STC2284-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2284-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-000-2022-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 24 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la acci\u00f3n de tutela formulada por el Banco de Occidente S.A. contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de la nombrada ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo radicado 2012-01537. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la entidad financiera reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, primac\u00eda del derecho sustancial, igualdad y \u00abderecho a la propiedad incorporada en el t\u00edtulo valor\u00bb, presuntamente vulnerados en el referido proceso, y solicit\u00f3 que se ordenara a las autoridades accionadas \u00abque en el t\u00e9rmino perentorio de 48 horas dejen sin efectos las providencias del 9 de abril de 2021 [\u2026] y 30 de junio de 2021, por ausencia de motivaci\u00f3n y por confirmar una providencia inexistente\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de su reparo, expuso que el Juzgado Primero Civil Municipal de Valledupar el 9 de abril de 2021, en aplicaci\u00f3n del literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo que hab\u00eda iniciado en contra de la Cooperativa Integral Agropecuaria de la Costa Norte -COOAGROCON-, por desistimiento t\u00e1cito, sin motivar la decisi\u00f3n, ni tener en cuenta la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada con ocasi\u00f3n de la pandemia por el Covid-19, y sin detenerse a realizar un examen de las formas de interpretaci\u00f3n del derecho. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado se\u00f1al\u00f3 que la \u00faltima actuaci\u00f3n fue la emisi\u00f3n del auto de 22 de marzo de 2019, en virtud del cual se abstuvo de ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n, sin embargo, afirma, que no resulta comprensivo que el t\u00e9rmino de suspensi\u00f3n contemplado en el Decreto 564 de 2020, deba sum\u00e1rsele a la inactividad que ven\u00eda operando, porque su configuraci\u00f3n es continua, y en ese orden, sostuvo que contabilizando hasta el 9 de abril de 2021 y descontando el interregno de suspensi\u00f3n, no hab\u00edan transcurrido los dos a\u00f1os, sino 19 meses aproximadamente. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que recurri\u00f3 la mencionada providencia en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, argumentando \u00abno es querer de la entidad no actuar dentro del proceso, mantenerlo inactivo, con desidia; sino que no se ha podido obtener de la ejecutada el recaudo de la obligaci\u00f3n, no encontrando m\u00e1s bienes para recuperar el cr\u00e9dito\u00bb, raz\u00f3n por la cual, como \u00abnadie est\u00e1 obligado a lo imposible\u00bb, deb\u00eda el fallador \u00abinterpretar la norma, no en su sentido exeg\u00e9tico sino tambi\u00e9n en su sentir sociol\u00f3gico\u00bb., y el Juzgador a quo la mantuvo el 23 de abril de 2021. <\/p>\n
Relat\u00f3 que correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar el conocimiento de la apelaci\u00f3n y en providencia de 30 de junio de 2021 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, ratificaci\u00f3n que estuvo apoyada en el hecho que la \u00faltima actuaci\u00f3n que interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino establecido para la procedencia del desistimiento t\u00e1cito, fue la solicitud de oficiar a las entidades bancarias en lo referente a las medidas cautelares, petici\u00f3n atendida con auto de 26 de abril de 2018; por tanto, para la fecha en que se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso -9 de abril de 2021-, ya hab\u00eda transcurrido m\u00e1s del t\u00e9rmino bienal para la aplicaci\u00f3n de la referida figura. <\/p>\n
Explica que, en su sentir, los funcionarios accionados incurrieron en defecto sustantivo, al omitir motivar sus decisiones, situaci\u00f3n lesiva de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil Municipal de Valledupar se opuso a la prosperidad del amparo, e inform\u00f3 que cuando de decret\u00f3 la terminaci\u00f3n de proceso el 9 de abril de 2021, hab\u00edan trascurrido m\u00e1s de los dos a\u00f1os contemplados para la aplicaci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, inclusive descontando el tiempo de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos establecido por el Consejo Superior de la Judicatura desde el 16 de marzo al 1\u00ba de julio del 2020, teniendo en cuenta que la \u00faltima actuaci\u00f3n fue resuelta con auto de 26 de abril de 2018. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y, destac\u00f3 que en su decisi\u00f3n hizo \u00e9nfasis en la oportunidad que tuvo la ejecutante para desplegar actuaciones tendientes a impulsar el proceso, tales como, solicitar practica de nuevas medidas cautelares, presentar liquidaciones, entre otras, pero no lo hizo, lo cual, permit\u00eda inferir la falta de inter\u00e9s en el proceso, por lo que requiri\u00f3 negar el amparo y destac\u00f3 que lo pretendido por la entidad accionante es utilizar este mecanismo como una tercera instancia para atacar las decisiones judiciales. <\/p>\n
