STC2297-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2297-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2022-00002-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la tutela que Darwin Javier Arias Gonz\u00e1lez le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia del Circuito de esa capital, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00226-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, por intermedio de apoderado, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara \u00abla invalidaci\u00f3n de la sentencia de 14 de julio de 2021 y (\u2026) se profiera nuevamente la providencia que en derecho corresponda, (\u2026) sin reincidir en nuevos actos constituyentes de v\u00edas de hecho\u00bb. <\/p>\n
Acus\u00f3 ese veredicto de incurrir en indebida valoraci\u00f3n probatoria por la incongruencia entre lo probado y lo resuelto, ya que, seg\u00fan dicha autoridad, \u00ab\u00e9l desconoce si la parte demandada tiene o no hijos menores de edad a la fecha\u00bb, sin embargo, no tuvo en cuenta que en el interrogatorio practicado manifest\u00f3 que \u00aben su conocimiento los demandados no tienen hijos menores, todos ya son mayores de edad, debido a que como trabajador de Benjam\u00edn Medina conoc\u00eda de primera mano a su familia\u00bb. Adicionalmente que \u00abcomo Benjam\u00edn y Mar\u00eda Eugenia no replicaron la demanda, (\u2026) deb\u00eda aplicarse la presunci\u00f3n de lo peticionado\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Neiva se opuso al auxilio y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 el ruego, por i) no cumplir con el requisito de inmediatez, en atenci\u00f3n a que \u00abla actuaci\u00f3n judicial acusada en esta v\u00eda, fue la sentencia proferida el 14 de julio de 2021, sin que aparezca motivada por el accionante, una justa raz\u00f3n que permita comprender porque aguard\u00f3 un lapso que super\u00f3 los 6 meses para ejercer la presente acci\u00f3n (\u2026)\u00bb y, ii) porque \u00abse hizo aplicaci\u00f3n correcta de las normas al caso, acompa\u00f1adas de la motivaci\u00f3n y el an\u00e1lisis correspondiente para la resoluci\u00f3n de las solicitudes sometidas a su conocimiento, sin que se evidenciar\u00e1 el error grave, grosero y protuberante que enrostra el actor, que pudiera encaminar la prosperidad del amparo solicitado\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el precursor insistiendo en lo aducido en el escrito genitor, destacando que \u00abla tutela se radic\u00f3 a trav\u00e9s de la plataforma Tutela en L\u00ednea en fecha del 22 de diciembre de 2021 con No.650051, sin embargo, al presentarse la vacancia judicial, solo hasta el 11 de enero de 2022 le dieron tr\u00e1mite de reparto, transcurriendo un lapso de 5 meses desde la sentencia de \u00fanica instancia, esta fue el 14 de julio de 2021, siendo un lapso razonable teniendo en cuenta que no se cumplieron los 6 meses recomendados por la jurisprudencia aplicable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, asiste raz\u00f3n al impulsor cuando afirma que en el sub lite se cumpli\u00f3 con el presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, en tanto, el libelo superlativo fue repartido el 11 de enero del a\u00f1o en curso y el prove\u00eddo confutado data del 14 de julio de 2021; por ende, no emerge la desatenci\u00f3n aludida por el a quo en la sentencia de primer grado. <\/p>\n
2.- Ahora, constituye regla invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para disentir o revisar las providencias judiciales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las prerrogativas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier divergencia tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les reconoce. <\/p>\n
As\u00ed lo ha manifestado de tiempo atr\u00e1s esta Sala: \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC128-2021 y en la STC570-2022). <\/p>\n
3.- De la evidencia obrante en el plenario, se advierte el decaimiento del amparo y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n atacada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Ello, porque el pronunciamiento del Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Neiva (14 jul. 2021), no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del expediente, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los elementos suasorios obrantes en la causa, confront\u00e1ndolos con los preceptos que rigen la controversia. <\/p>\n
