STC2310-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2310-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02065-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 los derechos a la \u00abdignidad humana\u00bb, \u00abigualdad\u00bb y \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura acusada \u00abdejar sin valor y efecto el fallo SL1054- 2021, dictado el 17 de febrero de 2021\u00bb y, \u00abproferir una nueva sentencia (\u2026), por medio de la cual defina el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, siguiendo el precedente constitucional constituido por la sentencia SU-049\/17\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el Juzgado Tercero Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 que: i) Entre Juan Bautista Terraza Zuleta y ISMOCOL S.A. \u00abexisti\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo, desde el 12 de agosto de 2010 al 9 de diciembre de 2010, y que estando en ejecuci\u00f3n del mismo, el d\u00eda 22 de agosto de 2010 sufri\u00f3 un accidente de trabajo [fractura en el \u201cplatillo tibial derecho\u201d]\u00bb; ii) Terraza Zuleta \u00abfue despedido por \u00abdecisi\u00f3n unilateral de ISMOCOL S.A. estando incapacitado del accidente de trabajo ocurrido el d\u00eda 22 de agosto de 2010\u00bb; iii) \u00abConden\u00f3 a la llamada ajuicio al pago de $13.167.000, \u00abpor hab\u00e9rsele terminado su contrato de trabajo sin haberse tramitado el respectivo permiso ante el Ministerio de Trabajo, por encontrarse incapacitado\u00bb; iv) \u00abneg\u00f3 el reintegro\u00bb; y, v) \u00ababsolvi\u00f3 a la accionada de las restantes pretensiones\u00bb (8 mar. 2013). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n fue modificada por el superior, quien: 1) \u00abdeclar\u00f3 la ineficacia del despido del actor\u00bb y, 2) \u00abconden\u00f3 a la enjuiciada a \u00abreinstalar\u00bb al actor a un cargo donde pueda desempe\u00f1arse con las recomendaciones dadas, lo que implica el pago de sus salarios, prestaciones sociales, as\u00ed como tambi\u00e9n los aportes a seguridad social, a partir del diez (10) de diciembre del a\u00f1o dos mil diez (2010) hasta que se produzca la respectiva reinstalaci\u00f3n (…) De la condena anterior se descontar\u00e1 lo pagado al demandante por concepto de prestaciones sociales, como consecuencia de la irregular finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, efectuado por la parte demandada\u00bb (29 nov. 2013). <\/p>\n
Indic\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral quebr\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem, revoc\u00f3 la de primer grado y, por ende, absolvi\u00f3 a la demandada (SL1054, 17 feb. 2021), pese a que en salvamento de voto se aclar\u00f3 \u00abque el trabajador solo deb\u00eda probar que estaba en una situaci\u00f3n de discapacidad derivada de tener un porcentaje igual o superior al 15% grado moderado y que la misma era conocida por el empleador\u00bb. <\/p>\n
Adujo que con la \u00faltima resoluci\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, comoquiera que se desconoci\u00f3 el precedente establecido en la SU049 de 2017, al no acceder a sus pretensiones por no contar \u00abcon una discapacidad amparable\u00bb, en tanto carec\u00eda de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral para la vigencia del v\u00ednculo laboral, pese a que la Corte Constitucional fue clara en determinar que la \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb ampara a quienes se encuentren en estado de debilidad manifiesta por tener \u00abuna afectaci\u00f3n en su salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempe\u00f1o de sus labores en condiciones regulares y que, por este hecho, pueden ser objeto de tratos discriminatorios\u00bb, sin que sea necesario para ello ostentar tal calificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- ISMOCOL S.A. enfatiz\u00f3 que la terminaci\u00f3n del nexo laboral no obedeci\u00f3 a un motivo discriminatorio, en tanto \u00abla discapacidad del actor no era relevante al momento de la ruptura del v\u00ednculo, (\u2026) [pues] su calificaci\u00f3n fue meses posterior al finiquito del contrato, el cual, finaliz\u00f3 por la causa objetiva de la expiraci\u00f3n del plazo fijo pactado, en concomitancia con la actividad comercial para la cual hab\u00eda sido vinculado\u00bb. