y la progenitora de \u00e9ste Mar\u00eda Montero, cuya conducta se tuvo incluso evidente en curso de la audiencia para el tr\u00e1mite administrativo\u00bb, por lo que solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo. <\/p>\n
2. La se\u00f1ora Mar\u00eda Montero destac\u00f3, frente a la prohibici\u00f3n de grabar, que \u00abdurante la audiencia llevada a cabo por la psic\u00f3loga de la Comisaria Decima de Familia, jam\u00e1s se\u00f1al\u00f3 dicha prohibici\u00f3n\u00bb y que solicit\u00f3 la medida de protecci\u00f3n a favor de su hijo no s\u00f3lo por lo sucedido en esa diligencia, sino \u00abpor todo el continuum de violencias del Sr Gonz\u00e1lez, donde nuestro hijo y yo hemos sido sus v\u00edctimas\u00bb. Afirm\u00f3 que la valoraci\u00f3n al menor se realiz\u00f3 por medicina legal \u00ab20 horas despu\u00e9s, toda vez que, se evit\u00f3 exponer al menor durante la noche a las calles de Capiv y Medicina Legal Infantil por su alta peligrosidad y las fuertes lluvias\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda de Familia adscrita al Tribunal a quo sostuvo que \u00abEl audio presentado por MAR\u00cdA MONTERO no constituy\u00f3 el \u00fanico medio probatorio aceptado por el juez de familia para manifestar con certeza y oportunidad su decisi\u00f3n final, la cual considero que era procedente y adecuada para lograr satisfacer no las garant\u00eda de los padres, si no la estabilidad y el beneficio permanente de su hijo\u00bb, a lo cual se sum\u00f3 que en segunda instancia la prueba no fue objetada. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda 424 de la Unidad de Violencia Intrafamiliar manifest\u00f3 que, en esa Dependencia, reposa una denuncia por violencia psicol\u00f3gica promovida por la se\u00f1ora Mar\u00eda Montero contra Pedro Gonz\u00e1lez, por hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2020, \u00abmas no de agresiones en contra de ning\u00fan MENOR\u00bb. <\/p>\n
5. La Personer\u00eda Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Protecci\u00f3n Constitucional de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que la actuaci\u00f3n acusada \u00abrecae directamente en cabeza de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda 4 Local -Unidad de Violencia Intrafamiliar- inform\u00f3 que, el 17 de agosto de 2021, archiv\u00f3 las diligencias originadas con ocasi\u00f3n de la denuncia formulada por la se\u00f1ora Montero, siendo v\u00edctima su hijo menor de edad. <\/p>\n
7. El Instituto Nacional de Medicina Legal indic\u00f3 que su funci\u00f3n consiste en prestar soporte y auxilio a la administraci\u00f3n de justicia y no resolver situaciones jur\u00eddicas. <\/p>\n
8. La Fiscal\u00eda 20 Local -Unidad de Violencia Intrafamiliar- dijo que, el 29 de noviembre de 2021, asumi\u00f3 conocimiento de la denuncia formulada por la se\u00f1ora Montero contra el ac\u00e1 accionante, por el delito de violencia intrafamiliar agravada contra su hijo menor de edad, por hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2021, la cual se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo, tras considerar que la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra razonada y respaldada probatoriamente. Destac\u00f3 que la incorporaci\u00f3n de las grabaciones allegadas como medios de prueba no fue cuestionada por el accionante y que no fueron realizadas en un \u00e1mbito privado ni se trat\u00f3 de una interceptaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tal decisi\u00f3n no se ciment\u00f3 solo en la expresi\u00f3n que utiliz\u00f3 el tutelante \u00absino, en general, sobre las dem\u00e1s manifestaciones que quedaron registradas, a partir de las cuales, concluy\u00f3 un proceder inadecuado e irrespetuoso de los intereses del menor de edad A.R.M. que ameritaba la imposici\u00f3n de medidas a favor de \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los hechos tra\u00eddos en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el tutelante el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la imposici\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n en su contra y a favor de su hijo menor de edad, mediante providencia del 9 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado de Familia accionado, pues, en su criterio, se fundament\u00f3 en una prueba ilegal. <\/p>\n
