STC2285-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2285-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00020-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 3 de febrero de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por el Banco de Bogot\u00e1 contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del Carmen De Bol\u00edvar y el Segundo Promiscuo Municipal del mismo ente territorial. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora, por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales cuestionadas en el proceso ejecutivo de radicado 2020-0067-00. <\/p>\n
2. Manifest\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Mar\u00eda Concepci\u00f3n P\u00e1ez de Mart\u00ednez, con fundamento en los pagar\u00e9s No. 359135589 y 33278387 suscritos a su favor y garantizados en hipoteca abierta constituida mediante escritura p\u00fablica No 212 del 25 de mayo de 2007 de la Notar\u00eda \u00danica del Carmen de Bol\u00edvar. <\/p>\n
2.1. El Asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Municipal atacado, el cual mediante prove\u00eddo del 2 de septiembre de 20201, resolvi\u00f3 librar mandamiento de pago. Y, negar la medida cautelar de embargo y secuestro del inmueble hipotecado, al considerar que el contrato accesorio no es claro, por lo tanto, no es viable ejercer la acci\u00f3n real dado que el mismo carece de invalidez. <\/p>\n
2.2. Inconforme con ello, la gestora present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. No obstante, dicha autoridad mantuvo su postura, la cual fue confirmada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del Carmen de Bol\u00edvar con prove\u00eddo del 23 de noviembre de 20212. <\/p>\n
2.3. En su sentir, en esta \u00faltima determinaci\u00f3n, la autoridad recriminada \u00abcomete yerros tanto f\u00e1cticos como sustantivos\u00bb, pues sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en que la hipoteca no es clara ya que en sus par\u00e1grafos 1\u00ba y 3\u00ba de la cl\u00e1usula 4\u00aa deja sin l\u00edmites la garant\u00eda real perdiendo su validez. Por el contrario, aleg\u00f3 que la hipoteca si tiene l\u00edmites ya que es una obligaci\u00f3n accesoria que pretende respaldar las obligaciones principales. Adem\u00e1s, record\u00f3 que los contratos son ley para las partes por lo que no puede ser invalidado al menos que haya un consentimiento mutuo, lo cual no ocurri\u00f3 en el caso objeto analizado. Finalmente, resalt\u00f3 que dicha autoridad no tuvo presente la normativa vigente sobre la materia, lo cual le ocasion\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abdejar sin valor ni efecto el auto de fecha 23 de noviembre de 2021 proferido por el Juzgado 1 Promiscuo del Circuito de el Carmen de Bol\u00edvar dentro del proceso ejecutivo varias veces referido\u00bb. En su lugar, \u00abse le ordene a la accionada que dentro de un t\u00e9rmino prudencial, ajuste sus decisiones a la Constituci\u00f3n y la ley, ordenando que la demanda se le d\u00e9 tramite de ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real (HIPOTECA)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito del Carmen De Bol\u00edvar3, despu\u00e9s de hacer un recuento de las actuaciones procesales surtidas, manifest\u00f3 que \u00abse atiene a los argumentos y decisiones adoptadas a lo largo del tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencia del proceso ejecutivo de radicado 13244-40-89-002-2020-00067-01 adelantado por Banco de Bogot\u00e1 contra Mar\u00eda Concepci\u00f3n P\u00e1ez de Mart\u00ednez y Blanca Flor Mart\u00ednez P\u00e1ez\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la misma municipalidad4 memor\u00f3 sus actuaciones. En el punto, expres\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n proferida dentro del tr\u00e1mite ejecutivo, se ajusta a derecho, e inclusive se le dieron las garant\u00edas procesales de resorte, siendo confirmada la decisi\u00f3n proferida por esta Judicatura, en sede de segunda instancia, sin que en ninguna manera est\u00e9n siendo violentado derecho alguno\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena, luego de analizar los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n tutelar, declar\u00f3 improcedente el amparo invocado. Para ello, consider\u00f3 que \u00abde los argumentos en los que sustenta su reproche el accionante, no se encuadra consideraci\u00f3n distinta a las que manifest\u00f3 en los sustentos de los recursos impetrados en contra de la decisi\u00f3n de primera instancia, sin se\u00f1alar uno que revele un inter\u00e9s constitucional que habilite la intervenci\u00f3n del Juez de tutela a la \u00f3rbita del juez natural para que eventualmente se encause una conducta judicial impropia, desbordada o contradictoria de los postulados del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta