STC2290-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2290-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00407-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de diciembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Hilda In\u00e9s Giraldo Giraldo, contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Trece Civil Municipal ambos la nombrada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en proceso de prescripci\u00f3n extintiva de acci\u00f3n cambiaria y gravamen hipotecario con radicado 2018-00407-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la accionante pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el proceso se\u00f1alado, y solicit\u00f3 \u00abDEJAR SIN VALOR Y EFECTO LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE IBAGU\u00c9 (\u2026) [y] CONCEDER EL RECURSO DE APELACI\u00d3N NEGADO POR EL JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO\u00bb (May\u00fascula fija en texto). <\/p>\n
Para sustentar sus reproches, advirti\u00f3 que previo al proceso censurado, BBVA Colombia S.A. tramit\u00f3 una ejecuci\u00f3n hipotecaria contra Hernando Carvajal Sarmiento, litigio donde se present\u00f3 \u00c1lvaro Rivera Cort\u00e9s, acreditando \u00abque adquiri\u00f3 por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio el predio objeto de hipoteca, lo que consta en la sentencia de 18 de diciembre de 2012\u00bb, en dicho asunto, se acept\u00f3 \u00abla cesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb realizada en su favor y por ello actu\u00f3 como ejecutante. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, tras anularse la actuaci\u00f3n surtida en dicho ejecutivo, el 6 de octubre de 2016 se rechaz\u00f3 la demanda por no allegarse \u00abla reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n al tenor de la Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, con posterioridad, \u00c1lvaro Rivera Cort\u00e9s present\u00f3 demanda en la que pretendi\u00f3 que se declarara la \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria y gravamen hipotecario\u00bb que pasaba sobre el inmueble, de la que conoci\u00f3 el Juzgado Trece Civil Municipal de Ibagu\u00e9, quien en sentencia de 24 de septiembre de 2020 acogi\u00f3 las pretensiones, fallo frente al que interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue negado en providencia de 22 de octubre siguiente por improcedente, al tratarse de un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio, queja la determinaci\u00f3n, sin embargo, el a quo mantuvo la decisi\u00f3n y, en cuanto al segundo, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 2 de junio de 2021, declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En su criterio, las autoridades censuradas incurrieron en diversas irregularidades, como quiera que, de un lado, el Juzgado Municipal, (i) premi\u00f3 a quien no era \u00abel deudor original del cr\u00e9dito\u00bb al decretar la prescripci\u00f3n extintiva reclamada; (ii) desconoci\u00f3 que la falta del requisito de reestructuraci\u00f3n de la deuda, dejaba \u00abla obligaci\u00f3n (\u2026) suspendida hasta tanto se lograra ese acuerdo para la continuaci\u00f3n del pago\u00bb y (iii) omiti\u00f3 la conformaci\u00f3n de un \u00ablitisconsorcio necesario\u00bb, toda vez que correspond\u00eda vincular al banco BBVA, dado que en favor de \u00e9ste se suscribi\u00f3 la garant\u00eda hipotecaria. <\/p>\n
Adem\u00e1s, anot\u00f3 que no pod\u00eda impon\u00e9rsele impulsar el cobro compulsivo \u00aben forma inmediata\u00bb, pues necesitaba de la renombrada reestructuraci\u00f3n para que la acreencia fuese exigible o \u00abejecutable\u00bb, seg\u00fan lo ha determinado la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
De otro lado, asever\u00f3 que el fallador del Circuito igualmente err\u00f3 porque (i) confundi\u00f3 \u00abla cuant\u00eda para fijar la competencia con la cuant\u00eda para conceder el recurso\u00bb; y (ii) releg\u00f3 el monto de la deuda para la \u00e9poca de la formulaci\u00f3n de la demanda, por cuanto \u00abpara el mes de diciembre de 2018 las pretensiones de la acci\u00f3n ejecutiva correspond\u00edan a un valor aproximado de $80.035.121,13 (\u2026) pero nunca a $17.000.000, como se indic\u00f3 en el ac\u00e1pite de cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Trece Civil Municipal de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que en el proceso mencionado profiri\u00f3 sentencia, providencia respecto de la cual, con auto de 22 de octubre de 2020 y para definir una solicitud de nulidad invocada por la tutelante, aclar\u00f3 su fecha, precisando que se emiti\u00f3 el 24 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Indic\u00f3, adem\u00e1s, que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta frente a dicho fallo, por tratarse de un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda y, por ende, de \u00fanica instancia, determinaci\u00f3n que fue atacada en queja, que decidi\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en auto de 2 de junio de 2021, por el que declar\u00f3 bien denegada la alzada. Pidi\u00f3 desestimar la protecci\u00f3n reclamada por incumplir el presupuesto de inmediatez y porque que no lesion\u00f3 los derechos de la peticionaria. