STC2293-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2293-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00279-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional que Mauricio Andr\u00e9s Ochoa Londo\u00f1o promovi\u00f3 contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado 26 Penal del Circuito y la Fiscal\u00eda 169 Seccional de la misma ciudad y la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes del proceso penal con radicado 20068073301. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a la defensa, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2.- De lo manifestado por el tutelante y lo allegado al tr\u00e1mite, se destacan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1.- El 2 de agosto de 2006, en la Cl\u00ednica Conest\u00e9tica de la ciudad de Medell\u00edn, donde para ese entonces se desempe\u00f1aba como m\u00e9dico general, realiz\u00f3 un procedimiento de lipoescultura a la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Santa de Giraldo, quien producto de las \u00ablesiones en el intestino delgado, fascia abdominal, m\u00fasculos abdominales y vasos sangu\u00edneos de pared abdominal\u00bb, falleci\u00f3 v\u00edctima de un choque s\u00e9ptico secundario a peritonitis aguda, al d\u00eda siguiente en su residencia. <\/p>\n
2.1.- La Fiscal\u00eda 169 Seccional de Medell\u00edn adelant\u00f3 la respectiva investigaci\u00f3n y lo acus\u00f3 como presunto autor del delito de homicidio culposo; el Juzgado 26 Penal del Circuito de la citada ciudad, el 27 de abril de 2017, profiri\u00f3 sentencia en su contra, conden\u00e1ndolo a una pena de prisi\u00f3n de 34 meses, multa equivalente a 26.66 SMLMV para el a\u00f1o 2006 y 10 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de la profesi\u00f3n de m\u00e9dico general a nivel nacional. As\u00ed mismo, concedi\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, por un per\u00edodo de prueba de 36 meses. <\/p>\n
2.2.- Dicha determinaci\u00f3n fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el 26 de febrero de 2018, con la modificaci\u00f3n de la pena de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de la medicina que se estableci\u00f3 por 12 meses. <\/p>\n
2.3.- Frente a ello, instaur\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, por decisi\u00f3n del 9 de junio de 2021, lo inadmiti\u00f3, raz\u00f3n por la que acudi\u00f3 ante la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, con el fin de que insistiera ante la Hom\u00f3loga Penal sobre la casaci\u00f3n, no obstante, el 26 de julio de 2021, \u00e9sta resolvi\u00f3 no acceder a su solicitud; por lo anterior, el actor afirm\u00f3 que no ten\u00eda m\u00e1s medios de defensa ordinarios a su alcance. <\/p>\n
2.4.- En relaci\u00f3n con los hechos narrados, el tutelante afirm\u00f3 que existi\u00f3 una vulneraci\u00f3n al derecho de defensa \u00abtanto por la prolongada investigaci\u00f3n que permiti\u00f3 la desaparici\u00f3n de elementos materiales de prueba como la negligencia de la abogada defensora\u00bb, pues la misma nunca cuestion\u00f3 aspectos que con un poco de preparaci\u00f3n en conceptos m\u00e9dicos hubiese discutido por simple l\u00f3gica y que hubiera derivado en una causal de anulaci\u00f3n de toda la actuaci\u00f3n que se sigui\u00f3 en su contra. <\/p>\n
De otra parte, luego de mencionar algunas pruebas y deficiencias de la actuaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda en su caso, insisti\u00f3 en que, a pesar de existir serias dudas sobre la autenticidad de la necropsia y, especialmente, en que la misma correspondiese a la paciente que \u00e9l intervino quir\u00fargicamente, sus argumentos al respecto jam\u00e1s fueron expuestos. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar el derecho fundamental invocado y que considera fue vulnerado por las autoridades accionadas al emitir sus determinaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS <\/p>\n
1. El Juzgado 26 Penal del Circuito de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que \u00abla tutela no puede ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervenci\u00f3n del juez constitucional a fin de derribar la firmeza que aqu\u00e9llas adquieren\u00bb y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque no vulner\u00f3 los derechos del actor. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn resalt\u00f3 que no se advert\u00eda irregularidad en el tr\u00e1mite surtido, toda vez que al accionante \u00abse le respetaron sus derechos constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n Penal se remiti\u00f3 al concepto emitido, para no insistir en el recurso extraordinario, pues encontr\u00f3 razonable la decisi\u00f3n de la Sala competente. <\/p>\n