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Laboral destac\u00f3 la legalidad de su proceder y se opuso al auxilio por no constituir una \u00abinstancia adicional\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que el veredicto cuestionado \u00abno comporta un desconocimiento del precedente\u00bb (SU049 de 2017), por cuanto la sociedad demandada \u00abdesvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de despido discriminatorio\u00bb, si se tiene en cuenta que \u00abal momento en que finaliz\u00f3 el v\u00ednculo contractual, por vencimiento del plazo inicialmente pactado [justa causa], el trabajador no se encontraba en condici\u00f3n de discapacidad que activara la protecci\u00f3n estatuida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
4.- El actor replic\u00f3 iterando los argumentos del escrito genitor y, explic\u00f3 que la \u00abcondici\u00f3n de debilidad manifiesta\u00bb en la que se encontraba por el estado de salud que afrontaba (tratamientos e incapacidades m\u00e9dicas), que le imped\u00eda desempe\u00f1ar normalmente sus funciones, fue conocida por el empleador previamente al despido, lo que evidencia la ausencia de justificaci\u00f3n para su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y, la convalidaci\u00f3n del fallo de primer grado, debido a que se avizora que la determinaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (17 feb. 2021) que cas\u00f3 la de 29 de noviembre de 2013 expedida por el Tribunal Regional de Descongesti\u00f3n con sede en Santa Marta y revoc\u00f3 el de 8 de marzo de 2013 del Juzgado Tercero Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Bucaramanga, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las pruebas que soportaron el juicio de cara a la viabilidad reconocer al demandante como beneficiario de estabilidad laboral reforzada por razones de salud (art. 26 de la Ley 361 de 1997). <\/p>\n
En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n querellada sostuvo que para obtener la aludida protecci\u00f3n especial, se requiere que: \u00abi) se trate de personas con una situaci\u00f3n de salud o discapacidad relevante; ii) que el hecho sea conocido por el empleador, y iii) que la ruptura contractual obedezca a esta situaci\u00f3n del trabajador (SL5184-2020) sin que se haya solicitado la respectiva autorizaci\u00f3n a la autoridad administrativa\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, ense\u00f1\u00f3 que en el sub judice no se tiene \u00abcerteza de la limitaci\u00f3n o discapacidad relevante en la salud del accionante\u00bb, ya que <\/p>\n
(\u2026) la \u00abFx platillo tibial derecho\u00bb que padec\u00eda y la referencia a algunas indicaciones en el resumen de historia cl\u00ednica no son suficientes para considerar que la afectaci\u00f3n del actor presenta una limitaci\u00f3n clara y suficiente para conceder la protecci\u00f3n dispuesta por el legislador, m\u00e1xime que en el asunto bajo escrutinio, no se le diagnostic\u00f3 m\u00e9dicamente discapacidad al momento en que se le comunic\u00f3 la no pr\u00f3rroga del contrato de trabajo y, con ello, la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n por expiraci\u00f3n del plazo inicialmente pactado, como tampoco para el d\u00eda de su desvinculaci\u00f3n, en realidad lo que se deriva de lo se\u00f1alado por la Sala sentenciadora es que el se\u00f1or Bautista se encontraba bajo un tratamiento m\u00e9dico dada la afectaci\u00f3n de la salud ocasionada por el accidente laboral que padeci\u00f3. <\/p>\n
Luego, en relaci\u00f3n con los dict\u00e1menes de p\u00e9rdida de capacidad laboral, esboz\u00f3 que concuerdan en que la fecha de estructuraci\u00f3n fue subsiguiente a la culminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, si se tiene en cuenta que <\/p>\n
(\u2026) se efectu\u00f3 un primer dictamen de Colmena- Vida y Riesgos Profesionales- del 24 de mayo de 2011, que determin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 14,60%, con fecha de estructuraci\u00f3n el 23 de mayo de 2011 y, posteriormente, la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Santander, el 1\u00ba de agosto de 2011 estableci\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral de 16,07%, con fecha de estructuraci\u00f3n 25\/02\/2011 (\u2026). <\/p>\n