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se opuso al amparo, e indic\u00f3 que adopt\u00f3 la decisi\u00f3n reprochada porque consider\u00f3 que el asunto controvertido era de \u00fanica instancia \u00abpor tratarse de un proceso de M\u00ednima Cuant\u00eda como quedo decantado en el auto admisorio de la demanda y que de paso gener\u00f3 la competencia en los juzgados de peque\u00f1as causas y competencias m\u00faltiples\u00bb, argumentos que considera no contienen \u00abv\u00eda de hecho o error judicial\u00bb. <\/p>\n
\u00c1lvaro Rivera Cort\u00e9s se\u00f1al\u00f3, que en el proceso cuestionado no existieron irregularidades, pues los jueces resolvieron de acuerdo con sus competencias y con lo establecido en la ley y en la jurisprudencia. Agreg\u00f3 que el amparo incumpl\u00eda el presupuesto de inmediatez y que en el \u00abcaso no existe un asunto de relevancia constitucional, aqu\u00ed lo que se pretende es tratar de involucrar al juez constitucional en asunto eminentemente legal del resorte del juez de instancia el cual fue resuelto de acuerdo con la ley y de acuerdo a la libre apreciaci\u00f3n de la prueba e interpretaci\u00f3n del derecho\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 constitucional desestim\u00f3 el amparo reclamado, en consideraci\u00f3n a que no hall\u00f3 arbitrariedad en la actuaci\u00f3n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, pues la decisi\u00f3n con la cual se declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n contra el fallo emitido en el juicio reprochado no fue arbitraria, toda vez que \u00abse fundament\u00f3 en una aplicaci\u00f3n de las normas procedimentales aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, asimismo, que \u00abaun cuando la parte accionante manifiesta inconformidad con las decisiones proferidas (\u2026) por el Juzgado Trece Civil Municipal de Ibagu\u00e9 (\u2026) es la actuaci\u00f3n de[l despacho del circuito involucrado] la que fija la competencia de [ese] Tribunal y por tanto, el estudio debe realizarse de cara a la decisi\u00f3n\u00bb adoptada por \u00e9ste. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, con apoyo en lo expuesto en el escrito inicial y destacando que el Tribunal no hizo \u00aban\u00e1lisis ni menci\u00f3n de los argumentos expresados como vulnerados (sic) por el [Juzgado] 13 Civil Municipal de Ibagu\u00e9 en la sentencia proferida\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se advierte que, en l\u00ednea de principio, la tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. La accionante Hilda In\u00e9s Giraldo Giraldo, cuestiona concretamente, (i) la sentencia de 24 de septiembre de 2020, aclarada el 22 de octubre siguiente, mediante la cual el Juzgado Trece Civil Municipal de Ibagu\u00e9 \u00abdeclar[\u00f3] la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria respecto del pagar\u00e9\u00bb suscrito entre la entonces Corporaci\u00f3n Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar y Hernando Carvajal Sarmiento, junto con \u00abel gravamen hipotecario\u00bb elevado a escritura p\u00fablica el 23 de julio de 1997; y (ii) la decisi\u00f3n de 2 de junio de 2021, en la que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n propuesta frente al referido fallo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el segundo motivo de censura, pronto advierte la Sala el fracaso de la protecci\u00f3n rogada, pues el fallador del Circuito accionado no cometi\u00f3 desafuero o irregularidad, dado que adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n teniendo en cuenta que el proceso en controversia, desde la admisi\u00f3n de la demanda, fue determinado como un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda y, por tanto, de \u00fanica instancia, decisi\u00f3n que no fue controvertida. Sobre el particular, esa autoridad expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn lo atinente a que la providencia sea susceptible de ser recurrida en apelaci\u00f3n por existir norma expresa que as\u00ed lo determine, encuentra esta sede judicial que no se cumple con este requisito, ya que nos encontramos frente a un proceso verbal sumario – extinci\u00f3n de hipoteca \u2013 que se plante\u00f3, admiti\u00f3 y tramit\u00f3 como de m\u00ednima cuant\u00eda, y por ende de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Ello quedo establecido en el auto admisorio de la demanda, el cual fue notificado en debida forma al extremo pasivo, sin que nada hubiese censurado sobre la cuant\u00eda que determinar\u00e1 la competencia. Solo hasta ahora, despu\u00e9s de proferida sentencia mediante la cual se desat\u00f3 la causa, se aleg\u00f3 una supuesta falta de competencia por el factor objetivo de la cuant\u00eda, lo que no es de recibo para esta superioridad, por ende, el proceso sigue siendo considerado como de m\u00ednima cuant\u00eda, y por ende, se recaba, sus decisiones, autos interlocutorios y sentencia, son de \u00fanica instancia. <\/p>\n