4. El promotor alleg\u00f3 escrito indicando que aportaba unos documentos digitales, mediante los cuales se evidenciaba la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental reclamado, los mismos para que fueran tenidos en cuenta al momento de resolver el asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
1.- En el sub examine, el accionante persigue la protecci\u00f3n de su derecho fundamental a la defensa, que considera vulnerado por las autoridades accionadas en el curso del tr\u00e1mite del proceso penal con radicado 20068073301. <\/p>\n
2.- Al respecto, se observa que, aunque el tutelante dirigi\u00f3 la tutela contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado 26 Penal del Circuito de la misma ciudad, la Fiscal\u00eda 169 Seccional Medell\u00edn y la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, lo cierto es que su censura se remiti\u00f3 a las decisiones tomadas por la Fiscal\u00eda, el Juzgado y el Tribunal accionados. <\/p>\n
No obstante, en consideraci\u00f3n a que la Sala de Casaci\u00f3n Penal dict\u00f3 el auto CSJ AP2303-2021 del 9 de junio de 2021 inadmitiendo el recurso de casaci\u00f3n y que se trata de la \u00faltima decisi\u00f3n en torno al fondo del tema debatido y a partir de la cual se defini\u00f3 la competencia de esta Sala para resolver el asunto, se analizar\u00e1 lo pertinente en torno a aquella. <\/p>\n
3.- Visto el material probatorio allegado, considera la Sala que, en el presente caso, no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez. <\/p>\n
3.1.- En efecto, se evidencia que el prove\u00eddo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal -que cerr\u00f3 el fondo del proceso penal- fue proferido el 9 de junio de 2021, pero la acci\u00f3n constitucional se radic\u00f3 el 26 de enero de 20221, esto es, pasados los 6 meses que se han considerado razonables para acudir a la tutela. <\/p>\n
3.2.- Respecto del citado principio, ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo dentro de un plazo razonable, a fin de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
3.3.- Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del accionante para impetrar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb2. <\/p>\n
En las presentes diligencias, como se indic\u00f3, el tutelante radic\u00f3 su solicitud de amparo constitucional despu\u00e9s de 6 meses de dictarse el prove\u00eddo en cuesti\u00f3n, sin que se evidencie alg\u00fan hecho que justifique su inactividad, en tanto no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar, oportunamente, por v\u00eda constitucional, siendo pertinente aclarar que la solicitud de insistencia no extiende el plazo aludido. <\/p>\n
4.- Finalmente, en lo concerniente a la tutela contra la Procuradur\u00eda Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, la Sala no emitir\u00e1 pronunciamiento alguno, por cuanto, adem\u00e1s de que no se formularon reproches directos frente a sus actuaciones, pues solo la mencion\u00f3 para indicar que no acudir\u00eda al tr\u00e1mite de insistencia del recurso de casaci\u00f3n y que no contaba con m\u00e1s medios de defensa, las acciones contra sus actuaciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021 corresponden a los Tribunales Administrativos. <\/p>\n
5.- De acuerdo con lo discurrido, se declarar\u00e1 la improcedencia de la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 La acci\u00f3n se radic\u00f3 en esta fecha ante la Oficina de Apoyo Judicial de Medell\u00edn y de all\u00ed fue remitida a la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2293-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC2293-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00279-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional que Mauricio Andr\u00e9s Ochoa Londo\u00f1o promovi\u00f3 contra la Hom\u00f3loga de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61942","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61942\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}