STC2292-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2292-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00020-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 14 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Civil Familia, en la acci\u00f3n de tutela que Sebasti\u00e1n Colorado formul\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, por hechos relacionados con la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00b0 2021-00188. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso y, como consecuencia, requiri\u00f3: (i) revocar o anular el interrogatorio de parte porque no procede en acciones populares, (ii) revisar el sistema RUES para obtener la direcci\u00f3n electr\u00f3nica, (iii) notificar personalmente a la accionada y, (iv) decretar la prueba pedida con la demanda, es decir, requerir a Planeaci\u00f3n Municipal para que realice visita t\u00e9cnica al inmueble de la pasiva. <\/p>\n
Para sustentar lo pretendido indic\u00f3, en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular n\u00b0 2021-00188-00 contra la Corporaci\u00f3n Antena Parab\u00f3lica de Quinch\u00eda, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Promiscuo del Circuito de esa ciudad a quien le correspondi\u00f3 conocer, decret\u00f3 como pruebas un interrogatorio de parte y orden\u00f3 oficiar a la C\u00e1mara de Comercio para obtener el correo electr\u00f3nico de la parte accionada, y omiti\u00f3 requerir a la Oficina de Planeaci\u00f3n Municipal pese a haberlo solicitado con la demanda. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que no recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n porque las pruebas de oficio son \u00abirrecurribles\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, remiti\u00f3 acceso al expediente digital y se\u00f1al\u00f3 las actuaciones acaecidas en el mismo. <\/p>\n
Tanto la Procuradur\u00eda Provincial de Pereira, como la Defensor\u00eda Regional de Risaralda, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, tomando en cuenta que los hechos relatados no son de su conocimiento y, por lo tanto, no son autores de la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
La demandada en la acci\u00f3n popular, Corporaci\u00f3n Antena Parab\u00f3lica de Quinch\u00eda pese a haber sido enterada, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira Sala Civil Familia, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela por ausencia del requisito de subsidiariedad, en consideraci\u00f3n a que Sebasti\u00e1n Colorado no present\u00f3 ning\u00fan recurso en contra del auto que decret\u00f3 las pruebas objeto de su inconformidad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor para indicar \u00abel que se crea que [deba] reponer, apelar y presentar cuanto recurso exista [\u2026] pese a que [\u2026] no es abogado y nada sabe de derecho y menos debe saberlo si en la [\u2026] acci\u00f3n constitucional, prima [el] derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, debe reiterarse que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud del principio de autonom\u00eda que les otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sin embargo, -muy excepcionalmente- en los eventos en los que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, se admite tal intervenci\u00f3n, con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico, siempre y cuando el afectado hubiese hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial puestos a su alcance; se trate de hechos recientes y no exista otro mecanismo que le permita conjurar la transgresi\u00f3n de que se trate. <\/p>\n
En ese contexto, si se verifica que el accionante no agot\u00f3 \u00ablos medios – ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial a su alcance\u00bb1, la acci\u00f3n resulta improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad a menos que se acredite la inminente consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable2. <\/p>\n
Ciertamente, las pruebas decretadas a instancia del respectivo juzgador [de oficio] no son pasibles de ninguna controversia [Art. 169 del C. G. del P.]; sin embargo, olvid\u00f3 el accionante -a pesar de las m\u00faltiples acciones populares que ha formulado- que estas se rigen por una normatividad especial que autoriza la formulaci\u00f3n del recurso de \u00abreposici\u00f3n\u00bb en contra de todos los autos que sean proferidos durante su tr\u00e1mite [art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998], como en este caso, el que neg\u00f3 la prueba que solicit\u00f3 en la demanda, y referida a requerir a la oficina de Planeaci\u00f3n Municipal para que realizara una visita t\u00e9cnica al inmueble de la accionada. <\/p>\n
De modo que era obligaci\u00f3n del interesado interponer los recursos que considerara necesarios, sin que ahora le sea viable acudir a la acci\u00f3n de tutela a recuperar las oportunidades desaprovechadas, alegando no ser un profesional del derecho y desconocer el procedimiento. <\/p>\n
Tal argumento no puede ser de recibo para que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite excepcional se cuestionen decisiones judiciales que gozan de presunci\u00f3n de veracidad y acierto, m\u00e1xime si toma en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo Civil Colombiano \u00abLa ignorancia de las leyes no sirve de excusa\u00bb, y menos, se reitera, para un conocedor de la materia como lo puede ser un asiduo usuario del precitado mecanismo. <\/p>\n
3. Lo anterior se traduce, claramente, en el incumplimiento de uno de los requisitos principales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, esto es, la subsidiariedad, lo que no deja otro camino m\u00e1s que ratificar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, al tenor de lo reiterado por esta Sala: <\/p>\n
\u201cel accionante no pude acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01)\u201d. 4 [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
<\/p>\n
4. Consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional, sentencia C- 590 de 2005, posteriormente reiterada en las providencias T-388 de 2006, SU- 946 de 2014, SU- 537 de 2017, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Consistente este en el \u201cgrave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables\u201d [Cfr. Sentencia SU-050 de 2018, parafraseando lo dicho en las sentencias SU-573 de 2017, SU-050 de 2017 y SU-917 de 2010. Reiterado en Sentencia SU-573 de 2019] para neutralizar, en la medida en que ello sea posible, su conculcaci\u00f3n, excluyendo eventos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados en el pasado remoto Para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios a saber: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un perjuicio grave; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean impostergables [Cfr. Sentencia T-1190 de 2004. Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008.] en su defecto, la falta de idoneidad o eficacia de los recursos ordinarios de defensa existentes para conjurar la respectiva situaci\u00f3n, o la presencia de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. \u201cpdf No.21, enlace expediente digitalizado, video No.25 y pdf No.26. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Sentencia de tutela de segunda instancia del 21 de mayo de 2020, Rad. 11001220300020200041101 M.P. Luis Alonso Rico Puerta. <\/p>\n
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