Y, es que, no es de recibo el argumento expuesto por el recurrente, de que la pretensi\u00f3n del proceso se debe determinar por la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que origin\u00f3 la hipoteca y que allego con el escrito en que interpone los recursos, pues la competencia por el factor de competencia se determin\u00f3 de manera acertada por el valor de la hipoteca. <\/p>\n
Establecido que la acci\u00f3n debe tramitarse como de \u00fanica instancia, no queda duda que en el presente evento ninguna actuaci\u00f3n es susceptible de apelaci\u00f3n, inclusive la sentencia objeto de alzada, por tanto, se considera que fue bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, respecto de la argumentaci\u00f3n citada, ning\u00fana ilegalidad se constata, pues si la cuant\u00eda del proceso verbal reprochado se fij\u00f3 como de m\u00ednima, valor\u00e1ndose el monto de la deuda objeto de la prescripci\u00f3n reclamada, cuesti\u00f3n que qued\u00f3 zanjada al no controvertirse, es clara la improcedencia de la apelaci\u00f3n invocada, raz\u00f3n por la cual, y al margen de que la Sala la comparta o no, los razonamientos del Juzgado accionado, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso. <\/p>\n
3. Ahora, en cuanto a la sentencia emitida el 24 de septiembre de 2020 y aclarada el 22 de octubre siguiente, se resalta que si bien podr\u00eda arg\u00fcirse el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, dado que la presente acci\u00f3n constitucional se formul\u00f3 hasta el 25 de noviembre de 2021, se estima superada la demora en acudir a esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto la tutelante – convencida de la procedencia de la apelaci\u00f3n interpuesta contra dicho fallo-, activ\u00f3 este mecanismo tan pronto como se defini\u00f3 en forma adversa el recurso de queja antes rese\u00f1ado. <\/p>\n
Fijado lo anterior y revisado el fallo mencionado, se reitera, no se encuentra arbitrariedad ni irregularidad susceptible de conjurarse por esta v\u00eda extraordinaria, pues el juez municipal convocado desat\u00f3 el asunto bajo su conocimiento, teniendo en cuenta las alegaciones de los involucrados, las pruebas adosadas y la normatividad y jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
En efecto, comenz\u00f3 por relatar los antecedentes del caso para, luego, se\u00f1alar que se hallaban probados los presupuestos procesales para dictar sentencia y, enseguida, precis\u00f3 que en el asunto se pretend\u00eda la aplicaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria y del gravamen hipotecario, cuesti\u00f3n sobre la cual expres\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa ley circunscribe este fen\u00f3meno al vencimiento de ciertos plazos cuando el tenedor o poseedor del t\u00edtulo no ejercita la acci\u00f3n correspondiente; es una sanci\u00f3n impuesta como consecuencia natural de la inactividad del titular del documento, ll\u00e1mese beneficiario o tenedor (\u2026) [ello] significa que la prescripci\u00f3n, en su forma extintiva, es una figura mediante la cual se sustrae el derecho a la acci\u00f3n cambiaria por el transcurso de un tiempo determinado, en otras palabras, la prescripci\u00f3n conlleva a la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria por no haberse ejercido en el tiempo se\u00f1alado por la ley su acci\u00f3n directa o de regreso, seg\u00fan el caso\u00bb. <\/p>\n
Tras resaltar que la prescripci\u00f3n no puede declararse de oficio, dado que de acuerdo con el art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil, quien pretende aprovecharse de ella debe alegarla, destac\u00f3 que si bien en el asunto no es el deudor quien acude directamente, el demandante es <\/p>\n
\u00abun tercero que ostenta (\u2026) inter\u00e9s de que se declare la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria por haber sido declarado titular del derecho real de dominio mediante un proceso de pertenencia [y] (\u2026) con base en la anterior normativa le solicita al se\u00f1or Juez que la declare, y en ese orden de ideas estar\u00eda facultado para tal fin. <\/p>\n