En lo atinente al nexo laboral, precis\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) pactaron su duraci\u00f3n a t\u00e9rmino definido de un mes, el cual fue prorrogado en 3 oportunidades, siendo la fecha de desvinculaci\u00f3n el 9 de diciembre de 2010, por vencimiento del plazo pactado y, se constat\u00f3 que el negocio subyacente entre las sociedades Ismocol de Colombia S.A. y Flamingo Oil S.A, tuvo una duraci\u00f3n fija y que, seg\u00fan informe a folio 209, alcanz\u00f3 el 100% de su ejecuci\u00f3n el 19 de diciembre y conforme a la misiva del 2 de agosto de 2011 (fl. 210), que remite el acta de liquidaci\u00f3n del mismo, relaciona documentos relativos al cumplimiento de obligaciones de la accionada con el actor. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, coligi\u00f3 que \u00abal momento en que finaliz\u00f3 el v\u00ednculo contractual, por vencimiento del plazo inicialmente pactado, el trabajador no se encontraba en condici\u00f3n de discapacidad que activara la protecci\u00f3n estatuida en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb, porque <\/p>\n
(\u2026) el se\u00f1or Juan Bautista Terraza sufri\u00f3 un accidente de trabajo, conocido por la empresa demandada, que efectu\u00f3 el respectivo reporte a la ARL, lo que le gener\u00f3 la necesidad de un tratamiento m\u00e9dico acompa\u00f1ado de incapacidades para el restablecimiento de su salud y, cuyo pron\u00f3stico era favorable o con perspectiva de recuperaci\u00f3n, dado que el especialista tratante no advirti\u00f3 la posibilidad de secuelas, seg\u00fan los soportes m\u00e9dicos antes referidos. No obstante, de estos elementos suasorios no se desprende con certeza una discapacidad relevante conforme al art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 para el momento en que finaliz\u00f3 el nexo laboral, de manera que se activara la garant\u00eda foral, por el contrario, con los dict\u00e1menes de calificaci\u00f3n aportados salta a la vista que la fecha de la merma es posterior a la terminaci\u00f3n relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el empleador no tuvo conocimiento de la supuesta condici\u00f3n de discapacidad del demandante y la dificultad que le representaba, durante la vigencia del contrato de trabajo, toda vez que \u00ab(\u2026) la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de trabajo se hizo efectiva el 9 de diciembre de 2010, y (\u2026) la fecha de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral fue el 25 de febrero de 2011 (\u2026 ) por lo que no era dable considerarlo como un trabajador con una discapacidad amparable con la protecci\u00f3n especial consagrada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que \u00abno se evidencia ning\u00fan \u00e1nimo torticero o de discriminaci\u00f3n; por el contrario, el empleador prorrog\u00f3 tres veces el contrato, despu\u00e9s de acaecido el infortunio laboral, y para la terminaci\u00f3n se fundament\u00f3 en una causa objetiva como era el vencimiento del plazo convenido por las partes y acredit\u00f3 que el objeto para el cual fue contratado el promotor del proceso tampoco subsisti\u00f3. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, afirm\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) como el demandante no prob\u00f3 padecer alg\u00fan tipo de discapacidad, al empleador no le compet\u00eda obtener permiso administrativo Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongesti\u00f3n con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta para terminar el contrato de trabajo por expiraci\u00f3n del plazo, ni ten\u00eda limitaci\u00f3n legal que le impidiera prescindir de los servicios de aquella; por tanto, el sentenciador de primer grado se equivoc\u00f3 al aplicarle la protecci\u00f3n legal. <\/p>\n
2.- En un caso de similares contornos al objeto de an\u00e1lisis (STC7085-2019), esta Corte encontr\u00f3 razonable la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n de 11 de septiembre de 2018, en la que concluy\u00f3 <\/p>\n