3.1.- En efecto, deneg\u00f3 las \u00abpretensiones de la demanda\u00bb y para ello, inicialmente predic\u00f3 que \u00abi) la no contestaci\u00f3n de la demanda; ii) la inasistencia a la audiencia sin justificaci\u00f3n; y iii) la imposibilidad de interrogar a los demandados\u00bb, generan la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 97 y 372 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la \u00abpresunci\u00f3n de veracidad de lo dicho por Darwin Javier\u00bb. Sin embargo, expres\u00f3 que <\/p>\n
\u00abdicho lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el art\u00edculo 167 del C.G.P., (\u2026) se negar\u00e1n las aspiraciones de la demanda de cancelaci\u00f3n de patrimonio de familia, porque no se prob\u00f3 si aquellos requisitos que se consideraron en el momento de su constituci\u00f3n, todav\u00eda se encuentran, o si han surtido modificaciones, respecto del bien de propiedad tanto de Benjam\u00edn como de Mar\u00eda Eugenia\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab[E]n primera instancia la norma superior en su art\u00edculo 42, habla de esa garant\u00eda del estado y de la sociedad frente a esa protecci\u00f3n integral de la familia y en ella determina que se garantizar\u00e1 esa constituci\u00f3n de vivienda familiar, determinando un patrimonio familiar inalienable e inembargable, (\u2026) y se ha dicho en la jurisprudencia constitucional (\u2026) que esta figura es el conjunto de bienes inembargables para llenar las necesidades econ\u00f3micas de una familia, fundamentalmente la vivienda, la alimentaci\u00f3n y en algunos casos los utensilios de trabajo, e incluso el autom\u00f3vil, que se garantizan y salvaguardan contra los acreedores para el desarrollo y soporte econ\u00f3mico de la familia, ante eventuales riesgos y situaciones cr\u00edticas como son quiebras, o crisis econ\u00f3micas\u00bb. <\/p>\n
Sigui\u00f3 esgrimiendo que \u00abes clara, desde mucho antes de la expedici\u00f3n de la Carta, esa protecci\u00f3n legislativa tanto as\u00ed que nace por ende esa Ley 70 de 1931 que reconoce en principio que ciertos bienes del deudor no pueden ser perseguidos por sus acreedores, pero entre tantos son pocos los que gozan de ese privilegio, que no basta en ning\u00fan caso para que el deudor y su familia no queden a merced de la miseria\u00bb. <\/p>\n
Reflexion\u00f3, entonces, que el demandante ten\u00eda el deber de desvirtuar la mencionada \u00abprotecci\u00f3n\u00bb, debido a que \u00absu constituci\u00f3n puede ser para toda la familia, para uno de los c\u00f3nyuges, para los compa\u00f1eros, para los dos, solamente para los hijos. Adem\u00e1s, puede realizarse por un tercero, es decir, dicha protecci\u00f3n es supremamente v\u00e1lida y tiene relevancia constitucional\u00bb. Por ende, \u00able corresponde a la parte actora demostrar que el inmueble no es el \u00fanico patrimonio y que es una familia que tiene recursos econ\u00f3micos para pagar sus acreencias\u00bb. <\/p>\n
Paralelamente, puso de relieve que, en el asunto dilucidado, tambi\u00e9n se encuentra involucrada Mar\u00eda Eugenia P\u00e9rez, \u00abquien no es responsable del pago de la deuda referida, y de quien no se sabe si vive ah\u00ed, o si el bien perseguido es su \u00fanico sustento, y salvo que se diga lo contrario en el acto constitutivo del patrimonio de familia, este se entiende que es no solo a favor del beneficiario designado, sino de la pareja y de los hijos que llegaren a tener\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Adicionalmente, destac\u00f3 que en el pliego liminar el demandante se\u00f1al\u00f3 que \u00abno tiene conocimiento pleno que los demandados tengan actualmente hijos menores de edad, se intuye que los que estaban en la constituci\u00f3n del patrimonio de familia, ya son mayores de edad\u00bb, por lo que, afirm\u00f3 que \u00abde ello no se tiene la probanza, y como la regla de esta constituci\u00f3n no dice los hijos que tuviere, sino que acota adem\u00e1s los que llegare a tener, si lleg\u00f3 a tener, si son mayores o menores de edad, y para contemplar esto, tendr\u00eda que revisarse con el registro civil de nacimiento. Entonces, es otro aspecto importante, de porqu\u00e9 se niegan las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