Con base en lo anterior alleg\u00f3 con la demanda el pagare No. 701800044652, para ser pagadero en 180 cuotas mensuales siendo pagadera la primera de ellas el d\u00eda 08 de septiembre de 1997, y como fecha de vencimiento 08 de agosto de 2012. Pagar\u00e9 que fue inicialmente ejecutado en el a\u00f1o 2009, seg\u00fan se desprende de la narraci\u00f3n de los hechos de la demanda, proceso que se tramit\u00f3 ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal y que fuera terminado teniendo en cuenta para ello la falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, situaci\u00f3n que se volvi\u00f3 a dar y que corriera la misma suerte cuando la aqu\u00ed demandada intent\u00f3 en el a\u00f1o 2016, volver a ejecutarlo, demanda que fue inadmitida y despu\u00e9s rechazada por ausencia precisamente de no haber seguido con las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 y de acuerdo con los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Atendiendo a lo expuesto y frente a lo argumentado por la demandada, aqu\u00ed accionante, quien sostuvo que \u00abocurri\u00f3 un fen\u00f3meno constitucional tard\u00edo, cuando en forma morosa el proceso ejecutivo fue asaltado con una teor\u00eda de reestructuraci\u00f3n que llev\u00f3 la controversia a una terminaci\u00f3n del proceso\u00bb y que ante la aplicaci\u00f3n de la \u00absentencia SU-813, la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 (\u2026) se torn\u00f3 en inejecutable por falta de reestructuraci\u00f3n\u00bb, el juzgador convocado, sostuvo que esas alegaciones <\/p>\n
\u00abtendr\u00edan cabida si de lo que se tratara el presente asunto fuera o estuviera relacionado con la acci\u00f3n ejecutiva propiamente dicha, lo que para el caso en estudio no puede ser objeto de an\u00e1lisis por parte de este juzgador, por tratarse de una acci\u00f3n declarativa en donde se pretende extinguir una obligaci\u00f3n por el trascurso del tiempo sin que el acreedor o cesionario hubiese iniciado la respectiva acci\u00f3n compulsiva; Adem\u00e1s porque el requisito de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito deviene de un ente del orden Constitucional y mal podr\u00eda este Despacho controvertir tal disposici\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva de la obligaci\u00f3n de la que pregona el apoderado no puede quedar suspendida PER SE en el tiempo hasta tanto el titular del derecho quiera iniciar la tan mencionada reestructuraci\u00f3n transmutando as\u00ed la fecha de exigibilidad de la obligaci\u00f3n, con el \u00fanico \u00e1nimo evadir el fen\u00f3meno prescriptivo\u00bb <\/p>\n
Posteriormente, en cuanto a la hipoteca, record\u00f3 que es un derecho real que recae sobre un bien inmueble y que, aunque permanezca en poder de quien constituy\u00f3 el gravamen o de otro, si el deudor incumple su obligaci\u00f3n, el acreedor puede hacer efectiva tal garant\u00eda; asimismo, se\u00f1al\u00f3 que, en el caso, surgieron dos contratos, uno relativo a la deuda objeto del pagar\u00e9 y otro, referente a la hipoteca, siendo este \u00faltimo accesorio del primero. <\/p>\n
Luego de citar el art\u00edculo 2457 del C\u00f3digo Civil, relativo a la extinci\u00f3n de la hipoteca, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa referida disposici\u00f3n exterioriza el car\u00e1cter de \u00abderecho, real accesorio\u00bb que es connatural a la HIPOTECA, de lo cual \u00ab…se desprende la consecuencia evidente e ineluctable de que \u00e9sta no puede existir sin la obligaci\u00f3n principal a la que respalda. Si la obligaci\u00f3n se extingue, necesariamente el gravamen desaparece con \u00e9l. La extinci\u00f3n de esta garant\u00eda se produce, por tanto, de pleno derecho al fenecer la prestaci\u00f3n principal, por lo que la intervenci\u00f3n del juez en esta precisa materia se circunscribe a constatar dicha extinci\u00f3n, para lo cual habr\u00e1 de declarar que \u00e9sta se produjo en la misma fecha en que desapareci\u00f3 la obligaci\u00f3n principal, debiendo, por tanto, ordenar su cancelaci\u00f3n inmediata al funcionario del registro correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, memor\u00f3 que en el caso se pretend\u00eda la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n principal, esto es, el mutuo garantizado con el mencionado pagar\u00e9, y la hipoteca, negocio accesorio elevado a escritura p\u00fablica sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0350-126477. As\u00ed las cosas, el juzgador consider\u00f3 que, al hallarse prescrito el primer contrato, el accesorio segu\u00eda su suerte, dado que <\/p>\n