La Cooperativa Integral Agropecuaria de la Costa Norte -COOAGROCON- actuando como vinculada, se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos y refiri\u00f3 que el funcionario judicial debe constatar la configuraci\u00f3n de los requisitos de procedibilidad de car\u00e1cter general y las causales espec\u00edficas que se dictaron en la Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar desestim\u00f3 el amparo reclamado, tras determinar que la decisi\u00f3n del ad quem se sustent\u00f3 en argumentos que de ninguna manera se apartan de la razonabilidad jur\u00eddica y \u00abobedecen a la labor hermen\u00e9utica propia del operador judicial, quien dotado de la libertad de interpretaci\u00f3n que la misma Constituci\u00f3n Pol\u00edtica le reconoce, actu\u00f3 dentro del \u00e1mbito de su competencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial, y manifest\u00f3 que el Tribunal constitucional no analiz\u00f3 el pronunciamiento de primera instancia y se centr\u00f3 en trasladar las consideraciones del Juzgado del Circuito, quien, fundamentado en la revisi\u00f3n efectuada al auto objeto de apelaci\u00f3n, lo confirm\u00f3 sin censurar que dicho prove\u00eddo fue dictado si motivaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. De entrada resulta oportuno indicar, que aun cuando la entidad crediticia reclam\u00f3 en la impugnaci\u00f3n la ausencia de estudio de la decisi\u00f3n de primer grado por parte del Tribunal constitucional de primera instancia, el an\u00e1lisis de la Sala se ce\u00f1ir\u00e1 al pronunciamiento emitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, teniendo en cuenta que fue \u00e9sta la que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Sobre el particular, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que, <\/p>\n
\u00abaunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015 y recientemente en STC12202-2021). <\/p>\n
3. Ahora bien, para definir la censura constitucional, la cual se concreta, de acuerdo con la entidad bancaria accionante, en la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito del juicio en el cual actuaba como ejecutante, resulta necesario estudiar los fundamentos del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar en el auto 30 de junio de 2021 aqu\u00ed atacado. <\/p>\n
El aludido fallador, luego de sintetizar los fundamentos de la apelaci\u00f3n, explic\u00f3 en detalle la figura del desistimiento t\u00e1cito de conformidad al art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, destacando que tal y como lo hab\u00eda dispuesto la juzgadora de primer grado, en el caso concreto se cumpl\u00edan los presupuestos necesarios para la procedencia de la aplicaci\u00f3n de esa figura procesal. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Analizado el expediente se encuentra que el 15 de diciembre de 2014 se profiri\u00f3 auto aprobando la liquidaci\u00f3n de costas y de ah\u00ed la \u00faltima actuaci\u00f3n judicial en el cuaderno principal es el auto fechado 22 de marzo de 2019, en el que se resolvi\u00f3 denegar la solicitud de ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra del ejecutado por haber sido adoptada dicha decisi\u00f3n el 24 de junio de 2013. En cuanto al cuaderno de medidas cautelares, se evidencia que la \u00faltima actuaci\u00f3n tuvo lugar el 26 de abril de 2018, fecha de la providencia en que se resolvi\u00f3 la solicitud de oficiar a las entidades bancarias para que se pronunciaran frente a las medidas cautelares decretadas, con la cual se le precis\u00f3 al apoderado de la parte demandante que \u201cel despacho no accede a ella en virtud de que revisado el expediente de folio 7-9 del cuaderno de medidas cautelares se observa la respuesta al oficio n\u00b0 1197 de fecha 3 de mayo de dos mil diecisiete (2017) emitida por cada una de las entidades\u201d, sin que a futuro exista actuaci\u00f3n judicial alguna o petici\u00f3n de las partes\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn ese orden resulta di\u00e1fano que la \u00faltima actuaci\u00f3n que interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino establecido para la procedencia del desistimiento t\u00e1cito fue la solicitud de oficiar a las entidades bancarias para la verificaci\u00f3n de la materializaci\u00f3n de las medidas cautelares, pues con ello la parte ejecutante procur\u00f3 el impulso del proceso y la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cobrada. Por lo tanto, siendo el auto que resolvi\u00f3 dicha petici\u00f3n, absteni\u00e9ndose de oficiar a las entidades bancarias, proferido el 26 de abril de 2018, para el d\u00eda de emisi\u00f3n del auto impugnado, esto es el 9 de abril de 2021, hab\u00eda trascurrido m\u00e1s del t\u00e9rmino bienal para la aplicaci\u00f3n de la figura del desistimiento t\u00e1cito en esta litis, inclusive descontando el t\u00e9rmino de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos establecido por el Consejo Superior de la Judicatura desde el 16 de marzo al 1 de julio del 2020\u00bb. (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Determin\u00f3 que la solicitud de ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n requerida por el banco ejecutante en el a\u00f1o 2019, no pod\u00eda considerarse como una actuaci\u00f3n apta y apropiada que le hubiese dado impulso al proceso, ni con la virtud de interrumpir el t\u00e9rmino para la configuraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, puesto que fue negada en raz\u00f3n a que desde el 24 de junio de 2013 se hab\u00eda emitido pronunciamiento en tal sentido y, lo que revelaba, era el desconocimiento de la entidad financiera del estado del litigio. <\/p>\n