\u00abPor tanto, no existiendo la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral para el momento del despido, ni tampoco otro medio probatorio que otorgara conocimiento al empleador de una situaci\u00f3n de salud diferente a las incapacidades, no err\u00f3 el Tribunal al determinar que la trabajadora no se encontraba amparada por la protecci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb (CSJ SL3857-2018 \u2013 fls. 85 a 101, ib.). <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que la homologa especializada sustent\u00f3, entre otras cosas, en la \u00absentencia del 25 de marzo de 2009 radicado 35606\u00bb, en la que adver\u00f3 <\/p>\n
[\u2026] la prohibici\u00f3n que contiene el art\u00edculo 26 de la citada Ley 361, relativa a que ninguna persona con discapacidad podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de su minusval\u00eda, salvo que medie autorizaci\u00f3n de la Oficina de Trabajo, se refiere a las personas consideradas por esta ley como limitadas, es decir, todas aquellas que tienen un grado de invalidez superior a la limitaci\u00f3n moderada. (\u2026). <\/p>\n
Descendiendo al estudio del elenco probatorio encuentra la Corte Suprema de Justicia que el Tribunal no incurri\u00f3 en los desaguisados que la censura le enrostra toda vez que, en verdad, no desconoci\u00f3 la existencia de las diferentes incapacidades m\u00e9dicas, sino que estim\u00f3 que el dictamen de la Junta de Calificaci\u00f3n Invalidez, por medio del cual se estructur\u00f3 la p\u00e9rdida de la capacidad laboral en un 55.60%, a partir del 8 de agosto de 2004, le fue notificado a la actora el 28 de junio de 2005, es decir, con posterioridad a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, que lo fue por vencimiento del plazo inicialmente pactado; luego, para ese momento, el empleador no ten\u00eda conocimiento de la discapacidad de la actora. Tambi\u00e9n es cierto que las incapacidades, por s\u00ed solas, no acreditan que la persona se encuentre en la limitaci\u00f3n f\u00edsica y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados, para efectos de ser cobijada por la protecci\u00f3n a la que se refiere el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, debe la Corporaci\u00f3n reiterar que no dimana error alguno, al menos de naturaleza protuberante, en la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Sala sentenciadora en torno a que la empleadora desconoc\u00eda de la limitaci\u00f3n al momento de la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo contractual, por expiraci\u00f3n del plazo, en la medida en que para la fecha de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, 30 de noviembre de 2004, la promotora del litigio no hab\u00eda sido calificada como inv\u00e1lida o con limitaci\u00f3n f\u00edsica, dado que este estado solo se produjo por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez el 24 de junio de 2005 (folios 25 y 26, cuaderno 1), dictamen notificado a la actora el 28 de junio de la misma anualidad (folio 24, ib\u00eddem) (negrilla del texto original)\u00bb Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
3. En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- De otro lado, se advierte que comoquiera que la sentencia SU-049 de 2017 no se invoc\u00f3 en el tr\u00e1mite de la primera y segunda instancia del proceso ordinario laboral, por no encontrarse vigente, y tampoco fue aducida en casaci\u00f3n, dado que la recurrente fue la contraparte, la homologa especializada se atuvo a sus propios precedentes, de acuerdo con las reflexiones en que se centr\u00f3 el debate. <\/p>\n
5.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener el veredicto refutado, advirtiendo que para esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021). <\/p>\n
6.- Lo dicho conlleva a la ratificaci\u00f3n de lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo prove\u00eddo por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2310-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC2310-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02065-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dos de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1.- El libelista invoc\u00f3 los derechos a la \u00abdignidad humana\u00bb, \u00abigualdad\u00bb […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-61957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61957\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}