\u00abes sabido que la hipoteca por ser una garant\u00eda no tiene vida perdurable, de ah\u00ed que el art. 2457 del C. C., en su inciso primero establezca como la m\u00e1s obvia de las causas de la terminaci\u00f3n de la hipoteca la de la ext[inci\u00f3n] de la obligaci\u00f3n principal. As\u00ed pues, desaparecida la obligaci\u00f3n principal por uno cualquiera de los motivos que la ley prev\u00e9, tambi\u00e9n desaparece la hipoteca porque esta no puede subsistir sin aquella\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, si bien una hipoteca abierta garantiza varias obligaciones, en el caso no se presentaba, \u00abpues no se demostr\u00f3 que existieran otras obligaciones pendientes de ser canceladas\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, procedi\u00f3 a declarar que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria de la obligaci\u00f3n contenida en el pagare No. 701800044652, as\u00ed como la del gravamen hipotecario constituido mediante Escritura P\u00fablica No. 2549 del 23 de julio de 1997, de la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, \u00abpor haber trascurrido el t\u00e9rmino prescriptivo establecido en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, operando la prescripci\u00f3n cambiar\u00eda de dicho t\u00edtulo, y la subsiguiente prescripci\u00f3n del gravamen hipotecario por haber desaparecido la obligaci\u00f3n a la que acced\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, no se encuentra arbitrariedad manifiesta lesiva de garant\u00edas sustanciales en el asunto cuestionado, pues el Juzgador Municipal lo resolvi\u00f3 teniendo en cuenta las pruebas allegadas y pronunci\u00e1ndose con suficiencia sobre las alegaciones de los extremos procesales. <\/p>\n
As\u00ed, en torno a los cuestionamientos de la accionante, debe resaltarse que el Juzgado mencionado se\u00f1al\u00f3, razonablemente, que, aun cuando la demanda no la formul\u00f3 el deudor del pagar\u00e9, quien acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n estaba habilitado para hacerlo, dado su indiscutible inter\u00e9s, pues el predio sobre el cual pesaba el gravamen hipotecario fue adquirido por aqu\u00e9l mediante pertenencia decretada en sentencia de 18 de febrero de 2013, argumentaci\u00f3n que se acompasa con lo establecido en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
De igual modo, no se halla desafuero en lo expresado, en relaci\u00f3n a que el cobro de la obligaci\u00f3n no pod\u00eda quedar indefinidamente suspendido hasta la realizaci\u00f3n de la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb contemplada en la jurisprudencia constitucional, relativa a la Ley 546 de 1999, pues el plazo establecido en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio fija objetivamente cu\u00e1ndo prescribe la acci\u00f3n cambiaria directa y, con todo, se encuentra que la se\u00f1ora Giraldo Giraldo adquiri\u00f3 la mencionada obligaci\u00f3n cuando de la sentencia SU-813 de 2007, referida por ella misma, ya se desprend\u00eda el presupuesto que fue exigido en las ejecuciones que se intentaron. <\/p>\n
Ahora bien, y en cuanto al \u00ablitisconsorcio necesario\u00bb que la actora adujo, se requer\u00eda para tramitar el litigio, tampoco se observa irregularidad, pues nada indica que debiera llamarse al banco BBVA al proceso, comoquiera que, contrario a lo aducido en esta acci\u00f3n, ella no fue, cesionaria de \u00abderechos litigiosos\u00bb sino que, en realidad, se le cedi\u00f3 \u00abel cr\u00e9dito\u00bb de manera \u00edntegra, reemplazando en todo al acreedor inicial, acto realizado el 21 de marzo de 2013, situaci\u00f3n sobre la que debe agregarse que, ante el requerimiento del juzgado municipal denunciado, Sistemcobro S.A.S., apoderado especial del Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos, remiti\u00f3 los soportes correspondientes para certificar que <\/p>\n
Resta indicar que la accionante realiz\u00f3 el mencionado negocio cuando \u00c1lvaro Rivera Cort\u00e9s ya hab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n el dominio del bien involucrado, conociendo, entonces, la solicitante, la situaci\u00f3n del bien objeto de hipoteca, frente a lo cual no se observa que hubiese controvertido tal tr\u00e1mite; adem\u00e1s, tambi\u00e9n sab\u00eda de la necesidad de lograr la reestructuraci\u00f3n de la deuda, pues su cesi\u00f3n tuvo lugar, incluso, despu\u00e9s del compulsivo que sin \u00e9xito intent\u00f3 el BBVA, justamente ante la falta de ese requisito. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se insiste, no se constata irregularidad en la providencia cuestionada, a\u00fan m\u00e1s si se tiene en cuenta que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404). <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y origen anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2290-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2290-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00407-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61939"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61939\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}