que lo que pretende el accionante, es una intromisi\u00f3n del Juez de Tutela en lo que respecta a un proceso judicial, en el cual, sin lugar a dudas, se respetaron plenamente las garant\u00edas procesales que en derecho le asist\u00edan, no existen dentro del plenario fundamentos f\u00e1cticos que ameriten tutelar los derechos fundamentales implorados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de la accionante con los mismos argumentos planteados en el escrito inicial. Agreg\u00f3 que \u00abla tutela cumple con los requisitos generales, as\u00ed mismo, resalt\u00e9 que se cometieron defectos f\u00e1cticos y sustantivos\u00bb. Resalt\u00f3 que \u00abcon la decisi\u00f3n del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de el Carmen de Bol\u00edvar, se est\u00e1 perpetuando la vulneraci\u00f3n del accionante del derecho al debido proceso, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, toda vez que le est\u00e1 cercenando al Banco de Bogot\u00e1 la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n hipotecaria\u00bb. Por lo anterior, pidi\u00f3 que \u00abse REVOQUE la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena \u2013 Sala Civil Familia el d\u00eda 3 de febrero del 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales para la procedencia del amparo contra providencias judiciales, en el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad Judicial cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la accionante, con ocasi\u00f3n de la providencia proferida el 23 de noviembre de 2021, que confirm\u00f3 la del 2 de septiembre de 2020 al interior del proceso ejecutivo mencionado. <\/p>\n
2. Se observa que la autoridad judicial atacada en la providencia del 23 de noviembre de 2021, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la quejosa frente al auto del 2 de septiembre de 20215, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n atacada. Para ello, al verificar la Escritura P\u00fablica No. 212 del 25 de mayo de 2007 que constituy\u00f3 la hipoteca abierta referida, advirti\u00f3 que \u00abtal y como lo concluy\u00f3 el a quo la misma no es clara, puesto que en sus par\u00e1grafos 1\u00b0 y 3\u00b0 de la cl\u00e1usula 4\u00b0 se deja sin l\u00edmites la garant\u00eda real perdiendo su validez, puesto que la circunstancia de que no se determinen las obligaciones que con ella se busca respaldar no convierten la hipoteca abierta en una garant\u00eda perpetua o absoluta en desmedro del deudor, ya que al ser esta un contrato accesorio debe guardar relaci\u00f3n directa con las obligaciones principales que de ella germinen\u00bb. <\/p>\n
2.1. Asimismo, con apoyo en las sentencias CSJ STC7483-2020, STC 550-2020 y STC del 4 de mayo de 2020, rad 2020-00044-0, y al establecer que la vigencia de la garant\u00eda real \u00abno est\u00e1 supeditada a una cuant\u00eda determinada o determinable y que adem\u00e1s no se ver\u00eda afectada por novaciones, ampliaciones, reducciones o reestructuraciones de los plazos\u00bb, descart\u00f3 \u00ablo aducido por el recurrente en cuanto a que la garant\u00eda encuentra limites en lo determinado para la obligaci\u00f3n principal precisamente porque esta \u00faltima no es determinable\u00bb. Finalmente, concluy\u00f3 que \u00abla hipoteca constituida pierde su validez como garant\u00eda al no observase accesoria a la obligaci\u00f3n principal\u00bb. <\/p>\n
3. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez natural, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis jurisprudencial del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio6. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente7 que el Juez Constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-. Al respecto, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo, entre otras). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la entidad gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
5. Por lo explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 96-99. Anexo EXPEDIENTE 2022-00020.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 113-115. Anexo EXPEDIENTE 2022-00020.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 198. Anexo EXPEDIENTE 2022-00020.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 199-201. Anexo EXPEDIENTE 2022-00020.pdf <\/p>\n
5\u0002 El cual resolvi\u00f3 librar mandamiento de pago y en el numeral tercero \u00abNEGAR la solicitud de embargo y posterior secuestro del bien inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 062-27459 de la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de el Carmen de Bol\u00edvar\u00bb al considerar que el t\u00edtulo ejecutivo accesorio carece del requisito de claridad. <\/p>\n
6\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, entre otras. <\/p>\n
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