Posteriormente, se remiti\u00f3 a la jurisprudencia proferida por esta Corporaci\u00f3n, en especial a las sentencias STC4206-2021 reiterando lo dicho en la STC11191-2020, para memorar que \u00abno todo escrito interrumpe el t\u00e9rmino del desistimiento t\u00e1cito\u00bb, pues solo tendr\u00e1 esa potestad el que da cuenta de la efectividad y materializaci\u00f3n de la carga procesal ordenada, o en el caso de los procesos ejecutivos donde se ha dictado auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n \u00abla interrupci\u00f3n se logra \u00fanicamente con actuaciones tendientes a la obtenci\u00f3n del pago de la obligaci\u00f3n o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el cr\u00e9dito perseguido\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, destac\u00f3 que en el pleito objetado, la actora no solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de nuevas medidas cautelares a fin de lograr el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, ni tampoco alleg\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00abde manera que, no mostr\u00f3 inter\u00e9s alguno en el impulso del proceso en aras de lograr la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido, por el contrario, por m\u00e1s de dos a\u00f1os ha permanecido indiferente al presente proceso\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, determin\u00f3 que no pod\u00eda atribuirse la inactividad del proceso a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos instituida con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, si se ten\u00eda en cuenta que, incluso antes del 16 de marzo de 2020, cuando pod\u00eda verificar en f\u00edsico el expediente, \u00e9ste permaneci\u00f3 en la secretar\u00eda del juzgado de primera instancia sin que fuera presentado alg\u00fan memorial de impulso procesal por parte de la sociedad ejecutante y, adem\u00e1s, una vez reanudados los t\u00e9rminos tampoco alleg\u00f3 escrito con tal prop\u00f3sito \u00abpermitiendo que el t\u00e9rmino exigido por la ley procedimental para la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito se cumpliera\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, acot\u00f3 que tampoco pod\u00eda considerarse una \u00abimposibilidad de impulsar el proceso\u00bb, como lo aleg\u00f3 la demandante, dado que, si no exist\u00edan bienes del ejecutado susceptibles de embargo, pudo haber presentado la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y su actualizaci\u00f3n. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser confirmado, comoquiera no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele el defecto sustantivo alegado por el Banco de Occidente S.A. y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues el Juzgador del Circuito accionado realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como una diligente revisi\u00f3n del expediente ejecutivo y de la jurisprudencia emitida recientemente por esta Corporaci\u00f3n sobre el desistimiento t\u00e1cito, lo que le permiti\u00f3 concluir razonadamente que era viable la aplicaci\u00f3n de dicha figura procesal. <\/p>\n
As\u00ed, al margen de que la Sala comparta esas apreciaciones, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso. En ese sentido, esta Corte se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Se resalta, esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 la aplicaci\u00f3n del canon normativo en cita, determinando que s\u00f3lo las actuaciones relevantes en el proceso pueden dar lugar a la \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb de los lapsos previstos en el mismo. Justamente, en la sentencia STC11191 de 9 de diciembre de 2020, tambi\u00e9n citada por el despacho del circuito accionado, respecto a los asuntos ejecutivos, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abSi se trata de un coercitivo con \u00absentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, la \u00abactuaci\u00f3n\u00bb que valdr\u00e1 ser\u00e1 entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las \u00abliquidaciones de costas y de cr\u00e9dito\u00bb, sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligaci\u00f3n cobrada\u201d. <\/p>\n
\u201cLo dicho, claro est\u00e1, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194\/2008), en cuanto a que el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb no se aplicar\u00e1, cuando las partes \u00abpor razones de fuerza mayor, est\u00e1n imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (\u2026)\u00bb (subrayas propias). <\/p>\n
Por tanto, el memorial radicado por la entidad demandante para que se dictara sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y que fuere resuelto con auto del 22 de marzo de 2019 negando la solicitud en raz\u00f3n a que ya se hab\u00eda procedido en tal sentido desde el a\u00f1o 2013, no puede ser calificado como una actuaci\u00f3n \u00abrelevante\u00bb para el impulso procesal del litigio. <\/p>\n
5. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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