3.3.- Acto seguido, refiri\u00f3 que la heredad objeto de discusi\u00f3n \u00abtiene una hipoteca abierta a favor de la Corporaci\u00f3n Social de Ahorro y Vivienda Colmena, en cuya escritura p\u00fablica hay una cl\u00e1usula, que dice que de acuerdo con lo establecido en la Ley 9\u00aa de 1989 modificada por la 3\u00aa de 1991, constituye patrimonio de familia (\u2026) reconociendo que la \u00fanica persona que puede perseguir y embargar el bien es Colmena, o quien legamente represente sus derechos, o transfiera el derecho o garant\u00edas que lo amparen, cl\u00e1usula que es v\u00e1lida\u00bb, y es que en \u00abla anotaci\u00f3n n\u00b0 11 de 13-08-2002 del certificado de libertad y tradici\u00f3n del fundo en cuesti\u00f3n, indica una orden de embargo ejecutivo del Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva a favor de Colmena y en contra de los ac\u00e1 demandados, medida cautelar que no se ha cancelado\u00bb. Luego, \u00abaqu\u00ed no se demostr\u00f3 que el proceso haya terminado, o que el demandante haya perseguido ese remanente [as\u00ed como] tampoco se hizo parte en esa Lid\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00absi bien Benjam\u00edn es el demandado, nada se estableci\u00f3 respecto de Mar\u00eda Eugenia, ya que \u00e9sta no le debe nada al demandante. (\u2026) Y lo observado en el infolio es que no se hizo una investigaci\u00f3n del grupo familiar de los demandados, no se determin\u00f3 varias cuestiones, como la vivienda de los mismos, su separaci\u00f3n, entre otras\u00bb. <\/p>\n
Esboz\u00f3, entonces, que <\/p>\n
\u00abla constituci\u00f3n del patrimonio de familia cobija no solo a los hijos, sino tambi\u00e9n a la c\u00f3nyuge o compa\u00f1era permanente, y Mar\u00eda Eugenia estar\u00eda desprovista de esa protecci\u00f3n si se accede a las pretensiones de Darwin Javier, porque con dicho instrumento, se busca proteger los intereses de la familia. Adem\u00e1s, teniendo en cuenta que no se prob\u00f3 la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de Benjam\u00edn Medina, la existencia de otros bienes de su propiedad, solo qued\u00f3 en meras afirmaciones; tampoco se prob\u00f3 la mayor\u00eda de edad de los hijos de aquel, ni hubo otras pruebas, solamente las documentales, por lo tanto, no es viable acceder a las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, soport\u00f3 su raciocinio en la sentencia C-107 de 2017 de la Corte Constitucional, seg\u00fan la cual: <\/p>\n
\u00ab[E]l patrimonio de familia es un instituto jur\u00eddico para la protecci\u00f3n econ\u00f3mica de la familia, concentrado en la inembargabilidad del inmueble que le sirve de vivienda. Su conformaci\u00f3n depende generalmente de la voluntad de quienes est\u00e1n investidos por la Ley para constituirla y en beneficio de la pareja y de los hijos, as\u00ed como los hermanos entre s\u00ed. Por ende, para su constituci\u00f3n se exige la concurrencia de un v\u00ednculo matrimonial o de uni\u00f3n marital de hecho, o la comprobaci\u00f3n sobre filiaci\u00f3n consangu\u00ednea en el primer grado, con exclusi\u00f3n de otras formas constitutivas de familia (\u2026). <\/p>\n
[L]a imposici\u00f3n del gravamen genera la inembargabilidad del inmueble correspondiente. (\u2026) En el caso del patrimonio de familia, su constituci\u00f3n depende de la propiedad plena del inmueble y la ausencia de grav\u00e1menes sobre el mismo, de acuerdo con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 70 de 1931\u00bb. <\/p>\n
Sobre este punto la misma Corporaci\u00f3n, en sentencia C-317 de 2010, citada en la STC15319-2018 dijo: <\/p>\n
\u00ab[E]n cuanto, al levantamiento de la inembargabilidad y la enajenaci\u00f3n del bien inmueble destinado a vivienda, (\u2026) en el patrimonio de familia cuando se tengan hijos, adem\u00e1s del consentimiento del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, se tiene que dar la autorizaci\u00f3n de los hijos menores por intermedio del curador. Y permanece a favor del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y de los hijos menores de edad que conforman el n\u00facleo familiar sin necesidad de autorizaci\u00f3n judicial, por ministerio de la ley\u00bb. <\/p>\n
4.- En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la pugna, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2297-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC2297-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2022-00002-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de enero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61946","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61946\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}