2. En su decisi\u00f3n, el Juzgado accionado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el asunto y destac\u00f3 que los hechos fueron ratificados por la interesada, mientras que el accionado no acept\u00f3 los cargos. Enseguida, mencion\u00f3 como pruebas la \u00abSolicitud de medida de protecci\u00f3n, ratificaci\u00f3n, descargos, USB contentiva de audios aportados por la actora\u00bb. <\/p>\n
En las consideraciones, rese\u00f1\u00f3 el marco legal aplicable al asunto, esto es, La Ley 294 de 1996, modificada por la 575 de 2000, la cual, en el art\u00edculo 2, establece que el funcionario judicial podr\u00e1 imponer, seg\u00fan el caso, las medidas que all\u00ed se se\u00f1alan. <\/p>\n
Luego, descendi\u00f3 al caso concreto y sostuvo que la Corte Constitucional, en cuanto a la protecci\u00f3n especial de los menores de edad, consider\u00f3 que \u00abla calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tiene su fundamento en la situaci\u00f3n de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n en la que se encuentran\u2026 Por lo anterior, el Estado, la sociedad y la familia deben brindar una protecci\u00f3n especial en todos los \u00e1mbitos de la vida de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en aras de garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el material probatorio, afirm\u00f3 que \u00abpuesta de presente la prueba de grabaciones y audios contenidos en la USB al accionado no los desconoci\u00f3, por el contrario, afirm\u00f3 que son conversaciones que se dieron en oportunidad de la audiencia instalada para conciliar los derechos y obligaciones respecto de su hijo y cuyos efectos pretendi\u00f3 minimizar manifestando que no habr\u00edan acarreado afectaci\u00f3n, violencia o da\u00f1o psicol\u00f3gico respecto del ni\u00f1o, no obstante, lo cierto es que de las grabaciones en menci\u00f3n se advierte maltrato psicol\u00f3gico hac\u00eda el NNA (\u2026) al tener que presenciar las agresiones del se\u00f1or Gonz\u00e1lez contra la accionante. N\u00f3tese como de los audios se escucha el llanto del menor ante el tono elevado de voz con que Gonz\u00e1lez cursa su discusi\u00f3n, asimismo se observa desobediencia y comportamiento inadecuado del accionado ante la sugerencia de la autoridad que atiende la diligencia, el d\u00eda de los sucesos cuando se le indic\u00f3 que no deb\u00eda hacerle comentarios inapropiados a su hijo, a lo que el agresor hizo caso omiso y por el contrario refiri\u00f3 con \u00e1nimo pendenciero que los realizar\u00eda las veces que quisiera, lo que traduce en comportamiento inadecuado y desconsiderado por decir lo menos por parte del accionado respecto de su hijo menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Y luego concluy\u00f3 que, \u00absiendo que las medidas de protecci\u00f3n en materia de violencia intrafamiliar, se corresponden con fines preventivos en procura de mantener la armon\u00eda y la paz familiar, habida consideraci\u00f3n de los razonamientos explanados, resultan suficientes para el despacho los elementos de juicio sometidos a examen para concluir en la necesidad de ordenar la imposici\u00f3n de medida de protecci\u00f3n a favor del NNA (\u2026) contra PEDRO GONZ\u00c1LEZ en virtud de lo dispuesto por la ley 294 de 1996 modificada por la ley 575 de 2000, por lo que es menester revocar la decisi\u00f3n apelada\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, independientemente de que la postura sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas consideradas, las actuaciones surtidas, la normatividad que gobierna el asunto y la jurisprudencia relacionada. <\/p>\n
En ese orden, se vislumbra que el juez convocado constat\u00f3 los presupuestos para imponer la medida de protecci\u00f3n definitiva en contra del accionante, como acci\u00f3n de prevenci\u00f3n para mantener la armon\u00eda familiar y evitar al menor de edad hechos que puedan afectarlo; adem\u00e1s, en el auto controvertido se expusieron las razones por las cuales se tuvieron en cuenta los medios de prueba aportados por la madre del ni\u00f1o, material que de hecho no fue tachado por el interesado. <\/p>\n
En ese orden, cabe recordar que en esta sede excepcional no es posible reabrir nuevamente el debate probatorio surtido en el proceso de instancia, como lo pretende el accionante, dado el car\u00e1cter residual y restrictivo que reviste la tutela. <\/p>\n
4. Hechas las anteriores precisiones, considera la Sala que, en el sub judice, se presenta una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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